Una organización criminal que se dedicaba a hacer estafas millonarias a través de homebanking fue desarticulada por los agentes de la Policía Federal y de la División Delitos Tecnológicos y las mismas fueron realizadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
La investigación comenzó a partir de una serie de denuncias realizadas por usuarios de homebanking, los cuales habrían sido víctimas de defraudaciones en distintas entidades bancarias, estimándose el perjuicio económico en unos 80 millones de pesos.
Debido a este hecho, los efectivos desplegaron un operativo de análisis de datos estableciendo que el modus operandi de la banda consistía en ingresar a través de engaños a las cuentas bancarias de las víctimas, para luego instalar un software malicioso en el dispositivo de los damnificados con el objetivo de controlarlos de forma remota y así con ello sustraer todo tipo de información sensible.

Asimismo, se concretaba el proceso cuando los miembros de dicha organización realizaban transferencias con el dinero obtenido a otros integrantes de menor rango denominados «mulas».

Luego de realizar las pesquisas, los agentes lograron establecer un total de nueve domicilios vinculados directamente con las maniobras descriptas, cuatro de ellos están ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cinco en el conurbano bonaerense.
En dicho contexto, el Juzgado Nacional de Rogatorias a cargo de la Dra. Alejandra Alliaud ordenó el allanamiento de los inmuebles donde se logró la detención de dos mujeres y un hombre.
Además, en el procedimiento se incautaron 204.570 pesos, electrodomésticos adquiridos con datos bancarios producto de las maniobras ilícitas, cinco notebooks, tres CPU, tres dispositivos de cobro electrónico, varias tarjetas de crédito, 22 teléfonos celulares y gran cantidad de documentación de interés para la causa.
En tanto, se realizaron otros 20 allanamientos bajo el labor del personal de la Agencia Regional Federal Centro Córdoba de esta Institución, que tuvieron como objetivo la incautación de todo tipo de evidencias como equipos informáticos, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos utilizados para cometer los delitos mencionados.

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Los números derivan de un informe del Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se desprende que el lugar principal donde suceden los hechos de violencia y acoso es la escuela.

En el marco del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, el Ministerio Público Tutelar (MPT) del Gobierno de la Ciudad dio a conocer una encuesta según la cual el 66,2 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de las escuelas de gestión pública y privada ha sido víctima de bullying por parte de sus pares o conoce a alguien que lo ha padecido. Según el organismo, el lugar principal donde suceden los hechos de violencia y acoso es la escuela (77,2 por ciento) y una cuarta parte de las infancias que lo padecen (24,4 por ciento) afirmó que no hablan con nadie acerca de la situación que viven.

“Las consecuencias (que tiene el bullying) son muy significativas y muy dolorosas para los niños, especialmente para aquellos que no pueden expresar lo que les sucede. Esto puede conducirlos a situaciones de aislamiento, de depresión, hasta llegar a conductas autolesivas”, dijo a Página|12 Lidia Arrausi, licenciada en Trabajo Social y responsable del Programa Convivencia entre Pares del MPT.

Este programa tiene como objetivo promover la convivencia libre de violencia en la comunidad educativa y apunta a la prevención y, en caso de que ya suceda, a reducirla y reparar las consecuencias. Dentro de este marco, el MPT encuestó a 1.380 chicos y chicas de entre 12 y 18 años de escuelas de gestión pública y privada después de que participaran de Teatro para la Convivencia, una de las prácticas restaurativas del Programa.

La actividad consistió en cuatro actores que realizan una dramatización de situaciones que pueden estar vivenciando los alumnos. El objetivo, explicaron desde el MPT, es “generar preguntas y reflexionar para ir hacia un cambio de posicionamiento frente a las distintas formas de violencia”. Los alumnos, además, son invitados a participar de la obra y modificar el guión.

La principal preocupación del MPT fue que al momento de responder la pregunta “con quién hablás si sos víctima de bullying o acoso”, el 24,4 por ciento dijo que no habla con nadie, mientras que el 22,6 por ciento lo hace con la escuela, 48,9 por ciento con los amigos y 59,4 con la familia.

