La causa en la que se investiga si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue utilizada por el gobierno de Mauricio Macri para realizar tareas de espionaje ilegal se convertirá nuevamente en centro de atención al reiniciarse el año judicial, cuando se esperan definiciones sobre la situación procesal de sus extitulares Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y también si continúa su trámite en Lomas de Zamora, o Cambiemos logra su cometido de llevarlo a Comodoro Py.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, tiene pendiente resolver si procesa o no al exseñor 5 y a la exseñora 8 en el marco de la causa en la que se analizan maniobras de inteligencia prohibida, realizadas sobre dirigentes políticos, sociales y sindicales y referentes religiosos y periodistas, entre los que figuran la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gremialista camionero Hugo Moyano.

Antes del inicio de la feria judicial, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide requirieron que Arribas y Majdalani fueran procesados junto a otros 36 imputados entre los que se contaban exagentes de la AFI, exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la exdirectora de Documentación Presidencial Susana Martinengo.

Entre quienes siguen de cerca el expediente está instalada laexpectativa de que el juez Auge resuelva los pedidos de procesamiento tan pronto como reinicie la actividad judicial ordinaria, sin mayores demoras

«Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas», según el análisis de los fiscales.

En el mismo dictamen de 1026 páginas, los fiscales habían indicado que correspondía dictarle la falta de mérito al secretario privado de Macri, Darío Nieto, tras considerar que no se habían encontrado elementos suficientes para reclamar que se lo procesara: se investiga si fungió como canal alternativo para el producto del espionaje ilegal aterrizara en manos del expresidente.

El nombre de Nieto aparecía en las conversaciones entre Martinengo y el exespía Jorge «Truco» Sáez como el de quien ponía cierta información en conocimiento del expresidente, al que nunca se referían por su nombre, según surge del expediente judicial.

Los que sí reclamaron el procesamiento del secretario privado de Macri fueron la Unidad de Información Financiera (UIF) y los abogados querellantes Alejandro Rúa, Graciana Peñafort y Rafael Resnick Brenner.

El juez Auge definirá esa situación, salvo que la causa salga de su órbita antes de que pueda tomar una decisión.

Entre quienes siguen de cerca el expediente está instalada la expectativa de que Auge resuelva los pedidos de procesamiento tan pronto como reinicie la actividad judicial ordinaria, sin mayores demoras.

Anclan esa creencia en el hecho de que el juez estuvo en contacto de alguna forma con el caso durante la feria judicial cuando autorizó días atrás a Nieto a irse de vacaciones a Valeria del Mar entre el 17 y el 24 de enero.

La que tuvo que reprogramar sus vacaciones fue Majdalani porque el 22 de diciembre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le rechazó un pedido para salir del país y vacacionar en Miami presentado en la causa en la que está procesada por supuesto espionaje ilegal, tras considerar que podía acrecentarse el riesgo de fuga.

En las investigaciones por espionaje ilegal está centrada en dos pilares: negar que ellos hubieran dado las ordenes o hubieran tenido conocimiento de las tareas de inteligencia clandestina que no pueden afirmar que no existieron y, en paralelo, intentar que el expediente pase a Comodoro Py.

La radicación del mayor expediente sobre espionaje ilegal en el que están investigados los exjefes de la AFI también será uno de los centros de atención en el regreso de la actividad judicial a partir de febrero: la sala IV de la Cámara Federal de Casación penal deberá resolver sobre planteos formulados por distintos exfuncionarios de Cambiemos para que la causa pase a los tribunales de Retiro.

Intervendrá esa sala de Casación a pesar de que la primera en recibir un incidente del caso fue la sala I, compuesta por Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone: estos últimos dos jueces emitieron una resolución en diciembre a través del cual declinaron la competencia en favor de la sala integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

El gobierno argentino informó que recibirá en febrero, en el puerto de Mar del Plata, la visita de un buque de guardia costera estadounidense, en el marco de su viaje de navegación preinaugural que incluirá aguas del océano Atlántico sudoccidental.

En un comunicado, la Cancillería informó que «aceptó la visita del buque de última generación de la Guardia Costera USCGS Stone a su par en nuestro país, la Prefectura Naval Argentina, que tendrá lugar en el puerto de Mar del Plata en febrero, en una actividad protocolar».

