l intendente de Trelew encabezó este jueves un nuevo acto licitatorio. Se reconstruirá el pavimento en los barrios San David y 12 de Octubre de la ciudad.
 

Gerardo Merino presidió este jueves el acto de apertura de sobres licitatorios para la reconstrucción de la calzada de hormigón en los barrios San David y 12 de octubre, que implican más de 790 m². 

 

El presupuesto oficial es de 108.717.544 pesos. La obra, señalada en la Licitación Pública 10/2024, está estimada en 90 días.

 

“Este es un trabajo de reordenamiento y hoy las cuentas del Municipio están ordenadas. No solamente estamos pagando deudas, sino que estamos asumiendo compromisos. En este caso, la reconstrucción de la calzada urbana, que tan deteriorada estaba cuando asumimos”, expresó el mandatario municipal al dirigirse a los presentes.

 

Merino estuvo acompañado por el secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Sergio Hudson, destacó durante el acto consumado en el Salón Histórico Municipal, que de esta forma “se sigue mejorando la trama vial de la ciudad; un requerimiento constante de los ciudadanos. Todos los trabajos se realizan con recursos propios”.

 

 

 

 

“Quiero agradecerles a los vecinos porque esta reconstrucción se está haciendo con la plata que pagan los contribuyentes a través de sus impuestos. El esfuerzo que hacen los comerciantes, los dueños de los inmuebles y de los vehículos, que dan cumplimiento al pago de impuestos”, indicó. 

 

También agradeció la confianza de las empresas que se presentan en las ofertas licitatorias. Y puntualizó que será un trabajo que se va a continuar en los próximos meses. Además, destacó la labor de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano.

 

En este sentido, añadió: “Y no es sólo eso, sino que con un gran esfuerzo, desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, se está llevando adelante un Plan Integral de Reparación Vial, de acuerdo a un cronograma, con recursos propios y maquinaria propia para las calles no pavimentadas”. 

 

“La semana próxima nos entregarán una máquina que estaba en reparación y será destinada, también con fondos de la recaudación de impuesto, al servicio de la reconstrucción de las calles”, remarcó el intendente.

 

 

 

 

Se trata del Programa de Fortalecimiento Parlamentario “Legislación con perspectiva de género y alianzas transformadoras”. Este se desarrollará hasta el viernes 10. 

El vicegobernador, Gustavo Menna, encabezó este jueves la apertura del Programa de Fortalecimiento Parlamentario “Legislación con perspectiva de género y alianzas transformadoras”, organizado en conjunto entre la Legislatura del Chubut, Women’s Democracy Network (WDN) y el International Republican Institute (IRI), y destinado a agentes legislativos.

 

Se trata de una nueva instancia de formación que continuará este viernes, con charlas y talleres destinadas tanto a mujeres como a hombres que se desempeñan en la casa de las leyes chubutense.

 

En el contexto de la apertura, concretada en el auditorio de la Legislatura, Menna firmó con la referente de la Asociación Civil Red de Mujeres por la Democracia, Raquel Munt, un convenio marco de colaboración para fortalecer las acciones conjuntas de capacitación.

 

Participaron de la apertura la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Elba Willhuber; la subsecretaria de Relaciones Institucionales e integrante del equipo de trabajo de la capacitación, Macarena Acuipil; y las diputadas María Andrea Aguilera, Tatiana Goic -ambas embajadoras provinciales del Programa-, Sandra Willatowski, Sonia Cavagnini, Roxana Soldani y Paulina Hogalde, entre otros

 

 

 

 

Jerarquizar la carrera

 

“Es una actividad de formación más de las que hemos venido desarrollando desde el arranque. Nos propusimos, junto a los diputados, retomar el camino de la capacitación y jerarquizar la carrera administrativa”, dijo Menna.

 

En este contexto, el vicegobernador puso en valor la decisión de avanzar con concursos “para cubrir, por mérito, distintos cargos vacantes. Los concursos vienen de la mano de la capacitación, porque lo que se pone en juego es el conocimiento, la capacidad y la trayectoria. Esta actividad para nosotros es muy importante porque se inscribe en ese camino”.

 

Destacó en este sentido “los antecedentes y la jerarquía” tanto de la WDN como de la IRI como entidades organizadoras.

“La democracia sin liderazgos no tiene potencia. Y en la casa de las leyes, donde se debaten políticas, el debate tiene que ser vigoroso, potente, porque es lo que implica que seamos caja de resonancia de lo que debate la sociedad”, añadió.

 

Resaltó, así, “este programa para fortalecer la democracia y la actividad legislativa con la perspectiva de género, propendiendo a la igualdad. Es sumamente oportuno y nos complace que hayamos sido tenidos en cuenta para desarrollar esta actividad”, enfatizó.

 

Y, en el contexto del paro nacional de este jueves, indicó: “De alguna manera también testimonia que en Argentina no hay pensamiento único. Podemos confrontar ideas y hacer ejercicio de la libertad. Así como quien decide hacer un paro lo hace, quien decide estar acá trabajando también lo puede hacer”.

 

“Y está muy bueno que podamos garantizar esa regla esencial de un Estado de derecho: dar testimonio de que estamos trabajando y de que estamos interesados en la capacitación y en la formación. Y que lo hagamos gracias a la intervención de una entidad prestigiosa, con capacitadores también de lujo que han tenido la generosidad y la gentileza de trasladarse hasta acá”, finalizó.

