«La República Argentina no permanecerá indiferente ante las infames acciones de la dictadura de Maduro y continuará apoyando a su pueblo en su batalla por recuperar la democracia»; sostuvo

El Gobierno de Javier Milei salió a repudiar la orden de detención que dictó el régimen chavista contra el candidato a presidente de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien de acuerdo a las actas publicadas por su espacio salió como claro vencedor de las últimas elecciones.

“La República Argentina rechaza la solicitud de aprehensión emitida por el Ministerio Público Fiscal de la dictadura de Maduro contra el ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio, Edmundo González Urrutia, y alerta a la comunidad internacional sobre una ola de radicalización del régimen que pretende criminalizar a las fuerzas democráticas venezolanas”; comienza el comunicado de la cancillería nacional.

Considera que “en un contexto de violaciones masivas de derechos humanos ante las protestas populares desatadas tras un burdo fraude electoral, el régimen pretende cercenar la lucha por la democracia y la libertad, persiguiendo a los líderes de la oposición, los cuales son víctimas de una despiadada persecución política, violentando todos sus derechos fundamentales en un marco de terrorismo de estado”.

Y completa: “La República Argentina no permanecerá indiferente ante las infames acciones de la dictadura de Maduro y continuará apoyando a su pueblo en su batalla por recuperar la democracia”.

Qué pasó

La Fiscalía General de Venezuela solicitó este lunes una orden de aprehensión contra el ex candidato opositor Edmundo González Urrutia por la presunta comisión de delitos de conspiración, usurpación de funciones y sabotaje a daños de sistemas. 

La dependencia dividida en su cuenta de Instagram envió el oficio dirigido al juez especial con competencia en casos vinculados delitos asociados al terrorismo, en el que se detalla que la solicitud es por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación. 

Esta medida surge luego de que González Urrutia no se presentara a comparecer en tres oportunidades y posterior a que la semana pasada la Fiscalía advirtiera que se libraría una orden de aprehensión considerando que se «encuentra en presencia del peligro de fuga». 

González y su vocera María Corina Machado acusaron de fraude y desconocieron los resultados oficiales de las elecciones del pasado 28 de julio, cuando resultó reelecto el presidente Nicolás Maduro. 

Noticia en desarrollo…

Fuente; Noticias Arg

«Para proteger a la industria se le robó al campo», dijo. Único aplauso, el Impuesto País y el «vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes». Postales de una nueva etapa de los modelos de Macri y Menem. 

Casi como una postal de época o, quizás, una puesta estratégicamente pensada por algunos de los pocos industriales que osan criticar al Gobierno, el presidente Javier Milei habló en el Día de la Industria ante un atril que de fondo tenía ventanas con persianas totalmente cerradas, y entró al edificio por la puerta de atrás. En el peor momento de las fábricas después del menemismo y ya superando en cifras negativas a la COVID 19 y el 2001, el mandatario dio un discurso donde priorizó al campo sobre la industria que crea empleo, les avisó que deberán competir con o sin herramientas para hacerlo y hasta destacó que la sustitución de importaciones no es un objetivo, sino que el perfil de apertura pondrá al país en un rol de importador neto. 

Los únicos aplausos que recibió se dieron al anunciar la baja del Impuesto País, hecho celebrado por exportadores e importadores netos; y cuando sinceró los objetivos de su modelo económico: «vinimos a achicar el Estado para agrandarles el bolsillo a ustedes», aseguró al frente de una tribuna de ceos en el salón Petiribí de la sede de la Unión Industrial (UIA) en Avenida de Mayo. El mandatario llegó allí acompañado de su hermana Karina, la gestora central de su asistencia luego de meses trabajo para convencerlo; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vocero Manuel Adorni y el secretario de Hacienda, Pablo Quirno, quien reemplazó al ministro Luis Caputo. 

«La consecuencia es que para proteger a la industria se le robó al campo y esa protección lo único que generó fue un sector industrial adicto al Estado», les espetó a los presentes, en un gesto que no gustó. Y siguió: «durante 100 años nos vendieron el cuento de que para tener una economía pujante debía hacerse pisoteando a los sectores dinámicos y exportados, en especial al campo», dijo, y aseguró que las asistencias estatales «perjudicaron a la economía». Asimismo, consideró que «el período de mayor expansión industrial fue con el modelo exportador y no el de sustitución de importaciones. En algún momento a mitad de siglo pasado, la política decidió que para que el país se desarrollara se tenia que producir todo acá, y empezó a arbitrar la relación entre los distintos sectores, robando a uno para darles a otros… La justicia social». 

