La Sala V del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires confirmó la condena a prisión perpetua de Nicolás Pachelo por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel de Pilar.

Según informaron fuentes judiciales, los jueces Manuel Alberto Bouchoux y Fernando Jorge Mateos avalaron el fallo de la Sala II que había anulado la absolución de la primera instancia.

En la resolución que se dio a conocer este miércoles, los magistrados rechazaron el recurso que había presentado la defensa de Pachelo, al considerar que la Sala II de Casación actuó conforme a derecho y en base a pruebas suficientes.

Los abogados de Pachelo habían solicitado la prescripción de la acción penal. En el recurso, ahora rechazado, sostuvieron que el proceso estuvo viciado por arbitrariedad y falta de inmediación. También criticaron la valoración de testigos y pruebas, incluyendo testimonios de vigiladores y videos de seguridad, alegando que no se probó la sustracción de bienes.

Los particulares damnificados y la fiscalía, por su parte, defendieron la validez de la condena y la solidez del conjunto probatorio, y recordaron que Pachelo fue identificado por testigos en la escena del crimen, al tiempo que resaltaron inconsistencias en la coartada de la defensa.

Tras la resolución de esta semana, el condenado ahora podrá presentar recursos de revisión ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Los fundamentos de la condena

En marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires consideró que los jueces del Tribunal Oral Criminal N°4 de San Isidro que votaron la absolución del acusado en diciembre de 2022 se equivocaron. De esta manera, los camaristas Fernando Mancini Hebeca y María Florencia Budiño hicieron lugar “a los recursos interpuestos por los acusadores”, dejando sin efecto el veredicto absolutorio y “convalidando el veredicto condenatorio de la minoría”.

Los jueces de la Sala II advirtieron que eran “múltiples las críticas que se le dirigen a la decisión mayoritaria del tribunal que dispuso el veredicto absolutorio”, en particular, “sobre la forma en que se valoraron las probanzas”. En ese sentido, los camaristas hicieron un repaso de las pruebas del juicio, especialmente las no valoradas por los jueces de la mayoría. 

Entre otras cosas, analizaron el robo del cofre metálico de la Asociación Amigos del Pilar que desapareció de la casa de María Marta y que se planteó como sustraído por el asesino, un elemento que abona la teoría de crimen durante el robo. “El tribunal no se animó a descartar la real existencia del cofre y su desaparición -lo cual resultaría de suma dificultad frente al plexo de pruebas que sostienen tales realidades-, empero, señaló, que no existía certidumbre que la desaparición tuviera vinculación los sucesos acontecidos el día 27 de octubre de 2002 en la casa de la víctima”, marcó la Sala II.

“No cabe cubrir a la desaparición reputada en el fallo de un misterio inexplicable, pues la verificada intrusión de cuanto menos una persona extraña a los habitantes de la casa, viene aportando al contexto de hechos probados un extremo con valor indicativo de la faena que se llevaría adelante en el domicilio de la víctima, trazando lazos de correspondencia entre ambos acontecimientos, emparentados en la hechura de las acciones sustractiva y homicida que allí tuvieron lugar”, señalaron.

En la resolución, ahora confirmada por la Sala V, los camaristas también avalaron la teoría de que la víctima conocía al homicida y que por eso la asesinó: “Pero si el autor, no obstante lo ya realizado y alcanzado con el atontamiento de la damnificada, se empeñó en efectuar múltiples disparos más -todos a la cabeza-, varios de ellos con características de remate, debe coincidirse con el forense, en que el matador quería la muerte de García Belsunce en forma inmediata y sin chance en contrario, en tanto con ello podía asegurarse alguna consecuencia de su interés, que en el panorama de circunstancias probadas, dan asidero a la búsqueda de impunidad del asaltante a quien García Belsunce debió reconocer”.

