El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, presidió este martes en el Salon de los Constituyentes de Casa de Gobierno, una reunión de gabinete, donde delineó la proyección para los primeros tres meses del 2021, que recién comienza.

Participaron los ministros de Gobierno y Justicia, José María Grazzini; de Seguridad, Federico Massoni; de Economía y Crédito Público, Oscar Antonena; de Infraestructura, Gustavo Aguilera; de Agricultura, Leandro Cavaco; de Educación, Florencia Perata; de Turismo, Néstor García; de Hidrocarburos, Martín Cerdá; de Ambiente, Eduardo Arzani; y de Desarrollo Social, Gustavo Hermida; el fiscal de Estado, Andrés Giacomone, secretarios y presidentes de Entes, entre otros.

Al respecto, el ministro de Gobierno, José Grazzini, expresó que “hemos concretado esta reunión de gabinete, a pedido del Gobernador Arcioni, ya que quería tener un contacto con cada uno de los funcionarios y organismos, para ponerse al tanto de cómo han transcurrido estos primeros días del año, y fundamentalmente para marcar los lineamientos que se van a dar en los próximos tres meses de gestión”.

Obras para 2021

En ese mismo sentido, el funcionario provincial repasó que “el Gobernador aprovechó la ocasión para indicar cuál es la exigencia para cada uno de los Ministerios en este año que comienza, haciendo énfasis en la concreción de las distintas obras de infraestructura que hay proyectadas en Chubut para el año 2021”.

Relación con intendentes

A su vez, Grazzini señaló que “Arcioni volvió a solicitar que la relación que se tenga con cada uno de los distintos intendentes de la provincia debe ser diaria y fluida, y no dejar de lado la situación epidemiológica que continuamos atravesando a causa de la pandemia, apoyando a las áreas de salud, seguridad y todas las intervinientes en la misma”.

“Además se han dado a conocer la proyección que tiene la provincia desde los números, como se va a empezar a recaudar con la nueva tributaria que ya está aprobada, y será aplicado a través del área de Rentas”, indicó el Ministro.

Comienzo de clases

Asimismo, el funcionario provincial resaltó que “en este marco, también se habló sobre la cuestión educativa, porque es un punto central para nosotros, por eso estamos trabajando conjuntamente con el Ministerio de Educación de la Nación, analizando la metodología presencial o semipresencial para el inicio del ciclo lectivo en el mes de marzo a partir de la llegada de las vacunas”.

El presidente Alberto Fernández encabezará el próximo martes 19 de enero una reunión del Gabinete nacional en la ciudad riojana de Chilecito, una de las denominadas «capitales alternas», informó este martes el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.

Además, el 20 de enero se realizará allí la reunión de gobernadores del Noroeste (NOA) y el Noreste Argentino (NEA), que constituyen el Norte Grande (NG).

Quintela dijo este martes ante la prensa: «Los invito para el próximo 19 de enero, de manera virtual, a la segunda reunión del Gabinete nacional donde vienen a debatir a Chilecito, capital alterna, los problemas de la provincia y del país. También firmarán convenios para poder desarrollarnos».

La visita de Fernández y los ministros del Gabinete nacional fue confirmada también por fuentes de la Casa Rosada.

También anunció que «vendrán el próximo 20 de enero los gobernadores del Norte Grande y vamos a debatir y discutir los temas más importantes de la región, y al igual que la Patagonia, queremos que se desarrollen rápidamente nuestras comunidades».

Vecinos de la Ciudad de Buenos Aires criticaron al Ejecutivo local por entender que aplica una «política sistemática de privatización», durante una nueva jornada de la audiencia pública por la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco, que se realiza en la Legislatura porteña.

«Este proyecto, que el Gobierno de la Ciudad incorpora a la discusión parlamentaria, muestra una maquinaria que no dejó de facturar durante los 13 años de la gestión del PRO: la especulación inmobiliaria», dijo Nicolás Vicente, uno de los oradores de la jornada.