El gobierno de Estados Unidos informó que durante enero y febrero de 2021 se realizará la navegación pre-inaugural del buque en un viaje que incluirá aguas del océano Atlántico sudoccidental y expresó su interés en que el USCGS Stone haga una visita a un puerto en la Argentina, comprometiéndose a observar los protocolos en torno al coronavirus, según un comunicado de la Cancillería encabezada por Felipe Solá.

«Será estrictamente protocolar y, en consecuencia, la visita no incluye actividad operativa ni cooperativa, por lo que no involucrará misiones de vigilancia ni de control de la pesca, las cuales se realizan exclusivamente con medios y personal del Estado argentino», aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La visita del USCGS Stone, que incluirá otros países de la región, se produce en el marco de la relación institucional que mantiene la Prefectura Naval Argentina con su par de los Estados Unidos de América, destacó el comunicado.

El bloque de diputados provinciales de la UCR que preside Manuel Pagliaroni y que integra María Andrea Aguilera pidió la presencia en Chubut del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ante la crítica situación del sistema educativo por el retraso en el pago de salarios y los problemas de infraestructura.

Estos problemas, indicaron los legisladores, han generado que en los últimos tres ciclos lectivos haya habido menos días de clases que los 180 que debe haber en un año, según lo establece la Ley Nacional de Educación. Por ello, el bloque ya presentó un proyecto, elaborado por Aguilera, para declarar la Emergencia Educativa en la Provincia.

“Desde el radicalismo hemos estado pidiendo desde hace ya algunos meses que se declare en Chubut la Emergencia Educativa. Entendemos que 2020 ha sido muy malo para todo el sistema educativo provincial, en buena parte por la pandemia y por la falta de voluntad política de las autoridades para que se vuelva a clases”, indicó Pagliaroni en este sentido.

Agregó que “además en Chubut tenemos otro problema: el atraso salarial, con los inconvenientes que esto ha ocasionado en todos los servicios del Estado, y particularmente en el educativo”.

Tragedia educativa

El contexto ha generado que en los últimos tres años Chubut haya tenido menos días de clases de los que se deberían tener en un solo año. “Es decir, la calidad educativa de nuestros niños y adolescentes es realmente mala. Es una tragedia educativa, como ya se ha definido”, dijo el legislador.

Pagliaroni recordó que, “ante este panorama, presentamos en una de las últimas sesiones un proyecto de Declaración para que el Gobierno Nacional se comprometa con la problemática de Chubut y de alguna manera solucione uno de los problemas más importantes que es el retraso salarial, tanto de los docentes como de los no docentes, para que los chicos chubutenses estén en igualdad de condiciones con los del resto del país”.

Consideró que “hay una obligación constitucional del Gobierno Nacional de garantizar la educación en toda la Argentina, y vemos que está haciendo la vista gorda con lo que pasa en Chubut”.

De manera complementaria, indicó, “le hemos pedido una audiencia al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para que nos reciba a la diputada a Aguilera y a mí para conversar sobre esta situación”.

“Le queremos plantear nuestra opinión. No estamos intentando politizar el tema -manifestó-, sino que es una situación que ya lleva 3 o 4 años y es un problema que pareciera no tener solución ni para este año ni para los próximos ciclos lectivos. No podemos seguir en esta situación”.

“Tiene que dar una respuesta”

También, dio a conocer, “estamos pidiendo que el ministro Trotta venga a Chubut, de la misma manera que está concurriendo a otras provincias”, dijo en alusión a la visita que el funcionario realiza este mismo viernes a La Rioja.  

“Queremos que se siente con las autoridades provinciales, con los docentes y con los padres. Hay muchísimos padres movilizados en toda la provincia reclamando la vuelta a clases. El ministro nacional tiene que venir a dar la cara, tiene que dar una respuesta”, finalizó.

En este contexto, la diputada Aguilera cuantificó en 144.442 la cantidad de estudiantes de Chubut en edad de educación obligatoria que no han tenido continuidad.

“Esto ha sido, como lo dejamos claro en el proyecto de Emergencia Educativa, por el conflicto provincial ante el retraso de los sueldos y los problemas de infraestructura escolar; la falta de una política clara eficiente, ordenada y de relevancia pedagógica, y por la falta de mecanismos de control articulados”, indicó Aguilera.

La diputada agregó que, además, la pandemia del COVID-19 “ha dejado al desnudo las profundas desigualdades en el acceso a la conectividad, así como también la falta de infraestructura, la escasez de recursos tecnológicos para estudiantes y docentes, y la falta de capacitación para el uso de recursos tecnológicos”, lo cual, indicó, ha generado una importante deserción escolar.

