Hay algo que va quedando poco a poco más claro y es que la resistencia al modelo que representa Javier Milei la están protagonizando los trabajadores. Son los despedidos, los precarizados y los organizados en sus sindicatos. La representación de este movimiento quedó expresada en la masiva marcha que protagonizó principalmente la CGT este 1º de mayo, pero también las dos CTA y los trabajadores de la economía popular organizados en la UTEP. Todos, como hacía años no sucedía, marcharon por el día del trabajador y de la trabajadora y le avisaron al Presidente que están dispuestos a hacer fracasar su plan para destruir el Estado y los derechos laborales.  

Desde el 10 de diciembre a la fecha, la CGT se ha convertido en uno de los pilares de esta resistencia. Por convicción y por necesidad su conducción se zambulló en esta pelea a pesar de la desconfianza que le dedicaron y todavía le destinan propios y extraños. Un protagonismo que le otorga una potencia política que sobresale por encima del Partido Justicialista, donde todavía prevalece la ausencia de una conducción indiscutida. 

Esa fortaleza que va adquiriendo se expresa también en el comunicado de la central obrera. Ahí advierten su decisión de «participar en el diseño de la sociedad a la que aspiramos». Todo un debate que se irá desarrollando, en lo posible, en un carril paralelo. La CGT llamó a la «construcción de un programa de consenso multisectorial» que tienda a generar una Argentina del «desarrollo, la producción y el trabajo, solidaria, inclusiva y con igualdad de oportunidades».

Ahora, como última etapa del segundo plan de lucha que elaboró la central sindical desde el desembarco libertario en la Casa Rosada, se avecina el nuevo paro nacional. El del 9 de mayo, a diferencia del realizado en enero, no tendrá una marcha. Desde los años del macrismo, la CGT nunca estuvo tan en la calle como en estos meses. Por caso, fue parte de las movilizaciones del 8 y del 24 de marzo. También participó de la multitudinaria marcha en defensa de la universidad pública del 23 de abril y este miércoles, por todos los y las trabajadoras protagonizaron una marcha que superó en magnitud lo que habían imaginado.  

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El Intendente participó de la colocación de ofrendas florales en el Monumento a los Trabajadores.

Este miércoles se llevó a cabo la tradicional colocación de ofrendas florales para conmemorar el Día del Trabajador en Puerto Madryn, acto que estuvo encabezado por el intendente Gustavo Sastre y que también contó con la participación de representantes de distintos sectores.

 

En una jornada de reflexión, desde el Municipio se ratificó que se continuará acompañando y respaldando a los trabajadores de los distintos sectores, teniendo en cuenta la diversidad productiva con la que cuenta Madryn, que es sumamente particular y con un abanico totalmente amplio.

 

 

 

 

Al respecto, el Intendente dijo: “Hoy, en el marco del Día del Trabajador, realizamos la tradicional colocación de ofrendas florales en el Monumento a los Trabajadores de Puerto Madryn, junto a representantes de distintos sectores, aprovechando para agradecerles por la gran labor que realizan”.

 

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: “Los trabajadores, sin lugar a dudas, son el motor de nuestra ciudad y nuestro compromiso es siempre buscar el bien de la comunidad, ampliando las oportunidades y generando posibilidades para todos”.

 

 

 

 

PARTICIPARON MÁS DE 300 PERSONAS

El gobernador brindó una conferencia de prensa en compañía del vicegobernador, Gustavo Menna; el ministro de Economía, Facundo Ball; y otros integrantes del gabinete. Torres agradeció el esfuerzo de todos los ministerios, los municipios y trazó como objetivo que la provincia lidere en dos años el ranking nacional.