“Nos preocupa mucho que el 24,4 por ciento de las y los adolescentes encuestados manifiesta no hablar de las situaciones de crueldad o malestar que padecen con otros chicos”, afirmó la asesora pública tutelar, Carolina Stanley, y remarcó la necesidad de “trabajar también con los adultos” para que logren generar un espacio de confianza y “que los chicos puedan romper con estas situaciones de silencio y encierro”. “Que se animen a pedir ayuda”, urgió.

Si bien el espacio principal donde sucede el bullying es la escuela, en la encuesta detectaron que un 37,8 por ciento de los casos sucede a través de las redes sociales. Arrausi señaló que este porcentaje ha aumentado en los últimos años y que el problema principal de la violencia en las redes es que “no hay límites de tiempo ni de lugar”, por lo que “el hostigamiento es permanente”. “Se realiza en un lugar que es muy valorado para vincularse por parte de los niños y adolescentes. Por lo tanto, el agobio y el sufrimiento se incrementa”, puntualizó.

Asimismo, esto está acompañado por un proceso de naturalización de la agresión. Según Arrausi, en el proceso de vinculación tanto de niños como de adolescentes “hay lugar muchas veces para la cargada, para la burla, la humillación” y “el modo de resolver estos conflictos a veces se vehiculiza a través de la violencia”, ya sea física o psicológica. Y explicó: “Si estas conductas se aceptan como valoradas por parte de las instituciones o los grupos de los niños y las familias, se crean las condiciones para que se armen estructuras de bullying y acoso escolar. Por eso hay que trabajar en primera instancia en la resolución de conflictos y en no permitir la escalada de la violencia”.

Para hacerle frente al bullying, el MPT ofrece capacitaciones a los adultos para que puedan detectar las señales de alarma y cómo pueden intervenir. “También le ofrecemos a los niños la posibilidad de acceder a nuestra línea gratuita* para que puedan llamar a pedir ayuda en forma anónima, y fundamentalmente los alentamos a recurrir a sus propios adultos de confianza -afirmó Arrausi-. Es fundamental, trabajar la relación escuela-familias, que se fortalezcan y no se descalifiquen la una a la otra a través demandas mutuas de atención sobre los niños. Armar una red entre los adultos para intervenir en forma conjunta brinda seguridad para que los niños y adolescentes puedan confiar en ellos”.

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A pesar de la merma de septiembre, la actividad aumentó 9,3% en el año

El Índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) registró durante septiembre una caída de 22,7% respecto a igual mes de 2023, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec)

Además, la actividad, registró una merma del 28,1% respecto a agosto, dio cuenta el organismo.

A pesar de esto, en lo que va del año, el sector pesquero, con fuertes altibajos según los meses, acumuló un crecimiento del 9,3% en los primeros nueves meses del año.

En medio de este panorama, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, celebró en Fuzhou, capital de la provincia de Fujian, un Memorando con la empresa Hongdong Fisheries Co Ltd para un acuerdo de inversión que –según informó el gobierno provincial– “contempla la modernización de la infraestructura portuaria, incluyendo mejoras en los cinco puertos provinciales, la construcción de astilleros y el desarrollo de nuevas plantas pesqueras” en la provincia patagónica.

Este sería el cuarto intento chino de “hacer pie” en territorio argentino para abastecer desde los puertos patagónicos a los cerca de 500 buques chinos que pescan en la “Milla 201″, el borde externo del Mar Argentino o Zona Económica Exclusiva para los buques de bandera nacional.

Anteriores intentos fueron la construcción de un centro logístico en Tierra del Fuego, otro en Chubut y uno en Santa Cruz, durante el segundo gobierno de Alicia Kirchner, quien también firmó una carta de intención.

En todos estos casos, el Gobierno Nacional, que tiene “la última palabra” en cuanto a la construcción de puertos y acuerdos internacionales, se opuso a estas iniciativas ante el temor que exista una mayor depredación del capital itícola.

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La decisión se conoció el mismo día en que se conoció el triunfo electoral de Trump.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos presentó un escrito en el que le pide a la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazarla solicitud de los fondos Burford y Eton Capital de quedarse con activos de YPF para cobrar el fallo en el juicio por la expropiación de la petrolera que obliga a la Argentina a pagar US$ 16.000 millones.

La noticia se conoció el mismo día en que Donald Trump fue anunciado como ganador de las elecciones presidenciales.