La platea de la UIA, hace meses anestesiada y sin poder de lobby para plantear la crisis que atraviesan las pymes y hasta los gigantes, no pudo creer esos dichos pero siguió bancando lo que creen que es el fondo de la cuestión: el ajuste fiscal y la reforma laboral que les prometió el Presidente. Un rato antes de Milei, la entidad atinó a dejar algo de crítica en el discurso de su presidente, Daniel Funes de Rioja, quien aseguró que «no podemos más que valorar el esfuerzo por estabilizar las condiciones macroeconómicas, pues la inflación, la inestabilidad, el déficit fiscal y la imprevisibilidad no son un buen dato para nadie”. Renglón siguiente, apuntó algo de crítica al decir que “confiamos en que el ordenamiento de la macro conduzca también a poner énfasis en la micro, ya que una no puede existir sin la otra”. Por último, Funes avisó que será dificil competir en una economía abierta con estas características. Con timidez, casi que contrastó modelos: «la industria pretende un terreno equilibrado donde nuestro costo argentino no haga inviable la competencia frente a países que no exportan impuestos, que cuentan con infraestructura que permite reducir costos, con regímenes laborales modernos adecuados a las nuevas realidades productivas y con medidas de protección ágiles frente a la competencia desleal”, deslizó. 

Una imágen que ya se vio

El abrazo más efusivo que recibió Milei, por no decir el único, fue del petrolero Alejandro Bulgheroni, uno de los dueños que tiene un vínculo fluido con el mandatario y se alista entre los fieles al modelo. No asistieron al convite ni Paolo Rocca, de Techint, ni Luis Pagani, de Arcor, pero sí coparon las sillas principales Luis Galli, ceo de Newsan; Martín Cabrales; Gustavo Weiss, de la Cámara de la Construcción; Jaime Campos de AEA, Natalio Mario Grinnman, de la Cámara de Comercio y Javier Goñi, de Ledesma. El resto, la plana mayor de la UIA en charlas constantes con dos viejos conocidos: Juan Pazo, el ex socio de De Narváez en el rubro textil y actual secretario de Industria; y el ministro de Turismo, Daniel Scioli, que pasó de los brindis con cámaras pymes a celebrar la apertura importadora en cuestión de meses, tal se comentó en los pasillos de UIA. 

Como pocas veces en su historia, la UIA dejó que un presidente les diga en su propia casa cómo hacer política industrial, mientras los números de la actividad desde que Milei es presidente marcan récords históricos por la negativa y los despidos, cierres y suspensiones son moneda corriente. «Esto ya lo vivimos con Cabrera (el ministro de Macri) y con Menem, es lo que hay», dijo a Página I12 uno de los presentes. Tan alejado de las chimeneas estuvo el Presidente que, además de hablar del campo, aprovechó para pegarles a los bancos y avisó que irá a acompañar a Marcos Galperín, el dueño de Mercado Libre, en una inauguración esta semana. Inédito para semejante platea, que se puso contenta cuando adelantó que «esta mañana bajamos 10 puntos del nefasto Impuesto País. Es interesante porque muchas veces se han creado impuestos, se ha dicho que eran transitorios y después nunca se bajaron». 

Para la industria, en tanto, todos fueron palos directos o indirectos. Milei planteó que el sector «quedó subordinado a la sobreprotección del Estado con subsidios, créditos y aranceles para competir», lo que generó «una relación de tutela viciosa con el Estado que arrastramos hasta hoy». En otro pasaje del discurso, aseguró que «quitarles a uno para darles a otros no es una política económica» sino «un robo» y enfatizó en que «no hay valor, crecimiento ni ganancia sin estabilidad».

En esa línea, para sorpresa de muchos, consideró que «la mejor política industrial es tener una buena política fiscal y monetaria, honrar las deudas, terminar con la inflación, recuperar el calculo económico y devolverle a los argentinos el futuro y la capacidad de ahorrar y de manejar su propia economía». Asimismo, explicó que «ningún país quebró por abrirse al comercio internacional, de hecho, todos los que lo hicieron progresaron». Y concluyó que «lo único pernicioso es tener un Estado elefantiásico montado a sus espaldas. Nosotros vinimos a reducir al Estado para mejorar la competitividad, a achicar al Estado para agrandar el bolsillo». 

Hacia el final de la charla, viendo que las caras de la platea eran de preocupación por el tema importaciones, que como develó este diario el fin de semana va a poner a la producción nacional en una crisis, Milei dejó una frase que no alcanzó para que los empresarios se vayan tranquilos: «No los vamos a dejar tirados, vamos a abrir la economía cuando estén dadas las condiciones estructurales para que las empresas competitivas sean las más competitivas posibles”, explicó. Por ahora, los industriales bancan el rumbo y el ajusto, pero el temor que tienen a una vendetta les impide decir lo que manifiestan en privado: que la situación de la industria es crítica y que, a la vista, no hay soluciones claras.

