Cobran en pesos y sus costos subieron con el dólar oficial, dijo el titular de la cámara que los agrupa. El sector realiza entre 60 y 70% de las tareas “culturales” del campo. La próxima semana se publicarán las tarifas de laboreo de la nueva campaña. Ninguneo de Economía.

“Nosotros no cobramos en dólares, sino en pesos según la equivalencia al tipo de cambio oficial”, aclaró Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas (Facma), sobre el reciente aumento del precio de sus servicios, que algunos describieron como una “dolarización”.

Scoppa ni siquiera está de acuerdo con la propuesta de “dolarización” de la economía que propone Javier Milei. Lo que Facma hizo, explicó a Infobae, fue adaptar sus tarifas a la devaluación del dólar oficial que dispuso el gobierno el lunes 14 de agosto, el día siguiente a las PASO, porque casi todos sus insumos y la cadena de pagos del sector aumentaron en esa proporción.

De hecho, así como la fijación en $350 del dólar oficial hasta octubre que anunció el gobierno es una oportunidad de carry trade para quienes pueden acceder al tipo de cambio oficial congelado y colocar fondos en pesos durante los 90 días de congelamiento cambiario con una ganancia en dólares de 30% en apenas 3 meses, el de los contratistas es el caso inverso: casi que congelaron sus tarifas por 90 días.

Jorge Scoppa, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola (Facma)

En la Argentina hay entre 10.000 y 11.000 contratistas agrícolas que recorren el país haciendo diversas tareas del campo. Unos 4.000 están asociados en Facma, que estima que entre 60 y 70% de los “trabajos culturales” del agro argentino son hechos por terceros, que realizan un 80% de la cosecha de granos finos y gruesos y 90% de la de forrajes, yendo con sus “fierros” de campo en campo.

Las listas de tarifas de Facma están en pesos y en dólares. “Al subir el tipo de cambio oficial también subieron nuestros precios. Todo subió con la devaluación que anunció el gobierno: insumos, cubiertas (un equipo de trabajo puede tener unas 150), repuestos, salvo el combustible, que aumentó un poco menos, el 12,5%; la lista de precios de cosecha no la íbamos a tocar, pero la valorizamos a $350″ explicó Scoppa a Infobae.

Las próximas tarifas

La cosecha de la campaña 2022/2023 está finalizando. Para los contratistas, lo que viene son las tarifas de laboreo (siembra, pulverización, fertilización, rotulaciones) de la campaña 2023/24. La siembra de girasol y maíz en el centro y norte de Santa Fe empieza en 15 días y Facma publicará la lista de precios de esas tareas la semana próxima, adelantó Scoppa.

El dirigente de los contratistas, y él mismo contratista, anticipó que en pesos el aumento será “un poquito más bajo” que la devaluación del 22% dispuesta por el gobierno, porque el gasoil aumentó 12,5%, no el 22% como los demás insumos y costos del campo. “Pero eso también hay que tomarlo con pinzas, el precio del gasoil varía mucho, mes a mes, y al final no va escapar del aumento general”, dijo Scoppa.

Los nuevos precios se publicarán en dólares y en pesos, convirtiendo las tarifas en dólares al tipo de cambio oficial.

El presidente de Facma recordó, sin embargo, que en tiempos de dólar oficial semi-congelado los precios de autopartes, gomas y repuestos aumentaron mucho más. “Es el famoso ‘Plan Llegar’ del gobierno; es lamentable todo lo que está pasando. Nunca se perdió tanto dinero”, subrayó. Los contratistas, explicó, “trabajamos en pesos y cobramos a los 30 días; con esto se termina la financiación. A nosotros nos caen las cuotas de maquinarias constantemente, y juicios si no pagamos. Es un año nefasto y para todos los que trabajamos con el agro, el transporte está como nosotros o peor”.

