El debate sobre la planta de GNL llegó al gobernador, que conducía YPF cuando se inició el proyecto en 2012. «Estamos discutiendo sobre la nada y con fantasmas», dijo.
«El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones no existe ni ha sido aprobado», fue la frase del gobernador Axel Kicillof que resonó en el Salón Dorado de la Gobernación. Por primera vez desde que la Provincia celebra las conferencias semanales de cada lunes, el gobernador Kicillof dio la sorpresa, dijo presente, y trazó el eje de su discurso sobre la planta de Gas Natural Licuado (GNL) de Bahía Blanca, proyecto que frenó su concreción desde la llegada de Javier Milei al poder y que sumó pretendientes en otras provincias con actores cercanos al Gobierno nacional.
Si el proyecto de YPF y Petronas se concretara en el puerto de Bahía Blanca, que es el quinto polo petroquímico de Sudamérica, la provincia de Buenos Aires pasaría de representar el 36 al 50 por ciento de las exportaciones a nivel nacional. La planta crearía 6.300 empleos directos e indirectos durante su construcción, y tres mil durante el período de funcionamiento. Por ese motivo y más, en 2023, la Provincia reservó 1.500 hectáreas en el predio del puerto de Bahía Blanca para localizar la planta allí, pero la puja por la sanción de la Ley Bases se posó sobre el tapete, y los miembros del oficialismo nacional apuntaron contra Kicillof al respecto.
Días atrás, un grupo de diputados provinciales opositores, encabezados por el libertario Agustín Romo, presentó un proyecto de declaración para solicitar que Kicillof adhiera al RIGI. Además, en una entrevista televisiva, el presidente de YPF Horacio Marín dijo que «si la provincia de Buenos Aires no adhiere al RIGI, la planta de GNL se instalará en Río Negro».
Este lunes, el gobernador recogió el guante y contestó: «Dicen que deberíamos aprobar o manifestarnos sobre algo que está en tratamiento en el Congreso nacional, pero no sabemos de qué forma se va a aprobar porque ha sido sometido a varias modificaciones, entonces no podemos pronunciarnos sobre el RIGI porque de momento no existe». «Falta ver la reglamentación, cómo se va aplicar en términos concretos, en qué tiempos, y cuáles son las intervenciones, y si se vota y es ley, aunque mi posición es negativa, es difícil que como gobernador le pueda pedir a la Legislatura provincial que discuta la adhesión a un régimen que aun no existe, porque su adhesión o no, es atribución de la Legislatura provincial», amplió el gobernador, que subrayó: «Estamos discutiendo sobre la nada y con fantasmas».
La provincia de Río Negro fue la que se subió al ring, ofreciendo la localidad de Punta Colorada como pretendiente para la radicación de la planta de GNL. El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, entabló negociaciones para que los inversores posen su mirada en la provincia patagónica. Según supo BuenosAires/12, Río Negro ofreció los votos de sus legisladores para la sanción de la Ley Bases al Gobierno nacional a cambio de la radicación de la planta, a pesar de que el intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, dijo que ésta «hoy no es un puerto, es un lugar que no tiene radicación industrial ni ruta que llegue, está a 30 kilómetros de cualquier emplazamiento de ciudad, y su muelle hace años que no tienen ningún tipo de actividad”, lo que genera que haya «una superioridad muy marcada del proyecto de Bahía Blanca sobre otra alternativa».
«Parece que todo arranca de la nada y hay que discutirlo de nuevo, pero esto requiere un tratamiento serio y equilibrado, no debe empiojarse con discusiones coyunturales, porque el juego de la politiquería está por fuera de una decisión de esta importancia, que debe tomar con parámetros técnicos e ingenieriles», argumentó el gobernador bonaerense, que recordó que YPF y Petronas ya invirtieron 50 millones de dólares en la preparación de la ingeniería para la ubicación del proyecto en Bahía Blanca, lo que para él significa que «si se discute la locación del proyecto debería tener motivos técnicos y no de afinidad con determinada provincia o gobernador».
