El subsecretario de Seguridad Vial, Leonardo Das Neves, mantuvo una reunión con el director del Centro de Formación y Capacitación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Sebastián Kelman, con quien trató los avances de la educación vial en las escuelas secundarias, que está en la agenda del Consejo Federal de Educación para su aprobación.

El proyecto es uno de los ejes que viene impulsando el Ministerio de Seguridad del Chubut para que se instale en la Provincia, ya que al día de hoy, alrededor de 200 docentes se encuentran inscriptos para capacitaciones en dicha materia.

En este sentido, cabe resaltar el trabajo que viene realizando el Ministerio de Educación de la Nación junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. Para que esto se concrete, a partir de estos avances van a comenzar las reuniones interministeriales entre los ministerios de Educación y de Seguridad del Chubut.

Accidentología Vial

En otro orden, Leonardo Das Neves mantuvo una reunión con el director Nacional del Observatorio Vial, Pablo Rojas, con quien trató temas inherentes a la accidentologia Vial de la provincia y los resultados del alcance que tuvo el marco de la Alcoholemia Federal.

Además se avanzó en las capacitaciones que se están planificando para el personal del Área de Policía Científica del Chubut, para implementar las modificaciones del Sistema SIGISVI, el cual consta en la carga de datos de los siniestros viales en nuestra provincia.

El Consejo de la Magistratura avanza en la investigación de la denuncia del designado ministro de Justicia, Martín Soria, sobre los seis encuentros del presidente de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, con Mauricio Macri, previo a decisiones judiciales que involucraban a exfuncionarios kirchneristas.

El sorteo de la denuncia recayó en el consejero académico y presidente del Consejo, Diego Molea, quien pidió medidas de prueba a la misma Casación, a la Jefatura de Gabinete, a los juzgados que tramitan causas de la llamada «mesa judicial» y a la Dirección de Informática Jurídica.

Casación tendrá que informar sobre la nota que los camaristas Alejandro Slokar, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci le enviaron a Hornos cuestionando esos encuentros indebidos, además de las actas de los acuerdos en los que se discutió el tema y, si las reuniones fueron virtuales, remitir la grabación.

La Jefatura de Gabinete, por su parte, deberá remitir a la comisión de Disciplina y Acusación, que avaló con el voto de sus miembros estas pruebas, los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos.

La denuncia de Soria detectó que Hornos se entrevistó con Macri al menos en seis oportunidades entre el 22 de diciembre de 2015 y el 13 de agosto de 2018.

Este es el dato que corroborará Jefatura de Gabinete, a través de Casa Militar, que se ocupa de tramitar los ingresos y egresos tanto de Casa Rosada como de la residencia de Olivos.

La denuncia de Soria detectó que Hornos se entrevistó con Macri al menos en seis oportunidades

Si bien los consejeros necesitan certificar que Hornos estuvo en la Rosada o en Olivos, fue el propio Hornos quien admitió estos encuentros ante sus pares Slokar, Mahiques y Yacobucci, y es por eso que el Consejo solicita las actas de esas reuniones y, eventualmente si las hubiera, las grabaciones.

Hornos habría explicado que lo unía con el entonces presidente Macri una relación «social» ya que había compartido, según el camarista, algunos casamientos pero aseguró que nunca hablaron de cuestiones judiciales.

En este sentido, la comisión solicitó al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 5 las dos causas de «Mesa Judicial», que investigan presiones por vía judicial a dirigentes de la oposición durante el macrismo.

Para corroborar esta posibilidad, el Consejo también solicitó a las Salas I y IV de la Cámara Federal de Casación Penal, copias de las resoluciones firmadas por Hornos en distintas causas de impacto político y en fechas cercanas a sus visitas a las sedes presidenciales.

En el Consejo estiman que, de convertirse en prueba documental todo aquello que trascendió en los medios, Hornos podría enfrentar una sanción.

«No es razonable que los jueces se paseen por el Poder Ejecutivo» razonó uno de los consejeros consultados por Télam, aunque anticipó que, a su criterio, no hay causa como para removerlo.

Pedirán el registro de ingresos y egresos de la Casa Rosada y Olivos que darían cuenta de las reuniones entre Hornos y Macri

«Es una falta ética y debió haber informado de esas reuniones a sus colegas», caracterizó el consejero, que entiende que Hornos no podrá continuar como presidente de la Cámara por el daño a su autoridad y el menoscabo a la confianza como representante de sus pares.