 

 

 

 

Organización regional y global

 

En tanto, Raquel Munt mencionó: “Es un gusto estar en Chubut. Tuvimos la suerte de estar en otra oportunidad, con otra oferta académica que tenía que ver con un entrenamiento para candidatas. Y algunas actuales diputadas transitaron esos espacios de mutuo aprendizaje”.

 

Agradeció al vicegobernador Menna, a las diputadas, y en particular a María Andrea Aguilera y a Tatiana Goic, “que acogieron el programa y acompañaron”, así como a la secretaria legislativa, Valeria Romero, “que se puso al hombro el tema operativo”.

 

“Somos una organización que hace 17 años está en la red, que es regional y global. Se llama Red de Mujeres por la Democracia. Es una iniciativa del Instituto Republicano Internacional”, explicó.

 

“Tenemos una inserción fruto de un trabajo de hormiga que hacemos en las provincias, con esta idea del liderazgo propositivo que permite los diálogos que necesitamos para llevar adelante el fortalecimiento democrático. Nuestra causa es fortalecer la democracia en nuestro país, en la región y a nivel mundial. Difícilmente va a existir desarrollo si no existe igualdad, si no existe paz y si no existe justicia”, finalizó.

 

 

 

 

Equipos parlamentarios

 

Por su parte, María Andrea Aguilera indicó: “En este tiempo que ha transcurrido se comenzaron a realizar capacitaciones importantes para el ámbito parlamentario. Y la respuesta siempre ha sido muy positiva”.

 

“Creo que es fundamental la conformación de equipos parlamentarios que puedan ser verdaderos protagonistas en ir trabajando en la reducción de la brecha de género”, dijo. Y añadió: “Las leyes y las políticas públicas no son inocuas. La perspectiva de género es absolutamente necesaria para construir una sociedad más igualitaria”.

 

 

 

 

Brecha

 

Por último, Tatiana Goic destacó: “Personas que pertenecemos a partidos diferentes nos pudimos juntar para capacitarnos en perspectiva de género y mejorar nuestra democracia. Necesitamos en política dejar de lado cuestiones partidarias y ponernos a trabajar en serio”.

 

“Hoy hay políticas públicas que no se están realizando. Afectan a la población en general y a las mujeres en particular. Para hablar de perspectiva de género tenemos que empezar por concientizar sobre que hay una brecha entre hombres y mujeres. Si no podemos aceptar eso, difícilmente podamos realizar políticas públicas que solucionen esos problemas”, dijo.

 

 

 

 

“No hay una democracia fortalecida si dejamos al 50% de la población afuera de la democracia. Tenemos que discutir los temas y rediscutirlos. Y entender que algunas tenemos un feminismo diferente. Y no por eso somos menos feministas”, agregó.

 

Y concluyó: “Es necesario capacitarnos continuamente en todos los poderes del Estado, y nosotras ser replicadoras. Agradezco a la Presidencia de esta casa que nos acerca estas capacitaciones. Esto habla a las claras de la intención de seguir avanzando en la profesionalización de esta casa legislativa, lo cual significa ni más ni menos que beneficiar a todos los chubutenses. Si legislamos bien, los beneficiados somos todos los chubutenses”.

 

 

 

 

La causa de los seguros sumó un nuevo capítulo. Esta vez Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py y decidió recusar por «temor a parcialidad» al juez federal Julián Ercolini a cargo de la investigación por el escándalo en la contratación de seguros en la que el exmandatario está imputado. El escrito presentado tiene la firma de la abogada Mariana Barbitta, a quien Fernández designó como defensora.

A partir de ahora, el propio Ercolini debe decidir si se acepta o rechaza el pedido y luego la Cámara Federal tendrá la última palabra. Durante su mandato, Fernández fue crítico del juez Ercolini por las investigaciones que encaró contra la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner. Ambos en realidad se conocían y tenían una larga relación como docentes de la cátedra del exministro y exprocurador Esteban Righi en Facultad de Derecho de la UBA. La embestida del juez, primero en una causa contra la exproducadora Alejandra Gils Carbó y más tarde contra CFK, los fueron alejando.

En la causa de los seguros, Fernández es uno de los imputados. Ercolini lo intimó días atrás a presentar defensor o bien se le fijaba uno de oficio luego de meses de investigación en una causa en la que Fernández tiene inhibición sobre sus bienes. 

La hipótesis sobre el exPresidente es que con la firma de un DNU benefició a brokers de seguros que mediaron con Nación Seguros y la contratación de pólizas desde varios organismos, como la ANSES y el Ministerio de Seguridad, entre otros, lo que habría dado el beneficio de comisiones millonarias.

La causa se inició por una auditoría interna del Gobierno de Javier Milei en ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de estos brokers. Tratándose de organismos estatales, Ercolini apunta a determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos. También investiga por qué Nación Seguros tercerizaba con otras compañías el servicio que, por decreto del 2021 del ex presidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

En el entorno de Alberto Fernández explican que la decisión fue adoptada como una medida política para «cuidar que no se fueran los dólares» a través de aseguradoras multinacionales. Entre los brokers aparece Héctor Martínez Sosa, marido de María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández.

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En Diputados se discuten cuatro proyectos de la ministra de Seguridad que convalidan la doctrina Chocobar, las escuchas o allanamientos sin orden judicial específica y el intercambio de datos privados con agencias extranjeras.

