Se trata de las deudas heredadas por la gestión provincial anterior. Del monto total abonado en el primer semestre, el 85% correspondió a servicios de capital e intereses del BOCADE. El restante 15% se destinó a servicios de otras deudas tomadas por el anterior Gobierno provincial.

«Exigimos que cese la desfinanciación de los programas de seguridad alimentaria, respetando las leyes vigentes», dicen en un tramo del documento.

«No al hambre en las niñeces», es el título de la Carta Abierta presentada al gobierno nacional por cientos de médicas y médicos pediatras argentinos. Estos profesionales de la salud sumaron su firma para hacer pública su “consternación” ante la “gravedad” de las decisiones tomadas por el gobierno de Javier Milei, “que impiden el acceso de miles de niñas, niños y adolescentes a una alimentación básica imprescindible para su normal crecimiento y desarrollo”.

“Es sabido que desde hace tiempo sus familias no pueden ser su núcleo de comensalidad en el hogar y que miles de organizaciones sociales, ecuménicas, de apoyo escolar, entre otras, han desarrollado comedores y merenderos que los asisten ante la carencia. La decisión tomada por el Poder Ejecutivo Nacional encabezado por el presidente Javier Milei, de modificar la estrategia de sostén nutricional que desarrollaba el Ministerio de Capital Humano sin reemplazarla por otra que garantice la continuidad de la alimentación de las niñeces y sus familias, atenta contra su vida presente y futura”, alertaron los médicos y médicas en el documento.

La iniciativa surgió de pediatras autoconvocados que veían el mismo problema. “Por nuestro trabajo, tenemos una sensibilidad obvia frente a lo que le ocurre a los niños, niños y adolescentes. Y si hay algo que nos conmueve es la enfermedad evitable”, dijo la médica pediatra especialista en nutrición, Norma Piazza, en diálogo con Página 12. En ese sentido, agregó: “Cuando falta algo tan elemental y primario como el alimento, se pone en riesgo el sano crecimiento de las niñeces. Esto está dentro de lo evitable”.

“Nosotros nos conocemos de la actividad académica y de la cotidianidad del trabajo. Somos una red que abarca casi todo el país y la mayoría formamos parte de la Sociedad Argentina de Pediatría. Cuando empezamos a conversar sobre la situación nos encontramos con que todos veíamos el mismo problema”, explicó la médica, quien fue una de las primeras firmantes del documento e impulsora de la iniciativa.

Cuando comenzó a circular la carta el lunes pasado, se sumaron unas cuatrocientas firmas. Este miércoles, Piazza advirtió con sorpresa que, desde que se hizo pública la carta, el número de pediatras que sumaron su firma ascendió a 700, casi el doble. “Evidentemente la preocupación es de muchos –contó–. Además, se contactaron de muchas otras profesiones y especialidades para decirnos que también quieren adherir. Así que estamos viendo cómo haremos técnicamente para que todos puedan expresarse”.

“¿Qué hacemos como pediatras?”, se preguntaron en el documento los médicos firmantes y resaltaron el valor de la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061/2006). En ese sentido afirmaron: “Como profesionales de salud somos corresponsables, junto a la familia y la comunidad, de velar por sus derechos y propiciar su restitución, en caso de que sean vulnerados”

“En consecuencia, como voces obligadas en defensa de su salud y frente a la falta de perspectiva de solución inmediata y mediata de este drama, exigimos la urgente reflexión de las autoridades para que cese de manera inmediata la decisión de desfinanciar los programas de seguridad alimentaria, respetando las leyes vigentes”, agregaron.

“La situación no solamente nos preocupa, sino que también nos ocupa y de hecho tenemos la obligación ante la ley de hacerlo. La normativa 26.061 nos obliga a velar por la integridad de las niñeces, por lo que todo esto no puede estar sucediendo bajo nuestro silencio”, sostuvo Piazza.

Los y las pediatras advirtieron sobre los indicadores socioeconómicos del Indec, que muestran “la progresiva y profunda inequidad en la distribución de los recursos en Argentina, que pone en riesgo toda la vida social, incluso el acceso a los alimentos básicos”.