Para Vicente, el Gobierno de la Ciudad lleva adelante «una política sistemática de privatización de la tierra pública», ya que «en solo cuatro años, (Horacio Rodríguez) Larreta vendió 267 hectáreas, que se sumaron a las 205 que había privatizado (Mauricio) Macri, lo que es un daño irreparable al patrimonio público».

En la audiencia pública que se realiza actualmente en la Legislatura porteña se trata un proyecto del jefe de Gobierno porteño que busca cambiar las normas urbanísticas de los predios ribereños Costa Salguero y Punta Carrasco, para habilitar la construcción de edificios de hasta 10 pisos.

La audiencia pública se realiza en la Legislatura porteña.

Dicho proyecto obtuvo media sanción en octubre del año pasado, con votos del oficialismo (Vamos Juntos) y bloques aliados (UCR-Evolución y Partido Socialista).

Mientras tanto, el principal bloque opositor (Frente de Todos) y las organizaciones reunidas en la Coordinadora «La Ciudad Somos Quienes la Habitamos» proponen que esas tierras -32 hectáreas en total- sean destinadas a un parque costero público.

Otra oradora de la jornada, Lorena Cruz, dijo a su turno que «el oficialismo porteño no para de incursionar en el extractivismo inmobiliario», y afirmó que «el objetivo actual es Costa Salguero, una zona que se vendió como ‘Distrito Joven’ donde ahora quieren hacer torres para los ricos, mientras los jóvenes son inquilinos crónicos y apenas pueden soñar con una vivienda propia».

Cruz, quien es estudiante de medicina en la Universidad de Buenos Aires y reside en el barrio de Caballito, añadió que la Ciudad «tiene un porcentaje de espacios verdes mucho menor al recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que impacta en nuestra salud».

Luego, afirmó que «la pandemia de coronavirus puso sobre la mesa un reclamo que lleva muchos años: necesitamos espacios verdes que sean accesibles para toda la población».

Vecinos afirmaron que el Gobierno porteño lleva adelante una «política sistemática de privatización».

De acuerdo con datos del Gobierno porteño, la Ciudad de Buenos Aires tiene 6,1 metros cuadrados de espacio verde por habitante, mientras la OMS recomienda al menos 10.

Otra de las oradoras, Mariana Yablón, integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, afirmó: «En los últimos años venimos sufriendo la enajenación del suelo público por parte del Gobierno de la Ciudad».

«La rezonificación del área Urbanización Parque (UP) a Distrito Joven ha sido una maniobra para convertir la zona en un negocio inmobiliario», añadió.

Por último, la mujer preguntó: ¿Es coherente ceder también un sector de la Ribera para desarrollar emprendimientos inmobiliarios cuando ya se han privatizado 470 hectáreas de la Ciudad?».

La audiencia pública por Costa Salguero y Punta Carrasco, que comenzó el 27 de noviembre último y se extenderá hasta el 27 de enero es la más numerosa en la historia de la Legislatura porteña, con 7.053 oradores inscriptos.

Hasta el momento, cerca del 97 por ciento de los participantes se manifestaron en contra de la construcción de edificios en la Costanera Norte, de acuerdo a un relevamiento del Colectivo de Arquitectas, quienes hacen un seguimiento de la audiencia, con estadísticas que publica en sus redes sociales.

La ley de aborto legal quedará promulgada en Argentina el jueves próximo, durante un acto que encabezará el presidente Alberto Fernández en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada y con el que el Gobierno buscará resaltar el peso histórico de una norma que amplía los derechos de las mujeres, garantiza su atención en el sistema de salud y pone fin a una legislación vigente desde 1921.

Fuentes oficiales confirmaron que la ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del Gabinete nacional, entre ellos, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, con un rol clave en la motorización de la iniciativa del Poder Ejecutivo.