Patricia Bullrich volvió a la carga con uno de sus caballitos de batalla: bajar la edad de imputabilidad. Mientras tanto, empezaron a discutirse en la Cámara de Diputados cuatro proyectos de ley que envió al Congreso con los que busca, entre otras cosas, convalidar la doctrina Chocobar y habilitar vías de intercambio de información con agencias de inteligencia extranjeras.

La ministra de Seguridad recuperó cierta centralidad en la agenda del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) durante esta semana, después de convertirse en una de las protagonistas del anuncio de la puesta en marcha del sistema acusatorio en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Desde la administración de Javier Milei, se presentó la iniciativa motorizada particularmente por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como una estrategia para hacerle frente al narco. Sin embargo, la primera noticia que publicó la web Fiscales no demostró que el ímpetu esté especialmente en la persecución del tráfico de estupefacientes sino en investigar a dos hombres que compraron siete ovejas con dólares falsos.

Dispuesta a permanecer en el candelero, Bullrich insistió con que el gobierno quiere dar una discusión para bajar la ley de imputabilidad –algo que ya había anunciado también Cúneo Libarona. “Todavía se está discutiendo la edad: si es catorce, si es trece como Uruguay o si es doce como Brasil”, dijo la ministra de Seguridad en una entrevista con Radio Mitre.

“Estamos estudiando cómo ha impactado en la población”, agregó y advirtió que el gobierno debe ceñirse a los convenios internacionales. De hecho, desde 2005, está en vigencia la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que hace de aplicación obligatoria la Convención sobre los Derechos del Niño.

En Argentina –donde aún rige el régimen penal de Minoridad adoptado durante la última dictadura– los menores de 16 años no pueden ser juzgados, aunque sí pueden ser enviados a institutos penales. La Convención sobre los Derechos del Niño exige a los Estados miembros que establezcan una edad mínima por debajo de la cual se presume que los niños o las niñas no han infringido la ley penal. En el caso de Brasil, son los doce años; en el de Uruguay son los trece.

Durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich promovió una baja de la edad a quince años. No tuvo éxito. Entre otras organizaciones y expertos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) le respondió que bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad, sino que vulnera derechos.

Más allá de este anuncio impreciso, Bullrich viene impulsando una reforma normativa –que había sido presentada en sociedad en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada junto con el ministro de Defensa, Luis Petri. En ese momento, días antes del aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, el anuncio principal había sido que iban a enviar al Congreso una reforma de la ley de Seguridad Interior para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior. El proyecto, por el momento, no vio la luz.

El 16 de abril pasado, el Ministerio de Seguridad informó que había mandado cuatro proyectos al Congreso, que este miércoles empezaron a ser discutidos en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior. “Estos cuatro proyectos –que son uno peor que el otro– implican una reforma total del Código Penal: de lo que significan las penas y de las proporciones entre los delitos, es decir, hay delitos que Patricia Bullrich decide deliberadamente que pasan a tener penas de ocho a 20 años”, ejemplifica la diputada Myriam Bregman, del FIT-U.

Uno de los proyectos es conocido como antimafia –basado en legislación estadounidense e italiana. Esta propuesta amplía de 24 a 48 horas el plazo por el que una persona puede estar detenida por averiguación de comisión de un delito. Además, habilita allanamientos con una orden judicial “extendida” en una zona o domicilios relacionados. Esto implica, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad fueron autorizadas a registrar una casa, pero, si en el ínterin deciden que podría haber prueba en otra, podrían ir sin pedirle permiso a un juez. También se las habilita a interceptar comunicaciones, redes sociales o plataformas con autorización del Ministerio Público Fiscal y posterior aviso al juzgado.

Hay un punto de ese proyecto que posiblemente genere conflictos al interior del propio gobierno: es la habilitación a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal –conocida como Dinicri– a realizar intercambios de información sin orden judicial con agencias extranjeras. A priori, esa habilitación se choca con la Ley de Inteligencia, que dice que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es la única que puede intercambiar inteligencia con organismos del exterior.

Bullrich está dispuesta a pulsear por ser el contacto de la central de inteligencia estadounidense (CIA) o el bureau federal de investigaciones (FBI). El mes pasado, mantuvo reuniones con ambas agencias. Fue después de que circulara la versión de que el jefe de gabinete, Nicolás Posse, pretendía sacarle el control de la Dinicri para que pasara a funcionar conjuntamente con la AFI.

Otro de los proyectos –el de Orden Público– valida la llamada doctrina Chocobar, que habilita a los agentes de seguridad a disparar. También dice que si una persona inicia una “acción delictiva” y es herida por un policía no puede reclamar una indemnización. Si muere, sus familiares no pueden siquiera buscar justicia y actuar como querellantes. Éste es uno de los temas sobre los que viene advirtiendo la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que convocó a una charla para el próximo lunes sobre las implicancias del proyecto.

Otro de los puntos de la iniciativa es que se eleva la pena para el delito de resistencia a la autoridad, que es el que generalmente se aplica a manifestantes. Pasaría, de esta forma, a tener una penalidad de tres años y medio, lo que implicaría un cumplimiento efectivo. Para aquellos que sean acusados de atentar contra una autoridad con palos o piedras, se prevén penas de cuatro a seis años.