“Nosotros vemos que el drama continúa y se profundiza. Y no solo lo vemos por nuestro trabajo cotidiano, sino que lo resaltan los estudios que demuestran la gran inequidad en la que vivimos y la cantidad de niños en nuestro país que se encuentran en estado de indigencia, sin llegar a cubrir lo mínimo para asegurar la seguridad alimentaria”, alertó Piazza, y agregó: “Los comedores y merenderos de distintas organizaciones sociales, comunitarias y eclesiásticas existen porque las familias no llegan a poder cubrir la canasta básica, pero ahora ni estos llegan a conseguir los alimentos”.

Según la médica la falta de entrega de alimentos está planificada: «Es un objetivo no distribuirlos”, aseguró. Y agregó: “Hemos visto los alimentos encajonados en depósitos del Ministerio de Capital Humano y, cuando finalmente se distribuyeron, se hizo porque estaban por vencer y de manera inequitativa”

“No hay nuevas compras de alimentos, la tarjeta alimentAR y la AUH no alcanzan para cubrir el precio actual y las empresas de alimentos están teniendo ganancias extraordinarias que no se ven en ningún otro país”, lamentó Piazza.

“Nosotros presentamos la carta con el objetivo de sensibilizar para que haya una reflexión colectiva y nos demos cuenta de que esto no puede seguir pasando. Ya son muchos meses en que la carencia alimentaria se agrava”, completó. 

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También acordó una estrategia judicial frente a la restauración del Impuesto a las Ganancias: la central sindical no realizará una presentación propia pero respaldará las que realicen múltiples gremios afectados directamente por la medida. También pedirá una audiencia al secretario de Trabajo para transmitirle sus reclamos y la preocupación por el rumbo económico. 

La mesa chica de la CGT definió ayer cuáles serán sus próximos pasos frente al gobierno de Javier Milei, en un debate que buscó contener las diferentes posturas entre los popes de la central sindical. El sector moderado que encabezan “Gordos” e “Independientes” impulsó la propuesta de pedir una audiencia con el secretario de Trabajo para plantear distintos reclamos y en especial la situación económica de las obras sociales sindicales. En tanto, se definió que la central obrera no hará un presentación judicial contra la reforma laboral y la restitución del Impuesto a las Ganancias, pero respaldará la estrategia de que cada gremio realice su propia presentación ante los tribunales. Ya son varios los sindicatos que harán punta y entre ellos está Camioneros. Mientras que el sector más duro contra las políticas de la Casa Rosada propuso la convocatoria al Consejo Directivo para el 25 de este mes y definir un plan de acción y una posible medida de fuerza ante el avance de la crítica situación social y económica.

La reunión de la mesa chica “ampliada” de la central sindical, se realizó en la sede de UPCN. Allí se resolvió solicitar una entrevista con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, para plantearle los reclamos de la CGT en medio de la crítica situación que atraviesan trabajadores y distintos sectores sociales. Una propuesta que introdujo en el debate los sectores cegetistas más dialoguistas.

Aunque afirman que este no fue el eje central del debate entre los dirigentes sindicales. “El objetivo es oficializar todas las gestiones que hay que hacer por aquellos compañeros, y se designarán quienes van, porque no queremos que nada no sea a la luz del día y de cara a la sociedad”, explicó Omar Plaini a PáginaI12. “Y plantear allí cual es nuestra postura, nuestra mirada y que nosotros no vamos a convalidar nada que vaya contra los intereses profesionales que representamos y también una mirada de país”, agregó el secretario general del gremio de los Canillitas.

Uno de los reclamos que llevarán los representantes cegetistas ante el gobierno será su preocupación por la situación económica que atraviesan las obras sociales sindicales. Allí se expresaron críticas a una de las últimas medidas adoptadas por Superintendencia de Servicios de Salud que, según se advirtió, provocarán “la baja de los subsidios SUMA y SUMARTE y el Fondo Solidario de Redistribución no tendrá dinero para los reintegros de alta complejidad”.

Del encuentro participaron el anfitrión, Andrés Rodríguez (UPCN); los tres cotitulares de la CGT, Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estaciones de Servicio) y Pablo Moyano; Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Mario Manrique (SMATA), Sergio Romero (UDA), Cristian Jerónimo (Vidrio), Alejandro Amor (municipales de CABA) y Plaini.

Uno de los temas centrales fue cómo abordar una estrategia judicial frente a la reimplantación del Impuesto a las Ganancias para los trabajadores. Allí se resolvió que la central no apostaría todas sus fichas a una demanda unificada y que en cambio respaldará las que lleven adelante ante los tribunales todos los gremios que tengan una afectación directa por la medida que impone la ley Bases y por la cual volverán a pagar el tributo casi un millón de trabajadores de distintas ramas productivas y de servicios.