Además, recordaron, “el asalto aconteció en el interior de un barrio cerrado, en el que no se verificó vulneración a su perímetro aquel domingo, en donde no ingresaban -en ese día- ni proveedores ni personal de servicios vinculados con el mantenimiento de las propiedades, es evidente que el ejecutor se encontraba en el Carmel pues, o era socio del club o ingresó con uno de ellos, o cuanto menos, con la autorización de un socio, siendo todavía posible que laborara aquel día en el barrio cerrado. No obstante, y en cualquier caso, además, el autor era conocido por la víctima”.

Por lo tanto, señalaron, el autor del crimen tenía “inclinación furtiva, acceso irrestricto al Carmel y conocimiento con María Marta García Belsunce”. 

Otros argumentos

También consideraron los jueces que la familia no escondió el hecho: “Es más que claro que si la inspiración de aquella acción era dejar oculto a una eventual investigación rastros que pudieren resultar de interés, no tiene ningún sentido que ante el primer policía que se interesa por el caso -llegado al sito con el Fiscal- se manifieste directamente que se hizo lo que, en todo caso, debía permanecer velado”.

Tomaron en cuenta, además, el diálogo que los testigos dieron sobre lo que Pachelo comentó en una estación de servicio aún cuando no se sabía del crimen: “En esas circunstancias, explicó, Pachelo ordenó un café, se levantó hasta la barra para pedir medialunas y en ese momento preguntó si ‘sabíamos algo de la mujer que mataron en el country’. Puntualizó, asimismo, que si bien era habitual la presencia del nombrado, no era usual verlo en ese horario tan temprano sino más próximo al mediodía. Indicó, también, que aquel día se retiró con algunas páginas de los diarios”.

Y criticaron a los jueces del TOC N°4 sobre este punto: ”Esta nutrida combinación de aportes simultáneos, de diferentes fuentes, pero todos acordes, fue desconsiderada en la información que portaban, al concluir los jueces por mayoría que no podía afirmarse la existencia del hecho indiciario. En tal tesitura, ya no resultó necesario para aquellos examinar el potencial incriminador del proceder endilgado al acusado Pachelo”.

Según advirtieron los camaristas, en la absolución tampoco se tomó en cuenta el testimonio del empleado de la familia Pachelo, Simón. “El testigo dijo que se enteró ‘de la muerte de la señora’ dos o tres días luego -martes o miércoles-, siendo que ‘Nico’ fue a la oficina y le hizo una pregunta ‘rara’, al interrogarlo qué pensaba de esta mujer que mataron si no aparece el arma”.

Por último mencionaron, entre otras cuestiones, que el crimen coincide con el modus operandi de cómo robaba Pachelo. “En el espacioso seleccionar de víctimas del acusado, cuanto las formas de llevar adelante las malfetrías, no dejan de cerrar un conjunto de notas características que exponen la predilección de Pachelo hacia el ingreso de domicilios particulares, sobre los cuales -por cercanía o conocimiento- adquiría ventajas hacia sus designios delictivos”. 

Fuente pag12

No es el primer amparo que se presenta contra ese DNU. Ya lo hizo la Fundación Mujeres x Mujeres y junto a Transformando Familias en Tucumán. Desde la FALGBT+ también recurrieron a la Justicia en CABA.

–¿Qué está pasando con los tratamientos? —preguntó Página 12.

–Hoy la gran pregunta que se hacen los y las médicas es: si receto, ¿hago bien o no? Desde el punto estrictamente jurídico, el decreto lo prohíbe y se encuentra vigente hasta que no se decrete su inconstitucionalidad. Algunos profesionales han decidido que aquellos adolescentes que se encuentren en pleno tratamiento no suspenderlo de manera brusca por las implicancias a la salud física y psíquica que trae consigo, pero sí decidieron no dar comienzo a nuevos tratamientos, con las consecuencias negativas que se deriva de ello, en especial, tratándose de adolescentes y sus identidades que se forjan en esta etapa tan vital de sus vidas –explicó la abogada Herrera.