Slokar pidió formalmente la renuncia de Hornos y a ese pedido se sumó la camarista Ángela Ledesma, mientras que Mahiques y Yacobucci se plegaron a las críticas.

Diego Molea consejero académico y presidente del Consejo de la Magistratura.

Más allá de las resoluciones internas del tribunal, la comisión de Disciplina y Acusación del Consejo aguarda poder reunirse con la prueba que esta semana todavía no habían llegado.

Cuando los documentos lleguen, Molea los evaluará y pondrá a consideración de la comisión un dictamen en el que se plantearán los hechos probados y se sugerirá, o no, una medida disciplinaria para el camarista que pueden ir desde un descuento en sus haberes hasta una suspensión, e incluso la destitución aunque no parece ser el caso.

Esa propuesta debe ser votada por mayoría, primero en la comisión y luego por el plenario de trece miembros para volverse efectiva.

La definición de una tarifa de transición para la distribución eléctrica de las empresas Edenor y Edesur, concesionarias en el AMBA, comenzará a tratarse el martes en audiencia pública con la premisa ya manifiesta por parte del Gobierno nacional de reconocer incrementos que preserven el poder adquisitivo de los hogares, es decir, lejos de las pretensiones de recomposición que presentaron las compañías.

La nueva instancia de participación convocada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) se desarrollará el martes a partir de las 8 y de manera virtual, mientras que el lunes se realizarán las audiencias por las tarifas del transporte eléctrico de alta tensión, lo que alcanza a las empresas Transener, Transba, Districuyo, Transnea, Transnoa, Transpa, Transco y Epen.

El ENRE viene llevando a cabo un proceso de renegociación en virtud de las conclusiones a las que arribó en la auditoria técnica, jurídica y económica, de la cual concluyó que «la Revisión Tarifaria Integral (RTI) no se realizó teniendo en cuenta la realidad social y económica del país, ni fue razonable ni prudente en su diseño y aplicación».

De acuerdo con esa auditoria, los cuadros tarifarios adoptados durante la gestión Cambiemos no sólo implicó «un aumento irracional de la factura», pasando de un incremento nominal de 2015 a 2019 de 3.200% en las tarifas de los usuarios residenciales», sino que si hoy se continuara con ese esquema a partir del 1 de abril se debería disponer un aumento del 168% en las facturas.

En la renegociación con las empresas también se suma el reclamo que las distribuidoras hacen por los ingresos no percibidos tras dos años de congelamiento tarifario.

Con las audiencias de lunes y martes se complementarán las instancias de análisis de los cuadros tarifarios de transición que el Gobierno aplicará hasta 2023, plazo durante el cual prevé abordar una nueva RTI para los segmentos de generación, transporte y distribución de los servicios de electricidad y de gas por redes.

En las jornadas previas al debate, las dos distribuidoras eléctricas que se encuentran bajo órbita federal y el ente regulador expresaron sus diferencias en torno del pedido de incrementos tarifarios que realizaron las empresas, en el informe obligatorio que antecede a la audiencia.

En ese sentido, mientras Edenor y Edesur aseguraron que sus requerimientos de aumentos en las tarifas de los usuarios residenciales serán del 28% y 34% promedio, respectivamente, el ENRE afirmó que los pedidos en realidad son de hasta 157% y 81% ya que se afectan especialmente al alza las tarifas de los segmentos residenciales R1 y R2, que concentran el 80% de los usuarios.

Los documentos elevados al ENRE por las distribuidoras reflejan en el caso de Edenor un pedido de incremento del valor agregado de distribución (VAD) -que es el componente de la factura que se le reconoce a las empresas por el servicio- del 109% al pasar de $29.000 millones en 2020 a más de 60.000 millones en 2021.

En el caso de Edesur el aumento de VAD solicitado respecto de 2020 es de 253%, pasando de $16.000 millones a $54.000 millones.

Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio en el país está subsidiado en un 52%.

Interventora del ENRE, Soledad Manin.

«Esto es inviable en el contexto en que estamos saliendo de una crisis económica y tenemos la intención de que haya un crecimiento de las familias, de las industrias y los comercios», afirmó en la semana la interventora del ENRE, Soledad Manin, en una entrevista con Télam en la que aseveró que «no se puede pensar en acompañar la economía y su recuperación si se está hablando de estos montos».