La ceremonia, prevista para las 18.30, reunirá a referentes de los colectivos que reclamaron durante años la legalización y despenalización del aborto, legisladores nacionales y a la mayoría de los funcionarios del gabinete

Impulsada por el Presidente -incluso desde antes de asumir el Gobierno-, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue convertida en ley por la cámara alta el 30 de diciembre pasado, con el voto favorable de 39 senadores y el rechazo de otros 29.

Ese día, Argentina se convirtió en uno de los primeros países de América Latina en disponer de una legislación de este tipo y se sumó a una lista de 66 naciones del mundo que permiten el aborto, mayoritariamente ubicadas en el hemisferio norte.

En el acto del jueves, el jefe de Estado también promulgará la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia -conocida como el Plan de los 1.000 días- que recibió un apoyo unánime en el Senado cuando la sancionó, también el 30 de diciembre último, poco después de haber votado el aborto legal.

Hasta ese día, Argentina contaba con una ley casi centenaria que exponía a las mujeres que acudían al aborto a una condena de cárcel y sólo permitía la interrupción de los embarazos en casos de violación o de peligro de vida para la persona gestante.

Ahora, las mujeres podrán interrumpir un embarazo hasta la semana 14 sin temor a ser penalizadas y el sistema de salud pública deberá garantizar la cobertura de la intervención de manera gratuita.

En tanto, el plan de los 1000 días establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo -una vez por año- para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

El objetivo apunta a afianzar el «derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad» para las «niñas y los niños con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años, personas que cursen embarazos de alto riesgo o padezcan trombofilia, mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género y niñas y adolescentes embarazadas.

La ley permite que los cuerpos gestantes puedan interrumpir un embarazo hasta la semana 14.

El 30 de diciembre pasado la legalización del aborto fue recibida con júbilo y festejos en las calles, especialmente de los colectivos de mujeres de todo el país, tras años y décadas de buscar sin éxito el debate y luego de una larga vigilia de madrugada alrededor del Congreso Nacional y en plazas de las provincias, con los característicos pañuelos verdes.

La ley entrará en vigencia nueve días después de su publicación en el Boletín Oficial.

«Celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades; respeto a quienes no están de acuerdo, pero considero que este es un gran avance para la Argentina», reflexionó la presidenta de la Banca de la Mujer en el Senado, Norma Durango (Frente de Todos), quien avisó que no participará del acto del jueves por ser persona de riesgo en pandemia de coronavirus.

«Celebro que ya estemos a punto de poner en marcha esta ley que le da derecho a decidir a las mujeres y diversidades; respeto a quienes no están de acuerdo, pero considero que este es un gran avance»

NORMA DURANGO

La IVE tiene como eje central la consagración del «derecho de las mujeres y personas con otras identidades de género a decidir la interrupción del embarazo» en los servicios del sistema de salud «en un plazo máximo de diez (10) días corridos desde su requerimiento».

Establece que el aborto «se permitirá hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional», que fuera de ese plazo «sólo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante».

La norma avala también el derecho a ejercer la «objeción de conciencia» del profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo.

«Los centros de salud privados o de seguridad social que no cuenten con profesionales para realizar un aborto a causa de la objeción de conciencia deberán prever y disponer la derivación a un lugar, de similares características, donde se realice la prestación», señala el texto.

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio debatió hoy sobre el inicio de las clases, la campaña de vacunación contra la Covid-19, las exportaciones de maíz y el caso Píparo, en su encuentro quincenal.

Los titulares de los bloques parlamentarios de la UCR, PRO y la Coalición Cívica en el Congreso, junto a las autoridades de los tres partidos, plantearon la necesidad de que el ciclo lectivo comience «el 17 de febrero en todo el país» al destacar que «la educación es prioridad».

En un comunicado que se difundió tras el encuentro virtual de este espacio opositor, se planteó también el pedido de «certezas sobre el plan de vacunación» que comenzó hace dos semanas con la llegada de la vacuna Sputnik V desde Rusia y se quejó de que aún no hay información sobre «qué vacunas estarán disponibles, ni cuántas ni cuándo».