Bullrich también impulsa la ampliación del registro nacional de datos genéticos, que únicamente estaba contemplado en la actualidad para delitos vinculados contra la integridad sexual. Según explicó la defensora Silvia Martínez, podría implicar que hasta estén almacenados los datos genéticos de una persona acusada por injurias. Habilita también esta propuesta el intercambio de información con otros países.

–¿Conocés algún país que nos de los datos genéticos de sus habitantes?– le consultó el diputado Martín Soria, exministro de Justicia, a la expositora.

–Calculo que no– respondió Martínez.

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Salvo que se decida a hacer más concesiones, Milei llegará al Pacto de Mayo sin la ley ómnibus ni el paquete fiscal sancionados. Tampoco tendrá dictamen favorable este jueves, en simultáneo al paro de la CGT. El RIGI fue el protagonista de los señalamientos de la oposición light en la segunda jornada de debate en la Cámara alta. Ganancias podría caerse. Todo indica que el texto volverá a Diputados. Define el bloque radical.

Los senadores de la oposición no dan el brazo a torcer y, a menos que el Gobierno nacional decida comenzar a hacer concesiones, no habrá Ley Bases y paquete fiscal sancionado para el Pacto de Mayo. El Senado fue escenario de una segunda jornada de reuniones informativas en donde los indecisos —que son los votos claves para la sanción de los dos mega proyectos de Javier Milei— volvieron a plantear una oleada de objeciones y pedidos de modificación para los cuales el oficialismo no tiene aún una respuesta. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es el foco de casi todas las críticas, aunque LLA se ilusiona con poder aprobarlo de la mano de algunos votos peronistas. Diferente es el caso de la restitución de Ganancias, que casi inevitablemente se caerá en la votación en particular. En la Rosada, sin embargo, no se estresan demasiado: si bien les preocupan los tiempos, confían en que, más tarde que temprano, tendrán una mayoría en Diputados que les permitirá ratificar la versión original de la ley. 

Con la ola de recriminaciones de la jornada del martes todavía resonando en los oídos de los funcionarios, el Gobierno nacional encaró el segundo día de debate en el Senado preparado para lo que, horas después, se confirmaría: no estaban las firmas de los aliados más hostiles —Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Edgardo Kueider (entrerriano ex Frente de Todos)— para dictaminar el jueves. La sospecha gestada el día anterior, luego de las críticas proferidas por varios opositores «amigables», se terminó profundizando el miércoles, cuando, a las críticas por el RIGI, se sumaron los cuestionamientos a la reforma de la ley de hidrocarburos, la reforma laboral y el blanqueo de capitales. 

«Se necesita más tiempo porque la ley, así como está, se te puede caer en el recinto. Hay muchos puntos pendientes todavía y si no hacen algunas concesiones te van a terminar volteando los artículos en el recinto», analizaba una dirigenta radical, sabedora de que es la UCR la que definirá el futuro de las dos leyes. La bancada, que ya se había dividido cuando se rechazó el DNU, viene sosteniendo intensas discusiones internas sobre cómo votar los dos mega proyectos. El martes a la noche, los gobernadores radicales, alarmados por la voluntad de algunos senadores de votar en contra de la ley, se habían movilizado hasta el Senado a pedirles que acompañarán las leyes de Milei. De un lado estaban Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que argumentaban a favor de darle al presidente las «herramientas», y del otro estaban Lousteau, Blanco y Maximiliano Abad, que tienen varias objeciones y no terminan de definir si acompañarán o no.

Al frente de todas las críticas esta el RIGI, ese régimen con beneficios exorbitantes -como libre disponibilidad de divisas y exenciones impositivas- por 30 años para las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. No solo la dupla rebelde de Lousteau y Blanco lo votaría en contra, sino que Kueider, los dos santacruceños José Carambia y Natalia Gadano y, probablemente, «Camau» Espínola también manifestaron su rechazo. Incluso Tagliaferri, la única senadora del PRO – responde a Horacio Rodríguez Larreta – que viene manifestando dudas sobre su acompañamiento a la ley, manifestó objeciones respecto al RIGI. Es decir que La Libertad Avanza necesitará de los votos de algunos senadores de Unión por la Patria – como el catamarqueño Guillermo Andrada o el sanjuanino Sergio Uñac – para aprobar el capítulo. 

Otro de los puntos que tambalea es la eliminación de la moratoria jubilatoria que se había sancionado el año pasado. A los 33 votos en contra de UxP, se le suman el de los santacruceños, la neuquina Lucila Crexell (que ingresó dentro de una lista de Juntos por el Cambio pero ahora mantiene una alianza con el gobernador «Rolo» Figueroa), la rionegrina Mónica Silva, Kueider, Espínola e, incluso, la cordobesa Alejandra Vigo. Kueider viene trabajando para que los tres integrantes de Unidad Federal – él, Vigo y «Camau» – voten de manera unificada, volviéndose así un actor clave que podría definir qué artículos se caen y cuáles no. Cerca del correntino y el entrerriano, sin embargo, reconocen que Vigo está más «limitada» al tener que responder a los intereses del gobernador Martín Llaryora. El RIGI es uno de ellos – Llaryora ya llamó a votarlo a favor -, pero moratoria no.