Hasta ahora, prosiguió, “veníamos zafando, pero esta devaluación nos quita lo poco que nos quedaba para reparar la maquinaria e iniciar un nuevo ciclo. Igual, habrá que salir; endeudados, pero a trabajar”. Para peor, señaló, a nivel país sigue faltando agua. Llovió algo en La Pampa y la costa bonaerense, pero pero sigue faltando lluvia en zona núcleo, el centro bonaerense , Santa Fe y Córdoba.

Plegaria desatendida

En marzo Facma envió una carta al ministerio de Economía. Massa le pasó el tema de De Mendiguren y los contratistas fueron recibido por sus asesores, pero «no pasó nada», dijo Scoppa (Adrián Escandar)-

“Estamos mal. Porque es mucho el capital de riesgo que tenemos. Ni hablar de los contratistas que alquilan campos de terceros y no pudieron cumplir. Es un combo perfecto para que te vaya mal: sequía histórica y esta devaluación del dólar oficial, que nos creó un desafaje de veintipico por ciento en contra nuestra”, dijo Scoppa.

El presidente de Facma recordó finalmente que ya en noviembre de 2022 y enero y marzo de 2023 enviaron una carta y pedido de audiencia al ministro de Economía, Sergio Massa, explicando la situación que, a causa de la sequía, atravesaba el sector. En la de marzo, “como medida urgente y necesaria para evitar el corte de la cadena de pagos” pedían “coordinar con el sistema financiero una postergación de la cuota de mediados de año por créditos otorgados al sector, pasándolo como última cuota del actual plan de pagos”.

“Lamentablemente, el gobierno ha hecho oídos sordos a nuestros reclamos. Nos atendieron una sola vez, pero gente sin poder de decisión. De Massa nos pasaron a (el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio) de Mendiguren, pero cuando fuimos a Buenos Aires nos atendieron asesores y no pasó nada; no nos tienen en cuenta a nosotros ni a las entidades del campo”, concluyó Scoppa.

Fuente: Infobae

El régimen de bandas que habilitó el FMI hace esperar a los operadores una mayor presencia del BCRA aunque destacaron el bajo poder de fuego de la entidad para contener la brecha.

El Banco Central no dará a conocer esas bandas de intervención aunque probablemente los operadores las detecten sin dificultades. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Tras la devaluación de hace dos semanas, el mercado cambiario sigue bajo fuerte presión. La brecha cambiaria no cede y si bien el dólar informal parece haberse estabilizado en el rango de $720/$730 tras haber coqueteado con los $800, lo cierto es que las cotizaciones financieras del billete siguen reflejando alta tensión. En ese contexto, el ministro de Economía anunció ayer que acordó con el Fondo Monetario un nuevo esquema de intervención, por el cual se fijarán bandas para determinar la presencia oficial en el mercado. Ese mismo mecanismo fue utilizado durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri.

En esta ocasión, se adelantó, el Banco Central no dará a conocer esas bandas de intervención aunque probablemente los operadores las detecten sin dificultades tal como identificó el timing de intervención bajo el esquema anterior. En cualquier caso, ante una brecha que se ubica en torno al 110% -el dólar informal cerró ayer en $725, el Bolsa, la variante más intervenida, en $665 mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó por encima de los $760- en el mercado se espera una mayor presencia del Banco Central a partir del desembolso del Fondo Monetario.

En rigor, a nadie escapa que el margen de intervención es insuficiente y que incluso tras el giro del FMI los recursos son más que limitados. De hecho, el promedio de intervención diaria post elecciones primarias es sustancialmente más bajo que los picos superiores a los $100 millones destinados en las jornadas previas a las PASO. Eso podría cambiar en la medida que se acerque la fecha de la primera vuelta y se incrementen las presiones cambiarias.

“Junto con los desembolsos, el organismo internacional dio el visto bueno para la intervención en los dólares financieros mediante bandas, mecanismo ya implementado previamente durante el gobierno de Mauricio Macri que deja en evidencia la prioridad que se le da actualmente al control de la brecha cambiaria. Los niveles de dichas bandas y condiciones aún no se conocen y no se espera haya una confirmación oficial de estas, aunque posiblemente en los próximos días se puedan intuir dada la expectativa de mayor intervención con la brecha encontrándose actualmente en niveles por encima del 110%, sobrepasando ampliamente lo apuntado por el Gobierno”, apuntaron desde el Grupo IEB en su análisis semanal.

