En un plenario de comisiones, los autores de las distintas iniciativas expusieron sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrolló una nueva ronda con especialistas invitados.
La Cámara de Diputados profundizó hoy el análisis de los proyectos de ley en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que como eje central plantea la baja de la edad de imputabilidad.
A fines de julio, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años.
En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, los autores de las distintas iniciativas expusieron sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrolló una nueva ronda con especialistas invitados.
Uno de los autores, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) defendió su proyecto para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años y recordó que solamente dos países de Latinoamérica, Argentina y Cuba, sostienen regímenes penales de minoridad con un piso de responsabilidad penal en los 16 años.
«Esos países no consideran lo indicado en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en noviembre de 1989 que fue ratificada por ley en 1990», resaltó.
Si bien el economista defendió la idea de bajar la edad de imputabilidad, sostuvo que «no es verdad que se busque bajar la edad de imputabilidad para poner presos a los menores».
«Al contrario, lo que se busca es que el Estado puede intervenir y contener al menor que se encuentra en conflicto con la ley», aclaró López Murphy.
«El adolescente se encuentra en una etapa de evolución por lo que corresponde frente a un conflicto con la ley penal que el Estado brinde alternativas suficientes en camino a su reinserción», enfatizó.
Para el diputado de Encuentro Federal, los menores de entre 14 y 16 años «no pueden ser sometido a un régimen asimilable al del adulto pero tampoco quedar sin la posibilidad de proteger la seguridad pública».
A su turno, el autor de otra de las iniciativas, Diego Santilli (PRO), defendió su propuesta para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y hizo un repaso de estadísticas delictuales que respaldan esta noción.
Según cifras del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Buenos Aires, «el año pasado hubo 23.846 causas penales iniciadas contra menores de edad».
Además hubo «casi 200 homicidios en los que están involucrados menores de 15 años», lo que representa un «aumento de más del 8% respecto del 2022».
Santilli también detalló que de acuerdo a la misma fuente, los robos agravados en manos de jóvenes crecieron un 31% y los hurtos un 14%.
Por último, puntualizó que en 2023 «hubo 300 causas por portación de arma», un «18% más que el año anterior».
«El modus operandi del crimen organizado que levan a utilizar mano de obra joven para perpetrar delitos y mantener la impunidad de sus organizaciones», describió el diputado macrista.
Además de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, el proyecto de Santilli establece que la condena de la justicia no puede tardar más de 2 años y prevé que la pena máxima sea de 10 años de prisión, salvo los casos de homicidios y abuso sexual agravado que tienen pena máxima de 15 años.
Por su parte, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) expuso sobre el proyecto que plantea reducir el piso de la responsabilidad penal a los 14 años, aunque explicó que según UNICEF «no hay evidencia que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población».
«De hecho, en Latinoamérica los países con tasas de homicidios más elevados son los que han fijado la edad de imputabilidad penal más bajo», puntualizó.
Campagnoli citó un informe de jueces penales de la provincia de Buenos Aires Aires del cual se desprende que durante el 2023 «solo el 2,2% del total de los delitos fueron cometidos por menores».
«¿Vale la pena cambiar todo un sistema por un porcentaje tan menor?», se preguntó la diputada cercana a Elisa Carrió, que además indicó que en 2022 el porcentaje de delitos cometidos por menores fue de 4,3%, lo cual da la pauta de que existe una tendencia a la baja en los delitos cometidos por menores.
«El proyecto de la Coalición establece solamente dos meses de prisión preventiva. Se busca una clara reinserción y no una mera
privación de la libertad como en el proyecto del oficialismo», contrastó.
«Debemos abogar por la aplicación de sanciones que si bien sean ejemplificadoras no resulten perjudiciales para las generaciones venideras», finalizó.
A continuación, Roxana Reyes (UCR) justificó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad porque a su entender la «falta de responsabilidad penal» en menores de 16 años «no solamente afecta la victima y a la sociedad sino también a estos chicos que pueden empezar tempranamente una carrera criminal».
Luego de la exposición de los autores de proyectos, disertaron en el plenario de comisiones el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Germán Onco; la jueza de Cámara Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Córdoba, María Noel Costa; la jueza de Control, Niñez y Adolescencia, María Licia Tulián; la abogada de la Asociación Argentina de Juristas Cynthia Britez; y el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner.
Fuente: Noticias Arg