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Junto a empresarios y sindicalistas, trazó un panorama crítico. «No hay Nación sin industria», afirmó el gobernador que anticipó el esperado RIGI bonaerense. 

“El desmantelamiento de nuestro aparato industrial es un objetivo estratégico del gobierno de Milei”. “Parece que vive en un tupper por cómo insiste en pelear con los socios estratégicos del país y manejarse con anteojeras ideológicas”. “Salgamos a explica que no hay nación son industria”. Esas fueron algunas de las definiciones con las que el gobernador Axel Kicillof cerró la Jornada en Defensa de la Industria, en el partido de Ituzaingó, donde estuvo acompañado por autoridades locales, ministros y representantes de empresas y sindicatos.

El gobernador comenzó su alocución presentando un diagnóstico de la situación. “A lo largo de nuestra historia, hay apenas unos pocos momentos dramáticos con números que se pueden comparar con estos, como la pandemia o el 2001. La caída de la actividad industrial es de 16 puntos, la caída del consumo es de 23 y la caída de la construcción es de 32. La mitad de las máquinas de la provincia están apagadas y nos vienen a hablar de inversión”, reflexionó.

Luego, agradeció especialmente la presencia del brasileño Rafael Lucchessi, titular del banco estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de ese país, “justo cuando tenemos un presidente que se pelea con nuestros principales socios comerciales y aliados, pareciera que vive en un tupper”.

“Tenemos tarifas dolarizadas, ahora también van a dolarizar el transporte público. Lo llaman quita de subsidios, pero es una dolarización, y los subsidios no eran otra cosa que salario indirecto”, agregó. “El gobierno de Milei se propuso desmantelar la industria como objetivo estratégico. Nada de lo que está sucediendo está fuera de lo previsto”.

“Esto es una estafa electoral, porque nadie votó un ajuste contra los laburantes ni contra los sectores medios. Y el elenco que nos gobierna es parte de la fuerza que salió tercera y ya fracasó con Macri”, dijo en referencia a los ministros Patricia Bullrich, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.

Marcelo Fernández, de Confederación General Empresaria de la República Argentina (Cgera), aseguró: “Nos toca a nosotros, no sólo reunirnos con las autoridades y peticionar, para exponerlos, sino explicar en nuestros ámbitos, porque todos tenemos en nuestra cámara o federación, alguno que todavía cree que esto puede cambiar o mejorar. Ese es nuestro rol, explicar, convencer”.

El fabricante de cierres a cremallera recordó que en 2016 tuvo que reunirse con el sindicato para ver qué hacer con los trabajadores, porque no llegaban pedidos a la fábrica. «En un par de meses vamos a tener otra vez la misma reunión, porque se está terminando la temporada alta y no hubo pedidos, porque las industrias que nos demandan, calzado, textil, marroquinería, están en crisis porque tampoco venden”, afirmó. 

A su turno, el titular del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata), Ricardo Pignanelli, sostuvo que “Argentina tiene campo, tiene hidrocarburos, tiene litio y tiene personal muy calificado». «Si con esas palancas de desarrollo no somos capaces de generar empleo de calidad para 48 millones de argentinos, entonces no merecemos gobernar”, sentenció. 

Elio Del Re, titular de la poderosa Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), expuso su preocupaciónn y afirmó que “en nuestro sector, la caída es de 60 puntos en promedio, pero eso significa que hay sectores que están mucho peor”. Luego, trazó un semáforo, según el cuál “sólo está en verde un pequeño sector, el que provee a la industria petrolera y asociadas, pero estos también se ven amenazados por las importaciones”.

En ese contexto, el titular de la Asociación Obrera Textil, Hugo Benítez, aportó números de su sector. «Nuestro sector es de los primeros en caer y de los primeros en recuperarse», dijo el referente sindical que agregó que con Macri, sin pandemia ni sequía, el sector perdió once mil puestos de trabajo. «Durante el gobierno siguiente, recuperamos seis mil, pero en estos ocho meses, ya perdimos otros dos  mil», detalló. 

También estuvo presente Juan Recce, titular de Bicontinentar, la empresa fabricante de calzado deportivo de alta tecnología, radicada en Chivilcoy, que sucedió a la brasileña Paquetá, luego de que esta decidiera cerrar en 2018, por el combo de tarifazo, caída de demanda y apertura de importaciones. «En nuestra planta flamean cuatro banderas: la argentina, la bonaerense, la de Chivilcoy y la del Mercosur; gracias gobernador por cuidar el Mercosur», sintetizó.