El Departamento de Justicia norteamericano dijo que la orden de ‘turnover’ de las acciones de YPF que piden los demandantes “viola las normas de inmunidad soberana de Estados Unidos” y le pide a Preska que la rechace”, según informó el abogado Sebastián Soler en X con una imagen de la nota presentada el gobierno de los Estados Unidos a la jueza que lleva el caso YPF.

“Este amicus curiae del Gobierno de los Estados Unidos en el caso de la expropiación de YPF era esperado”, dijo Sebastián Maril, quien sigue el día a día del derrotero judicial de la Argentina ante distintos tribunales internacionales por decisiones tomadas durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Maril dijo que el gobierno norteamericano sostiene que se violan ciertas leyes locales norteamericanas y al mismo tiempo se abre las puertas para que haya algún tipo de reciprocidad y la Argentina en el futuro haga lo mismo con alguna empresa o un activo soberano norteamericano. 

«Esto no afecta el fallo de los US$ 16.000 millones, esto no afecta al alter ego y esto no afecta la apelación”, explicó el director Regional de Latam Advisors.

Los fondos Burford y Eton Capital, quienes ganaron el juicio por la expropiación de YPF, ocurrida en 2012, en primera instancia, solicitaron que la Argentina entregue un tercio de las acciones de YPF como garantía de pago de la sentencia, mientras que ocurre en forma paralela el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. 

La defensa argentina se negó y los demandantes comenzaron un proceso para detectar activos que puedan ser embargados.

En este contexto, la Procuración del Tesoro se puso en contacto con el gobierno de Joe Biden para ponerlo al tanto del juicio y explicar las posibles implicancias de que un juez federal de Estados Unidos solicite el embargo de activos que están en otra jurisdicción, según dijeron a LA NACION fuentes oficiales. 

Las acciones que tiene la Argentina de YPF están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no tiene tenencia de activos que cotizan en Nueva York.

En septiembre, el gobierno estadounidense había pedido tiempo para evaluar si presentaría un escrito acerca del pedido de los demandantes de que la Argentina entregue sus acciones de YPF. En concreto, había pedido poder dar su opinión justamente hoy, 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales en EE.UU.

Al momento de la estatización, Eton Park era accionista de YPF. La petrolera cotiza en la bolsa de Nueva York desde 1993. Burford Capital, en cambio, compró el derecho a litigar en la Justicia española, cuando las empresas Petersen –que habían fundado la familia Eskenazi en ese país y que eran accionistas de YPF– entraron en quiebra.

Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una OPA sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.

En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.

Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo la magistrada.

La defensa argentina planteó en todo momento que la Constitución está por encima del estatuto de una empresa y que se rigieron por la ley de Expropiación. Durante el juicio, el Estado también detalló que Burford pagó 15,1 millones de euros al fisco de España y un 30% de la indemnización que resulte de la sentencia por el derecho a demandar, luego de que las empresas Petersen Energía y Petersen Inversora quebraran en ese país, donde fueron constituidas.

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Producto de la sensible caída del poder adquisitivo, el consumo de yerba mate alcanzó el nivel más bajo de los últimos nueve años

El consumo interno de yerba mate cayó 8,8% interanual en los primeros nueve meses del año, producto de la sensible caída del poder adquisitivo, y alcanzó el nivel más bajo de los últimos nueve años. 

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que reúne datos de distintos organismos, el consumo de yerba mate pasó de 212 mil toneladas entre enero y septiembre de 2023 a 193,4 mil toneladas en el mismo período de este año.

“Es el nivel de consumo más bajo de los últimos nueve años y se encuentra a 10,1 puntos porcentuales del pico de consumo experimentado en 2021”, señaló CEPA.

Asimismo, las exportaciones, en el acumulado de enero a septiembre, disminuyeron 16,4% en comparación con el promedio 2020-2023 y decrecieron 16,4% en términos interanuales. 

Según el Instituto Nacional de Yerba Mate (YNYM), los mercados que explican la merma de las exportaciones son la Unión Europea y ciertos países de Asia, que en los últimos años habían cobrado mayor importancia en las compras. 

La reducción del consumo interno y de las exportaciones a la par de un registro de avance de cosecha más importante que el de los últimos cuatro años se traduce en un importante aumento de stocks en establecimientos secaderos.