El ministro de Economía, Facundo Ball, fue el primer orador de la conferencia de prensa que se realizó en el salón de usos múltiples de Vialidad provincia, y quien expuso técnicamente la condición de la provincia en estos primeros cuatro meses del año, centralizando el foco en el esfuerzo que le implicó a la gestión tener que hacer frente al pago del Bocade que el viernes pasado se pago la segunda cuota de la deuda en dólares, además de emprender la discusión sobre la refinanciación del pago del Fondo Fiduciario, que la Justicia convalido la postura de la Provincia ante el Gobierno nacional.

 

El funcionario precisó que Chubut llegó a un superávit primario, ya que «este esfuerzo fiscal está dando sus frutos» y la bomba financiera «quedó desactivada».  

 

Por su parte, el vicegobernador, Gustavo Menna, indicó que «este desempeño es de un gobierno que fue responsable y con determinación política». Y valoró que Chubut ocupe los primeros lugares en los rankings por el manejo de sus gastos, el cual tuvo un descenso interanual del 60%.

 

El gobernador, Ignacio Torres, cerró la conferencia enfatizando que «hoy estamos comunicando a todos los chubutenses que estos 6 primeros meses eran los más complejos por el pago de la deuda y el viernes pasado fue el segundo vencimiento del Bocade. En seis años se pagaron 140 millones de dólares y la mitad de eso lo pagamos en 4 meses».

 

 

 

 

Torres insistió que la gestión de Mariano Arcioni fue «irresponsable» cuando negoció y reprogramó deudas, a las que calificó de «criminal». Y ante ese difícil panorama, destacó que desde su asunción la administración del Gobierno se realizó con «responsabilidad fiscal: no nos endeudamos». 

 

Como contra partida, se aplicaron medidas que no desatendieron la realidad de Chubut, ya que se declaró la emergencia alimentaria, y la de comedores escolares, para llegar con recursos hacia los sectores más vulnerables.

 

«No pensemos que las cosas sucedieron porque sí. Hubo un trabajo profesional, de manera transversal entre ministerios y donde los municipios tuvieron un rol importante».

 

 

 

El gobernador explicó que a partir de este lunes, comienza una segunda instancia para la provincia, y se buscará salir del ranking negativo de transparencia institucional, para poder liderar en dos años con una buena administración de los recursos, lo que será «un factor importante para que vengan inversiones».

 

Torres enfatizó que «hay un cambio de clima» y permitirá que las negociaciones para contar con inversiones se sustenten en el compromiso fiscal e institucional. Y adelantó que se convocará nuevamente a los municipios y comunas para administrar recursos que lleguen a los sectores vulnerables, garantizando la alimentación.}

 

OBRA PÚBLICA

 

El mandatario provincial adelantó que se trazarán objetivos para ejecutar obra pública, pero que será para finalizar trabajos en rutas nacionales y el PROCREAR, y que servirá para cambiar por deuda con Nación. 

 

Además, remarcó que Nación le debe a Chubut 40 mil millones de pesos solo por el déficit de la caja previsional.

 

«Queremos ser vidriera del desarrollo y que lleguen las inversiones. Chubut es una de las tres provincias mejor administradas.

 

PAQUETE DE LEYES y CAMMESA

 

Torres adelantó que enviará a la Legislatura un paquete de proyectos vinculado con la transparencia, el acceso a la información y la ética pública, para terminar de salir del ranking negativo heredado de la gestión provincial anterior. 

 

Además, remarcó que el esfuerzo de la provincia deberá ser acompañado por los municipios y otras organizaciones. Tal es el caso de las Cooperativas Eléctricas. 

 

«La deuda que Chubut tenía con Cammesa se acordó y por primera vez se está cumpliendo con el corriente, con un camino de desedeudaniento. Lo mismo tendrán que hacer las Cooperativas», concluyó.