Anticipo del “RIGI bonaerense”

El acto por el Día de la Industria fue finalmente el contexto propicio para que el gobernador presente el Régimen Provincial de Inversiones Estratégicas. «Ya hemos comenzado a dialogar con la Legislatura provincial y que está en las antípodas del RIGI que impulsa el Gobierno nacional”, sostuvo Kicillof y añadió: “No podemos aceptar que la única forma de recibir inversiones sea la de primarizar, rifar los recursos naturales y no agregar valor. Por el contrario, este es un proyecto de desarrollo económico e industrial”, afirmó el mandatario .

Alli fue entonces cuando el ministro Augusto Costa presentó algo largamente esperado por los distintos actores del universo productivo: los principales aspectos del proyecto de ley de desarrollo económico, popularmente llamado RIGI bonaerense, cuyo contenido difiere en muchos aspectos respecto a la norma nacional.

En primer lugar, no se ciñe a determinadas ramas de la actividad en detrimento de otras. Luego, su objetivo es el de promover inversiones que permitan crear empleo de calidad y generar más valor agregado; desarrollar proveedores locales y nuevos sectores productivos; facilitar la transferencia de tecnología y diversificar la matriz económica; impulsar las exportaciones y sustituir importaciones; y reducir desequilibrios territoriales.

Las exenciones impositivas que establece, en materia de ingresos brutos, impuesto inmobiliario y sellos, mantienen un criterio de mayor beneficio para las inversiones de hasta 50 millones de dólares, que va decreciendo a medida que aumenta el monto total.

Además, el proyecto contempla beneficios adicionales para aquellos proyectos que sustituyan importaciones, aumenten exportaciones, se localicen en parques industriales o zonas de bajos ingresos y establece un plan incremental para el desarrollo de proveedores locales.

La mirada brasileña

La intervención del brasileño Rafael Lucchesi, titular de Bndes, fue una de las que más entusiasmo generó en el auditorio, al sostener que Brasil y Argentina tienen la oportunidad de conformar una sociedad estratégica de cara a las oportunidades que ofrecen el cambio climático y la agenda de sustentabilidad: «energías limpias, construcción sustentable, producción verde, economía circular. Nosotros podemos ser en estos temas lo que es Arabia Saudita en materia de hidrocarburos». 

«En 1980, la actividad industrial de Brasil era mayor que la de China, pero hoy la china es mayor ue la estadounidense y la europea sumadas y veinticinco veces superior a la de mi país», describió y agregó que «en todas estas décadas, aplicamos el consenso de Washingtos, con estos resultados». Sólo China no lo aplicó y por eso creció. Ya ni siquiera Washington aplica el consenso de Washington», aseguró. 

El 2 de septiembre de 1587 se realizó la primera exportación desde Argentina, rumbo a Brasil, consistente en tejidos y harinas. En 1941 se estableció esa fecha como día de la industria.

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a ministra de Seguridad aseguró que la agenda del Presidente está enfocada en la “economía” y en la “seguridad” y que todos los miembros del espacio “deberían ir para el mismo lado”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich,  sostuvo que La Libertad Avanza (LLA) «se hizo al andar» y eso provocó que se vea algún tipo de «desorden«;  asimismo, indicó que «es algo muy nuevo» y que el presidente Javier Milei «subió prácticamente sin partido«.

En declaraciones televisivas, habló también sobre su vínculo con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, y manifestó que «ha tenido una relación razonable» con ella y que hoy la agenda de la Argentina «está basada en ordenar y desregular la economía«, brindando simplificaciones para los ciudadanos y ayudar a la competitividad de las empresas, «en la seguridad» y en «mejorar la vida de los argentinos«.

«Me parece importante que todos los miembros de este Gobierno tengamos una misma dirección hacia donde debemos ir, y el presidente y la vicepresidenta son los que tienen que llevarlo adelante», declaró.

Durante la entrevista, la ministra dejó en claro que Milei, y a los funcionarios que lo acompañan, «no tienen en agenda» las tareas que Villarruel quiere llevar adelante relacionadas a reabrir los casos de terrorismo por parte de Montoneros durante la última dictadura militar, y que sólo «la economía y la seguridad» son los temas que ocupan al presidente. 

Con respecto a la situación del diputado provincial Germán Kiczka remarcó que está «bajo la Justicia misionera» y que fue la que decidió «no incomunicarlo y permitirle visitas«.

«Será el cause que le quieran dar, no me parece que sea una imagen adecuada (la foto que circuló sobre las visitas). Incluso, hasta hoy, ese delito no tiene una condena muy grande. No sé por que sigue estando en una comisaría, porque debería estar en una cárcel. Supongo que lo querrán tener cerca. Además, si la imagen se pudo filmar es porque no tiene todos los mecanismos de seguridad que debe tener», subrayó.