Además, CEPA señaló que “empeora la relación precio al productor/precio de góndola. Si se analiza la relación entre lo que recibe el productor y el precio de góndola, el primero sólo logra captar 5,7% del precio de venta en góndola, es decir, 1,3 puntos porcentuales menos que en septiembre 2023 y 2,4 puntos porcentuales menos que el promedio 2020-2023”. 

“Es el peor momento, desde 2019, del ratio entre el precio al productor y el precio en góndola por kilo”, remarcó.

Agregó que “las importaciones de yerba mate agravaron la situación de los productores” debido a la decisión del Gobierno de reducir impuestos a las importaciones de productos de primera necesidad incluidas las materias primas y la primera elaboración de yerba mate. 

De acuerdo a los datos publicados por INDEC, las importaciones de yerba mate canchada y yerba mate excluida simplemente canchada (molida, lista para empaquetar), proveniente de Paraguay y Brasil, en los primeros nueve meses de año alcanzaron 8,93 millones de kg., 149% más que el mismo periodo de 2023.

“El perjuicio para los productores es evidente: la materia prima ingresa a un costo promedio de 1,2 dólares por kilo que, al valor oficial más el impuesto PAÍS, alcanza aproximadamente $1.296. En cambio, la yerba canchada, que en abril de 2024 se compraba en secaderos a $1.406, se está reponiendo a precios más bajos”, indicó CEPA.

Detalló que “esto permite a los industriales pagar menos por la canchada o la hoja verde, además de extender los plazos de pago, lo que genera un impacto económico negativo considerable para los productores locales”.

La reducción del consumo interno y de las exportaciones a la par de un registro de avance de cosecha más importante que el de los últimos cuatro años se traduce en un importante aumento de stocks en establecimientos secaderos.

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La empresa de Marco Galperin revirtió la medida que había implementado el viernes pasado, cuando dispuso un bloqueo para los pagos que los usuarios de las entidades financieras con Modo intentaran realizar con tarjetas de Visa a través de sus códigos QR.

La disputa entre las fintech Mercado Pago y la billetera de los bancos Modo registró cierta calma este martes. Mercado Pago revirtió la medida que había implementado el viernes pasado, cuando implementó un bloqueo para los pagos que los usuarios de Modo intentaran realizar con tarjetas de Visa a través de sus códigos QR. La disputa entre estas entidades, sin embargo, sigue latente y promete nuevos conflictos.

Los bancos le avisaron durante varios días a sus usuarios que no era posible pagar con el medio de pago Visa los códigos QR generados por Mercado Pago. Se trató de la respuesta a la estrategia de Mercado Pago de suspender el procesamiento de pagos con esta marca de tarjeta para los pagos hechos con la billetera de los bancos.

«Por decisión unilateral de Mercado Pago, los pagos con tarjeta de crédito Visa están deshabilitados en QRs de Mercado Pago. Informaremos las novedades”. Ese fue el mensaje que aparecía en las pantallas de la aplicación de MODO (y también de las aplicaciones de los bancos). Este mensaje fue lo primero que vieron los usuarios de Modo durante el fin de semana. Con alguna diferencia mínima en las palabras elegidas, la mayoría de los bancos colocó una leyenda similar en sus apps.

La restricción que había aplicado Mercado Pago con un nuevo estándar de seguridad fue recibida como una barrera que atentaba contra la interoperabilidad de los códigos QR. El viernes pasado los usuarios de Modo comenzaron a recibir notificaciones que les advertían sobre la imposibilidad de realizar pagos con tarjetas Visa a través de los códigos QR de Mercado Pago. Este último jugador es el líder en este segmento en el país y pionero en el desarrollo de esta red de pagos.

Según Mercado Pago, el bloqueo se debió a la implementación de una nueva medida de seguridad, denominada “tokenización”, destinada a reforzar la protección de los datos en las transacciones con Visa. Según la fintech, esta nueva normativa de seguridad había sido comunicada con antelación a Modo, a los bancos y a las autoridades del Central.

Desde Modo, no obstante, interpretaron la situación distinto. La billetera digital respaldada por los bancos respondió acusando a Mercado Pago de aplicar la medida de manera arbitraria para limitar la competencia.

La empresa argumentó que esta decisión “interrumpe la libertad de los usuarios” y contradice la normativa del BCRA que garantiza la interoperabilidad en el uso de los códigos QR. En su declaración, Modo señaló que “no corresponde que se tomen de rehenes a la interoperabilidad, a Visa y a los usuarios para obtener beneficios comerciales.”