 

 

 

 

Treinta horas de debate, más de 150 discursos y ningún receso: el debate maratónico por la Ley Bases y el paquete fiscal prometía extenderse hasta la tarde del martes, pero no auguraba malas noticias para el gobierno nacional. No para la votación en general, al menos, pero distinto era el caso de la votación en particular: la verdadera batalla del oficialismo. Al cierre de esta edición, había varios artículos que andaban flojos de apoyos y prometían generarle a Javier Milei varios dolores de cabeza a la madrugada. A la cabeza de todos ellos estaba la reforma del Estado, que venía acumulando cuestionamientos de radicales y pichettistas y amenazaba con convertirse en el primer fracaso de este segundo round de la Ley Ómnibus.

Las horas de debate se acumulaban en el recinto y en las filas de La Libertad Avanza la preocupación era la misma: no estaban firmes los votos para aprobar la reforma del Estado. Pero no toda la reforma, sino específicamente el artículo 3 de la Ley Bases, que es el que faculta al Presidente a intervenir y eliminar los organismos del Estado (hayan sido creados por ley o no). La oposición había logrado introducir un listado de excepciones para esta facultad -como el Conicet, el Malbrán, Anmat, Conae, el Incaa, entre otros- de modo de blindarlos contra la voracidad anti estatal de Milei. En la práctica, sin embargo, había llevado a que los restantes organismos públicos entraran en pánico y comenzaron a interpretar que, si no estaban en ese listado, significaba que serían eliminados del mapa. Eso pasó con organismos como el Banco Nacional de Datos Genéticos o el Instituto del Teatro, que empezaron a presionar diputados para que los sumaran a la lista.

El oficialismo, sin embargo, no quiere continuar ampliando la lista de excepciones, lo que lleva a que se ponga en duda si tendrá el número para aprobar el artículo. Y es que, a la base de 108 votos en contra – UxP, el FIT, Natalia de la Sota y los dos santacruceños-, se le suma el rechazo de la Coalición Cívica, una decena de radicales, los dos socialistas santafesinos y Margarita Stolbizer. Existe la posibilidad, a su vez, de que se sumen más votos del radicalismo -el fiel de la balanza en este punto- y terminen enfrentando al oficialismo, que no tiene garantizados ni si quiera todos sus propios votos (Marcela Pagano está ausente), a la posibilidad de que se le caiga uno de sus primeros artículos apenas comience la votación en particular. La última vez que pasó esto, en febrero, el resto de los artículos se cayeron como un dominó y tuvieron que devolver la ley a comisión.

Otro de los puntos de la Ley Bases que tiene preocupado al oficialismo es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que propone beneficios impositivos exorbitantes para quienes inviertan más de 200 millones de dólares. Vota en contra el sector más duro de la UCR – línea Facundo Manes- y varios diputados de HCF, como la CC, así como algunas bancadas provinciales. «Presten atención a los sin tierra, ellos van a generar problemas», deslizaban los cordobeses que responden a Martín Llaryora.

Un escenario similar se observaba con el capítulo de Ganancias del paquete fiscal, en donde el rechazo de las provincias del sur podría hacer tambalear el número. Un sector del oficialismo se entusiasma con poder conseguir el aval de dos provincias norteñas peronistas que se verían beneficiadas con la restitución del impuesto (que es coparticipable): Catamarca y Santiago del Estero.

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Con el apoyo de la oposición dialoguista, el Gobierno tiene todo encaminado para la media sanción del megaproyecto que incluye la privatización de once empresas públicas, la eliminación de la moratoria previsional, beneficios impositivos para las grandes empresas y las facultades extraordinarias para Javier Milei. Hay algunos artículos que, sin embargo, todavía generan recelo en algunos legisladores, por lo que los votos no estarían del todo garantizados. Crónica de un debate que será clave para el futuro. 