Actividad esencial

“Por eso, con el proyecto que presentamos buscamos declarar la emergencia correspondiente a los ciclos 2020 y 2021, reconocer a la educación como una actividad esencial y crear un programa de acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandono”, indicó, a lo que agregó, entre otros aspectos, la creación de un fondo de infraestructura pensado para la pronta vuelta a las aulas.

“La educación debe ser una prioridad, y ese es nuestro objetivo a través del proyecto de Emergencia Educativa en Chubut”, finalizó.  

El presidente Alberto Fernández viajará el próximo 26 de enero a Santiago de Chile para entrevistarse con su par trasandino, Sebastián Piñera, en la primera visita de Estado que realizará durante su gestión y con el objetivo de reforzar los vínculos económicos y firmar acuerdos.

Fernández tenía previsto viajar el lunes 18 pero, debido a que Piñera se encuentra en aislamiento preventivo por un contacto estrecho de coronavirus, la visita fue reprogramada para el 26 y 27, según informaron a Télam fuentes oficiales.

En ese marco, el equipo presidencial prepara un encuentro con el presidente Piñera, en el Palacio de la Moneda, la sede gubernamental chilena, así como también visitas al Poder Judicial y al Legislativo, como es de estilo en una visita de Estado.

Además, los funcionarios planean un encuentro con empresarios con intereses en Argentina y también otros con la comunidad científica y con residentes argentinos en ese país.

Las fuentes remarcaron que Chile «es un socio estratégico de Argentina» y, en esa dirección «se firmarán varios acuerdos binacionales».

De acuerdo a lo previsto, acompañarán al jefe de Estado en la visita los ministros de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y de Economía, Martín Guzmán, entre otros.

La noticia sobre el aislamiento preventivo de Piñera fue comunicada el martes de esta semana por la Dirección de Prensa de la Presidencia de Chile.

«A las 12.40 de hoy, el Presidente de la República (Piñera) y la Primera Dama (Cecilia Morel) han sido notificados de ser contactos estrechos de una persona diagnosticada con Covid-19 que trabaja en su domicilio. Dada esta situación, tanto el Presidente como la Primera Dama realizarán cuarentena preventiva, tal como indica la normativa sanitaria vigente, y mantendrán sus actividades de manera telemática», informaron desde el Palacio de La Moneda (sede del gobierno chileno).

El diputado provincial Carlos Gómez, integrante del bloque de Chubut al Frente, afirmó que el proyecto de ley de zonificación minera en la Meseta “garantiza a mediano y largo plazo preservar todos los alcances de la Ley 5.001”, norma que desde hace 17 años establece restricciones a la actividad y la delimitación de una región para su desarrollo.

Gómez hizo comparaciones entre la actividad hidrocarburífera y la minera, dijo que la Ley Provincial de Hidrocarburos “es espejo” del proyecto de zonificación y, además, cuestionó el “doble discurso” vinculado a la industria petrolera como “columna vertebral de la economía” del Chubut y el rechazo a la minería por parte de intendentes y otros sectores de la comunidad. En este sentido, apuntó de manera directa al ex intendente de Comodoro, Carlos Linares.

“Ley Provincial de Hidrocarburos es el espejo del proyecto de zonificación”, ya que prevé “la obligación de cualquier inversor de contratar mano de obra local en un 70 u 80%, lo mismo en contratación de empresas y proveedores. Está establecido por la Ley de Hidrocarburos que se cumple a rajatabla y lo mismo ocurre en Santa Cruz”, dijo Gómez en declaraciones a FM Del Lago, de Esquel.

En este contexto mencionó que los gremios petroleros controlan el cumplimiento del cupo laboral, así como de la garantía de inversión y de estabilidad laboral previstas en los acuerdos y en las normas provinciales y nacionales.

Regalías y doble mensaje

“Cada intendente de Chubut está al tanto de lo que produce la industria hidrocarburífera porque todos los meses consulta las regalías que le llegan”, afirmó Gómez, y sostuvo que eso genera “a veces un doble mensaje porque somos ambientalistas en algunos aspectos, pero cuando se trata de regalías petroleras no le hacemos asco a la distribución”.