Una medida que ya habían anticipado en la reunión que tuvieron varios gremios del ala más dura de la CGT el jueves pasado en la sede de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que estuvo encabezada por Pablo Moyano (Camioneros), Sergio Palazzo (Bancarios) y Mario Manrique (SMATA). Todos ellos resolvieron que denunciarán ante la Justicia la inconstitucionalidad de la reinstalación de Ganancias y realizarán una movilización ante el Palacio de Tribunales el día en que hagan la presentación. Un reclamo ante la Justicia que, en algunos casos y por separado, se realizarán ante la reforma laboral que incluyó la Ley Bases a pedido del radicalismo.

Pero para muchos de los gremios que participaron de la reunión cegetista en UNPC, uno de los puntos centrales aprobados fue la convocatoria a la reunión del Consejo Directivo para el 25 de julio con el fin de debatir cómo seguirá el plan de lucha de la CGT frente a las medidas del Gobierno, que arrancó con la movilización del 1° de mayo y el paro general que se realizó el 9 de ese mismo mes. La propuesta incluye también ampliar el debate sobre el plan de acción con las diferentes regionales de todo el país.

“El gobierno denigra al Estado y habla que el Estado es el mal y el mercado el bien, mientras que nosotros creemos que no hay justicia social sin una intervención muy fuerte de Estado”, afirmó Plaini a este diario para sintetizar el estado de ánimo de muchos dirigentes de la central sindical con la política económica que implementa el presidente Javier Milei.

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Mediante tres decretos que habilitan a líneas extranjeras a operar en el mercado doméstico, el gobierno limitó el negocio para Aerolíneas. Liberalizó la apropiación de rutas, el uso de aeropuertos y la asociación entre privados

La política de cielos abiertos, también llamada «desregulación del mercado aerocomercial», que busca habilitar la participación de empresas extranjeras en el mercado de vuelos domésticos, cumplió una nueva etapa este miércoles con la reglamentación de normas fundamentales de ese programa. A través de tres decretos publicados en el boletín oficial, el gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso para llevar a la práctica medidas ya dictadas a través del decreto de necesidad y urgencia 70, del mes de diciembre pasado. 

En ambos casos, el DNU 70/23 y en los nuevos decretos, tuvo participación activa y directa Federico Sturzenegger, flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado, pero ya desde la asunción de Javier Milei un articulador clave para el gobierno de las aspiraciones expansivas de los principales grupos económicos. El ex secretario de Política Económica  de Domingo Cavallo en 2001, fue quien desde ese cargo planificó el Megacanje de deuda que en medio año derivó en una de las más graves crisis política y económica de la historia reciente del país. Fue además presidente del Banco Central en el inicio del gobierno de Macri y que, como tal, uno de los firmantes del fraudulento Acuerdo Stand By con el FMI de mayo de 2018.

El cambio en el régimen de funcionamiento del sector aerocomercial tiene, concretamente, como propósito esmerilarle el negocio a Aerolíneas Argentinas, la empresa de bandera que se verá obligada a ceder rutas de vuelo, espacios y prioridades en los aeropuertos. 

Y en principio, también tiene beneficiarios directos. Flybondi y Jet Smart, que ya operan en el mercado local podrán hacerlo con una serie de mayores ventajas operativas. Mientras que las compañías que vuelan en países con mucho tránsito aéreo con Argentina, a partir de un convenio o memorando bilateral de cielos abiertos podrán tener acceso ilimitado al mercado doméstico. Según se informó ayer, ya firmaron memorandos de acuerdo con Argentina siete países. 

Aunque el secretario de Transporte, Franco Mogetta, informó que los tres decretos de este miércoles son apenas los primeros de una serie que completará la implementación del programa de Cielos Abiertos, lo ya dispuesto implica el avance más significativo y trascendental de la regulación aerocomercial. De todos modos, los especialistas indican que «el sector presenta toda una serie de inconvenientes que todavía deben superarse para lograr la efectiva puesta en práctica de las medidas».

En conferencia de prensa, por la tarde, Sturzenegger describió que los cuatro aspectos fundamentales de la desregulación son:

– La eliminación de las bandas de precios, que fijaban precios mínimos para los pasajes;

– La eliminación de las restricciones de acceso de compañías a nuevas rutas de vuelo;

– La eliminación de «las reservas de rutas para Aerolíneas Argentinas;

– No más discriminación en la prestación de servicios esenciales en aeropuertos.