Los referentes de JxC también se expresaron respecto al lockout iniciado a la medianoche por tres de las cuatro organizaciones de la llamada Mesa de Enlace (la FAA, la Sociedad Rural y Confederaciones Rurales), pese a que minutos antes del inicio de la medida, el Ministerio de Agricultura anunció un acuerdo entre privados y levantó «provisoriamente» la medida sobre el maíz, con un límite de registro de 30 mil toneladas por día.

«Cerrar las exportaciones es volver a repetir el pasado. Ya sabemos lo que significa: discrecionalidad, arbitrariedad y pérdida de inversiones y empleo para los argentinos», señaló JxC tras el encuentro.

Minutos antes de la medianoche, el Ministerio de Agricultura anunció un acuerdo entre exportadores de cereales y productores de carnes para garantizar el abastecimiento del grano al mercado interno, por lo cual resolvió «dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de exportaciones».

Del encuentro también surgió que este espacio «se opondrá férreamente a cualquier tipo de amnistía e indulto de los presos por corrupción» y que su postura es «dejar actuar a la Justicia y acatar sus decisiones».

En la reunión se decidió además emitir un documento de apoyo a la diputada Carolina Píparo, luego de que hoy la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) pidiera la inhabilitación y suspensión de la licencia de conducir de Juan Ignacio Buzali (su esposo) quien está imputado y detenido en una causa tras atropellar a dos motociclistas la última madrugada de Año Nuevo.

De la reunión virtual participaron por el PRO el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la titular del partido, Patricia Bullrich, y el jefe del boque de senadores, Humberto Schiavone, mientras la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, se excusaron de participar hoy.

Por la UCR estuvieron el titular partidario Alfredo Cornejo y los jefes de los bloques, Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senadores), pero dijo ausente el senador Martín Lousteau. Mientras que por la CC participaron el presidente del partido, Maximiliano Ferraro, la titular de la Asamblea Nacional Maricel Etchecoin y el jefe del bloque, el diputado Juan Manuel López.

El diputado nacional de Chubut Gustavo Menna pidió, a través de un proyecto de Resolución presentado este lunes en el Congreso, que los ministros de Trabajo, del Interior y de Educación de la Nación actúen ante la crítica situación por la que atraviesan los agentes públicos del Chubut a los que el Gobierno Provincial les debe hasta dos meses de sueldos, parte del aguinaldo de junio y la totalidad del aguinaldo de diciembre.

Menna consideró que la situación se trata de un “grave incumplimiento de derechos de los trabajadores y jubilados tutelados por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional”, y agregó que esto “afecta además derechos de jerarquía constitucional y convencional de todas las personas que habitan en la provincia, al comprometer dicho incumplimiento el normal y regular desenvolvimiento, entre otros, del derecho a la educación, a la salud y el acceso a la justicia”.

En los fundamentos del proyecto, el legislador chubutense calificó de “inédita” a la crisis de Chubut ya que el Gobierno “viene demostrando hace más de dos años una incapacidad manifiesta y notoria para garantizar la prestación de funciones públicas esenciales y de cumplimiento indelegable”.

“Dramático y urgente”

En este marco observó que “el caso más dramático y urgente” es el de la educación, ya que, como consecuencia de los incumplimientos salariales y del profundo déficit en infraestructura, desde hace casi tres años no se presta el servicio con regularidad, lo cual afecta la escolaridad de miles de estudiantes.

“La causa de esta situación calamitosa es el quebranto del Estado Provincial producto de una sucesión de gobiernos que administraron deficientemente la cosa pública, endeudaron a la provincia y contaron con una multiplicidad de funcionarios involucrados en hechos de corrupción”, indicó Menna al fundamentar el pedido de actuación por parte de las carteras nacionales.