La segunda es la vencida y La Libertad Avanza se preparaba, al cierre de esta edición, a aprobar -una vez más- su Ley Ómnibus, que implica la privatización de once empresas públicas, la eliminación de la moratoria previsional, un régimen de inversiones con beneficios impositivos exorbitantes y facultades extraordinarias para Javier Milei. Con el acompañamiento del radicalismo, el PRO, Hacemos Coalición Federal y varios partidos provinciales, el oficialismo quedaba cerca de conseguir su revancha y aprobar, el martes a la mañana, el primer proyecto desde que Milei asumió la presidencia. El fantasma de la votación en particular, sin embargo, volvía a acechar al oficialismo, que observaba que había varios capítulos -como la restitución de Ganancias en el paquete fiscal o la reforma del Estado en la Ley Ómnibus- que estaban flojos de apoyos y podrían generarle algún dolor de cabeza al oficialismo. 

El Día D había amanecido en un clima mucho más ordenado que el primer round de febrero, pero los diputados estaban acelerados. Nerviosos. La noche anterior Elisa Carrió había anunciado que la Coalición Cívica rompería con el bloque Hacemos Coalición Federal, el fiel de balanza -junto al radicalismo y el PRO- del cual dependía el triunfo oficialista. Se habían comprometido, sin embargo, a acompañar primero la ley en general y dejar para el martes la confirmación de la fractura. «Es la mejor ley que supimos conseguir. Y nos ganaron por cansancio», suspiraban, agotados, en la oposición dialoguista. 

La sesión había comenzado pasado el mediodía con un cómodo quórum de 135 votos en el que había participado todas las bancadas, excepto Unión por la Patria y el FIT. Si bien no había casi dudas de que el oficialismo conseguiría más de 140 votos para la aprobación en general de la ley, los diputados se preparaban para una jornada larga. Se habían anotado más de 150 oradores y se especulaba con que la votación en general llegaría recién entre 6 y 8 de la mañana, mientras que la votación en particular – la más importante – sería recién después del mediodía. No habría descansos ni cuartos intermedios y había diputados, como Damián Arabia (PRO), que se habían traído frazada y almohada para pasar la noche.

Llamaban la atención, mientras tanto, algunas ausencias sorpresivas: Marcela Pagano (LLA), que venía de sufrir una internación por las presiones sufridas para renunciar a la presidencia de la comisión de Juicio Político, no se había dejado ver en el Congreso. En los palcos, mientras tanto, observaban dos de las espadas de Karina Milei (responsable de la novela interna que derivó en el desplazamiento de Oscar Zago de la presidencia del bloque oficialista): Sebastián Pareja, su armador en la Provincia de Buenos Aires, y Lule Menem, subsecretario de Gestión Insitucional en la secretaría que Karina dirige. 

A unos metros estaba el vice jefe de Gabinete, José Rolandi, quien funcionaría como la voz autorizada del gobierno nacional en el Congreso: él manejaba, junto a José Luis Espert y Silvia Lospenatto, el poroteo de cada artículo y se comunicaba con las espadas aliadas cuando veía que algún capítulo tambaleaba. «Me llamó Rolandi preocupado» sería una frase recurrente durante la jornada (ver aparte). Más tarde se pasaría el ministro de Interior, Guillermo Francos, para monitorear la situación, pero el oficialismo estaba tranquilo: excepto RIGI, Ganancias y reforma del Estado, que andaban flojas de avales, la ley Ómnibus y el paquete fiscal gozaban de buena salud. 

La primera votación

El oficialismo pudo poner a prueba su mayoría a los pocos minutos de que comenzara la sesión, cuando fue el turno de aprobar el plan de labor parlamentaria que suponía que la votación en particular sería por capítulos. No por artículos. «Arrancamos mal», le recriminó Germán Martínez, titular de UxP, a Martín Menem, quien quería evitar la caída en dominó de artículos que había llevado, en febrero, a que la ley tuviera que volver a debatirse en comisión. Los ánimos, sin embargo, estaban caldeados y lo que arrancó como una discusión técnica terminó a los gritos e insultos.