Las medidas no sólo afectarán a Aerolíneas, sino seguramente a las condiciones laborales de su personal y a los derechos que correspondan a quienes realicen similares tareas para compañías privadas. Este viernes está previsto el inicio de una ronda de asambleas de pilotos de líneas aéreas agrupados en APLA, que seguramente afectará el servicio (ver nota aparte). Además, no se descarta que otros gremios aeronáuticos, como el de Aeronavegantes (AAA) entren en situación de conflicto en las próximas semanas, ante la paralización de las negociaciones paritarias debido a la falta de voluntad negociadora de las actuales autoridades del sector. 

Las reformas planteadas en los decretos publicados también habilitan a quienes tengan pequeñas aeronaves a «ejercer una industria lícita sin la burocracia actual que les exige los mismos requisitos de una gran línea aérea». Es decir, compañías que tengan pequeñas aeronaves podrán ofrecer servicios de taxi aéreo o charter entre ciudades, conectando por ejemplo un aeropuerto provincial con alguna ciudad que no tenga dichas instalaciones.

«Esto permitirá que ciudades intermedias del interior del país, que hoy no tienen vuelos directos, accedan a una mayor conectividad», aseguró la Secretaría de Transporte en un comunicado.

Por su parte, la reforma del código aeronáutico reglamenta los acuerdos entre empresas en los que deciden cooperar para conectar sus operaciones, compartir horarios de vuelo, rutas, recursos, conexión de vuelos, entre otros puntos. Esto facilitará el ingreso de firmas del exterior combinando vuelos con otras firmas que ya operan. 

Franco Mogetta adelantó que «están previstos más decretos para la reforma del Código Aeronáutico, la derogación de leyes que provocan monopolios, la implementación de política de cielos abiertos y cambios de funciones de los organismos públicos».

Por otra parte, indicó que «el Gobierno nacional viene desarrollando una política de liberalización de vuelos mediante acuerdos bilaterales que promueven la apertura de cielos con Ecuador, Brasil, Perú, Chile y Uruguay; también con Panamá y Canadá, a los que se sumarán más países en los próximos meses».

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El intendente comenzará una breve licencia, y previo a ello reunió a todo su equipo de trabajo para coordinar las acciones de este receso invernal. Además, hubo traspaso de mando con el viceintendente, Martín Ebene, que queda a cargo del Departamento Ejecutivo.

Gustavo Sastre iniciará una breve licencia, y por ello el Jefe Comunal encabezó una reunión de trabajo con el equipo completo del Gabinete, y posteriormente firmó el traspaso de mando al Viceintendente Martín Ebene para estar a cargo del DEM.

 

La reunión de Gabinete tuvo como objetivo principal “seguir profundizando las acciones de gobierno de esta gestión como lo venimos haciendo. La realidad es que debemos seguir trabajando en esta misma sintonía, tenemos un equipo a la altura, y la idea más que nada, al margen de los temas cotidianos, era ver la situación de cara al receso vacacional de invierno, que comenzará este fin de semana en la ciudad”, dijo el Intendente.

 

 

 

 

En ese sentido, y teniendo en cuenta las propuestas que suelen darse en dicho período, expresó que “siempre tenemos áreas involucradas en las distintas actividades que se realizan en cada rincón de la ciudad, aunque claramente en el receso tendremos más trabajo en lo que refiere a turismo, como así también a deportes y cultura, debido a la organización y el acompañamiento en diferentes eventos que estarán llevándose adelante en este receso de invierno. Hace poco también estuvimos presentando las actividades que tendrá disponibles el Ecocentro en Madryn”.

 

Además, dijo que “también realizamos un análisis de los temas que corresponden a cada área, como para dar seguimiento a cada una de las inquietudes en los distintos sectores”.

 

Tras el encuentro con los funcionarios, el Intendente firmó el traspaso de mando para iniciar una breve licencia. Así, el Licenciado Martín Ebene, viceintendente de la ciudad y Presidente del Concejo Deliberante, estará al frente del Departamento Ejecutivo Municipal.

 

 

 

 

Tal como lo había anunciado, el gobernador no formó parte de la firma del pacto propuesto por Javier Milei. Los argumentos, los reclamos y una batalla por venir. 