Añadió en este sentido que “el no pago en tiempo y forma de haberes y jubilaciones que por definición tienen carácter alimentario constituye un quebrantamiento palmario y grave de obligaciones impuestas no solo por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, sino también de compromisos asumidos ante la comunidad internacional por la Argentina de la que Chubut es parte y por quien responde la Nación”.

Violación de derechos

Agregó Menna que, “además de la flagrante violación de derechos laborales, propietarios y alimentarios de más de 60 mil personas afectadas por los incumplimientos salariales”, la crisis “altera el propio desenvolvimiento del Estado Provincial, que no está garantizando servicios públicos esenciales, con el consecuente quebrantamiento de derechos para la totalidad de sus habitantes”.  

Ante este panorama, indicó el diputado nacional, “es llamativa la desatención e indiferencia expuesta por el Gobierno Nacional, en especial por parte de los ministros con injerencia directa en la materia”.

Y dijo que, por ejemplo, el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social “no ha contestado los pedidos de actuación que le fuera requerida por la Seccional Puerto Madryn de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) el 1° de octubre de 2020, reiterada por telegrama el 7 de octubre”.

“Es llamativa y preocupante la indiferencia y falta de atención del titular de la cartera laboral con el que, sin lugar a dudas, es el incumplimiento laboral más grave de la República Argentina por la cantidad de trabajadores afectados, por la extensión temporal de la mora y por el volumen de la deuda salarial que en algunos momentos del año ha superado largamente los 10.000 millones de pesos”, argumentó, y agregó que “la razón de ser de la cartera de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es precisamente garantizar los derechos del trabajador”.

En cuanto a la necesidad de actuación por parte del Ministerio del Interior, Menna explicó que “el incumplimiento de estos derechos esenciales respecto de miles de personas y la consiguiente inobservancia por parte del Estado Provincial de deberes impuestos por los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional, resultan de su incumbencia, en función de lo dispuesto por los incisos 5, 7 y 8 de la ley de Ministerios, número 22.520”.

Mientras que el inciso 5 indica que es facultad del Ministerio del Interior “entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los Gobiernos de las Provincias y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, el 7 lo autoriza a “intervenir en la evaluación de la estructura económica-financiera de los Estados provinciales y regiones del país, para estar en condiciones de asistir a los mismos”, y el 8, a “intervenir en la instrumentación y seguimiento de políticas fiscales, económicas y financieras entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos Provinciales y Municipales”.

En relación con el Ministerio de Educación, Menna dejó en claro que tiene responsabilidades devenidas de la Ley de Educación Nacional (26.206) en varios de sus artículos, y que la Ley de Ministerios establece que le compete, entre otros aspectos, “entender en los casos de emergencia educativa para brindar asistencia de carácter extraordinario en aquellas jurisdicciones en las que se encuentre en riesgo el derecho a la educación”.

Ausencia y contraste

En este contexto, Menna dijo que, más allá de las normas constitucionales, convencionales y legales y “de la patente vulneración de derechos humanos de miles de habitantes del Chubut, resulta incomprensible e inaceptable desde una mirada política humanista y apegada a la justicia social, semejante ausencia y abandono del Gobierno Nacional ante esta situación”.

Esta ausencia, recordó, “contrasta con la actitud que observó el mismo Gobierno con el conflicto salarial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, que a diferencia del caso de Chubut “no se trataba de empleados a los que se les adeudaban dos meses de salarios o afrontaban una mora de 8 meses en sus aguinaldos, sino que reclamaban aumentos salariales”.

“Además de humanismo y vocación por la justicia social, está faltando también una mirada federal que asegure los derechos que consagra la Constitución a quienes habitan en las demás provincias argentinas”, finalizó Menna.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, retomó este lunes la titularidad del Poder Ejecutivo Provincial, durante una breve ceremonia realizada en Sala de Situación de Casa de Gobierno.

El mandatario provincial, recibió de parte del vicegobernador Ricardo Sastre, los atributos y funciones inherentes a su cargo.

