El proyecto incluye una reforma laboral, eliminación de la moratoria jubilatoria, un régimen especial para grandes inversores y facultades extraordinarias para el Presidente. Los puntos más cuestionados del texto.

Los senadores se pusieron manos a la obra y, como si fuera un collage, comenzaron a diseñar su propia versión de la Ley Bases y el paquete fiscal. Radicales y bancadas provinciales, la base de aliados sobre la cual el gobierno nacional buscará sancionar ambos proyectos, desechan capítulos y piden cambios. Insisten en que, así como salieron de Diputados, las leyes no podrán sancionarse. Sin embargo, excepto por la restitución del impuesto a las Ganancias, existe una coincidencia en que la mayoría de los capítulos serán aprobados. Esto es 238 artículos, que son como leyes, en el caso de la Ley Bases, y 113 artículos del paquete fiscal, que impactarán de lleno sobre la vida de las y los argentinos. 

Desde la reforma laboral hasta la eliminación de la moratoria que permite que decenas de miles de mujeres puedan jubilarse a pesar de no contar con los años de aportes. Desde facultades extraordinarias que le permiten a Javier Milei eliminar organismos públicos hasta la privatización de once empresas públicas. Desde un régimen impositivo con beneficios exorbitantes para las empresas internacionales que quieren invertir en minería y petróleo, hasta un nuevo blanqueo de capitales. Mejoras impositivas en Bienes Personales para los más ricos y nuevos impuestos – Ganancias – para los trabajadores. Todo esto comenzará a debatirse en comisiones la semana que viene en el Senado y llegará al recinto el 16 o 17 de mayo.

Reforma laboral

Suspendida por la Justicia cuando formaba parte del DNU 70/2023, el oficialismo decidió incluir la reforma laboral en la nueva versión de la Ley Bases. El capítulo, reducido en pos de conseguir los votos para su aprobación, incluye la eliminación de las multas por trabajo no registrado, la posibilidad de reemplazar las indemnizaciones por un fondo de cese laboral y la ampliación del período de prueba a seis meses (que puede extenderse hasta un año en el caso de las empresas con menos de cinco trabajadores). Tres puntos que facilitan a los empleadores a despedir más barato a sus trabajadores en tiempos de crisis. Y, en los casos de crecimiento de la actividad, permite contratar rápido sin mayores compromisos a futuro. «Toda la incertidumbre sobre la evolución del ciclo económico se traslada a las espaldas de los trabajadores», explica el abogado laboralista e investigador del Instituto de Formación de la CTA, Luis Campos.

El punto más cuestionado de la reforma, sin embargo, es la creación de una nueva categoría de trabajador «independiente» que puede, a su vez, subcontratar hasta otros cinco trabajadores independientes con los cuales no tendrá ningún tipo de vínculo de dependencia. Esta categoría funciona como una suerte de paraguas legal para la enorme cantidad de empleo no registrado en las que los trabajadores no cuentan con ningún tipo de derecho laboral (ni vacaciones ni aguinaldo ni licencias). Pero no solo eso: Campos identifica que esta categoría pone en riesgo también a los empleadores, ya que argumenta que la ley «se lleva muy mal con el artículo 14 bis de la Constitución» y eso podría llevar a varios juicios laborales. 

Finalmente, la ley incluye también una «indemnización agravada» para casos de despidos discriminatorios. «Es un viejo anhelo de las grandes empresas y los estudios de abogados corporativos, muchos de los cuales fueron autores intelectuales de la reforma. El despido ya no se discute, basta de fallos judiciales que te obligan a reinstalar un trabajador despedido por su actividad sindical. La patronal no tiene problema en pagar de más y garantizarse que ese trabajador a la empresa no entra más», cuestiona Campos.

RIGI

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es el corazón de la Ley Bases (y uno de los puntos más cuestionados por la oposición). Son varios capítulos que sostienen beneficios fiscales y aduaneros, exenciones impositivas, y libre disponibilidad de divisas durante 30 años para aquellas empresas que inviertan más de 200 millones de dólares. Uno de los sectores que se verá más beneficiado es el de la explotación minera e hidrocarburífera: no por nada el régimen cuenta con el apoyo entusiasta de las tres provincias que conforman el triángulo del litio – Catamarca, Salta y Jujuy -, así como de San Juan y varias provincias petroleras. 