En la misma línea, indicó que esta situación la hablará con su par provincial a quien conoce y sabe «que trabaja muy bien» porque «no es una imagen que quieran mostrar» desde el Ejecutivo, sino que son «las que tratan de cambiar».

Al ser consultada por el Caso Loan, que perdió visibilidad las últimas semanas, manifestó que es un caso «de un círculo cerrado«, donde «hay un pacto de silencio» y que, si bien, “la justicia no lo ha podido encontrar”, «no significa que no se juzgue a los implicados».

«Creo que es un caso intrafamiliar, de las personas que han estado ahí ese día. Lo más importante es el testimonio de los chicos de la cámara gessel, donde ninguno dice que alguien se lo llevó. Tenemos un vacío y seguimos buscando«, finalizó.    

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Además defendió a Santiago Caputo, uno de sus asesores más cuestionados por el líder del PRO.

El presidente Javier Milei respondió a los cuestionamientos del ex mandatario Mauricio Macri, quien días atrás observó la gestión del Gobierno en asuntos económicos. Incluso el fundador del PRO llegó a decir públicamente que “al Gobierno le falta gestión e implementación”.

Milei aseguró que Macri “no arregló ni de cerca” el déficit fiscal, unas de las obsesiones principales del economista. “A él [Mauricio Macri] le llegó con un déficit fiscal en el Tesoro, bastante similar al que recibimos nosotros y en cuatro años no lo arregló», comenzó diciendo Milei. 

Y agregó: «de hecho, llegó al déficit cero primario por licuación. El eje central del corazón de todos los problemas de los argentinos, que es el problema fiscal, ni de cerca lo arregló. Ni que hablar el problema del BCRA, que era la bomba del dólar futuro”. 

De todos modos, durante la entrevista concedida a Luis Majúl para su clásico programa La Cornisa, el Presidente se encargó de aclarar que si bien guarda algunas diferencias con el líder del PRO, la relación personal entre ambos es “fabulosa«.

En la misma línea, Milei fue contundente en la defensa a su asesor predilecto, Santiago Caputo, signado como uno de los principales responsable de los malos humores de Macri con la administración libertaria. 

“Hay varias cuestiones respecto a Santiago Caputo. No creo que concentre demasiado poder. Yo soy amigo de Santiago. No solo soy amigo», indicó el presidente. 

Y fue más allá en su defensa a Caputo: «Lo considero parte del triángulo de hierro, que está constituido por mi hermana, por Santiago y por mi. No solo eso. Como si eso fuera poco, es una persona con una inteligencia superior a la media”, enfatizó.

Fuente: noticias Arg

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner fue un hecho que conmocionó a la Argentina y al mundo entero. Lo que ha seguido a este trágico intento de asesinato es igualmente alarmante: la falta de una verdadera investigación y un aparente encubrimiento que envuelve a las figuras más poderosas del país. 

Es crucial entender que este juicio es solo uno de los varios que deberían haberse llevado a cabo. Este juicio se centra en los autores materiales del atentado, es decir, las personas que llevaron a cabo el intento de asesinato. Sin embargo, la justicia ha demostrado una notable falta de interés en investigar a los autores intelectuales. La gran pregunta que queda sin respuesta es: ¿quién ordenó matar a Cristina Fernández de Kirchner? No investigar esta dimensión del caso es, en sí mismo, un acto de encubrimiento. No se quiere descubrir quién estuvo detrás de este atentado, y la justicia ha mostrado una sorprendente negligencia en seguir esta pista crucial.

Lo más escandaloso ocurrió a pocas horas del atentado. El contenido del celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre que apretó el gatillo, fue completamente borrado. Este dispositivo estaba en manos de la jueza María Eugenia Capuchetti cuando esto sucedió. La eliminación de esta evidencia crítica plantea serias preguntas sobre la integridad de la investigación y sugiere un intento deliberado de ocultar información clave que podría haber llevado a los autores intelectuales del atentado. ¿Qué contenía ese celular que alguien no quería que se descubriera? La pérdida de esta evidencia vital no solo entorpece la investigación, también socava la confianza en el sistema judicial.

Luego, está la cuestión de los financiamientos. La familia Caputo, integrada por empresarios y amigos íntimos del expresidente Mauricio Macri, financió a organizaciones políticas violentas que amenazaban de muerte a Cristina. Revolución Federal fue una de estas agrupaciones que, con guillotinas y amenazas de muerte, fomentaron un clima de violencia que culminó en el atentado. Este grupo se disolvió rápidamente después del intento de asesinato, pero el daño ya estaba hecho. La financiación de estas actividades por parte de la empresa Caputo Hermanos es un hecho que no puede ser ignorado.