En la oportunidad, el escribano General de Gobierno, Marcelo Lizurume certificó dicho traspaso de mando a través del acta N°38, la cual fue refrendada por ambos mandatarios.

Mariano Arcioni y Ricardo Sastre en Casa de Gobierno después del traspaso del mando.(Foto: Maxi Jonas)

El presidente Alberto Fernández mostró este lunes su «orgullo» por el desarrollo local del suero hiperinmune anti Covid-19 desarrollado en la Universidad Nacional de San Martín y que logró la baja de la mortalidad en 45 por ciento, el descenso en los días requeridos de terapia intensiva y la menor necesidad en el uso de respiradores para los enfermos de coronavirus.

El jefe de Estado recorrió este mediodía las instalaciones de la compañía biotecnológica Inmunova, en el campus de la Universidad Nacional de San Martín, que desarrolló este suero junto a otros centros científicos públicos y privados y que será distribuido en hospitales, clínicas y sanatorios.

El mandatario ponderó la importancia del proyecto que arrojó «resultados positivos en la baja de la mortalidad (45 por ciento), el descenso en los días requeridos de terapia intensiva (24 por ciento), y la menor necesidad en el uso de respiradores (36 por ciento)», según precisaron fuentes oficiales.

La producción del suero surge de una articulación público-privada encabezada por el laboratorio Inmunova, el Instituto Biológico Argentino (BIOL) y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos G. Malbrán (ANLIS), en colaboración con la Fundación Instituto Leloir (FIL), mAbxience, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet) y la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).

El Presidente estuvo acompañado durante el recorrido por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros de Salud, Ginés González García; y Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza; y los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello; y de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz.

También participaron de la actividad el presidente de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, Fernando Peirano; el director General del Grupo Insud, Hugo Sigman; el rector de la Unsam, Carlos Greco; además de los investigadores que llevaron adelante el proyecto.

Luego de la recorrida por los laboratorios de la Fundación Argentina de Nanotecnología, ubicada en el municipio bonaerense de San Martín, el jefe del Estado se interiorizó acerca de la producción del suero hiperinmune, cuyo tratamiento en casos graves de coronavirus demostró eficacia y seguridad, indicaron las fuentes.

Tras la recorrida, González García dijo a FM La Patriada que el suero «es una enorme innovación, un avance, sobre todo para los pacientes que están moderados a graves» y lo calificó de «gran paso para mejorar esta situación».

Sin embargo, el ministro alertó: «No nos engañemos, hoy tenemos suero equino, vacunas, muchos avances, pero nada supera al comportamiento individual, y si no recuperamos la idea de cuidarnos esto se va a poner muy complicado».

Para González García «el problema no son la medidas, sino el cumplimiento y eso implica una responsabilidad individual», y destacó que «la comunicación está muy clara».

Admitió que «todos están pensando» en la posibilidad de dar una sola dosis de la vacuna rusa Sputnik en lugar de dos, y remarcó que buscan «tener cuanto antes mucha población inmunizada para detener un poco el avance» de los contagios.

El suero anti Covid-19, que ya completó su última fase de estudios clínicos requeridos por ANMAT, es una inmunoterapia basada en anticuerpos policlonales equinos, cuya capacidad neutralizante del virus SARS-CoV-2 lo bloquea y evita su propagación.

Además, tiene la ventaja de que pueden producirse rápido y a gran escala, según se precisó.

A partir del 18 de marzo de 2020, los organismos que participan de la investigación de manera conjunta conformaron la Unidad Coronavirus para poner a disposición del Gobierno nacional proyectos tecnológicos, recursos humanos, infraestructura, y equipamiento que pudieran ser requeridos para la realización de tareas de investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento del coronavirus.

En ese marco, el proyecto del suero hiperinmune fue una de las 84 iniciativas seleccionadas, por un financiamiento equivalente a 100 mil dólares.

En el plazo de 10 meses, con este tratamiento, se logró impedir el ingreso del coronavirus a las células en pruebas de laboratorio.