Las privatizaciones, mientras tanto, recibieron algunos cuestionamientos más puntuales de parte de senadores como Blanco (que es fueguino y está en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas). Pero el oficialismo confía en que tendrá la mayoría para aprobarlo. Distinto es el caso de las facultades delegadas: son varios los senadores que no quieren darle facultades extraordinarias al presidente y en UxP ya se anotan el rechazo de Crexell, Silva, los santacruceños y Kueider.

Ganancias es una discusión aparte que se debatirá el jueves en la comisión de Presupuesto. Los patagónicos demandan que se incluya algún tipo de excención para la zona – que cuenta con un costo de vida más elevado y, por lo tanto, salarios más altos – y amenazan con voltearle el capítulo si el gobierno no acata. 

El escenario de objeciones, en principio, no ofrece un panorama muy alentador para el oficialismo. Por estas horas, sin embargo, la mayor preocupación del gobierno es sancionar lo antes posible las leyes para poder llegar al 25 de mayo con los dos proyectos convertidos en ley. En Casa Rosada no se muestran reactivos a incluir modificaciones, confiados en que, cuando los proyectos vuelvan a Diputados, el oficialismo podrá reunir de nuevo una mayoría para ratificar la versión original.

El debate

La segunda jornada de debate del plenario de comisiones en el Senado había contado con la presencia, primero, del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Uno de los principales temas de discusión, que no se había tocado el día anterior, fue la reforma laboral, que el gobierno defendió con entusiasmo. «Si las normas no acompañan, si crean un riesgo exagerado o son imposibles de ser controladas, esas normas impiden la contratación, porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa», explicó el ex abogado del Grupo Techint, reivindicando una reforma que elimina las multas por trabajo no registrado y propone reemplazar las indemnizaciones por fondos de cese laboral. «Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Como piensan que con el periodo de prueba, el quite de multas, como en los 90 que fracasó, van a conseguir resultados diferentes», cuestionó Mariano Recalde (UxP).

Lousteau, mientras tanto, aprovechó la presencia de Chirillo para volver a apuntar contra el RIGI y cuestionarle por la forma que uno de los artículos – el 191 – sostenía que las empresas que adhirieran al régimen no podrían ser afectadas por restricciones de insumos en base a «prioridades de abastecimiento»: «Si en algún lugar en Argentino uno de los insumos, agua o energía, pasa a ser clave y escaso, (la empresa) tiene prioridad sobre la gente», cuestionó el senador radical. «Quizá la redacción no sea feliz», reconoció Chirillo, a lo que Tagliaferri, fuera del micrófono, le respondió «Hagamos que sea feliz».

A Chirillo los senadores le cuestionaron la deuda que Nación tiene con las generadoras de energía. Uno de los más incisivos fue, en ese sentido, Kueider, que denunció que a las empresas entrerrianas se les estaba haciendo «imposible operar». El secretario de Energía solo atinó a responder que estaban «trabajando» en el tema y, acto seguido, pasó a defender la decisión del gobierno de modificar la ley de hidrocarburos de forma tal que la prioridad del Estado nacional no fuera ya el autoabastecimiento: «Tenemos una ventana de oportunidad, tenemos que sacar la mayor cantidad de exportación posible», expresó. Le respondió Oscar Parrilli: «Lo único que quieren es maximizar las ganancias. Parece que tuviéramos un CEO de una empresa multinacional que viene a explotar los recursos de Argentina».

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La Casa Rosada habla de una medida de fuerza “político-partidaria” y apuesta al fastidio de quienes no se adhieren. La elección de Pablo Moyano como enemigo público y el miedo a la posible presión sobre los senadores. Adorni anunció sanciones para los estatales que se sumen.

Las posturas en Casa Rosada son encontradas. La bajada de línea oficial es minimizar la medida de fuerza de la CGT y remarcar que no mueve un ápice del programa económico. “Qué hagan lo que quieran, no nos van a frenar”, dicen. Incluso, sostienen que confrontar con dirigentes gremiales como el camionero Pablo Moyano –elegido por Javier Milei como enemigo público–, nutre al relato anticasta. En privado, sin embargo, les preocupa la presión que pueda generar sobre los senadores en medio de la discusión por la ley Bases. Los números están ajustados y Karina Milei trabaja en el poroteo. En la antesala del paro, y a modo de provocación, el Gobierno anunció que sancionará a los estatales que se adhieran y volvió a difundir una línea telefónica para que los empleados denuncien extorsiones de sindicatos. Alineados con el Presidente, las centrales empresarias salieron a rechazar la protesta.

“Yo no paro”, es la consigna que impulsa Milei en redes sociales. La estrategia del Gobierno se repite: señalar que el paro es “político-partidario” y enfrentar trabajadores con trabajadores, exponiendo las consecuencias de la medida. En el guión libertario anotaron que alrededor de 6 millones y medio de personas se quedarán hoy sin transporte público y que 700 vuelos serán cancelados. “Paran los fundamentalistas del atraso”, sentenció Manuel Adorni. A pesar del brutal ajuste, la caída récord del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo, el vocero presidencial expresó que la protesta es “injustificada” y cuestionó que durante la gestión de Alberto Fernández haya habido “cero paros”. «El nuestro ya tuvo dos de la CGT, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáutico y más de 100 marchas e intentos de piquete», se quejó.