“El único pacto que aceptamos en la provincia de Buenos Aires es el que defiende el federalismo, la industria, el trabajo y los recursos nacionales, el que garantiza los derechos y el bienestar de los bonaerenses”. Con esas palabras, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, marcó las distancias con el resto de los representantes provinciales y nacionales que firmaron con Javier Milei el acta del Pacto de Mayo, rubricado en julio, más precisamente en la medianoche del lunes en Tucumán.

Kicillof fue uno de los cinco mandatarios que decidieron no acudir a la convocatoria del Presidente, que se vino postergando desde el 25 de mayo y que tenía como condicionamiento fundamental la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal al que los representantes del gobierno bonaerense se opusieron desde el minuto cero.

“Trabajar por una Patria justa, libre y soberana donde todos puedan construir su futuro es la forma de luchar hoy por nuestra independencia”, sentenció Kicillof casi en paralelo al acto en Tucumán al que tampoco asistieron el pampeano Sergio Ziliotto, el riojano Ricardo Quintela, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán; el de Santa Cruz, Claudio Vidal; y el de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Para afirmar su postura, el bonaerense acompañó su posteo en las redes sociales con un registro del acto que el pasado 1 de mayo lo tuvo como protagonista en la quinta 17 de octubre en San Vicente. Allí, Kicillof había definido a Milei como un Presidente “que ataca al federalismo, y que agrede los derechos del pueblo y las instituciones de la democracia”.

En su mirada un pacto necesita de un acuerdo de las partes que no estuvo presente en el texto que el Gobierno libertario redactó en soledad. El propio Milei había leído los puntos del acta que rubricaron 18 gobernadores el pasado 1 de marzo, cuando encabezó la Asamblea Legislativa que dio comienzo a las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación luego del fracaso de la versión original de la Ley Bases que había planteado a comienzos de la gestión.

“Cuando en el 73, Perón propuso el pacto social, lo hizo luego de deliberar con los sectores, consensuar e incluir a todos ellos: a la industria, el campo, el movimiento obrero y al Estado. Y el primer objetivo del pacto social fue alcanzar una participación de los asalariados del 50% en el ingreso nacional, en un lapso de cuatro años, incrementando los salarios reales de la masa obrera argentina”, dijo entonces Kicillof que tomó el recuerdo del tres veces Presidente, a 50 años de su muerte, para contrastar con Milei.

“En la misma línea, nuestro único pacto es con el pueblo, es con la patria y no lo vamos a traicionar por una foto”, sentenció el gobernador, que cumplió y no fue a Tucumán.

La posición de Kicillof

Al igual que Milei, el gobernador de la provincia más grande del país enumeró en marzo una serie de puntos sobre los cual considera necesario avanzar en lo que respecta a la gestión del Estado y, sobre todo, a la defensa de los intereses bonaerenses.

Fue en la apertura de las sesiones en la Legislatura bonaerense, donde Kicillof aprovechó su mensaje para la puntualizar siete aspectos que quería sentarse a negociar con la administración libertaria. Allí, pidió por:

• La inmediata reactivación de la obra pública, frenada caprichosamente y que afecta a los 135 municipios de la Provincia.
• El respeto por el federalismo y la inmediata reposición de los fondos «vengativamente quitados» a las provincias argentinas.
• La devolución de los Fondos del Fonid, para los salarios docentes, de los fondos para universidades y para el transporte.
• La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares y a los medicamentos.
• La derogación del DNU “ilegal e inconstitucional según todos los especialistas, de todas las vertientes”.
• El firme rechazo al “delirante proyecto de dolarización, que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y favorecería solamente al narcotráfico”.
• El dragado del Canal Magdalena. “Lo que significa el respeto y la defensa irrestricta de nuestra Patria y nuestra historia con el firme reclamo de soberanía de nuestras Islas Malvinas”.

Con el correr de los meses, no sólo que ninguno de esos puntos fue incorporado a la agenda oficial sino que casi todos son parte de los constantes tironeos entre la administración provincial y la Nación, que ya incluyeron demandas ante la Corte Suprema de Justicia y acciones políticas para intentar paliar cada una de las situaciones que Kicillof define como urgentes.

En esos reclamos, de hecho, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires ha comenzado a buscar estrategias conjuntas con otros distritos del país. El último lo llevó puntualmente a La Pampa, donde firmó una serie de acuerdos para coordinar acciones que cruzan transversalmente a las acciones de gobierno de ambas provincias.