Kicillof insistió en que el tema «requiere seriedad, trabajo técnico y discusión», ya que se trata de «un proyecto demasiado importante» para la Provincia y el país «como para tratar de enredarlo con cuestiones coyunturales o partidarias». «Hay historia, procesos, evoluciones y planes, y la de la planta de GNL en Bahía Blanca es una historia de planificación virtuosa por parte del Estado», remarcó Kicillof, que subrayó que «hace más de diez años tratamos este tema, porque la posibilidad de hacer una planta de GNL en Argentina surge con la decisión de Cristina Kirchner de recuperar YPF y poner en marcha de Vaca Muerta«.
Hasta la sanción de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera, Kicillof se desempeñó como sub-interventor de YPF. En junio de 2012, cuando la empresa finalmente fue recuperada por el Estado nacional, el actual gobernador bonaerense ocupó el cargo de director titular.
La producción de gas no convencional, como el gas natural licuado, fue un proyecto que se puso en marcha junto con la recuperación de YPF. En 2012 Argentina no producía gas de este tipo, pero a partir de ese momento «maduraron las inversiones y las curvas de aprendizaje que requiere la explotación de un yacimiento no convencional» según Kicillof, y a día de hoy el país está por alcanzar los cien millones de metros cúbicos de gas por día.
Petronas, la empresa estatal de Malasia ligada al proyecto de Bahía Blanca, está vinculada con YPF desde 2012, cuando la empresa comenzó a buscar socios estratégicos a nivel mundial. Petronas tiene presencia en más de 50 países, y en 17 trabaja con negocios estrictamente vinculados al GNL. Kicillof remarcó tres veces que no está hablando de un tema que no conoce ya que fue uno de los dirigentes que participó personalmente, y dijo que en aquella ocasión «se buscó la alianza y se llegó a un acuerdo por una inversión, en aquel entonces, de 500 millones de dólares». En 2015 comenzó la producción en Vaca Muerta, y en 2017 se formalizaron los primeros vínculos con el puerto bahiense.
El 1 de septiembre de 2022, horas antes de que intentaran asesinar a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, las autoridades provinciales habían anunciado oficialmente la inversión de casi 50 mil millones de dólares para la planta de GNL en Bahía Blanca, junto a las autoridades de Petronas e YPF, cuyos directorios habían aprobado la financiación previamente. A partir de allí, el Gobierno bonaerense trabajó una ley para promocionar la inversión del gas licuado, y ésta obtuvo media sanción durante 2023.
El RIGI
Luego de repasar el proyecto cronológicamente, el gobernador se metió de lleno en la puja actual. «La inversión había sido anunciada y aprobada sin RIGI, y ya estaba definida, pero ahora el RIGI le daría muchísimos más beneficios promocionales y exorbitantes, que no han pedido ni necesitan, pero que resultan más atractivos para ellos». «Son mejoras para las compañías y para los privados, sobre todo del exterior, pero en economía se sabe que cuando hay beneficio para uno hay pérdida para el otro, y acá las pérdidas son para el pueblo argentino y para el país», lanzó.
Al hablar sobre el RIGI, Kicillof focalizó su crítica en la prórroga de jurisdicción, que implica que cada disputa con respecto al RIGI y su aplicación sea discutida en tribunales del exterior. «Esas experiencias han mostrado que los argumentos del Estado argentino no han sido atendidos, pasó con los títulos públicos de los fondos buitres en tribunales de Nueva York, y lo mismo pasa con el juicio sobre YPF. Los fallos están fuera de lo que comprende la legislación nacional, y son fallos favorables a quienes litigan contra Argentina», disparó al opinar sobre lo que definió como «una clara y evidente cesión de soberanía».
El gobernador remarcó que la Provincia cuenta con puertos vinculados a la petroquímica como Bahía Blanca y Coronel Rosales, que «tienen inversiones en curso muy cuantiosas que se llevan a cabo sin la necesidad de un régimen tan desfavorable para los intereses nacionales». Hace un mes, cuando los rumores del cambio de locación tomaron fuerza, el Estado bonaerense declaró de interés provincial al proyecto de GNL.