En la renegociación con las empresas también se suma el reclamo que las distribuidoras hacen por los ingresos no percibidos tras dos años de congelamiento tarifario y durante el cual se mantuvo vigente la RTI de 2016, y las deudas que a su vez las mismas mantienen con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa) por el suministro eléctrico no abonado en una virtual compensación por la falta de ajuste tarifario.

El debate agrega los niveles de calidad que el ENRE requerirá a las distribuidoras y el sendero de reducción de cantidad y duración de cortes, dos valores que se utilizan como referencia para valorar la prestación del servicio, lo que se vincula con las inversiones en infraestructura de red comprometidos como parte de la RTI.

En ese sentido, Manin también anticipó que la actualización tarifaria de las distribuidoras Edenor y Edesur será «semestral», en función del «análisis de los costos, el flujo de fondos y el cumplimiento de las inversiones» de las compañías, y destacó la importancia de que el Estado recupere «su rol planificador en materia de infraestructura eléctrica», al reconocer que el sector público podría hacerse cargo de algunas obras fundamentales del sistema.

«El Gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario como es la propuesta, sino que en función del programa económico va a adecuar las tarifas de manera tal de que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios»

FEDERICO BASUALDO RICHARDS, SUBSECRETARIO DE ELECTRICIDAD

De la misma manera, el subsecretario de Electricidad, Federico Basualdo Richards, definió en la semana que «el Gobierno no va a tomar una política de ajuste tarifario como es la propuesta (de las empresas) sino que en función del programa económico va a adecuar las tarifas de manera tal de que no va a afectar el poder adquisitivo de los salarios».

A la definición del nivel de incremento tarifario a decidir, también se sumará el análisis de incorporar al sector de la distribución eléctrica un margen de subsidios que permita acotar los incrementos que deberán hacer frente los usuarios.

Hasta hoy, el precio de la energía eléctrica en promedio en el país está subsidiado en un 52%, por lo cual los usuarios pagan 48% del costo de generación, y si bien la distribución no está subsidiada como tal en la factura final, el Gobierno entiende que si se toma la deuda que las empresas mantienen con Cammesa, el Estado en 2020 cubrió un 37% del Vad de Edenor y un 55% del de Edesur.

En las próximas horas, el bloque del PJ-Frente de Todos estará presentando un proyecto de Ley en la Legislatura que fue trabajado por más de un año por los diputados Carlos Mantegna y Rafael Williams, y consensuado con todos los intendentes de la zona cordillerana. la propuesta busca poner en marcha después de 40 años el histórico reclamo de una Renta Hídrica para la región a partir de las ganancias que genera la producción hidroeléctrica de la presa Futaleufú, y de redefinir el contrato de concesión, para que las localidades de la región accedan a una tarifa de energía mucho más económica.

El tema ya fue abordado en varios encuentros con autoridades nacionales y provinciales, y la redacción fue pulida por los diputados en conjunto con los intendentes, con el aporte del ex ministro de Economía de la provincia, Ricardo Bestene. El planteo de los autores es que se debe construir un nuevo paradigma hidroenergético, para lo cual se requiere primero, una ley provincial que elabore un marco regulatorio de la cuenca hídrica del rio Futaleufú; y segundo, un nuevo acuerdo que involucre a las partes interesadas en la generación hidroeléctrica, que son los municipios de la cuenca del río Futaleufú (Esquel, Trevelin y Cholila), la Provincia del Chubut y la Nación Argentina.

Según explicaron a ADNSUR, ese nuevo modelo incluye a la empresa Aluar S.A., en la medida que ésta “exprese su voluntad de prórroga del contrato de concesión y con un esquema de compensación económica para la región cordillerana”. Lo que pretenden es un nuevo acuerdo entre la Nación y Chubut que, a diferencia del suscripto en abril de 1993, incluya a la región cordillerana de Chubut y deje de excluirla en los beneficios económicos y sociales.

La propuesta consiste en una ley provincial que crea un marco regulatorio para la generación de la energía de Futaleufú, que es el basamento de la opinión de la región cordillerana y de la Provincia del Chubut en las gestiones ante la Nación. Cuenta con aval de un importante número de intendentes, entre ellos, el comodorense Juan Pablo Luque.

