El menor cayó a una pileta por un presunto descuido de sus familiares.

La comunicación telefónica sucedió tras una nueva fuga en Capital Federal.

El secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Jorge Román, expresó su preocupación por la implementación de la tarifa especial para jubilados, medida que, según indicó, impacta negativamente en los ingresos de los trabajadores del sector. En diálogo con FM La Única, afirmó que la disposición representa una pérdida mensual de aproximadamente 150.000 pesos por trabajador.

«Arrancamos una temporada de verano no muy buena, no en la parte laboral, sino en decisiones políticas y de la patronal», sostuvo Román. Explicó que, si bien se entiende la intención de la medida, su aplicación afecta directamente a los conductores, quienes trabajan en condiciones de precarización. «No solo están la mayoría en negro, sino que encima ahora nos sacan plata del bolsillo del porcentaje que nos llevamos», agregó.

Román señaló que el gremio solicitará explicaciones al Concejo Deliberante, en particular al concejal Garitano, integrante de la Comisión de Transporte. «Nos dijo en la última conversación que desde las patronales de taxi y remises habían presentado todos los recibos de sueldo, así que se los voy a ir a solicitar porque los trabajadores nos dicen que no los ven regularizados», afirmó.

El dirigente gremial también cuestionó la falta de respuestas por parte de las autoridades municipales. «Pedimos reunión con el intendente Gustavo Sastre desde el año pasado y no nos quiere atender para que nos dé una respuesta», denunció. Asimismo, mencionó que la Secretaría de Gobierno deslindó responsabilidades en el Concejo Deliberante y que las centrales de taxis, a pesar de estar involucradas en la regulación del servicio, no han dado explicaciones sobre la medida.

En cuanto a las acciones a seguir, Román adelantó que insistirán en que se adopten medidas complementarias para evitar la pérdida salarial de los peones de taxi. «Si no encontramos una solución, pediremos directamente la eliminación de la tarifa, porque en ninguna otra ciudad del país existe un descuento similar», aseguró. También mencionó que la Federación Nacional del sector manifestó su sorpresa ante la situación: «Nos dijeron ‘están todos locos, ¿cómo van a implementar esto en un transporte público?'».

Por último, el secretario general del sindicato confirmó que en los próximos días presentarán formalmente el pedido de reunión con el Concejo Deliberante para abordar el tema. «Si no hay una respuesta clara, iremos por la derogación de la ordenanza», concluyó.

Este viernes se llevó a cabo una audiencia en la que se formalizó la participación de la hija y la expareja de Diego D’Anese como querellantes autónomos en la causa que investiga su fallecimiento. La emisora FM La Única dialogó con el fiscal Jorge Bugueño, quien brindó detalles sobre el proceso judicial.

Bugueño explicó que, a partir de esta audiencia, los querellantes podrán ejercer sus derechos de manera independiente en la investigación. «Ellos pueden tener su propia teoría del caso, el hecho es idéntico al que nosotros hemos imputado, de momento la calificación es la misma y por supuesto que pueden producir la prueba que ellos también estimen necesaria», indicó.

En relación con la imputada en la causa, el fiscal detalló las medidas dispuestas: «En la audiencia de control de detención que ocurrió el día 31 de enero, se dispuso que la imputada no puede salir de la ciudad sin autorización judicial, también se le retuvo la licencia de conducir y en ese entonces se había ordenado un embargo sobre el vehículo que era su propiedad». Además, en la audiencia del viernes, «se realizó la inhibición general de bienes respecto de la imputada, como así también el 100% del vehículo que estaba a nombre de ella y de su esposo».

Otra medida adoptada fue el secuestro del teléfono celular de la acusada. «Tenemos como argumentos que a través de ese teléfono pueden salir datos útiles en cuanto a las ubicaciones de GPS y el uso propiamente dicho al momento del siniestro», explicó el fiscal, agregando que la jueza autorizó el procedimiento y que este se realizó con la presencia del abogado defensor.

Sobre la situación legal de la imputada, Bugueño confirmó que la calificación del delito es «homicidio culposo agravado», fundamentado en «la conducción antirreglamentaria de un vehículo» y agravado «por la presencia de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, ya que el alcotest arrojó un resultado de 1,88». Asimismo, mencionó que «de acuerdo al análisis de orina también se encontró la presencia de THC, el principal componente del cannabis, lo que constituye otro agravante».

Respecto a la posibilidad de prisión preventiva, el fiscal explicó que en la audiencia del 31 de enero se analizaron los peligros procesales, concluyendo que podían neutralizarse con la prohibición de salir de la ciudad. «Siempre se analiza no solo el hecho, sino los antecedentes personales. Si una persona tiene condenas anteriores o ha estado en rebeldía con una orden de captura, esas circunstancias pueden hacer que se pida una medida de coerción como la prisión preventiva», aclaró.