El RIGI plantea que las empresas que inviertan tendrán libertad absoluta para entrar y sacar divisas, así como reducciones impositivas en Ganancias, amortizaciones aceleradas y hasta exención de impuestos provinciales y municipales (que generó críticas de parte de algunas fuerzas provinciales). Propone, a su vez, liberar de derechos de exportación a las importaciones de bienes de consumo, insumos y bienes de capital. «Ello supone una fuerte desprotección a la industria nacional, es la promoción del reemplazo de producción nacional por oferta importada», explica en un informe la economista Mercedes Marcó del Pont. En efecto, fue este último punto lo que despertó la irritación de varios organismos industriales, como la UIA o Adimra, que han manifestado su rechazo al régimen.

En la vereda opuesta se encuentran los gobernadores de provincias con explotación minera, que vienen presionando para que el RIGI se sancione. Incluso los gobernadores peronistas como Raúl Jalil, que llegó a enviar a sus diputados a votar a favor del régimen en la votación en particular (rompiendo así con la postura de rechazo total del bloque de Unión por la Patria). Jalil, ahora, viene presionando a sus dos senadores para que acompañen la ley en general, aunque una de ellos, Lucía Corpacci, adelantó que no lo haría.

Reforma del Estado

La Ley Bases propone delegarle a Javier Milei facultades extraordinarias en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año. Una versión mucho más acotada que la original – que declaraba la emergencia en once temas -, pero que igual genera desconfianza en algunos de los sectores de la oposición amigable que quieren aprobar la ley en general. «¿Vamos a darle facultades extraordinarias a un loco como Milei?», dudan algunos de los senadores radicales más críticos que podrían voltear el capítulo en la votación en particular. En Diputados, sin embargo, la mayoría del bloque acompañó.

Una de las facultades que tendrá Milei, de aprobarse el capítulo vinculado a la «Reorganización administrativa», es la de intervenir y eliminar casi todos los organismos públicos. El radicalismo y Hacemos Coalición Federal habían logrado, durante las negociaciones en el debate en Diputados, incluir un listado de organismos que quedarían exceptuados de la facultad de Milei para suprimirlos, como el CONICET, el Malbrán, la ANMAT, el INCAA, el ENACOM, la Autoridad Regulatoria Nuclear, la Comisión Nacional de Valores, entre otros. Muchos, sin embargo, quedaron afuera, como el Banco Nacional de Datos Genéticos, lo que los deja en una situación de extrema vulnerabilidad. 

Los organismos que integran el listado de excepciones, sin embargo, tampoco están salvados: Milei todavía puede eliminarle competencias, reorganizar su estructura interna (despidos), fusionarlos con otros entes o transferir sus funciones a las provincias. 

Privatizaciones

El revival de los 90′ se percibe con más fuerza en la capítulo de privatizaciones de la Ley Bases. Originalmente, el gobierno pretendía habilitar la privatización de todas las empresas públicas (una cuarentena) pero, luego de que la ley se cayera en febrero, el oficialismo tuvo que sentarse a achicar el listado. Finalmente, el proyecto propone la privatización de once empresas públicas, aunque con modalidades diferentes. 

Por un lado, está el lote de empresas que pueden pasar totalmente a menos privadas: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (ENARSA), Radio y Televisión Argentina e Intercargo (la operadora terrestre de servicios aeroportuarios). Por el otro, están las cinco empresas que pueden ser vendidas en su totalidad o entregadas para concesión: AYSA, Correo Argentino, Corredores Viales, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria (que pasó a encargarse de los trenes en 2008 luego del proceso de desguace y privatización del gobierno de Carlos Menem).

Y finalmente están Nucleoeléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) que, a diferencia de las anteriores, solo pueden ser privatizadas parcialmente. Es decir que tanto la empresa generadora de energía eléctrica a partir de las centrales nucleares de Embalse y Atucha, así como la empresa generadora de energía en la central termoeléctrica de Río Turbio (Santa Cruz), tendrán que continuar bajo el control mayoritario del Estado. 

Moratoria previsional

No estaba en el proyecto original, se incluyó a último momento y, finalmente, terminó siendo el único capítulo de la Ley Bases que casi se cae durante la votación en particular en Diputados. Con solo 125 votos a favor – la ley se había aprobado en general con 142 -, Diputados le dio media sanción a la eliminación de la moratoria previsional que se había sancionado en 2023. La moratoria, que era más bien un plan de pagos de deuda previsional, permitía que todas las personas que hubieran llegado a la edad de jubilarse y no tuviesen los 30 años de aporte pudieran hacerlo igual. Esto beneficiaba particularmente a las mujeres que, según datos de la ANSES, solo 1 de cada 10 cuenta con los años de aportes suficientes para jubilarse cuando cumplen 60.