Gil Domínguez señaló que el DNU 62/2025 “no solamente es nulo de nulidad absoluta e insanable porque no cumple con los requisitos de habilitación para su dictado previstos por la Constitución argentina, sino que también, con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, conculca el derecho a la identidad de género, el derecho a la no discriminación con motivo u ocasión del género y el principio de progresividad y no regresividad de los derechos respecto de un grupo de personas vulnerables que tienen una protección especial de la constitución y los derechos humanos”.

Desde el Frente Nacional Orgullo y Lucha, integrado por organizaciones con una larga trayectoria en la lucha por la diversidad y los derechos humanos, informaron que este amparo es el primero de varias acciones judiciales que serán presentadas en distintas jurisdicciones, como parte de una estrategia para frenar el avance de políticas regresivas que atentan contra los derechos de las personas LGBTINB+.

“Confiamos en que el derecho de vivir y decidir libremente sobre el propio cuerpo será respetado para las personas trans. El decreto es una medida arbitraria y una intromisión del estado en las decisiones de las personas trans menores de edad y de sus familias, que sólo buscan vivir sus vidas en paz”, consideró Ricardo Vallarino, presidente de 100% Diversidad y Derechos.

Desde la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), la psicóloga Valeria Pavan destacó la importancia del acceso de niñeces y adolescencias trans a servicios de salud integrales. Esa posibilidad, señaló, “redunda en un mayor bienestar de la persona. Su prohibición sólo generará un impacto profundamente negativo en su libre desarrollo”.

En el amparo se señala que la ilegalidad del decreto no solo viola la Ley de Identidad de Género , que garantiza el acceso a terapias hormonales en base al principio de autonomía progresiva, sino que también contradice el Código Civil y Comercial de la Nación, que reconoce el derecho de adolescentes a tomar decisiones sobre su propio cuerpo en cuestiones de salud. Además, se advierte que el DNU se dictó sin cumplir con los requisitos constitucionales de necesidad y urgencia, usurpando funciones del Congreso y violando el principio republicano de división de poderes. 

Fuente pag12

Una beba de diez meses quedó encerrada en un auto y fue rescatada por los bomberos en el barrio porteño de Caballito, luego de que su madre se olvidara las llaves adentro del vehículo.

Fuentes policiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de Bomberos de la Ciudad fue alertado por la progenitora de la menor a través de un llamado al 911, luego de que la mujer bajó de su Renault Clio y dejó las llaves con su hija dentro.

Los brigadistas concurrieron a la avenida Acoyte al 500, realizaron las maniobras de rescate y salvaron a la niña, que se encontraba en buenas condiciones de salud.

Fuente noticias arg

Imagen: Diario Web

El vicepresidente de Cammesa también se refirió a la situación de la justicia en el país, señalando que no funciona como debería y acusando una posible corrupción en el ámbito judicial. «Uno espera ciertas cosas normales, pero no funcionan de esa forma», sostuvo, mencionando específicamente a los jueces que, según él, toman decisiones que no corresponden con la realidad. «El grupo de abogados de Ramos Padilla en Dolores, en Buenos Aires, es claramente un ámbito de corrupción», expresó.

En cuanto al futuro de la cooperativa de Puerto Madryn, destacó que el primer paso para avanzar en un plan de regularización es que la cooperativa desista de cualquier intento de defraudar al gobierno. «Hay que limpiar las cuestiones legales, que posiblemente sean más de una, y terminar con ellas», afirmó.

En cuanto a los plazos para implementar el plan de regularización, estimó que el presidente firmará el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) a fin de mes, lo que permitirá iniciar las negociaciones. Sin embargo, también advirtió sobre la dificultad que representa el convenio colectivo de trabajo, especialmente el de Luz y Fuerza, que «es tan agresivo que hace imposible pagarlo con tarifas normales». Señaló que el convenio colectivo de trabajo es un problema importante que afecta las posibilidades de las cooperativas para cumplir con los pagos.

Cairella hizo hincapié en la necesidad de una reforma, especialmente en localidades como Trelew, donde las cooperativas manejan múltiples servicios y los empleados del área energética se rigen por el mismo convenio, aunque su trabajo no esté relacionado directamente con la energía. También destacó que si los gremios no se adaptan y mantienen una postura intransigente, podría verse obligado a solicitar la quiebra de la cooperativa, lo que implicaría empezar de cero y redefinir las reglas. «El gremio tendrá que plantearse si es parte del problema o parte de la solución», sentenció.