Días antes del atentado, un episodio inquietante tuvo lugar en un bar. Gerardo Milman, mano derecha de Patricia Bullrich, fue escuchado diciendo: «Cuando la maten, voy a estar camino a la costa». Y, efectivamente, dos días después, mientras se perpetraba el atentado, Milman estaba camino a la costa. Cuando fue llamado a declarar, ya había formateado su celular, eliminando cualquier rastro de posibles pruebas. Este acto de eliminación de pruebas ocurrió en las oficinas de Patricia Bullrich, con la ayuda de un perito informático que ahora es funcionario del Ministerio de Seguridad.

El intento de asesinato no ocurrió en un vacío. Fue el resultado de un clima de violencia creciente contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner, un clima promovido judicial, mediática y políticamente. Este ambiente hostil fue alimentado por discursos de odio y amenazas constantes, creando un contexto en el cual un acto de violencia extrema parecía inevitable.

La pregunta crucial que este juicio no está respondiendo es: ¿quién mandó a matar a Cristina? Y la razón por la cual no se está respondiendo esta pregunta es clara: la justicia se ha negado a investigar. En Argentina, existe un pacto de impunidad entre sectores políticos, mediáticos y judiciales que ha impedido la investigación de los autores intelectuales y el financiamiento de este intento de asesinato. Esta colusión de poderosos intereses ha creado un muro de protección alrededor de los verdaderos culpables.

Finalmente, es alarmante que figuras como Luis “Toto” Caputo y Patricia Bullrich hayan sido premiadas a pesar de sus claras vinculaciones con el encubrimiento del atentado. Esto envía un mensaje peligroso: en Argentina, aquellos con poder e influencia pueden actuar con impunidad, sin temor a las consecuencias.

La justicia debe cumplir su deber de investigar a fondo este caso y llevar ante la ley a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales. La sociedad argentina no puede darse el lujo de permitir que un intento de asesinato contra una figura política de la envergadura de Cristina Fernández de Kirchner quede impune. La transparencia y la justicia son esenciales para la democracia, y es imperativo que la verdad salga a la luz. No debemos permitir que el encubrimiento y la impunidad prevalezcan. Hace unos días escuchamos a la actual ministra de seguridad, Patricia Bullrrich mencionar que “en la Argentina tenemos que volver a tener cordura en las causas judiciales”. Coincidimos absolutamente, y es por eso que interpelamos a las autoridades judiciales respectivas a que se realicen una investigación fehaciente sobre todo lo ocurrido.

El caso del intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner es un reflejo de los problemas más profundos de la política y la justicia en Argentina. La manipulación de pruebas, el financiamiento de la violencia y el encubrimiento por parte de figuras poderosas son síntomas de un sistema que necesita una reforma urgente. Solo mediante la verdad y la justicia podemos esperar construir un futuro mejor para Argentina, uno en el que la violencia y la impunidad no tengan cabida.

* Diputada provincial y vicepresidenta del PJ La Pampa.

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El 66 por ciento de los consultados está en contra del veto presidencial. El informe también muestra el derrumbe del poder adquisitivo y la fuerte caída del consumo de medicamentos y alimentos.

La paciencia parece acabarse. Una enorme mayoría, dos de cada tres argentinos, está en desacuerdo con el veto a la nueva fórmula previsional y sostiene que se debe priorizar a los jubilados, no el déficit fiscal cero. Pero eso está en sintonía con lo que está pasando en casi todos los hogares. Prácticamente, nueve de cada diez ciudadanos dicen que no llega a fin de mes o que tiene dificultades para llegar al día 30 o 31. Por lo tanto, casi el 40 por ciento compra sólo los medicamentos imprescindibles; el 50 por ciento consume mucho menos carne o directamente dejó de consumir carne, más de la mitad restringió el uso de luz y gas; dejó de usar cable o se pasó a un plan más accesible y bajó la frecuencia de utilización del transporte público, los taxis o aplicaciones. Y, los que tienen, redujeron drásticamente el uso de su auto. 

El 44 por ciento afirma que no soporta más el ajuste y otro 20 por ciento sostiene que aguanta entre uno y seis meses más, o sea, se sienten al límite. El malestar, la temperatura del enojo está subiendo de nivel semana a semana y no sólo afectan a los que se autodenominan opositores, sino a los que se consideran independientes e incluso a una parte de los que se sienten cercanos al gobierno.