De aprobarse este capítulo, todas las personas que no cumplan con los años de aportes «caerán» en la PUAM (Pensión Universal del Adulto Mayor), que significa un 80 por ciento de la jubilación mínima (es decir poco más de 152 mil pesos). Con una modificación: el radicalismo logró introducir la categoría llamada «Prestación de Retiro Proporcional» que pretende diferenciar entre los que tuvieron, por ejemplo, 15, 20 o 29 años de aportes de los que no tuvieron ni uno. La iniciativa de la UCR plantea dejar la PUAM como un piso e ir incrementado el porcentaje según la cantidad de años aportados hasta llegar a la jubilación mínima. Con una salvedad: el texto de la ley no da ningún detalle sobre cómo tendría que ser esta prestación y deja en manos del Ejecutivo la reglamentación. 

La eliminación de la moratoria es otro de los puntos flojos para el debate en el Senado, ya que hay varios senadores que quieren acompañar la ley en general que, el año pasado, votaron a favor de la moratoria. En Diputados, sin embargo, eso no detuvo a varios legisladores (como los que responden al gobierno cordobés) que primero votaron a favor de la moratoria y después votaron a favor de su eliminación.

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La funcionaria argumentó que no pudo diferenciar a los científicos que trabajan en la base en Neuquén porque «no había uniformados». La ministra reculó sobre sus dichos y afirmó que «la cooperación en estos temas es una de las cosas que han captado la imaginación popular», luego de la inspección que realizó el Gobierno por su alineamiento con EE. UU.  «La discriminación no está dentro de su alma”, la defendió el portavoz Adorni.

   La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Diana Mondino, trató de explicar la brutalidad de sus palabras ante la cumbre de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que se celebra en París, donde dijo que «los chinos son todos iguales» para sostener que no se pudo diferenciar entre científicos y militares en la inspección –impulsada por los Estados Unidos— que el Gobierno realizó a la Base Espacial China en Neuquén. «Destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado», se justificó la Canciller ante la consulta periodística. El portavoz del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, también patinó en su defensa sobre el exabrupto de Mondino y prefirió hacer alusión en términos religiosos a las supuestas bondades de la Canciller: “Quien la conoce sabe que la discriminación no está dentro de su alma”, afirmó.

«Los que fueron de investigación (a la estación científica) no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales», había afirmado la ministra de Relaciones Exteriores, al referirse a la inspección realizada semanas atrás por una delegación enviada a Neuquén por el Gobierno de Milei.

La expresión de la Canciller ante la cumbre de la OCDE en Francia se produjo después de su viaje a China en un (hasta ahora) frustrado intento de negociar la renovación del swap –intercambio financiero– con el gigante asiático, donde su dirigencia está molesta por las sucesivas descalificaciones y ofensas que le dedicó el presidente Milei. Las palabras de Mondino no contribuyen a distender la relación bilateral.

Sus palabras también repercutieron en la Argentina y Mondino buscó justificarse. «Son todos iguales los que participaron, son todos civiles», dijo la funcionaria en declaraciones radiales y en un intento de bajarle el tono a la controversia. «Destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado», insistió la titular del Palacio San Martín.

Las definiciones de la Canciller cada vez que se refiere a situaciones y países con los que no comulga ideológicamente terminan por entorpecer las relaciones exteriores del país. Esta vez, y ante el exabrupto, tuvo que retroceder sobre sus dichos y aun mas: «la cooperación en estos temas es una de las cosas que han captado la imaginación popular», dijo Mondino al referirse a la inspección a la Estación Espacial de China ubicada en Neuquén, que el Gobierno de Milei impulsó para congraciarse con la política exterior de los Estados Unidos que cuestiona cualquier presencia del gigante asiático en America Latina.

El propio presidente Milei viajó especialmente hasta Ushuaia (Tierra del Fuego) para recibir a la generala Laura Richardson, a cargo del Comando Sur de Estados Unidos, quien volvió a expresarse públicamente sobre la base espacial china instalada en la Patagonia y le manifestó al Gobierno libertario la preocupación de su país sobre el tema.

El realineamiento argentino con la política exterior de los Estados Unidos que propone e impulsa el presidente Milei busca emular las relaciones carnales que mantuvo Carlos Menem en los años 90. Es por eso mismo que, desde hace semanas, el Gobierno nacional amaña todo lo referido a la base científica que nuestro país comparte con China en Neuquén, al punto de mandar una delegación a investigar si se hay algo oculto, pese a que el gigante asiático comparte todos los resultados de las investigaciones con los organismos nacionales.