Siempre echando mano a la bandera del federalismo, Kicillof dijo el 1 de julio que “el Presidente ni siquiera cumple su pacto básico con la Constitución Nacional”, y lanzó un aviso: “Cuando deje de agredir, cuando nos devuelva a las provincias los recursos que nos sustrajo, cuando deje de poner al país al riesgo de romper relaciones con sus vecinos y socios comerciales, cuando deje de ahogarnos financieramente, cuando deje de atacar al pueblo… bueno, recién ahí se podría hablar de acuerdo”.

El RIGI y el GNL, la pelea que viene

Con la foto del Pacto de Mayo sin Kicillof, el gobernador ahora se encuentra en una encrucijada que le plantea la aprobación de la Ley Bases y la presión que los sectores aliados al gobierno nacional empiezan a ejercer sobre la administración para que, puntualmente, la Provincia adhiera al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Un grupo de diputados libertarios encabezados por Agustín Romo ya presentó un proyecto de declaración para solicitar dicha adhesión y hasta el presidente de YPF, Horacio Marín, llegó a advertir que si la provincia no lo hace, la planta de Gas Natural Licuado que se proyecta construir junto a Petronas, se instalará en Río Negro. 

Esa declaración brindada al programa que Carlos Pagni conduce en LN+ parece casi exclusivamente destinado a generar ruido político, porque hasta donde pudo establecer Buenos Aires/12, la empresa Petronas mantiene la intención de instalar la planta en Bahía Blanca, que ya posee con la infraestructura necesaria para hacerlo en contraposición al proyecto de Punta Colorada, en la provincia sureña, que demandaría una mayor inversión y costos logísticos.

En las últimas horas, la presión empezó a profundizarse. Descubriendo la postura de una parte del PRO aliado al gobierno, el intendente de San Isidro, Ramón Lanús, anunció el envío de un proyecto al Concejo Deliberante para que el municipio se diera al RIGI. “Ojalá la Provincia de Buenos Aires también se sume”, escribió en la red social X, donde arrobó, sin contexto alguno, al presidente Milei.

En paralelo el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, presentó un proyecto para que el legislativo de su provincia haga lo propio. Con el apoyo de todo su gabinete, el gobernador pidió que la Legislatura trate el proyecto de modo “urgente”. 

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Con la mira puesta en el capítulo laboral de la Ley Bases y la reversión del impuesto a las Ganancias, la mesa chica de la CGT se reunirá hoy para evaluar los pasos a seguir. Luego de que el Gobierno promulgara la norma, los cosecretarios generales de la central obrera Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (Estacioneros) y Pablo Moyano (Camioneros) se darán cita con otros dirigentes del Consejo Directivo a las 15 en la sede de UPCN, en el microcentro porteño.

En el encuentro, los referentes sindicales presentarán la evaluación de los proyectos aprobados y sentarán las posturas respecto a cómo avanzar en el rechazo. Los gremios ya definieron que accionarán en la Justicia de manera individual por la restitución de Ganancias para los trabajadores de la cuarta categoría. Tampoco podía descartarse la adopción de nuevas medidas de fuerza, aunque la posibilidad de un nuevo paro nacional como los del 24 de enero y el 9 de mayo último está descartada por el momento.

La «mesa chica» de la CGT está integrada también por Andrés Rodríguez (UPCN), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingieri (Obras Sanitarias) y Julio Piumato (Judiciales), entre otros. No obstante, fuentes sindicales anticiparon que el encuentro será de «mesa chica ampliada», por lo que se contempla la posibilidad de que asistan organizaciones gremiales que no integran el Consejo Directivo o incluso representantes de los movimientos sociales, de buena sintonía con la central.

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El expresidente esperaba mayor protagonismo en el acto del Pacto de Mayo. Lo trataron como a uno más. La coparticipación de por medio.

Mauricio Macri viajó especialmente desde Londres para el acto en Tucumán. Y apenas terminó, pegó la vuelta hacia Europa. El expresidente dejó trascender que se sintió destratado por el Gobierno: fue el único exmandatario de peso que aceptó asistir, no le reservaron un lugar privilegiado -de hecho, lo dejaron esperando en el frío con el público general-, no lo sumaron a la firma del acta como le había asegurado que harían Santiago Caputo, asesor presidencial. La sensación general fue de ninguneo. Si hay algo que le confirmó esto a Macri es que cualquier negociación con La Libertad Avanza será dificil y tratarán al PRO como a un primo pobre que viene a pedir limosna.