Al mencionar la sanción en la Legislatura de la Ley Bases, Kicillof dijo que «lo de los 33 detenidos es un verdadero escándalo», y que toma mayor relevancia porque «sobre los acontecimientos de un móvil quemado no se investigó nada». «Toda mi vida participé de movilizaciones y no es la primera vez que se habla de infiltrados», apuntó Kicillof, que al finalizar llamó al pueblo y a la provincia de Buenos Aires «a no sentirse intimidados por estas acciones del Gobierno nacional».
«Una tragedia social y productiva»
Al tomar la palabra, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, anunció que el ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés Larroque aumentó un 100 por ciento los montos de prestaciones sociales destinadas al acompañamiento alimentario. La inversión mensual alcanzará los 1.300 millones de pesos y abarcará al programa Más Vida y a las iniciativas para personas con celiaquía (PAAC) y pacientes con VIH (PAAI).
Semanas atrás, la Provincia anunció que destinaría 60 mil millones de pesos mensuales en los programas SAE y MESA, que abarcan a dos millones de familias. Durante 2023, el Gobierno nacional destinó casi ese monto, 57 mil millones de pesos, pero no por mes, sino por año. Como el presupuesto fue prorrogado, Kicillof destacó: «Nosotros invertimos por mes lo que el Gobierno nacional tenía prorrogado por año, pero ese monto estaba destinado a todo el país y en 2024 no se ha ejecutado un sólo peso». «Cuando uno dice ausencia, deserción y abandono no habla en términos poéticos ni figurados, es algo estrictamente real y objetivo que está ocurriendo hoy, que es que el Gobierno nacional desapareció en la ayuda alimentaria».
Y amplió: «En la medida de lo posible, y hasta donde nos da la capacidad, también hacemos un esfuerzo para complementar y sustituir, junto a los municipios, las acciones del Gobierno nacional».
Al anunciar los beneficios de Cuenta DNI para julio, Kicillof dijo: «Hacemos mensualmente los anuncios no sólo para comentar cuáles serán los beneficios, sino también para confirmar su continuidad y ver si es posible sostener este esfuerzo». Afirmó que esto ocurre «porque la Provincia es sometida a un permanente hostigamiento con los recursos que legalmente le pertenecen, en lo que fue un claro ataque al federalismo».
Apuntó que este tipo de políticas las podría hacer cualquier banco privado, o el Banco de la Nación, pero que la Provincia «decidió darle un espaldarazo al bolsillo de los consumidores bonaerenses», ya que «Argentina vive una verdadera tragedia social y productiva». Dijo que a nivel nacional el empleo privado registrado perdió 95 mil puestos de trabajo, y que si se suman los índices del empleo público y de casas particulares, son 126 mil ocupados menos.
«Son números que tienen pocos precedentes históricos», apuntó el mandatario, que remarcó que la pérdida de trabajo fue acompañada por «un desplome histórico en su gravedad de los salarios y las jubilaciones». Disparó contra «las teorías económicas esotéricas que hoy rondan en el discurso oficial», cuando recordó que «a la caída de salarios y jubilaciones le sigue la caída del consumo y con ello la caída de la producción».
Sostuvo que la caída en supermercados fue del 17 por ciento y del 21 por ciento en los mayoristas, principalmente en bienes de consumo, alimentos, de aseo personal y limpieza, y dijo que los índices actuales representan «un retroceso de casi veinte años en indicadores claves de la economía», porque los salarios volvieron a niveles de abril de 2006, las jubilaciones mínimas también, y que la obra pública se redujo a valores de 1999 y la construcción a valores de 2005. «Tal vez tirar de una etiqueta y gritar afuera parezca una cuestión de marketing, pero los resultados son angustia, temor y pérdida de empleo», sentenció.
Fuente: pag12
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Fuente: diario Chubut