«Entiendo que le quieren dar celeridad al trámite, pero ante el solo pedido de un diputado el reglamento habilita que se debata artículo por artículo», estaba diciendo Carolina Gaillard (UxP), mientras Martínez intentaba negociar, unas bancas más lejos, con Cristian Ritondo sobre la posibilidad de plantear que la votación fuera por artículos. «Él sabe que tengo razón», ironizaba Martínez, señalando a Arabia, que se reía. En un momento, se escuchó el primer grito: «¡Ridícula! Denle un rivotril que está sacada». Era Karina Banfi insultando a Gaillard, quien estaba interrumpiendo el discurso de Rodrigo de Loredo. «Ridículos ustedes que no dieron quórum para la comisión por universidades», le respondía Gaillard. La tensión iba escalando, Menem no podía contenerla y no fue hasta que mandó a votar nominalmente el plan de labor que el caos aminoró.

El resultado final dio 140 votos a favor y 109 en contra: un primer pantallazo de la mayoría con la que contaba Javier Milei para aprobar su ley en general. Habían acompañado el PRO, casi todo HCF – socialistas, lilitos y pichettistas incluidos -, toda la UCR – excepto la línea Manes más dura – y las fuerzas provinciales que integran Innovación Federal. 

El debate

«Hay una batalla cultural de entender cómo funciona el Estado. El Estado es el principal causante de la deuda, es el principal causante de la presión impositiva que cae sobre todos los argentinos», comenzó exponiendo Santiago Santurio por parte de LLA, en un discurso muy crítico contra el kirchnerismo que, sin embargo, omitió el dato de que era Milei, quien había dicho que «se cortaría un brazo» antes de subir impuestos, el que proponía restituir la cuarta categoría de Ganancias para todos aquellos que cobren por encima de los 1,8 millones de pesos. 

El que se encargaría de hacer referencia a aquella contradicción sería José Luis Espert, quien, curiosamente, había definido hace unos años que cobrar Ganancias era «inconstitucional». En esta ocasión, en calidad de segundo miembro informante, aseguró: «Sergio Massa rompió irresponsablemente el impuesto a las Ganancias desde la demagogia electoral más absoluta, sacando a 960 mil contribuyentes de este impuesto. Nos llevó al noveno subsuelo y nosotros desde ahí lo vamos a reconstruir».

«Es absolutamente falso que este dictamen sea mejor que el anterior», apuntó, mientras tanto, Germán Martínez, quien pasó a enumerar: «Trabajadores que no pagaban Ganancias van a volver a pagar, el escalón más alto de contribuyentes que pagan Bienes Personales van a tener una alícuota más chica, van a llevar adelante un blanqueo de capitales que es tirarle la alfombra roja al producido por las economías delictivas en la Argentina». «Tengo la sensación de que eligieron el camino de la crueldad, el de enterrar en los escombros a sectores apuntados», sumó, por su parte, Cecilia Moreau (UxP), quien acusó al oficialismo de «querer transformar el sistema impositivo para hacerlo pro ricos», haciendo referencia a la baja en Bienes Personales.

Myriam Bregman (FIT), mientras tanto, apuntaría con dureza contra la eliminación de la moratoria previsional: «Prácticamente de hecho eliminan el sistema jubilatorio. Nueve de cada diez mujeres no se van a poder jubilar, siete de cada diez hombres tampoco», cuestionó.

«No vamos a caer en la provocación, ni entrar en la mugre de un presidente que intenta degradar el debate. No hay que hacerle el juego. Porque el presidente, después de que se sancione esta ley, tiene miedo de que se note que no hay equipo, que no hay pericia, y no va a tener más excusas para gobernar», señaló Juan Manuel López (CC), justificando su decisión de votar a favor en general pero reservándose el derecho de votar varios artículos en contra, como las facultades delegadas.

El PRO sería, mientras tanto, el defensor más elocuente de los dos mega proyectos del oficialismo y lo defendería como si fueran propio. «Esta ley no sería necesaria si no fuera para revertir la tragedia que produjo el relato kirchnerista», apuntó Silvia Lospennato, ex paloma devenida en halcón, y defendió la reforma laboral que elimina las multas por trabajo no registrado y amplía el período de prueba a seis meses: «Un paquete de normas que son solo el primer paso para la modernización laboral para combatir la industria del juicio».