En relación con la intervención judicial de las cooperativas en la provincia, el vicepresidente de Cammesa también informó que ayer se firmó la intervención judicial de la cooperativa de Rawson, situación que calificó como más grave que la de Puerto Madryn. «Ahora veremos qué pasa con Sarmiento y Comodoro», agregó, señalando que la complejidad de cada caso determinará el tiempo de resolución. Para el caso de Puerto Madryn, el proceso de ajuste tarifario, explicó, debería llevar entre tres y seis meses, dependiendo de otros factores.

Además, destacó la importancia del rol del veedor en el proceso de regularización de las cooperativas. «El veedor será elegido por el INAES y vendrá de afuera, tiene más de 30 años de experiencia en el negocio de energía, gas, petróleo y obras públicas», señaló, refiriéndose a Juan Manuel Alfonsín, quien será el encargado de supervisar el trabajo de la cooperativa. En relación a la deuda, Cairella reafirmó que la responsabilidad por la situación financiera de las cooperativas debe ser asumida. «Alguien tiene que hacerse responsable de lo que pasó», afirmó.

Sobre el futuro de las tarifas, mencionó que en caso de ser necesario, podrían aplicarse más incrementos debido a factores como la inflación o los acuerdos salariales. «Si el convenio colectivo resulta en un aumento del 20%, ese aumento se trasladará a la tarifa», explicó.

Con respecto a la situación general de las cooperativas en el país, el presidente de Camesa destacó que Chubut es la provincia más complicada en términos de pago. «Chubut no pagó nunca. Es la más complicada del país», afirmó, reconociendo el buen manejo de algunas cooperativas, como las de Esquel y Gaiman, que han cumplido con sus obligaciones. «Hay que sacarse el sombrero y felicitarlos», concluyó.

Mario Cairella también destacó la colaboración de las autoridades locales en el proceso de saneamiento de la cooperativa de Puerto Madryn. «Es una buena noticia que el gobernador de la provincia y el intendente de Madryn estén consustanciados con este proyecto de planificar la cooperativa e investigar lo que sea necesario», señaló. En este sentido, agregó que el apoyo de las autoridades es clave para avanzar en una solución y advirtió que el incremento tarifario del 20% para la cooperativa de Madryn, aunque alto, es una consecuencia de la falta de medidas anteriores. «Este incremento no existiría si se hubieran aplicado aumentos del 2, 3 o 4% a lo largo del tiempo. Cuando te chocás contra la pared, no queda otra», explicó.

Respecto al futuro de la cooperativa, aseguró que el veedor será el paso previo a una intervención judicial y destacó la importancia del control por parte de las nuevas autoridades para evitar mayores complicaciones. «Si encontramos cuestiones turbias, vamos a recurrir al gobernador y al intendente, pero no será necesario llegar a una intervención federal», dijo.

También se refirió al negocio detrás de la deuda, explicando que el juicio de las cooperativas es, para muchos, una oportunidad de ganar dinero. «El juicio es un negocio. No pagarle a Cammesa es un negocio, y es mucha plata», afirmó. Además, reveló que en algunas cooperativas se pagaban altas sumas a abogados que gestionaban la deuda. «Los abogados se llevaban un porcentaje de lo que no se pagaba a Cammesa», agregó.

En cuanto a la responsabilidad de los anteriores presidentes de Servicoop, señaló que, si se encuentran elementos suficientes, se buscarán denuncias penales. «Si encontramos elementos suficientes, los vamos a buscar para promover denuncias penales contra esas personas», afirmó.

Por último, el vicepresidente de Cammesa aclaró que el proceso de corte de luz, que muchos temían, no está contemplado para Puerto Madryn en la actualidad. «El camino que elegimos es otro, y no hay riesgo de corte de luz por ahora», concluyó.