El juez Jorge Criado analizó los fundamentos del pedido y aunque los halló débiles en relación al pedido, decidió avalar el dictamen fiscal para de este modo, “actuar de manera colaborativa entre los diversos fueros, propendiendo al avance de las investigaciones de manera ordenada y evitando dispendios jurisdiccionales y especialmente teniendo presente… que el Ministerio Público Fiscal es el titular del ejercicio de la acción pública, y conforme a la ley dirige la investigación, disponiendo en definitiva el cese o la continuación de la persecución penal -bajo el debido’ control judicial-, es que resulta relevante su opinión en el caso”.

El Juez Federal local, Dr. Guido S. Otranto requirió la inhibitoria del Colegio de Jueces Penales de seguir interviniendo en la causa que instruye el Ministerio Público Fiscal de la Comarca a partir de los sucesos del 13 de marzo de 2021 durante la visita presidencial a Lago Puelo. El pedido concreto estuvo dirigido a que los jueces provinciales declinen la competencia a favor del Juzgado a su cargo.

Díaz Mayer dictaminó el 19 de marzo, parcialmente en favor del pedido del Federal, separando los sucesos que afectaron un móvil perteneciente a una repartición federal y al primer mandatario nacional, del daño que afectó otro vehículo de la Provincia del Chubut. Señaló el fiscal que se han investigado los episodios que podrían ser calificados como atentado a la autoridad y daños del vehículo Mercedes Benz modelo Sprinter, en el que se desplazaba el primer mandatario nacional y la comitiva, y que se produjeron en la puerta del Centro Cultural en Lago Puelo. Pero aclaró que en el mismo Legajo Fiscal se investiga también el daño, que fue causado al rodado Renault Duster color gris, siendo un móvil no identificable de la policía de la provincia de Chubut, que se encontraba en las inmediaciones de la zona del teatro de los sucesos ya narrados. Criado cita del dictamen fiscal las medidas autorizadas jurisdiccionalmente en el proceso de investigación, para recolectar la mayor cantidad de elementos o indicios probatorios que permitiesen avanzar en la investigación, que se logró el secuestro de prendas de vestir y aparatos de telefonía celular que tenían en su poder los sindicados como participes de las conductas investigadas, y que hasta la fecha son un total de once personas mayores de edad y a una menor de edad, las identificadas. Consideró adecuado que la investigación de los hechos que tuvieron como damnificado y/ o víctima a la figura del Presidente de la Nación y el rodado en el que se desplazaba (identificado con el logo «Parques Nacionales») la prosiga el fuero federal en un solo cuerpo de investigación junto con lo que se haya actuado en la Fiscalía Federal. Por el contrario requirió que se mantenga la competencia por el delito de daño provocado al rodado policial provincial.

El pedido de la Justicia Federal dice conocer las pesquisas realizadas por la prevención provincial, con la debida autorización jurisdiccional, que arrojó como resultado la identificación de varios de los intervinientes en el evento ilícito, todo con la participación del Fiscal Díaz Mayer. Indica además que el vehículo que se dañó como consecuencia de las piedras que se arrojaron, es una camioneta que pertenece a Parques Nacionales, y que en ella se trasladaba el Presidente de la Nación junto a su comitiva, y que solo ello infiere que sea el fuero federal el que deba investigar lo sucedido.

Criado consideró que en esencia el Juez requirente no justificó la excepcionalidad de su pretendía intervención, no acompañó ninguna constancia ni referencia de que los hechos investigados por el fuero Federal fueran los mismos que los investigados por la justicia penal ordinaria. Añadió que tampoco se hizo referencia en el requerimiento a que la Fiscalía Federal haya actuado realizando medidas de investigación, cuales habrían sido y sus resultados, dado que aun refiriendo el Juez que adhería a los fundamentos del Fiscal Subrogante, no se adjuntó el dictamen donde esos fundamentos habrían sido volcados.

Continúa Criado indicando que las conductas investigadas por la fiscalía de la Comarca, se fueron calificadas provisoriamente como atentado a la autoridad y daño (2 hechos). “La competencia, hasta aquí, resulta de la justicia ordinaria y en los tipos descriptos no se advierte que el haberse usado intimidación o fuerza contra un funcionario público que resultó el Presidente de la Nación, o la circunstancia de que la intención de causar daños en el rodado en el que se trasladaba el presidente -aun siendo de Parques Nacionales- haya sido la de impedir el libre ejercicio de la autoridad (si así pudiera entenderse la actividad presidencial del día 13 de marzo de 2021)”, señaló.