Lo cierto es que, con o sin la venia con el Fondo, los niveles de intervención estarán condicionados por la disponiblidad de divisas. El desembolso acreditado el miércoles fue, en ese sentido, una buena noticia aunque insuficiente. Así lo destacaron desde Delphos Investments, donde también resaltaron que el último entendimiento con el organismo incluye bandas de intervención en los dólares financieros que no se harían públicas para evitar especulaciones del mercado, lo que en definitiva implica que el Fondo acepta el uso de reservas para controlar los dólares financieros en el contexto de las restricciones, siempre dentro de los límites que se establezcan.

“El Gobierno aplicará el desembolso recibido para cancelar el financiamiento puente: USD 1.700 millones del swap chino, USD 750 millones con Qatar y USD 1.000 millones con la Corporación Andina de Fomento (CAF). A esto deberíamos sumarle los próximos pagos de capital (USD 3.500 millones) e intereses (USD 800 millones) hasta principios de noviembre, lo que deja al Gobierno con un saldo negativo de aproximadamente USD 300 millones en los flujos comprometidos. Esto implica un escaso margen de maniobra para un relajamiento del cepo previo a las elecciones generales”, destacaron los analistas de la consultora financiera. Desde esa perspectiva, la contención de la brecha cambiaria sería prioritaria en detrimento del nivel de actividad económica -que caería entre 3% y 4% según el consenso de economistas- ya que el destino principal de las divisas apuntarían a ese objetivo más que a financiar los pagos de importaciones.

Fuente: Infobae

Se dedicaban al contrabando, lavado de dinero y tráfico de drogas, Tenían bases en Santa Cruz y en las ciudades chilenas de Puerto Natales y Punta Arenas.

Desbarataron a una banda criminal narco que operaba entre Argentina y Chile

Una organización criminal que se dedicaba al contrabando, lavado de dinero y tráfico de drogas, la cual realizaba sus operaciones entre Argentina y Chile, fue desbaratada en las últimas horas en el marco de un operativo llevado adelante en conjunto entre las autoridades de ambos países.

Se trata de dos grupos criminales que trabajaban en ambos lados de la frontera, los cuales coordinaban la gestión de las actividades delictivas desde tres bases que habían montado en diferentes localidades: una de ellas estaba ubicada en la provincia de Santa Cruz y las otras dos en las ciudades chilenas de Punta Arenas y Puerto Natales. Desde esos centros de operación, los involucrados también hacían conexiones con Buenos Aires.

La banda fue desmantelada tras una investigación que comenzó hace más de un año en la Fiscalía Local de Puerto Natales. Todo se inició a partir de la detección de una serie de movimientos sospechosos que llamaron la atención de las fuerzas locales y, en consecuencia, se determinó empezar a vigilar el accionar de algunos de los involucrados.

El proceso investigativo se llevó a cabo con la colaboración de investigadores de Punta Arenas y de la región metropolitana de Chile. Asimismo, en la revelación de las actividades del grupo y su modus operandi, fue esencial la cooperación entre la Fiscalía Regional de Punta Arenas, la Fiscalía Federal de Río Gallegos y la Gendarmería Nacional Argentina.

Luego de más de 12 meses siguiendo los pasos de la banda, y habiendo detectado tanto a sus principales líderes como a qué se dedicaban, se emitió y ejecutaron órdenes de detención y allanamiento tanto en Chile como en Argentina. En total, se realizaron más de 50 procedimientos entre ambos países.