Martín Tetaz (UCR), unas horas después, aprovecharía para plantear una modificación a la reforma laboral: incluir la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias a los sindicatos. «Que se respete el derecho a los trabajadores a elegir libremente», reclamó el diputado de Evolución. Si bien la reforma laboral era defendida por todo el bloque, la UCR era, al cierre de esta edición, la bancada que sufría mayor cantidad de turbulencias internas. Con 34 votos propios, se estimaba que en la mayoría de los artículos terminarían votando de manera dividida. 

Impuesto al tabaco: la revancha opositora

La oposición dialoguista de la UCR y HCF se guardaban una estocada final: incluir en la votación en particular una reforma impositiva a la producción de tabaco. La oposición pretende eliminar el impuesto interno mínimo y equiparar, así, todos los impuestos, llevándolos al 73 por ciento. La medida apunta a obligar a la Tabacalera Sarandí, que viene siendo beneficiada por cautelares de la Justicia hace años, a pagar los mismos impuestos que sus competidoras. Nadie en LLA quiere quedar defendiendo el lobby de una empresa particular, por lo que la oposición los está forzando a abstenerse. En el caso de conseguir que UxP y el PRO hagan lo mismo, la oposición podría lograr sumar la reforma impositiva. Y si no lo consigue, lograrán exponer a los que votaron en contra. Win-win.

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Como nunca fue tratado, el organismo que selecciona y evalúa a los jueces declaró caído, por el solo paso del tiempo, el pedido de un jury al integrante de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky. El juez había sido denunciado por sus asiduos encuentros con el entonces presidente Macri, en fechas coincidentes con medidas judiciales contra CFK.

Sin que hubiera investigación alguna, por el solo paso del tiempo, el Consejo de la Magistratura archivó el pedido de juicio político contra el juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky por sus visitas a Mauricio Macri en la Quinta de Olivos. La ley que regula el  funcionamiento del organismo establece que, si pasan tres años desde el momento de la denuncia y el expediente no fue tratado, su único destino es el cierre. Eso es lo que ocurrió y es obvio que fue deliberado dejarlo dormir sin hacer nada. 

El escándalo

El Consejo le puso la firma al archivo sigilosamente el 17 de abril y es imposible identificar la resolución en la página del organismo. Se trata de uno de los mayores escándalos protagonizados por jueces de Comodoro Py. Borinsky visitó a Macri por lo menos quince veces durante su mandato como Presidente de la Nación, con excusas como ir a jugar al paddle o al fútbol. La presentación que pedía su remoción había sido realizada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco. También hubo una denuncia penal promovida por el exministro de Justicia Martín Soria y los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, que incluía a otro juez de Casación, Gustavo Hornos. Ambos fueron sobreseídos en junio de 2022. 

Borinsky reconoció los ingresos a Olivos, pero alegó que iba a hablar de la reforma del Código Penal, en la que es real que trabajó pero nunca fue aprobada. De todos modos, es difícil imaginar quince visitas por ese asunto. Lo que constituyó el núcleo de las denuncias fueron las coincidencias entre las fechas en las que el casador habría visto a Macri y una serie de fallos contra Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios del kirchnerismo que eran de máximo interés para el entonces presidente, algo de lo que incluso hacía gala. Durante el macrismo la ofensiva judicial, política y mediática fue brutal. 