Continuó su análisis el juez indicando que por el solo hecho que se trate del Presidente de la Nación el funcionario público sujeto pasivo de la conducta delictual de atentado a la autoridad, o que el rodado dañado sea de Parques Nacionales, no excitan automáticamente la competencia federal. Ambos fueros tienen competencia territorial, pero podría sí tenerse en cuenta para hacer lugar a la declinatoria planteada que la duplicación de investigaciones podría entorpecer el resultado de ambas, y ello entiendo que indica el Fiscal local al considerar adecuado que la investigación de los hechos que tuvieron como al Presidente de la Nación, a la vez que se investiga los daños sufridos por el rodado en el que se desplazaba el primer mandatario nacional, la prosiga el fuero federal en un «solo cuerpo de investigación».

Por estos fundamentos, el magistrado concluye que habiendo dejado sentado la clara intención de actuar de manera colaborativa entre los diversos fueros, propendiendo al avance de las investigaciones de manera ordenada y evitando dispendios jurisdiccionales y especialmente teniendo presente… que el Ministerio Público Fiscal es el titular del ejercicio de la acción pública, y conforme a la ley dirige la investigación, disponiendo en definitiva el cese o la continuación de la persecución penal -bajo el debido control judicial-, es que resulta relevante su opinión en el caso. Conforme su encomienda legal y constitucional, el Ministerio Público Fiscal dictamina sobre la competencia, y acompañaré su requerimiento de hacer lugar en forma parcial a la inhibitoria de competencia en trámite, y disponer por ello la declinatoria de competencia en favor del fuero federal.

El presidente Alberto Fernández llamó hoy a sus pares del Mercosur a «redoblar esfuerzos y profundizar la voluntad de caminar juntos», al cumplirse hoy 30 años de la creación del bloque, y pidió «no erosionar las estructuras productivas» de los países miembro.

«Nuestros pueblos lo merecen; vamos por muchos años más de Mercosur. No es tiempo de individualidades, nadie se salva solo, como dice el Papa Francisco», dijo el mandatario al abrir desde el Museo del Bicentenario el encuentro, que se realiza en forma virtual por las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus y la llegada de la segunda ola a la región.

En ese marco, Fernández dijo que la Argentina llevará a la reunión de cancilleres del Mercosur del próximo 22 de abril la propuesta de que el arancel externo común «se base en preservar el equilibrio entre los sectores agroindustriales e industriales, y corregir las inconsistencias».

«No debemos erosionar las estructuras productivas de nuestros países», dijo el Presidente.

«No debemos erosionar las estructuras productivas de nuestros países. Aspiramos a alcanzar consenso con nuestros socios; aunque pensemos diferente, debe primar la voluntad de integrarnos», dijo el mandatario argentino en su discurso, acompañado por el canciller Felipe Solá y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Asimismo, sostuvo que con el Mercosur los países integrantes «han dado forma a un verdadero hito para América Latina» y destacó «los consensos muy importantes» logrados en estos primeros 30 años.

«La inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra»

En su discurso inaugural, Fernández propuso la creación de un observatorio para la calidad de la democracia en la región, otro referido a la violencia de género y un tercero referido al cambio climático.

Fernández destacó «los consensos muy importantes» logrados en estos primeros 30 años.

Además, destacó el crecimiento del comercio en el Mercosur «tanto en volumen, como en calidad y valor agregado», y remarcó que «no es un bloque cerrado de comercio exterior sino una plataforma para que nuestros países se proyecten al resto del mundo».

«El Mercosur dejó atrás la lógica de la rivalidad para pasar a la lógica de la cooperación»

«La inserción del Mercosur en el mundo global debe darse en favor de nuestros sectores productivos y no en su contra»,aseveró el presidente argentino.

Finalmente, sostuvo que la conformación del Mercosur hace 30 años «dejó atrás la lógica de la rivalidad para pasar a la lógica de la cooperación» y sostuvo que el bloque «favoreció la consolidación de las instituciones democráticas de la región».

«Sentó las bases para dejar atrás el peligro de las dictaduras y entramos a un proceso de integración de importancia para construir confianza mutua», concluyó.