Parte de los operativos para desarmar la banda

En este sentido, en Chile se detuvo a 16 sospechosos que se confirmó que eran partícipes activos de la organización. De acuerdo a lo trascendido, siete eran mujeres y nueve hombres, y algunos de ellos contaban antecedentes penales por delitos similares. En Argentina, por su parte, se procedió al arresto de cuatro personas que fueron incomunicadas.

En el marco de los registros realizados en los centros de operación montados por la banda y en algunos domicilios que tenían conexión con sus integrantes, se secuestró una gran cantidad de armas, entre las que se encontraron rifles, pistolas de aire comprimido, otras de fogueo y varios revólveres de distintos calibres. Junto a estos, también hallaron más de 30 cartuchos.

Confiscaron gran cantidad de dinero en efectivo y armas

Asimismo, encontraron y confiscaron dinero en efectivo (pesos argentinos, chilenos, dólares, euros, reales y libras), cheques y dispositivos electrónicos.

Según señalaron fuentes de la investigación, el dinero incautado durante la operación será depositado en una cuenta bancaria. Con respecto a las armas confiscadas, las mismas serán enviadas a la Policía Federal Argentina una vez que se reciban los documentos judiciales correspondientes.

Fuente: Infobae

Una mujer de 33 años deberá someterse a un juicio oral en el marco de una causa en la que fue acusada de realizar 91 llamadas telefónicas anunciando amenazas de bomba en instituciones públicas y privadas de Bahía Blanca e Ingeniero White durante el 2021.El fiscal Rodolfo de Lucía, a cargo del expediente, solicitó ante la Justicia de Garantías la elevación a juicio en el que se encuentra imputada la mujer identificada como Juliana Gil Barrera por 91 hechos de intimidación pública en los términos de los artículos 211 y 55 del Código Penal.

Fuentes judiciales indicaron que «entre el 17 de agosto y el 3 de diciembre de 2021 Gil Barrera realizó a través de distintos teléfonos celulares 91 llamadas al servicio de emergencias 911 alertando en forma falsa sobre la existencia o la inminente colocación de artefactos explosivos en instituciones de Bahía Blanca e Ingeniero White».

«Entre ellos figuran llamadas a los bancos Industrial, Provincia de Buenos Aires, Nación, Santander, Credicoop o Galicia, así como a la Municipalidad de Bahía Blanca y hasta supermercados», agregaron las fuentes judiciales.

Según se indicó, la mujer fue localizada luego de diversas tareas llevadas a cabo por personal del Departamento de Casos Especiales y de la Unidad Fiscal a cargo de De Lucía, quienes analizaron informes requeridos a empresas telefónicas.

«Durante la investigación la mujer decidió no prestar declaración, aunque se logró determinar que esas llamadas estarían vinculadas con una situación personal y no con cuestiones de carácter político», agregaron.

Fuente: Diario Chubut

Trasladaron a un penal a los siete imputados por el crimen del empresario Pérez Algaba.

Un juez de Garantías de Lomas de Zamora rechazó las excarcelaciones para los siete imputados por el homicidio de Fernando Pérez Algaba, el empresario hallado descuartizado dentro de una valija en un arroyo de la localidad bonaerense de Ingeniero Budge hace un mes, al tiempo que fueron trasladados al penal de Melchor Romero, donde permanecerán alojados en distintos módulos para evitar agresiones con quienes declararon en el marco de la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron a Télam que el juez de Garantías 4, Sebastián Monelos, no hizo lugar al pedido de excarcelación de los imputados Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Horacio Mariano Córdoba.

La imputación

A los detenidos se les imputó como coautores del delito de “homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en con curso real con falso testimonio”, mientras que a Pilepich, Vargas, Contrera y Bomrad se les añadió el “falso testimonio”.

 

En tanto, el juez Monelos le concedió la libertad a Gladys Cristaldo, quien fuera acusada del “encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave” luego de ser detenida en la misma vivienda donde se ocultó Pilelich, uno de los principales sospechosos de asesinar a “Lechuga” Pérez Algaba (41).