Visa, si bien no fue parte del conflicto, también se vio indirectamente afectada por la restricción impuesta, ya que Mercado Pago representa una red de QR dominante en el país. Las normativas del BCRA estipulan que todos los códigos QR deben ser “interoperables,” lo que significa que cualquier usuario debería poder realizar pagos con cualquier medio (dinero en cuenta, tarjetas de débito o crédito) y desde cualquier billetera.

Este enfrentamiento entre Mercado Pago y Modo ocurre en una disputa más amplia sobre los estándares de seguridad y la responsabilidad por posibles fraudes en pagos digitales, así como sobre los contracargos derivados de operaciones en las que los usuarios desconocen o disputan transacciones realizadas. Mientras tanto, y a la espera de una resolución definitiva, Mercado Pago anunció una tregua temporal y aseguró en un comunicado que “mientras se avanza en el desarrollo del requisito de tokenización, todos los pagos serán procesados con normalidad.”

El Banco Central había establecido en su Comunicación A 8032, publicada el 30 de mayo, que la responsabilidad por fraudes recaerá en la billetera emisora, excepto en los casos en que el pago cumpla con los estándares técnicos de tokenización.

Sin embargo, desde Modo sostienen que la normativa del BCRA no requiere tokenización para asegurar la interoperabilidad de los pagos con QR y que, por tanto, aun sin dicha tecnología, Mercado Pago debería aceptar los pagos con Visa. Este episodio, que parecía escalar hacia una ruptura en la interoperabilidad de los códigos QR, ahora espera un desenlace que logre equilibrar las exigencias de seguridad y la libre competencia en el mercado de las fintech.

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Se trata de Mariano Troiano, Matías Chaspman y Ezequiel Matu.

Personal de Defensa Civil y bomberos rescataron otros tres cuerpos en el Hotel Dubrovnik en la ciudad balnearia de Villa Gesell y ya son siete las víctimas fatales, mientras que una persona permanece atrapada entre los escombros.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, los últimos cuerpos rescatados pertenecían a Mariano Troiano, Matías Chaspman y Ezequiel Matu.

En primer término, las autoridades sacaron de entre los escombros a Troiano, el gasista oriundo de Batán, de 46 años y luego hallaron a Chaspman y Matu, los dos trabajadores marplatenses.

Más temprano, los brigadistas hallaron sin vida al carpintero Javier Fabián Gutiérrez, de 54 años, quien, previo al desmoronamiento del alojamiento, había mandado un audio donde advertía la peligrosidad de las obras llevadas a cabo en dicho edificio.

«Están invirtiendo un montón de guita en algo que está prácticamente hecho pelota. Es como querer poner a punto la camioneta de Ali», decía la grabación.

Este audio, que dura más de un minuto, el carpintero explicó que el objetivo de estas refacciones era que el Dubrovnik ya no sea un apart hotel.

«Yo lo voy a hacer del sexto piso hasta el primer piso, más o menos acondicionarlo, y el año que viene, o cuando termine la temporada que seguiré, lo reemplazamos todo con Melamina y sin puertas. Esta idea no le convenció al arquitecto, pero es lo que hay», contó Gutiérrez.

De esta manera, la única persona que queda por rescatar es Dana Desimone, la joven de 25 años que era la novia de Nahuel Stefanic (sobrino de María Rosa Stefanic, la ex dueña del hotel).

La semana pasada apareció muerto Federico Ciocchini, un hombre también oriundo de Mar del Plata de 89 años, al tiempo que su esposa María Josefa Bonazza sufrió heridas de distinta gravedad.

Ambos estaban alojados en un edificio lindero.

En la madrugada del martes 29 de octubre se dio a conocer la noticia de que un edificio de 10 pisos se había desmoronado en la localidad balnearia.

En las últimas horas hubo novedades de los detenidos, ya que había seis arrestados, pero la Justicia autorizó liberar a dos albañiles y dos capataces por «aportar información útil».

Aunque fueron liberados, no podrán salir del país y deberán cumplir con los requerimientos solicitados por la Fiscalía.

En un comienzo se estipulaba que el operativo iba a finalizar este miércoles, pero, como todavía había varios desaparecidos, estimaban que las tareas podrían continuar unos días más.

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