Al igual que en la huelga general de enero, el Ejecutivo presentó ayer su liturgia antigremial. En primer lugar, anunció que le descontará el día a los estatales que se plieguen a la medida. “El que no va a trabajar, no cobra”, advirtió Adorni. En segundo lugar, recordó que continúa abierta la línea 134 que lanzaron a principio de año para denunciar supuestas “extorsiones” sindicales. En aquel momento, sin brindar mayores detalles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había asegurado que recibían más de 1.000 llamadas diarias. Y, por último, el Gobierno reiteró que “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos” por el show policial que desplegará Bullrich.

En Casa Rosada sostienen que la cúpula de la central obrera exagera posturas, presionada por las posturas de la oposición más radicalizada. Le reprochan haber convocado al paro horas después del encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. De esa reunión, Héctor Daer, Hugo Moyano y Carlos Acuña, entre otros, se fueron con la promesa de una reforma laboral más acotada que la original.

El análisis que hacen en el Gobierno es que la “intransigencia” está empujada por Pablo Moyano, a quien eligen para confrontar. Tiempo atrás, Milei definió al camionero como un “enemigo de las reformas” –por oponerse a la ley Bases– y lo chicaneó por haber participado de la marcha en defensa de la educación pública. “Una vez encontró un libro y lo llevó al museo porque no sabía qué era”, lanzó irónico. El Presidente se siente cómodo rivalizando con el cosecretario general de la CGT por considerarlo un símbolo de la casta sindical. “Fíjense quién está a favor del cambio y quién está en contra”, repite.

Al mandatario no le preocupa tanto el alcance de la medida de fuerza en la calle o la actividad económica, sino el impacto en el Congreso. La mirada está puesta en cómo pueda llegar condicionar a los senadores en el debate por la ley Bases, en general, y en la discusión por la reforma laboral y la reversión del impuesto a las Ganancias, en particular.

En alerta por el ajustado panorama en la Cámara alta, La Libertad Avanza busca cerrar filas con los bloques aliados. Ayer, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encontró por primera vez cara a cara con Cristian Ritondo. El jefe de la bancada del PRO en Diputados fue clave en la media sanción, se ganó la confianza de Milei y ahora trabaja para lograr la sanción. En las filas oficialistas estiman que existen serias posibilidades de que el paquete fiscal sufra modificaciones y tenga que volver a la Cámara baja.

La banca del establishment

En sintonía con el discurso libertario, entidades empresarias manifestaron su rechazo al paro y lo calificaron de «injustificado» e «inoportuno». «Las acciones deberían estar alineadas con la situación social y económica» de la Argentina, expresaron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Amcham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina) y la Paetac (Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas). Y concluyeron con una contundente defensa a Milei: «Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características».

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El movimiento obrero prevé una medida de fuerza potente. Emitieron un documento donde denuncian el desguace del Estado, la desprotección social y afirman que que el paro es «en defensa de la democracia, los derechos laborales y el salario digno». El gobierno amedrenta a estatales.

El segundo paro nacional convocado por la CGT y las dos CTA se prevé contundente. Los diferentes gremios que forman parte de las tres centrales obreras fueron anunciando uno a uno su adhesión que incrementa aún más la potencia de la huelga. «Pará la mano», le reclaman al destinatario primario de esta medida de fuerza: el gobierno de Javier Milei y sus políticas de desguace del Estado para destruir el patrimonio nacional y los derechos laborales. De todas formas, este sayo bien le puede caber a más de un gobernador (y también legisladores) que acompaña sin remilgos el feroz ajuste que aplica la Casa Rosada contra la sociedad en general y los trabajadores y jubilados en particular. El documento que emitieron las centrales sindicales da cuenta de ello al sostener que “un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida libertad de mercado, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”. 

La Rosada, en tanto, procura bajarle el tono a la medida de fuerza, pero también amedrenta a los trabajadores del Estado con el descuento del día. Curiosamente, el vocero Adorni acusó a los sindicatos de buscar convertir al país en lo que de hecho está pretendiendo concretar la gestión de Milei. Los calificó de «fundamentalistas del atraso, los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de la servidumbre».

La respuesta a los dichos de Adorni llegó de la mano del titular de ATE nacional, Rodofo Aguiar, quien afirmó que «aunque el Gobierno quiera amedrentar a los trabajadores del Estado, violando la libertad sindical, no lo logrará. La adhesión a la medida de fuerza va a ser total. Mañana (por hoy) en Casa Rosada no vas a tener ni quien te sirva el café».

Entre los sindicalistas ya se habla de lo fuerte que será la medida de fuerza. El dato que refuerza este análisis es la adhesión de los gremios del transporte: colectivos, trenes, subterráneos y aviones. Un sector sindical que es clave a la hora de garantizar la paralización del país.

El paro será potente además porque está la adhesión de los gremios de comercio, la construcción, camioneros alimentación, sanidad, metalúrgicos, los trabajadores rurales, mecánicos, energía, docentes y los empleados bancarios.

Los ataques

Por supuesto que acechan las presiones y los intentos de quebrar la medida de fuerza. Por caso, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que lidera Roberto Fernández presentó una acción de amparo para impedir que la empresa de transporte DOTA obligue a sus trabajadores a no ser parte de la huelga. La empresa, que explota el 70 por ciento de las líneas de colectivos que prestan servicio en el AMBA, hace caso omiso a la suspensión judicial que hay sobre el capítulo laboral del DNU 70/2023 y lo aplica a sus empleados. en ese sentido, les anunció a sus trabajadores que considera vigente el DNU y, por lo tanto, les advierte que por lo menos el 40 por ciento del servicio se debe garantizar. 