Las conclusiones surgen del trabajo –especial para Página/12– del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), la consultora que dirige Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1.486 ciudadanos, respetando las proporciones por edad, sexo, nivel económico-social y lugares de residencia. La muestra se constituyó con usuarios de las grandes plataformas de internet -Facebook, Instagram y otras-, a los que se les formularon las preguntas, siempre respetando las proporciones existentes en la sociedad.

Con los jubilados no

Entre los consultores está el dicho de que “los jubilados no tienen gran capacidad de movilización, pero toda la sociedad empatiza con ellos”. El mejor ejemplo es el golpe casi decisivo que recibió el gobierno de Mauricio Macri cuando produjo una fuerte quita en jubilaciones y pensiones en diciembre de 2017. Venía de ganar las elecciones dos meses antes y entró en un declive del que no se pudo recuperar.

“El tema de mayor impacto, el más significativo es el de los jubilados -sostiene Bacman-. Con los jubilados no parece ser la frase que subyace en las opiniones. Los argentinos están convencidos que a los jubilados hay que protegerlos y cuidarlos. Ojo, este es un desafío importante para Javier Milei: el costo político que puede llegar a tener el veto a la ley que mejora los magros haberes jubilatorios, es muy alto. El desacuerdo con esa medida pega en dos segmentos, incluye a los independientes y parte de los propios mileistas periféricos, o sea a los que no son del núcleo duro. Además, la represión a los jubilados, arrojándoles gases urticantes en los rostros, causa estupor”.

 

Y los medicamentos también

El azote no sólo golpea a unas jubilaciones y pensiones bajísimas, que sufrieron el recorte del 8,1 por ciento que la ley pretende devolverles, sino que el ajuste pega también en los medicamentos. Uno de cada tres consultados (33,6 por ciento) sostuvo que compra solo los medicamentos más importantes e imprescindibles y hay un cuatro por ciento que directamente no puede comprar más medicamentos. Está claro que es una decisión más que difícil, porque la salud es prioridad en todas las familias.

 

A esto hay que agregar que, en la encuesta, los consultados admiten que tuvieron que recortar casi todo.

• 28 por ciento bajó la frecuencia de utilización del transporte público, a lo que se suma otro 7,2 por ciento que ya no lo usa.
• Casi la mitad de los encuestados dijeron que o bajaron el uso de su automóvil (40 por ciento) o lo dejaron de usar (8,8 por ciento).
• La mitad dejó de usar el cable o se cambió a un plan más accesible.
• 57 por ciento dejaron de utilizar Netflix u otras plataformas.
• Una amplia mayoría dejó de consumir carne (14,8 por ciento); consume mucho menos (35,8) o sólo consume cortes baratos (13,9).
• Más de la mitad (55,3 por ciento) restringió el uso de luz y gas en su hogar, un proceso que se va a seguir agudizando dado que las facturas continúan aumentando: serán más altas en septiembre.

“Lo que vemos en la encuesta es que el ajuste se profundiza mes a mes -analiza el titular del CEOP-. Los argentinos son conscientes que los que pagan el ajuste son ellos, que lo de la casta sólo es una frase. Por eso, los recortes que admiten los encuestados son técnicas de supervivencia. Lo que dice nuestro trabajo confirma lo que vienen diciendo los carniceros: una proporción grande dejó de consumir carne o tuvo que optar por bajarlo muchísimo. Que, además, digan que se están cuidando con la luz y el gas, hace pensar que no están calefaccionando como corresponde su hogar. Ese es el ajuste puro y duro que pega en los sectores más humildes. No debe olvidarse el enorme aumento de la garrafa de gas”.

El objetivo: llegar a fin de mes

Hace meses, la principal preocupación era la inflación, seguido por la inseguridad. Ahora, cuando se le pregunta a los ciudadanos cuáles son los temas que más los impactaron en el último mes, el 40,9 por ciento contestó sueldos e ingresos que no alcanzan. Pero aparece en segundo lugar, el crecimiento de la pobreza, algo que se verifica por la cantidad de personas que ahora se ven cotidianamente en situación de calle. El tercer puesto es la falta de trabajo, algo que no entraba en las inquietudes hasta este año y que se agrava porque todos ven que en su empresa bajaron las ventas o declinó muchísimo la producción y se concretaron o hay rumores de despidos. Por eso, además del 24 por ciento que está preocupado por la falta de trabajo, hay otro 17 por ciento que tiene temor a perder el empleo. Recién en el cuarto puesto aparece la inseguridad, que continúa siendo una preocupación, pese a que la ministra del área, Patricia Bullrich, asegura que mejoraron los índices.