Macri estaba muy cómodo en Londres viendo el Wimbledon. Para asistir al acto del Pacto de Mayo en Tucumán, se hizo rogar toda la semana pasada. Finalmente, tomó un vuelo con el único propósito de estar presente. Habían acordado una serie de condiciones que tenían que ver con el lugar que le darían al único expresidente que aceptó ir (si no se cuenta a Adolfo Rodríguez Saá, que estuvo en el cargo una semana de 2002). Esas condiciones, dicen en el círculo del presidente del PRO, no se cumplieron.

Los adláteres del expresidente culpan de todo a Santiago Caputo. Con él, habían arreglado que Macri iba a firmar el acta. En verdad, jamás pensaron en permitirle firmar el papel membretado y con letra decimonónica que firmaron Milei y los gobernadores. En cambio, el exmandatario tuvo que contentarse con firmar un libro en el que dejaron también su firma otros 800 invitados. Puesto menor.

El lugar que le asignaron en el acto también fue notoriamente menor. Mientras Milei lo incluía entre los gobiernos que llevaron a la Argentina a la decadencia (aunque sin nombrarlo), Macri escuchaba en el frío, entre los invitados. Jamás lo sumaron al VIP donde estuvieron las figuras relevantes. En su entorno, también se quejaron de que las cámaras casi no lo enfocaron durante la cadena nacional. Solo aparecía en las tomas panorámicas que enfocaban al público en general. 

Esto es lo que a Macri le costaba creer: lo habían hecho emprender un viaje transoceánico para ponerlo como uno más del público. De hecho, advirtieron que Ceremonial no tenía ni siquiera instrucciones de reservarle una silla.

Es improbable que alguien como Macri olvide ese ninguneo, producto o bien de la poca relevancia que le dan en el Gobierno o bien de una pequeña venganza por toda su estrategia de diferenciación de la semana pasada. No es solo el recuerdo del frío tucumano lo que tardará en írsele del cuerpo.

Es que Macri está convencido de que, si va a una negociación como la que propuso Patricia Bullrich –con la que tuvo un saludo seco durante el acto– lo que va a ocurrir es que los van a relegar en el armado. Sabe que Karina Milei quiere manejar la lapicera y darles solo los pocos lugares en las listas que ella cree que se merecen.

El objetivo de Macri es subirse el precio: reforzar su partido y, si hay frente electoral, que negocie en igualdad de condiciones. Nada de eso parece estar en los planes de oficialismo, que parece observar al PRO como un socio menor que tiene dos opciones: o se asimila a La Libertad Avanza o pierde toda relevancia en unas elecciones donde perderá todos los votantes a manos de Milei.

Curiosamente, Macri se fue con un mejor recuerdo del trato que recibió del gobernador peronista Osvaldo Jaldo que de lo que fue Milei y su séquito. Fue mucho más efusivo en la bienvenida y hasta le hizo bromas políticas.

Cumplida la promesa de estar, Macri no pasó ni un día de más en la Argentina. Tomó otro vuelo de vuelta a Europa. Estará en Madrid, donde planea abocarse a su rol en la Fundación FIFA. Hacia el Gobierno, el mensaje de Macri es el mismo que dio la semana pasada: el PRO ya ayudó y le dio las herramientas. Ahora esperan gestión y resultados. Y, de paso, que liberen la coparticipación porteña.

Fuente: Pag12

En los últimos tres meses creció 10 puntos la insatisfacción con la situación económica. La mayoría de los encuestados dice que recortó sus salidas recreativas y es generalizada la opinión de que no se llega a fin de mes. La preocupación por perder el trabajo pica en punta. Por primera vez, asoma una mayoría que responsabiliza al Presidente por lo que ocurre.

El ánimo social está en caída. Notoria caída. Desde abril hasta ahora creció 10 puntos la insatisfacción con la situación económica; aumentó la gente que piensa que en seis meses va a estar peor que ahora; bajaron cinco puntos las familias que dicen que pueden ahorrar y subieron de forma notable los que piensan que pueden perder el trabajo. Sin dudas se limitaron las salidas recreativas y es generalizada la opinión de que no se llega a fin de mes. La síntesis es que, comparadas las opiniones de abril con las de julio, creció nueve puntos el pesimismo.