En sus argumentos, el magistrado indicó que los imputados “tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”, basándose en el «´modus operandi´ llevado a cabo, la desaparición y/o ocultamiento de medios de prueba”, “la peligrosidad y despliegue de medios demostrada por los mismos en la comisión de los hechos”, sumado al falso testimonio, lo que para el juez significó “un claro indicio de entorpecimiento probatorio”.

El traslado a Melchor Romero

Voceros judiciales confifmaron a Télam que los siete imputados fueron trasladados el martes a la Alcaldía 3 de Melchor Romero, correspondiente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Se trata de la misma unidad penal en la que se encuentran alojados los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.

Por su parte, las abogadas defensoras de Vargas, Lorena Blanco y Celeste Schenfeld habían presentado un habeas corpus para que el imputado no esté compartiendo celda con Pilepich y Córdoba, luego de que se anoticiaran de que los tres se encontraba alojado en una celda en la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Avellaneda.

 

Las abogadas fundaron su pedido principalmente en el resguardo por “la integridad física y piscológica” de Vargas ya que “su declaración versa en contra los demás imputados en la causa”, y que “trabajó 16 años en la Policía Federal Argentina (PFA)”.

“En la DDI de Avellaneda no solo se encuentra en una celda junto a cinco personas más, sino que además allí se encuentra el principal acusado Maximiliano Pilepich y el imputado Horacio Mariano Córdoba, policía de la Ciudad de Buenos Aires, y por el que mi defendido ha declarado en contra de ellos en el marco de la causa”, indicaron los abogados en su escrito.

Vargas admitió en su indagatoria con lujo de detalles que el crimen de Pérez Algaba se cometió la tarde del 18 de julio en el establecimiento inmobiliario «Renacer» de General Rodríguez y que el autor fue Pilepich, quien lo ejecutó por la espada de dos balazos mientras lo hacía cambiar «unas lamparitas» quemadas en una de las oficinas.

«Ya está, no aguantaba más, hay límites», dice que dijo Pilepich tras concretar el crimen, en referencia a que el empresario le venía exigiendo que le pague una deuda de unos 150.000 dólares y que lo extorsionaba.

Vargas dijo que el cuerpo fue llevado en el auto Volskwagen Polo hasta la casa de Contrera, quien se encargó de descuartizarlo y arrojarlo al arroyo.

Además, agregó que la escena del crimen fue demolida y sus escombros arrojados en distintos lugares para borrar las pruebas y que todo el tiempo que se mantuvo prófugo fue por miedo.

 

En tanto, se espera que el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la causa, se expida con relación al pedido de la familia de “Lechuga” Pérez Algaba para que cite a declarar a la mediática Charlotte Caniggia (30), luego de que el imputado Córdoba la nombrara en su indagatoria.

El comisario de la Policía de la Ciudad sostuvo que el empresario lo citó en una oficina de Puerto Madero, «muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo ‘trading'», que según dichos de la propia víctima «se la había prestado Charlotte Caniggia», conocida mediáticamente por haber participado en distintos programas de televisión.

Según la investigación judicial, el comisario está señalado como quien le facilitó a Pilepich -el principal sospechoso del crimen de «Lechuga»-, el número de teléfono a nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que se cree que utilizó en las horas previas y posteriores al homicidio para comunicarse con sus cómplices.

Por otra parte, el fiscal aguarda los resultados de las pericias realizadas a la camioneta Mercedes Benz G500 que fue utilizada por Pilepich el día del crimen y la madrugada posterior.

La hipótesis

Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio «Renacer» de General Rodríguez a encontrarse con él.

 

Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, «Lechuga» reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.

El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía «una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos».

Pérez Algaba fue visto por última vez la tarde del 18 de julio cuando a bordo de una camioneta Range Rover blanca que le había prestado Pilepich se dirigió junto a Vargas al predio «Renacer» a cobrar esa deuda.

La desaparición del «Lechuga» fue denunciada al día siguiente por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.