Una de las reuniones, por ejemplo, fue justo antes de que un fallo firmado por Borinsky y Hornos ordenara reabrir la denuncia trucha que había hecho el fiscal Alberto Nisman contra CFK, Héctor Timerman y otros funcionarios en el caso del Memorándum con Irán, que había sido desestimada tres veces por ausencia de delito. La decisión de Casación fue la llave para que el fallecido juez Claudio Bonadio trazara un atajo para reinventar la causa, procesar a la expresidenta por traición a la patria, impedirle a Timerman viajar a Estados Unidos para continuar su tratamiento contra el cáncer (maltrato por el que empeoró su cuadro y terminó falleciendo durante  el proceso), ordenar detenciones, como las de Carlos Zannini y Luis D’Elía, y mandar la causa a juicio. Vale recordar que luego el Tribunal Oral Federal 8 dijo que no podía haber juicio por no existir delito, pero otros jueces de Casación, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, revocaron esa decisión y dispusieron que el juicio se haga. 

En agosto de 2016 dos partidos de fútbol a los que asistió Borinsky, que incluían a varios funcionarios del macrismo, coincidieron con fallos para abrir paso a la causa de la Ruta del Dinero, en la que confirmaron a Bonadio al frente y rechazaron un recurso de CFK. Más adelante, en Dólar Futuro confirmaron la intervención de jueces de la Cámara Federal, entre ellos Martín Irurzun, artífice en esos tiempos de la doctrina que se utilizó para dictar prisiones preventivas a granel contra exfuncionarios kirchneristas por el solo hecho de haber tenido algún cargo.  

Más visitas, fútbol y paddle mediante, coincidieron con la confirmación de una condena a Milagro Sala, la confirmación de un procesamiento contra la expresidenta, el respaldo a un juicio contra José Sbatella, ex titular de la Unidad de Información Financiera, otro contra Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central. Junto con Juan Gemignani, y en coincidencia con más visitas a Macri (algunas de varias horas), respaldaron el caso «Vialidad» y confirmaron un embargo a Julio De Vido, y ordenaron la detención de Amado Boudou por el caso Ciccone. 

Aquí no pasó nada

El juez Marcelo Martínez de Giorgi consideró que no estaba probado que las reuniones de los jueces con Macri, que había revelado El Destape, “hayan sido la ocasión para una influencia indebida por parte de Macri para la resolución de casos judiciales bajo la jurisdicción del doctor Borinsky”. Junto con eso decía que aunque no hubiera pruebas «en materia penal» todavía podía analizarse la «eventual responsabilidad política de los magistrados», en alusión al Consejo de la Magistratura, el organismo donde se elige y sanciona a jueces y juezas. Allí es donde se pueden aprobar sanciones disciplinarias o el inicio de un juicio político.  

La denuncia de Hertzriken Velasco estuvo primero en la Comisión de Disciplina y pasó a la de Acusación después de que la Corte Suprema declarara la inconstitucionalidad de buena parte de la ley que había dado al Consejo de la Magistratura una integración de 13 miembros y restituyera la ley que había sido derogada en 2006, que establecía la conformación de 20, incluyendo como presidente del cuerpo al presidente de la Corte. Es decir, Horacio Rosatti firmó el fallo que le garantizó la presidencia del Consejo, lugar estratégico para el manejo del Poder Judicial. 

La resolución del Consejo que archiva las actuaciones contra Borinsky cita el artículo 7 de la ley 24.937, que es la que regula la actuación del Consejo y que fue cuestionada por la Corte. Pero justo ese artículo quedó en pie. Es el que garantiza un mecanismo que tiene su faz razonable, ya que mantener un proceso contra un magistrado/a abierto por años puede funcionar como condicionamiento, pero tiene otra cara que habilita la protección corporativa. Dice que la decisión de abrir un proceso de remoción o disciplinario contra jueces/zas «no podrá extenderse por un plazo mayor a tres años contados a partir del momento en que se presente la denuncia. Cumplido el plazo indicado sin haberse tratado el expediente por la Comisión, este pasará al plenario para su inmediata consideración». Como la denuncia contra Borinsky había sido presentada el 9 de abril de 2021, el Consejo concluyó que «ha operado de pleno derecho el plazo legal establecido» y que «corresponde el archivo del expediente». Solo eso, no se pronunció sobre la conducta de Borinsky, que ni siquiera fue investigada.