“Sabemos que (la petrolera) es una actividad que tiene sus problemas ambientales pero que tiene un estricto control de Provincia, de los municipios, de los gremios y de Nación. Y es la columna vertebral del presupuesto provincial”, indicó el legislador.

En cuanto al panorama para este 2021, dijo que al igual que el año que pasó “va a ser muy difícil”, debido a “la situación de quebranto que vive la provincia, toda la economía regional y cada municipio”, aunque celebró la reestructuración de la deuda nacional y provincial, en este último caso luego de la aprobación por parte de la Legislatura.

En este marco, en cuanto a las posibilidades de que este año, que es electoral, se trate el proyecto de zonificación minera, afirmó: “Sea en una extraordinaria o en marzo, se tiene que llevar adelante el debate”.

“En la última movilización que realizaron los trabajadores petroleros, Camioneros, la UOCRA, bancarios, Comercio en diciembre, se le ha solicitado al gobernador abrir el debate sobre el proyecto porque es uno de los pocos que garantiza a mediano y largo plazo preservar todos los alcances de la Ley 5.001”, dijo Gómez.

Afirmó que la zonificación “genera un desarrollo sustentable y, por otro lado, la posibilidad de llevar adelante una motorización del empleo en la zona de incidencia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, todo el Valle como sector multiplicador de la actividad”.

Apoyo sindical

“El debate se tiene que dar. El apoyo lo están movilizando los grandes sindicatos”, enfatizó. “Cada uno de los secretarios generales ha sido claro, en un contexto con un aumento de la pobreza en un 40%, cuando hay más de 80.000 familias en la provincia que han estado cobrando el IFE”, especificó.

Agregó Gómez que “en 2020, 36.000 familias de Chubut cobraron la Asignación Universal por Hijo, hubo 54.000 jubilados y pensionados de la actividad privada con un promedio de ingresos de entre 26.000 y 40.000 pesos; tuvimos casi 3.000 empresas gestionando el ATP, casi 27.000 trabajadores cobrando el ATP mientras las empresas no podían pagar sueldos”.

En este marco, afirmó, “no te podés dar el lujo de embarrar la cancha para que un proyecto con posibilidad de multiplicación de empleo, de recuperación de empresas contratistas regionales, empresas en general, quede un año más guardado en los cajones de la Legislatura”.

Por ello, enfatizó: “Seguramente la movilización (sindical) va a ser permanente hasta que se debata la ley. Se tiene que dar en la Legislatura y en los municipios, y no hay que tener doble discurso”.

En este sentido puso como ejemplo: “Nosotros tuvimos a Carlos Linares como defensor de la minería cuando fue intendente (de Comodoro) e incluso llegó a decir: ‘Si no te gusta la minería no cobres regalías’. Hoy ha cambiado un poco el discurso Carlitos (sic), pero la idea es dar el debate y leer bien el proyecto, donde el área de zonificación está solamente en dos de los Departamentos de la provincia”.

Ser serios

“Ya han pasado 17 años en los que se tendría que haber cumplido con la obligación de la Ley 5.001. Y este proyecto se encuadra en la política minera del presidente Alberto Fernández. Entonces hay que ser serios en el momento del debate, sin fundamentalismos”, continuó.

Enumeró que “el proyecto preserva la 5.001, ríos, cauces de ríos, impone un distanciamiento de 5 kilómetros a cada costado de los ríos donde no se puede habilitar ningún tipo de actividad minera; preserva acuíferos, establece estrictos controles de ambiente con participación ciudadana”.

“En los últimos 17 años en los que hubo gobiernos peronistas se ha dejado a la Meseta que padezca y naturalice su pobreza”, dijo. “Ya lo planteamos en 2014. A la hora del debate, por lo menos los petroleros tratamos de ser coherentes y no andamos con dobles discursos”, planteó.

“El desarrollo minero tiene que ser sustentable porque 60.000 familias dependen de la recaudación de la Provincia, sin sumar a los empleados municipales”, dijo.

Y se preguntó: “¿De dónde recaudan el Estado Provincial y los municipios? De la actividad privada. Hoy las empresas privadas están quebradas. ¿De qué nos vamos a disfrazar?”.

Por eso, “tenemos que ser serios en el momento debate. Y leer bien el proyecto. Porque está garantizado el empleo local, el compre local, las inversiones para la infraestructura de servicios. Y el inversor va a tener que perforar sus propios pozos para poder capturar agua, igual que en la actividad petrolera”, finalizó.