Según las fuentes, el instructor judicial quiere hacerle algunas preguntas en función de que uno de los imputados detenidos, el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Mariano Córdoba (48), la mencionó en su declaración indagatoria.
El fiscal Domínguez tiene previsto tomarle declaración testimonial a la hija de Claudio Caniggia el lunes próximo / Foto: archivo
Entre otros dichos, Córdoba sostuvo en su indagatoria que Pérez Algaba lo citó en una oficina de Puerto Madero, «muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo ‘trading'», que según dichos de la propia víctima, «se la había prestado Charlotte Caniggia».
Por su parte, Nahuel Sebastián Vargas, otro de los siete detenidos por el caso, fue quien al ser indagado por el fiscal reveló que el asesinato de «Lechuga» lo cometió otro de los imputados, Maximiliano Ezequiel Pilepich, en una casa de campo de ese sitio, de dos balazos por la espalda y cuando la víctima estaba cambiando una bombita.
«En la segunda habitación a la izquierda la luz que había que cambiar estaba alta, entonces Fernando que era el más alto de los tres, toma una silla y se para en la silla para cambiar la luz», declaró Vargas.
El acusado explicó que en ese momento salió del lugar a pedido de Pilepich para abrir una ventana y, en ese momento, escuchó los dos disparos.
Cuando regresó, Pilepich le dijo: «Ya está, no aguantaba más, hay límites», en referencia a que el empresario le venía exigiendo que le pague una deuda y a un hecho que involucraba a su hija adolescente.
«Maxi estaba enojado porque Fernando había agregado al Instagram a su hija de 13 años y le escribía y luego realizaba capturas de pantalla y se las enviaba a Maxi para provocarlo», contó Vargas.
El móvil del crimen de Pérez Algaba
Para el Ministerio Público, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio hasta el predio «Renacer» de General Rodríguez a encontrarse con él.
La inspección se realizó en el predio del barrio privado en construcción «Renacer» / Foto: archivo
Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, «Lechuga» reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.
El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía «una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos».
Todavía quedan varios puntos a develar con respecto al crimen del empresario / Foto: Enrique García Medina
Cómo comenzó el caso
La desaparición del «Lechuga» fue denunciada el 19 de julio por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.
Fernando Pérez Algaba, el empresario que apareció descuartizado adentro de una valija / Foto: archivo
Mientras que sus restos descuartizados fueron encontrados entre el 22 y el 24 de julio en un arroyo en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.
Por el crimen, además de Pilepich, Vargas y Córdoba, permanecen detenidos Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo y Matías Ezequiel Gil; y a todos ellos el juez de la causa les rechazó la excarcelación.
Kantuta y Wari integran el Consejo de Amautas indígenas del Tawantinsuyu de Argentina y el Cosindia (Consejo de Sanadores indígenas de Argentina), entre otras organizaciones. Además, forman parte del centro cultural Waka Luna, de Villa Martelli, donde dan talleres lengua quechua, de instrumentos andinos, cursos de medicina ancestral indígena, y ofician ceremonias ancestrales.
Kantuta reiteró que «los indígenas, las indígenas, estamos acostumbrados a esta discriminación desde toda la vida. Si no es por un aspecto es por el otro, sino es por cómo nos vestimos o hablamos o por qué comemos».
No obstante, «si bien está naturalizado no bajamos los brazos. Seguimos en lucha. El mensaje para la sociedad es aprender a escuchar sin prejuicios».
En ese sentido explicó que «hubiera sido bueno, que la movilera salude con ‘buenos días, ¿cómo están?, ¿hacia dónde van? y, si hablábamos en nuestra lengua, que nos pregunte ¿qué lengua, qué significa? con un interés real, legítimo, el querer socializar desde el respeto. Así podemos dialogar, pero no se nos dio esa posibilidad».
Si bien la pareja consideró iniciar una acción legal, decidieron no hacerlo y dar mayor visibilidad a lo que está ocurriendo con el Malón de la Paz, porque «tiene que caer esa reforma anticonstitucional de la Constitución provincial de Jujuy. Los hermanos están sufriendo, llevan muchos días de acampe, preferimos apoyar eso», explicaron.
La palabra del Inadi y la Defensoría del Público
Organismos públicos como el Inadi y la Defensoría del Público tomaron posición al respecto.
La interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Greta Pena, dijo a Télam que «es importante hacer foco en la necesidad de que los medios reconozcan la existencia de las identidades indígenas sin exotizarlas ni ridiculizarlas», porque «se invisibiliza a las poblaciones originarias como parte de la ciudadanía de nuestro país y eso lleva a que cuando se comunica algo vinculado a ellos, muchas veces se haga de modo estereotipado, estigmatizante y discriminatorio».
«El trato y las opiniones de las personas deben ser respetadas sin distinciones, esta escena muestra de manera cruda como el encuentro con dos personas indígenas en un subterráneo habilita a la burla, la sorna e incluso un enojo final por sus opiniones», explicó.
«Periodísticamente, no existe ninguna intención ni de conocer o profundizar en sus respuestas, se manifiesta un profundo desconocimiento y ajenidad inaudita por su lengua, costumbres y reclamos», señaló.
«Los medios pueden contribuir al respeto y al diálogo intercultural, instancias imprescindibles para aportar la diversidad y el pluralismo en democracia. Las opiniones, lenguas y costumbres de las comunidades indígenas deben ser visibilizadas por los medios de comunicación con una manera de comunicar esta diversidad de identidades que conforman el país», concluyó.
La Defensora del Público, Miriam Lewin, desde la ciudad de Salta, donde coordinó este viernes un taller con comunicadores sobre el tratamiento mediático responsable de temas vinculados con los pueblos indígenas, expresó a Télam que ya recibieron más de 40 reclamos de las audiencias sobre este tema y los equipos técnicos de la Defensoría se encuentran trabajando.
«Las comunidades indígenas nos expresaron su preocupación por el contenido de un programa de televisión donde se banaliza su cultura y su lenguaje. Desde la Defensoría trabajamos también para promover los medios gestionados por las propias comunidades, para que puedan tener voz propia. Esto garantiza una comunicación democrática para toda la población, no sólo para los pueblos originarios», concluyó Lewin.