Fuente: Télam

El imputado aceptó su culpa en un juicio abreviado. La trama detrás de una historia que se repite: en lo que va del año ya suman 206 casos

La audiencia de juicio abreviado donde el imputado aceptó su culpa y fue condenado a 10 años de cárcel. El cuchillo de con el apuñaló a su pareja

La Justicia porteña condenó a un cocinero de nacionalidad colombiana a 10 años de prisión por el delito de tentativa de femicidio, luego de haber apuñalado a su pareja con un cuchillo de cocina de 30 centímetros de largo en diciembre de 2021 en el barrio porteño de San Cristóbal. El acusado, de 31 años, aceptó su culpa al firmar un juicio abreviado y cumplirá la pena en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, donde se encuentra alojado desde el momento del hecho.

Según pudo reconstruir Infobae, la historia se remonta a finales de 2020, cuando la víctima y el victimario, ella de Perú, él de Colombia, se conocieron luego de haber migrado a la Argentina. La relación avanzó y, para mediados de 2021, se fueron convivir a un departamento ubicado en el sexto piso de un edificio de la calle Moreno, en la Ciudad de Buenos Aires

A los siete meses de convivencia, los episodios de violencia alcanzaron su pico. Fue unos días antes de Navidad. Él le recriminó a ella que “no le prestaba atención a su hermano”, es decir, a su cuñado. Después la amenazó: “Te voy a matar”, le dijo. No era la primera vez que lo hacía.

“Siempre me decía eso de que me iba a matar (sic). Nunca pensé que podía hacerlo en serio”, declaró la víctima. En otras discusiones, además de darle a entender que iba a quitarle la vida, el cocinero rompía vidrios y destruía objetos de la casa. En una oportunidad, incluso, le pegó una patada a la mascota de la víctima.

Hasta ese momento, y como sucede en el 80% de los femicidios, el agresor no tenía antecedentes penales. Tampoco denuncias previas en su contra. Después de los arranques de furia, según declaró la víctima, él se mostraba arrepentido y ella confiaba en que iba a cambiar.

Aquel día de diciembre, sin embargo, la mujer sintió que no daba más: “Me voy”, le dijo al final de la discusión. El agresor no contestó. Caminó hasta la cocina y, al regresar, la sorprendió por la espalda y la apuñaló con un cuchillo de treinta centímetros.

El cuchillo de 30 centímetros con el que intentó matar a su pareja

Tras el ataque, la víctima quedó tendida en el piso. Como pudo, se arrastró hasta alcanzar su celular y llamó al 911 para pedir auxilio. Mientras ella hacía un esfuerzo por respirar, él limpiaba el cuchillo bajo un chorro de agua. “No pasó nada, no exageres”, le gritaba. Jamás intentó asistirla. Del estado de la mujer dio prueba el llamado al servicio de emergencias, que fue incluido en el expediente del caso y usado como prueba por la fiscalía para calificar la causa como un “intento de femicidio”.

Cuando el personal policial llegó al departamento, según detallaron los agentes, el agresor se hizo el desentendido y minimizó la situación. Mientras él fue detenido, ella fue trasladada de urgencia al Hospital Ramos Mejía por el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME).

El primer parte médico indicó que la víctima tenía “una herida de arma blanca torácica en la región supra escapular interna, una fractura en la tercera costilla y un derrame pleural”, es decir, sangre en los pulmones. Todo eso puso en peligro su vida por “insuficiencia respiratoria”. Fue intervenida quirúrgicamente y permaneció internada durante diez días.

Al recibir el alta, la víctima decidió regresar a su país. Aunque el agresor estaba detenido con “prisión preventiva”, tenía terror de que, de alguna manera, cumpliera con su objetivo de quitarle la vida. Desde Perú, durante todo el 2022 y parte del 2023, estuvo en contacto permanente con la fiscalía. Incluso, iba a regresar a la Argentina para declarar en el juicio, pero al final terminó en un debate abreviado.