Incluso Mondino también intentó desligarse de las sospechas con las que la Casa Blanca empuja a la Argentina para desplazar a China de su presencia en la región. «Ya se han hecho inspecciones en la Estación Espacial China y la (Unión) Europea (ubicada en la localidad de Malargüe, provincia de Mendoza). Fue el mismo equipo a ambas y en la misma semana, esos equipos no percibieron nada raro», había explicado la propia Canciller.

Luego de intentar desdecirse sobre su visión sobre los ciudadanos asiáticos, Mondino también se refirió a las negociaciones económicas con China. Calificó su gira por ese país como «bastante valiosa» y expresó que de parte de las autoridades chinas «había mucho interés por entender el proceso económico y político que está en la Argentina, cómo se mantiene la relación».

Mondino también explicó que se analizó los variados contratos bilaterales que hay firmados para ver «cuáles y cómo se continúan, si es que se continúan, en qué condiciones, y cómo se renegocia». Aunque la jefa de la diplomacia de Milei no se refirió al swap que el Gobierno busca desesperadamente extender para no tener que comenzar a desembolsar casi 5 mil millones de dólares del tramo que ya se utilizó y por lo que el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, fue parte de la comitiva de Mondino a China. 

Consultada sobre si se habló de la posibilidad de una visita del presidente Javier Milei a China o de su par oriental, Xi Jinping, a la Argentina, la Canciller aclaró que en su viaje se abocó a «los temas estrictamente técnicos». Algo que tampoco pudo explicar quien está al frente de las relaciones exteriores de Argentina. 

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En Mar del Plata, casi diez mil trabajadores del entramado sanitario debatieron sobre los desafíos del sector. «Es criminal haber retirado al Estado», dijo el gobernador.

 “Llegaron con un programa que pone en jaque el sistema y los planes que tenemos”. De esa manera, Axel Kicillof volvió a poner en cuestionamiento las políticas nacionales que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei frente a las trabajadoras y trabajadores sanitarios que asistieron al cierre del tercer Congreso Provincial de Salud (CoSaPro), en el NH Gran Hotel Provincial de Mar del Plata. 

Allí, el gobernador bonaerense que encabezó el acto aseguró que «la salud no es un negocio ni una mercancía, es un derecho de los pueblos y nada que tiene que ver con el mercado”. «No van a poder destruir todo lo que hemos hecho porque somos guardianes del esfuerzo que hace el pueblo para estar mejor y para que se reconozcan sus derechos», aseguró. 

En el evento que reunió a los trabajadores del entramado sanitario provincial, Kicillof apuntó contra el Gobierno nacional y dijo que «es criminal haber retirado al Estado de la regulación y el control del sistema de salud”.

Junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, secundado por diversos miembros de su gabinete y acompañado por la referente local del Frente de Todos Fernanda Raverta, Kicillof enumeró las dificultades que representan las políticas que impone Milei al asegurar que la provincia «esta bajo fuego», aunque reconoció que el sistema sanitario bonaerense está «mejor parado». “Estamos más organizados y sabemos dónde queremos ir, aunque quieran destruirlo y lo desfinancien, vamos a defender el sistema sanitario», apuntó.

El año pasado, durante el CoSaPro 2023, el Estado bonaerense presentó el Plan Quinquenal de Salud. En esta ocasión, según explicaron, el congreso tuvo como objetivo sellar acuerdos entre todas las aristas del sistema sanitario y acordar mecanismos de trabajo que se desarrollen en pos de la integración del sistema de salud. El financiamiento del sistema sanitario, la salud digital, las redes de servicios de salud, la atención primaria y salud comunitaria, residencias y pre residencias y especialidades críticas, entre otros, fueron algunos de los temas sobre los cuales se debatió.

Kicillof se refirió a ello cuando apuntó que el objetivo es «transformar el sistema de salud de Provincia», pero que para ello «hay un sólo sujeto que puede hacerlo, los trabajadores de salud”. En esa línea, subrayó: “Trabajamos intensamente en la integración de sistema de salud de la provincia, porque no puede transformarse algo que no se conoce ni se ama”.

Al tomar la palabra, el ministro de Salud bonaerense dijo que desde el Gobierno nacional «nos quieren hacer creer que no es necesario pensar en el otro y que estando solos podemos estar mejor», pero como contraposición remarcó: «Los trabajadores y trabajadoras de la salud siempre reflexionamos en conjunto y pensando en los demás, porque entendemos que todos y todas deben acceder a prestaciones de salud de calidad, ya que se trata, ni más ni menos, que del derecho a tener una vida digna”.