Por su parte, en diálogo con Radio 10, el rector de la Universidad de San Martín precisó que el suero equino que desarrolló esa casa de estudios, en conjunto con otras instituciones, pudo realizarse «gracias al apoyo del Estado» y ratificó que su aplicación reduce un 45 por ciento la mortalidad por coronavirus.

Greco explicó que el suero equino es un desarrollo «de muchos años de trabajo e investigación en conjunto de la Unsam y otras instituciones de investigación de Argentina», que ya tenían esta tecnología para aplicarla a diferentes patologías.

El rector contó que se trata de «una inmunización pasiva», porque mientras la vacuna genera capacidad de que el propio cuerpo fabrique anticuerpos al virus, «en el suero se le administran al paciente los anticuerpos ya generados en otro cuerpo, en este caso en los caballos».

«Para nosotros es un orgullo, un honor que nos visite el Presidente para presentar este desarrollo tecnológico», sostuvo el rector de esa casa de estudios.

Fernández participó de la recorrida con el rector de la Unsam y el titular del laboratorio, Hugo Sigman.

También contó que ya hay alrededor de 12.000 dosis producidas, y que el desarrollo está a cargo del mismo grupo que fabrica la vacuna en la Argentina.

Consultado sobre cuándo debe administrarse el suero equino o suero hiperinmune, refirió que la primera dosis debe colocarse cuando la enfermedad «pasa a ser moderada o comienza a agravarse» y a las 48 horas la segunda dosis.

«El tratamiento con suero equino evita la utilización de las terapias intensivas y el uso del respirador, evita llegar a la etapa de la neumonía», concluyó.

El suero equino hiperinmune, que la Anmat aprobó a fines de diciembre, estará disponible desde hoy para su uso hospitalario y bajo prescripción para las clínicas, obras sociales, prepagas o ministerios de salud que así lo soliciten.

Así lo confirmó a Télam Fernando Goldbaum, director del Centro de Rediseño e Ingeniería de Proteínas de la Unsam y socio fundador de Inmunova, que precisó que el medicamento estará disponible «con alcance nacional» en cuestión de «horas o días».

La distribución y comercialización se hará a través del laboratorio Elea.

El ministro de Turismo y Deporte, Matías Lammens, dijo este lunes que están “muy firmes en la decisión de que no haya restricciones a la temporada» de verano porque «el turismo representa casi el 10% del PBI, cerrarlo sería un golpe para la economía nacional».

En la misma línea, subrayó que “la prioridad” es la que marcó el presidente Alberto Fernández desde el mes de marzo, “cuidar la salud de las argentinas y los argentinos”.

El ministro dijo que “la temporada de verano es extraña con algunas particularidades propias de una pandemia», pero «es aceptable lo que es muy importante para la economía nacional y para las economías regionales”, en declaraciones a El Destape radio.

También destacó que hay más de 1.600.000 turistas recorriendo la Argentina aunque indicó que «tenemos una baja ocupación hotelera porque los turistas prefieren otro tipo de locaciones».

Respecto a la posibilidad de exigir el test PCR en lugares turísticos dijo que, como norma, “tenemos la no exigencia del PCR para ingreso a cualquier provincia», y que “entendemos que algunos gobernadores están empezando a pedirlo, es una potestad que tiene cada uno».

“Al margen de eso, estamos yendo con el Plan Detectar a los principales centros turísticos para hacer detección temprana para hacer un aislamiento a tiempo”, informó Lammens.

Sobre los contagios de Covid en las actividades deportivas, reflexionó que al haber aumentos de casos en general se ve reflejado en los deportes y explicó que al inicio los jugadores y deportistas estaban “en burbujas aislados”, pero ahora ya tienen contacto con sus familias, con más gente y «el virus circula».

«Estamos lejos del fútbol con público, por ahora tendremos que esperar y ver el fútbol por televisión», dijo sobre la posibilidad de la vuelta a los estadios con simpatizantes.