En la audiencia, que se llevó a cabo el viernes pasado vía Zoom, la jueza Natalia Molina, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 8, homologó el acuerdo entre los fiscales Genoveva Cardinali y José Ernesto Sylvié y la defensa del imputado. La magistrada tomó en cuenta los testimonios y elementos probatorios presentados, así como el informe elaborado por una agente de la Oficina de Asistencia a Víctimas y Testigos (OFAVYT), que pudo dar cuenta del contexto de violencia de género y doméstica que el agresor ejercía sobre la víctima.

La audiencia de homologación se llevó a cabo el viernes 18 de agosto vía zoom

¿Por qué un juicio abreviado?

Según pudo saber Infobae, el “intento de femicidio” iba a ser juzgado en un juicio por Jurados. Lo imposibilitó un pedido de la defensa del acusado, quien se negó a enfrentar al grupo de ciudadanos que participa del proceso de administración de Justicia a través de la determinación de la culpabilidad o no de los acusados. La víctima estuvo de acuerdo.

La defensa del imputado también pretendió que la calificación legal del caso fuera por “lesiones graves”, pero la coordinadora de la Unidad Fiscal Este, Genoveva Cardinali, y el fiscal José Ernesto Sylvié, a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 10, se opusieron.

Es que, desde el año 2011, la Fiscalía General de la Ciudad adhirió a un “Protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres (femicidios)”. En ese contexto, según explicaron a este medio, no agotaron la investigación en la víctima y en las lesiones, sino que la ampliaron al contexto. Hablaron con amigas de la víctima y mantuvieron entrevistas con su psicólogo y su psiquiatra. Así pudieron probar que la joven de 24 años era víctima de violencia verbal, psicológica, simbólica y física.

En Argentina matan alrededor de 300 mujeres por año en crímenes de género. Entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2023, según el último relevamiento del observatorio “Ahora sí que nos ven”, se produjo 1 femicidio cada 29 horas. Además, hubo 206 intentos de femicidio y 28 intentos de femicidios vinculados. El caso por el que la Justicia porteña acaba de condenar a una década de prisión a un cocinero de 31 años que le clavó un cuchillo a su pareja de 24 en la espalda se enmarca dentro de estas estadísticas.

Fuente: Infobae

La noticia trascendió hace instantes, previamente a la reunión del ministro Sergio Massa con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva, que comenzó a las 15 horas de la Argentina.

La media sanción vuelve a los dos años de duración de los contratos, indexación cuatrimestral, pero sin fijar ningún indicador para la actualización de los precios.

Después de muchas idas y vueltas, Juntos por el Cambio y otros sectores de la oposición lograron aprobar una reforma a la Ley de Alquileres que había sido sancionada en 2020, y que no rindió los frutos esperados.

La mal llamada «Ley Lipovetzky», que había sido producto de la construcción transversal entre bloques de diferente signo, establece plazos de tres años para la duración de los contratos de alquiler, actualización anual de los precios en base a la combinación de indicadores de evolución de precios y salarios.

En cambio, la media sanción de Diputados, se basa en los siguientes lineamientos:

– Duración de los contratos: dos años

– Periodicidad para la actualización de precios: cuatrimestral 

«En los contratos de locación de inmuebles con destino a uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 4 meses”.

– Mecanismo de actualización: libre, a acordar entre las partes.

«Para los ajustes, las partes deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el índice de precios al consumidor (IPC), el índice de precios mayoristas (IPM) y/o el índice de salarios (IS), elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) o una combinación de dichos índices, según las partes acuerden”.

– Incentivos fiscales para promover la oferta de inmuebles en alquiler:

Reforma del régimen de monotributo para que quienes tengan hasta tres unidades de explotación, «en el caso de la actividad de locación de inmuebles, mediante contratos debidamente registrados» se considere como “una sola unidad de explotación independientemente de la cantidad de propiedades afectadas a la misma».

Se exime de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler

Se modifica el impuesto a los débitos y créditos bancarios -más conocido como impuesto al cheque- para que estén exentas aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes «utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados».

Fuente: Diario Chubut