«Las clínicas se van a fundir»

Antes del acto de cierre, el ministro Kreplak encabezó la asamblea anual del Consejo de Salud de la provincia de Buenos Aires, en la que participaron intendentes, intendentas y secretarios de salud de los 135 municipios bonaerenses. En ella presentaron avances y trazaron los desafíos del Plan Quinquenal de Salud, sumado a que firmaron un acuerdo que garantiza el derecho a la salud de los 17 millones de habitantes.

Previo a la asamblea, Kreplak también se reunió con los representantes de los laboratorios públicos de distintos municipios bonaerenses. Según explicó el titular de la cartera sanitaria en sus redes sociales, el encuentro con los productores de medicamentos tuvo como objetivo trazar diversas estrategias de abastecimiento, y definió a la política como «fundamental» para el desarrollo, la producción, a las cuales tildó como «indispensables para construir políticas públicas que tengan en cuenta las necesidades del pueblo».

Durante el acto de cierre, además de advertir que «las clínicas se van a fundir», Kreplak subrayó: «Sabemos que hay un Gobierno nacional que no combate la desigualdad, pero no nos vamos a resignar, porque la provincia de Buenos Aires reconoce el derecho a la salud de una manera universal, equitativa, igualitaria y de calidad”.

En el congreso hubo talleres de promoción de la donación de sangre, de actualización en RCP básica en lactantes, niños, niñas y adolescentes y de enfermería en cuidados progresivos. Hubo talleres sobre el sistema de atención médica organizada de la provincia, de diseño participativo y de especuloscopía. Y también realizaron uno sobre los cuidados paliativos, que estuvo relacionado a la comunicación de malas noticias y a la orientación de los equipos involucrados en el acompañamiento de situaciones complejas por enfermedades o pérdidas.

Como cada vez que el sistema sanitario se reúne en este tipo de encuentros, en el congreso provincial dijo presente la feria sanitaria. Allí, en cada stand, los trabajadores y las trabajadoras exponen su experiencia de abordajes territoriales mediante las organizaciones sociales, las instituciones de la comunidad y las universidades. Además, diversas editoriales presentaron sus libros referidos a diversos temas que se engloban en la salud, y un concurso de fotografía donde fueron presentadas más de 240 imágenes.

Ee el congreso que contó con la participación de más de 10 mil personas reunió se debatieron en más de 25 mesas temáticas, realizaron talleres, y presentaron más de 1.500 trabajos científicos y relatos de experiencias. 

Los ejes de debate fueron acordados en una serie de pre encuentros que llevaron adelante los secretarios de salud de cada una de las regiones sanitarias de la provincia junto con el ministro Kreplak, que además dio lugar en la preparación del evento a las representaciones gremiales de los trabajadores del sistema sanitario y miembros del ámbito científico y académico.

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La oposición está cerca de poder modificar el impuesto a las Ganancias. Amenaza de rechazo a la delegación de facultades, el blanqueo de capitales y la moratoria previsional.

Para entender esta confrontación buscada por Javier Milei antes de su visita al ultraderechista Abascal, hay que entender que en esta coyuntura Pedro Sánchez no es ya solo el PSOE, es el presidente de una coalición de izquierdas excepcional para la realidad política de la Europa actual.

De hecho se aprecia su excepcionalidad en la carta de los otros días. Mientras antes para el PSOE se vivía en una democracia integral y plena, el Presidente cuestionó que con las operaciones permanentes de la derecha ultraderechizada la gobernabilidad democrática pudiera continuar.

Anécdotas aparte, el comunicado del gobierno argentino apeló una vez más a la retorica- twitter que lo caracteriza, a saber, multiplicar los insultos y el odio hasta niveles que clausuren toda mediación posible. Se logró de este modo escenificar de manera internacional una escena que la ultraderecha ama, agraviar sin limites al sujeto de izquierdas de tal modo que el diálogo ya carezca de sentido.

Dado que ya el ultraderechista argentino había provocado lo mismo con otros presidentes latinoamericanos, ahora quedaba enfrentarse con el gran tema, la relación histórica entre España y Argentina, mostrando a través de un acto de omnipotencia pura que el presidente promueve junto a los separatistas y la inmigración la destrucción de España («arriesgar la seguridad de las mujeres españolas por la inmigración ilegal «).

Obviamente toda la derecha española, PP y Vox juntos, se hicieron de inmediato eco asegurando la bienvenida de Milei y mostrando que en política internacional también vale todo. 

Asistimos a un tiempo histórico donde el capitalismo encuentra en la ultraderecha una posibilidad a explorar para afianzar su continuidad. Ya no cuenta con la democracia liberal como su aliada principal. En este sentido el enfrentamiento de Milei y Sánchez es un síntoma claro de la escalada de la ultraderecha en su proyecto estratégico de destruir las democracias.

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