Los abogados de UTA solicitaron a la justicia laboral «una medida autosatisfactiva a fin de preservar el libre ejercicio de la huelga a la totalidad de los trabajadores de las empresas del Grupo DOTA». En rigor, este grupo empresario desde un primer momento ha desconocido la suspensión del capítulo laboral del DNU 70 que logró la CGT y otras organizaciones gremiales. Por caso, suspendió la retención de las cuotas sindicales que se le hace a los trabajadores para aportar a la UTA.

Hasta anoche, la justicia no había emitido opinión.

En el ámbito estatal circulan comunicaciones donde les advierten a los trabajadores la decisión del gobierno nacional de descontar el día del paro y, como tal, se arriesgan a perder el concepto del presentismo. 

El documento

La CGT que conducen Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto a los titulares de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy respectivamente, emitieron un documento donde dan cuenta de las sobradas causas del segundo paro contra Milei.

«Estamos frente a un gobierno nacional que promueve quita de derechos laborales y sociales, que redefine el rol del Estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma ciento de miles de despidos de servidores públicos», reza el documento. 

En otro tramo, advierten que Milei «decreta la paralización de la obra pública generando un descomunal desempleo. Que lleva adelante un brutal desfinanciamiento de la seguridad social, de la salud pública; de las universidades, de la educación, de la ciencia y la cultura, poniendo en riesgo la vida de nuestros mayores y la población en general, afectando directamente a la calidad educativa, la capacidad de investigación del país y nuestra identidad cultural». 

En ese sentido, las tres centrales sindicales afirman que el presidente Milei «promueve peligrosas políticas de privatización de empresas públicas y de entrega de los recursos del patrimonio nacional».

Las centrales obreras describen cómo a través de la liberación de precios de alimentos, medicamentos y energía los salarios pierden poder de compra. Por otra parten destacan la intervención del Ministerio de Economía que conduce Luis «Toto» Caputo, en las paritarias para impedir que los salarios acordados no inquieten el plan económico de recesión.

El documento consensuado entre la CGT y las dos CTA remarca que «un 31 por ciento de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87 por ciento en obras públicas, un 39 por ciento en subsidios al transporte, un 76 por ciento en transferencias a las provincias, un 18 por ciento en recorte a las universidades y un 13 por ciento en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables».

Por último, los dirigentes gremiales destacan que el gobierno se caracteriza por rechazar el diálogo social y que «se desentiende de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad».

El paro concluirá a la medianoche, pero hacia el interior de las centrales sindicales ya se discute la renovación de un plan de lucha. Algunos dirigentes ya proponen movilizarse el próximo 16 de mayo, día previsto para que el Senado debata los proyectos Bases y Paquete Fiscal. Ahora falta que el sector político, del peronismo en particular, recupere protagonismo y se sume de manera concreta a la pelea contra las políticas del gobierno libertario. Es lo que le reclama el sindicalismo.

Fuente: Pag12

El debate en la Cámara alta de la ley ómnibus arrancó con malas noticias para el oficialismo. Además de los errores no forzados, como la inclusión de modificaciones en dos artículos del texto, los bloques de la oposición dialoguista ya plantearon varias objeciones que podrían empantanar el tratamiento. Al Gobierno se le complica la idea de dictaminar este jueves, el día del paro general. La CGT, las dos CTA y la OIT serán convocadas por la reforma laboral.

El debate por la ley bases en el Senado comenzó complicado para el oficialismo. A la inconsistencia en la votación sobre el impuesto al tabaco se sumó el hallazgo de Unión por la Patria sobre modificaciones en dos artículos de la media sanción en Diputados que llegó a la Cámara alta: “No sabemos qué texto vamos a votar”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio. Mientras tanto, Martín Menem hacía llegar una “fe de erratas” para corregir los “errores”, lo que la neuquina Silvia Sapag tildó de “papelucho”. En la Rosada  ya habían hablado de “un error de tipeo”. En medio de ese desaguisado, los bloques de la oposición colaboracionista sumaron sus dudas sobre varios artículos –también del paquete fiscal–, lo que encendió las alarmas entre los libertarios ante la posibilidad de que varios de ellos terminen siendo rechazados o modificados. 

En parte por ese motivo, la Libertad Avanza tampoco podría cumplir con el ambicioso cronograma que se proponía emitir dictamen este jueves –el día del paro general convocado por la CGT y las dos CTA–. El bloque de Unión por la Patria, además, metió la cola y pidió ampliar la convocatoria de los expositores (hasta ahora solo previstos miembros del Gobierno), lo que tuvo el respaldo del ex gobernador salteño y aliado del oficialismo, Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Al planteo se sumó el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), que preside la comisión Asuntos Constitucionales. Mientras que los radicales Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco le exigieron al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, no apurar una sesión para aprobar las leyes durante la reunión que el bloque de senadores de la UCR tuvo a solas con el funcionario.

Di Tullio, incluso adelantó que oficializará el pedido de la convocatoria al plenario de las centrales obreras: la CGT y las dos CTAs (de los Trabajadores y Autónoma) y de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que expongan su opinión sobre la reforma laboral que contiene la ley Bases. Representantes de las tres centrales sindicales estuvieron más tarde reunidas en el Senado con la bancada de UxP, donde expresaron su rechazo al proyecto del Gobierno.