Por último, Bugueño destacó que la investigación sigue en curso y que la situación procesal de la imputada podría modificarse: «Las investigaciones en el ámbito penal son dinámicas. Si surgen hechos nuevos que ameriten un encarcelamiento preventivo, eso puede ocurrir». Además, señaló que tanto la defensa como la querella pueden designar peritos de parte para las pericias que se realizarán en la causa.

Berta Thacheck: “Nos han dejado desamparados”

Berta Thacheck, presidenta de la Asociación de Cannabis Terapéutico de Puerto Madryn, se refirió en diálogo con FM La Única a la decisión del gobierno nacional de dar de baja el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann). “Nos han dejado desamparados”, afirmó, al señalar que la medida afecta a quienes cultivan cannabis con fines medicinales.

Según explicó, el Reprocann permitía a pacientes y cultivadores contar con un marco legal para producir aceite medicinal. “Yo en mi caso tengo un amparo desde hace años, porque como asociación nunca nos dieron el permiso. Entraba a Reprocann y aparecía que está en revisión, pero, ¿cuántos años vamos a estar en revisión?”, cuestionó.

Respecto al rol del Ministerio de Seguridad en esta decisión, Thacheck manifestó: “No entiendo qué tiene que ver una ministra de seguridad hablando de salud”. Además, sostuvo que si existían irregularidades en los permisos, debían revisarse los certificados médicos. “Si hay algo trucho, que revisen a los médicos, pero no pueden dar de baja a toda la gente”, afirmó.

También se refirió a las consecuencias de la eliminación del registro: “Hoy en día, todos los que cultivaban para producir aceite quedaron descubiertos legalmente. Nos persiguen como si fuéramos delincuentes cuando solo buscamos un tratamiento para nuestros familiares”. Relató su experiencia judicial en 2017, cuando enfrentó una causa federal por cultivar cannabis medicinal para su hija. “Es muy violento pasar por un juzgado federal por una causa así. No quiero que ninguna mamá pase por esto”, expresó.

Thacheck advirtió que la medida podría derivar en nuevas causas judiciales. “Esto implica que hasta puede haber gente presa por cultivar una medicina, cuando está comprobado que es un tratamiento para muchas patologías”, señaló. También criticó la falta de acción de las autoridades sanitarias: “Si un ministro de Salud está callado y no defiende que esto es un derecho, ¿por qué una ministra de Seguridad decide que cultivar es ilegal?”.

Por último, mencionó que en Chubut la ley provincial sobre cannabis medicinal aún no se implementa. “Nos habilitaron un marco legal, pero nunca avanzaron con el registro provincial. Es claro que las políticas que vienen desde arriba buscan frenar todo”, concluyó.

En la jornada de mañana se llevará a cabo la selección del jurado que participará en el juicio por el femicidio de Tamara Silva, previsto para los días 19 y 20 de marzo. La Dra. Belén Luján, abogada de la familia de la víctima, brindó detalles sobre el proceso en una entrevista con FM La Única.

Luján explicó que mañana se seleccionarán 14 ciudadanos de un listado de 36 sorteados a partir del padrón electoral. De estos, 12 serán los jurados definitivos y dos suplentes, con una paridad de género en el jurado. «Nosotros, como querellantes, evaluamos ciertos aspectos, como la ausencia de prejuicios hacia las mujeres o antecedentes penales», indicó.

Además, detalló que las preguntas para los posibles jurados son reservadas y no se pueden compartir, pero apuntan a garantizar que los seleccionados sean imparciales. «La audiencia para esta selección no durará más de una hora», comentó Luján, quien también anticipó que se realizará una audiencia posterior para informar al jurado sobre sus responsabilidades durante el juicio.

El caso de Tamara Silva es emblemático, ya que se trata de un femicidio, la forma más grave de violencia hacia las mujeres. Luján subrayó la importancia de mantener la figura de femicidio en el Código Penal. «El femicidio representa la lucha histórica por los derechos de las mujeres, y eliminarlo sería un retroceso significativo», expresó.

Respecto a las pruebas del caso, Luján destacó la contundencia de la evidencia recabada: «Tamara era una mujer pequeña y vulnerable, y fue asesinada con un solo golpe por un hombre mucho más grande que ella». En este contexto, la abogada reafirmó el compromiso de la querella de buscar la condena por femicidio, algo en lo que coinciden con el Ministerio Público Fiscal.

Además, se mencionó la preocupación por una posible modificación en la legislación nacional, que podría eliminar la figura del femicidio. «Esto nos genera gran malestar, ya que significaría un retroceso en la lucha por los derechos de las mujeres», comentó Luján.