Las conclusiones surgen de una encuesta realizada por la consultora Indaga-RSO, que lideran los licenciados en ciencias sociales Claudio Rhigues y Javier Arakaki. Desde hace 15 años realizan estudios sobre el humor social. En total se entrevistaron 2.723 ciudadanos de CABA y el Gran Buenos Aires, respetando las proporciones por edad, sexo y formalidad laboral. Las encuestas se hicieron combinando llamadas telefónicas, a celulares y teléfonos fijos, pero no de manera automática, sino con un operador/a haciendo las preguntas y recibiendo las respuestas. A otra parte de los encuestados (el 40 por ciento) se accedió a partir de Internet, reclutando a los encuestados en los sitios de mayor alcance como Facebook o Instagram. De todas maneras, más allá de la forma de recolección de datos, el estudio compara datos de abril y de ahora, hechos con la misma metodología, por lo cual muestran la tendencia. Y lo que se percibe es, justamente, el crecimiento del pesimismo.

Las expectativas

Uno de los sostenes fundamentales de cualquier gobierno es que haya expectativas de que las cosas van a mejorar. Lo que Indaga-RSO saca como conclusión es que esas expectativas están en fuerte caída, en todos los aspectos.

• Subió 7 puntos la cantidad de encuestados que dicen que en seis meses van a estar peor que ahora.
• Creció 15 puntos -un porcentaje sideral- la preocupación por perder el trabajo. Este dato parece cantado. El trabajador o empleado ve que no se vende, que se reduce la producción, y piensa que tarde o temprano vendrá el recorte. Se percibe en todos los ámbitos, en especial en la construcción. Ni hablar en el estado.
• La posibilidad de perder el trabajo se convirtió en el principal temor de la ciudadanía.
• Creció 8 puntos la cantidad de hogares que dicen estar complicados con las deudas. Hay datos públicos que indican un fuerte crecimiento en los saldos de las tarjetas de crédito.
• Creció 7 puntos la cantidad de personas que afirman que “ya no pueden esperar” a que mejore la economía. Pero también son más los que dicen que sólo pueden esperar seis meses. Entre unos y otros, nada menos que el 67 por ciento dice que tiene paciencia por seis meses o menos. En abril, el nivel de impaciencia era del 59 por ciento.

Lo que pasa ahora mismo

Es evidente que la caída en las expectativas obedece a que el ciudadano y su familia ya se están deteriorando:

• Creció 10 puntos la insatisfacción con la situación económica actual.
• Aumentó en 7 puntos la cantidad de hogares que afirman haber perdido poder de compra.
• Subieron en 7 puntos las familias que dicen que tuvieron que limitar la recreación.
• Y, como es obvio, son más los que gastan más en comida y salud.

Las expectativas y el voto

Los datos anteriores instalan un clima, pero no un clima definitivo respecto del voto. Porque sucede que buena parte de quienes ahora están peor que antes o tienen menos expectativas, a la vez le echan la culpa al gobierno exterior. La encuesta de Indaga-RSO, sin embargo, exhibe el dato de que creció 10 puntos la percepción de que el responsable de la situación actual es el gobierno de Javier Milei.

• En abril, el 50 por ciento decía que lo que está ocurriendo no es responsabilidad de Milei.
• Ahora, esa cifra bajó al 40 por ciento.
• Por primera vez, aparece una mayoría (58 por ciento) que dice que el gobierno de La Libertad Avanza es responsable de lo que ocurre.

Los datos del sondeo confirman que Milei tiene un cierto núcleo duro que lo sigue apoyando y que ronda el 40 por ciento. Es una cifra fuerte, sobre todo teniendo en cuenta que el 60 por ciento restante no es uniforme: hay peronistas, radicales, algo del PRO, provinciales. En otros estudios se evidenció que los que siguen respaldando a Milei fueron cambiando: el apoyo de gente muy joven y de bajo nivel económico se deteriora más bien rápido y se consolida el respaldo en sectores de mayores ingresos. 

La situación actual es que la supuesta recuperación en V corta, prevista para mayo o junio, no sólo no se produjo sino que no hay previsiones de que se produzca a corto plazo: la recesión parece profundizarse, continúan los despidos y se agudizan los siderales aumentos de tarifas. Indaga-RSO afirma que aumentó 9 puntos el pesimismo en el Animo Social. Nada hace pensar que la tendencia cambie en los próximos meses y la lógica es que crezca la tensión social y los conflictos. 

fuente:pag12