Tabaco y “fe de erratas”

El plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda se realizó en el Salón Azul (el mas grande del Senado) con los funcionarios del Gobierno nacional sentados en la cabecera para defender el proyecto del Gobierno: el ministro del Interior, Guillermo Francos, y al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de Presidencia, María Ibarzábal Murphy.

Pero la apertura del debate comenzó a modificar los gestos de los funcionarios que en varios pasajes participaron de los contrapuntos con los senadores opositores.

“Hay un reclamo hecho por las autoridades de los bloques. Primero por el texto que llegó al Senado que tiene errores en cuanto a la diferencia que fue votada en el recinto y lo que tenemos de ingreso de expediente. Es importante porque una palabra en un artículo cambia todo. Estamos preocupados por eso porque si hubo realmente este error, esto hace un impedimento del tratamiento hasta que Diputados pueda aclarar cómo es el tema del texto y de la votación porque hay dos diputados que dijeron que le contabilizaron mal el voto”, cuestionó el jefe del interbloque de UxP, José Mayans.

Las denuncias partían de sus propios compañeros de UxP en la Cámara baja. Los diputados expusieron las dudas de cómo se en la contabilizaron con los votos que se adjudicó a la incorporación del impuesto al Tabaco a ley Bases, donde se tomaron como afirmativas dos abstenciones. El hallazgo sobre las diferencias sobre el dictamen y texto que llegó al senado los hizo el jefe de la UxP en Diputados, Germán Martínez: “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, posteó en la red social X con los textos diferentes en los artículos 152 sobre los permisos de exportación de gas natural licuado, y el 171 sobre el polémico régimen para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la Casa Rosada, buscaron minimizar las diferencias en el texto. “Es un tema menor, administrativo. Va a quedar subsanado en el día de hoy. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y lo están solucionando”, dijo sin sonrojarse el portavoz presidencial Manuel Adorni.

“Es la primera vez que veo que pasa esto en una ley tan importante que se lleva por delante la Constitución, que modifica las relaciones económicas, políticas, sociales donde se deja el Congreso de lado. No podemos aceptar que cualquiera modifique la voluntad de los diputados y nos vengan a traer otro texto”, sumó la senadora Sapag en el plenario. “Si tratamos este proyecto de ley y viene con legitimidad de origen después se puede declarar su inconstitucionalidad. Si se votó mal, todo lo que vamos a tratar ahora no tiene ninguna legitimidad. Es muy grave lo que está pasando. Pido un cuarto intermedio”, exigió el salteño Sergio Leavy (UxP).

El libertario puntano Bartolomé Abdala, que preside la comisión de Legislación General y cabecera del plenario, encontró el hueco ideal entre los cuestionamientos y le dio la palabra a Francos, que comentó su exposición sin mención alguna a la polémica.

Debate fogoso

Pero Francos se encargó de abrir el fuego al debate. “Javier Milei se encontró con la peor crisis de toda la democracia”. “Encontró un Banco Central sin ni un dólar, inflaciones absolutamente descontroladas cualquiera sea el método de medición y una emisión desmedida”, afirmó el ministro político del Gobierno.

“No coincidimos en nada con las palabras del ministro; acá hay que dar datos”, salió al cruce Mayans y reprochó que “ustedes están fundamentando la ley Bases sobre datos que son falsos”. El senador formoseño le recordó que el gobierno devaluó la moneda en 120 por ciento y responsabilizó a Milei por la caída del empleo, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y el contraste que genera con la liberación total de precios y el tope que le impone a las paritarias salariales.

Los cuestionamientos también llegaron desde los senadores dialoguistas. La macrista porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) pidió eliminar la cláusula polémico artículo 163 del proyecto de Ley Bases, que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), un reclamo que atraviesa a todos los bloques. Rolandi admitió que podrían aceptar cambios.

El RIGI preocupa a todas las provincias y se expresó durante todo el debate. Lousteau fue uno de los más críticos y lo calificó de “hiper generoso” en los beneficios que otorga para los grandes inversores. Su correligionario chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) expuso dudas sobre el criterio de selección de los proyectos que hará el Gobierno y cuál será la participación que tendrán las provincias en el proceso de elección de las inversiones.

Las críticas se expandieron al régimen previsional, a la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y a la posibilidad que tendrá el Gobierno de avanzar con una amplia reforma del Estado, la privatización de empresas y el desguace de organismos oficiales. El paquete fiscal que comenzará a tratarse hoy por separado en la comisión de Presupuesto, también fue criticado en el plenario: la rionegrina Mónica Silva (JSRN) se encargó de anticipar la queja de las provincias patagónicas sobre el impacto que la reversión del impuesto a las Ganancias tendrá en la región, en particular entre los trabajadores petroleros.

La cara de los funcionarios, tras más de cinco horas de debate, no solo reflejaban el cansancio de la jornada sino también la sensación que ambos proyectos podrían sufrir cambios y volver a Diputados. Escucharon decenas de objeciones, muchísimas de las cuales partieron desde los sectores dialoguistas en cuya postura está (o estaba) depositado todo el optimismo que derrochaba la Casa Rosada.

Fuente: pag12

Alfredo Beliz, titular del SEC, expresó su apoyo a la intención de Othar Macharashvili de presidir el PJ y además detalló las medidas a tomar por parte del sector de Comercio en el paro del próximo 9 de mayo.