 

Un dato que no es menor es que algunos de los temas que han llenado las tapas de los diarios impactan poco y nada: la interna entre Javier Milei y Victoria Villarruel o la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández aparecen lejos, muy lejos de las principales preocupaciones.

El tiempo se acaba

“La paciencia tiene un límite -redondea Bacman– Por lo que puede verse en este trabajo de campo apenas uno de cada cuatro argentinos está dispuesto a esperar lo necesario para que las cosas mejoren. Componen el núcleo duro del oficialismo y lo apoyan sin dudas ni especulaciones. Pero los restantes tres de cada cuatro consultados le ponen fecha a su paciencia. Si bien el tiempo oscila entre uno y 12 meses, el riesgo está presente. Especialmente si se tiene en cuenta que en ese apoyo relativo conviven los que se consideran independientes y aquellos que constituyen periferia, adherentes menos férreos, del propio oficialismo”.

Los datos sobre la paciencia de los encuestados se van deteriorando: el 45 por ciento dice que ya no se soporta ni un día más y los que sólo aguantan entre un mes y tres meses son otro 11 por ciento. De manera que una mayoría del 56 por ciento ya se manifiesta al límite. Del otro lado, los que afirman que esperarán lo necesario son sólo el 25 por ciento, lejísimo del 56 por ciento que votó a Milei hace nueve meses.

Desde el punto de vista de los números y el sondeo de Bacman, parece haber una olla a presión. Pero habrá que ver la cuestión de fondo y los sentimientos respecto de los jubilados. El maltrato de Macri significó casi su final. No está claro en qué derivará el veto y la represión de Milei.

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El cónclave entre Kicillof, Quintela, Zamora, Zillioto e Insfrán tendrá lugar este miércoles. Entre los temas centrales a discutir estarán la crítica situación social y económica del país, y las discusiones parlamentarias que se vienen, especialmente el Presupuesto 2025. 

Un grupo de gobernadores del Partido Justicialista se reunirá la próxima semana en Buenos Aires para intentar coordinar una estrategia que les permita actuar de forma conjunta en lo que resta del año y en las discusiones del Congreso, ante la inminente llegada del Presupuesto 2025. Será la primera reunión de los mandatarios tras la denuncia de violencia de género contra el ex presidente Alberto Fernández, quien renunció entonces a la presidencia del PJ, aunque ya estaba en uso de licencia desde marzo pasado.

El encuentro tendrá lugar el miércoles y contará con la participación de los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Sergio Zillioto; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; y de Formosa, Gildo Insfrán. No serán de la partida los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Tucumán, Osvaldo Jaldo, a quienes miran con desconfianza por su cercanía con el gobierno del presidente Javier Milei.

La idea es buscar consensos para actuar alineados contra las políticas del gobierno nacional en los próximos meses. Entre los temas centrales a discutir estarán la crítica situación social y económica del país, y las discusiones parlamentarias que se vienen, especialmente el Presupuesto 2025, que el Ministerio de Economía tiene que presentar este mes. El contenido del cálculo de ingresos y gastos de la administración nacional es clave para las provincias, que desde la llegada de los libertarios reclaman por los recortes de recursos y la falta de envío de fondos correspondientes a la coparticipación. Además, tienen en agenda la aprobación o no del pliego del juez federal Ariel Lijo como integrante de la Corte Suprema de Justicia.

Para más adelante quedarían las definiciones sobre la reorganización del Partido Justicialista y las pretensiones de varios sectores de quedarse con la silla principal de la sede de Matheu. El PJ tiene previstas sus elecciones internas para el 17 de noviembre. Hasta ahora el riojano Quintela aparece como uno de los principales aspirantes a conducir al partido a nivel nacional, para lo que tendría el apoyo de Kicillof, quien lo acompañó hace dos semanas en el escenario del acto de presentación de la nueva Constitución de la Rioja.

El riojano destacó allí su pertenencia al peronismo y, en referencia a la situación del partido, llamó a que “todos juntos” colaboren para “despertar al gigante dormido”. “Cuando hay un gobierno nacional que se borra y deserta, las provincias se unen y colaboran para representar los intereses de un pueblo profundamente federal”, expresó entonces el bonaerense.

En la misma línea, el viernes, al participar de la Cumbre Federal de Logística en el Consejo Federal de Inversiones, Kicillof criticó “la ausencia” del gobierno nacional y la paralización de las obras públicas. “A veces pareciera que todo esto se resuelve con cada provincia trabajando sola, pero no se puede, somos un país. No nos vamos a someter a un programa de disolución nacional”, advirtió. La reunión del miércoles será una prueba de fuego para evaluar la capacidad de los gobernadores peronistas de unirse en un contexto de fragmentación interna y presiones externas.

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