Por otra parte, consultado sobre el control en reuniones, eventos o fiestas clandestinas en ciudades turísticas, el funcionario sostuvo que «se puede y hay que controlar mejor en los lugares turísticos», y contó que desde el arranque de temporada se hizo un programa de fortalecimiento destinado a municipios para tener material de información, pero además con promotores turísticos para que controlen y orienten a la gente en el cumplimiento de los protocolos.

“Fuimos muy claros con los intendentes, para que siga habiendo temporada de verano van a tener que ser más vehementes con el control» , sentenció.

«Estamos lejos del fútbol con público, por ahora tendremos que esperar y ver el fútbol por televisión».

Por último, respecto al conflicto agropecuario, enfatizó que el lockout de la Mesa de Enlace “no colabora con la situación que atraviesa la Argentina» porque “el gobierno está haciendo un esfuerzo enorme y ha estado presente para que los argentinos no pasaran las necesidades y no sufrieran las consecuencias de una de las crisis más importantes de la historia mundial”.

“Fuimos muy claros con los intendentes, para que siga habiendo temporada de verano van a tener que ser más vehementes con el control» ,

“Me parece que ese esfuerzo tiene que estar acompañado del sector privado como el Estado acompañó con los ATP -Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción- y una inyección muy grande de dinero para sostener a las pymes y los puestos de trabajo que crea el sector privado».

«Creo que no es momento de lockout, es momento de trabajar y de sacar la Argentina adelante”, concluyó.

El Ministerio de Agricultura levantó la suspensión de las exportaciones de maíz que regía hasta el 1 de marzo próximo, pero fijó un máximo de ventas externas diaria de 30.000 toneladas de granos.

“Luego de intensas negociaciones entre el Ministerio y los representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), incluidos representantes de Maizar, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA), el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), y de las producciones aviar, entre otras, en referencia a la situación del mercado de maíz en la Argentina, se alcanzaron acuerdos entre los distintos actores de la cadena agroindustrial de esta materia prima”, señaló Agricultura en un comunicado.

Indicó que “se verifica el compromiso de los oferentes al abastecimiento del mercado con fluidez hasta el empalme con la campaña 20/21”, y afirmó que se trata de un “compromiso aceptado por los sectores demandantes de las cadenas productoras de alimentos de consumo”.

Asimismo, subrayó que “es de preocupación del Estado nacional, el impacto de los precios de esta materia prima sobre las distintas cadenas de transformación en alimentos de la mesa de los argentinos y argentinas”.

En este sentido, remarcó que “el CAA también expresó preocupación similar, acordándose un cronograma de trabajo, con inicio el próximo martes 12 de enero, a los efectos de trabajar propuestas para desacoplar los precios internacionales de los domésticos”.

“Considerando desde el Gobierno que se alcanzó el compromiso de garantizar la oferta de maíz a las distintas cadenas de producción, pero que resta aún resolver las condiciones de accesibilidad a dicha oferta no sólo en términos de cantidad sino también de precios, y atento al acuerdo del CAA, se decide dejar sin efecto provisoriamente la medida de suspensión de registros de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVEI de maíz”, sostuvo Agricultura.

No obstante, puntualizó que “durante el período de análisis de las alternativas para el logro de estos objetivos, mientras se alcanzan los consensos, el Ministerio a través de la Subsecretaría de Mercados realizará un monitoreo a fin de garantizar la disponibilidad para la demanda interna de maíz de la campaña 19/20”.

A tal efecto, precisó que “las DJVE Maíz 19/20 no podrán superar las 30.000 toneladas diarias”, y aclaró que “estarán exceptuadas de este requerimiento las especialidades Flint y las orgánicas NOP”.

“En virtud del diálogo continuo y el trabajo virtuoso entre el sector productivo, de comercialización y la industria representados por el CAA, con el Ministerio de Agricultura, se logró atender los diversos intereses sectoriales sin desatender los sociales”, concluyó el área que conduce Luis Basterra.