El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la secretaria de la Sedronar, Gabriela Torres, encabezaron la presentación del proyecto de ley Integral para Personas en Situación de Calle, como parte de una reunión informativa de las comisiones de Derechos Humanos y Garantías, Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.

La iniciativa propone la creación, en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle.

«Es significativo e importante para un problema crítico como es la extrema pobreza y las personas en situación de calle», dijo Arroyo durante la presentación, y definió a la iniciativa como «superadora» porque permitirá «contar con una política pública integral».

El funcionario destacó que el proyecto «plantea una acción interministerial e interjurisdiccional para que la problemática de personas en situación de calle y familias sin techo tengan una solución articulada».

Además de Arroyo y Torres, estuvieron presentes la secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo Social, Laura Alonso, y el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos), autor del proyecto elaborado con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica.

Arroyo destacó como «fundamental» que uno de los artículos del proyecto establezca la «necesidad de que haya un registro actualizado» de personas en situación de calle para tener «diagnósticos precisos y aplicar las políticas precisas».

También ponderó la puesta en marcha de Centros de Integración Social con formación y capacitación en oficios, además de la «capacitación permanente» de los equipos de cada área y de la administración pública en general.

«Abordar esta problemática requiere contar con datos actualizados, trabajo articulado y oportunidades vinculadas a viviendas y capacitación para vincular a las personas y las familias con el trabajo», planteó Arroyo.

El proyecto se propone además la articulación con áreas y programas específicos de los ministerios de Salud, Desarrollo Territorial y Hábitat y Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar.

En una presentación previa del proyecto en el Congreso, a principios de mes, Fagioli había expresado que no se puede entender que «haya familias enteras que en este sentido no tengan ningún derecho».

«Al tema lo venimos trabajando hace bastante junto a las organizaciones que trabajan en los centros integrales», aseveró.

En esa línea, el legislador había subrayado la necesidad de «terminar con la idea del ‘parador’, lugares donde pasan la noche y a las 6 de la mañana se deben ir, y reemplazarlos por lugares donde haya apoyo terapéutico, integración en oficios y atención a la salud».

La Cámara Federal de Casación anuló este martes por «vicios procesales» el fallo que revocó la prisión domiciliaria al exvicepresidente Amado Boudou y ordenó al Tribunal que lo condenó en el caso Ciccone realizar una audiencia oral y pública entre todas las partes, antes de volver a tomar una decisión.

En un fallo unánime, los camaristas de la sala IV, Angela Ledesma, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, dispusieron que el juez de Ejecución del Tribunal Oral Federal 4 llame a una audiencia oral y luego vuelva a resolver si ordena o no la vuelta de Boudou a la cárcel para terminar de cumplir la condena a cinco años y diez meses de prisión.

La camarista Ledesma advirtió que el 30 de diciembre último el entonces juez de ejecución del TOF4 Daniel Obligado resolvió revocar la prisión domiciliaria concedida a Boudou en abril de 2020, sin escuchar los argumentos de sus abogados defensores, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort.

«Se configuró una afectación al derecho de defensa de Boudou por cuanto el órgano judicial interviniente, de manera previa a resolver, omitió dar intervención a la defensa del dictamen fiscal presentado el 29 de diciembre de 2020», sostuvo la jueza.

En ese dictamen, la fiscalía había reclamado la vuelta de Boudou a prisión y un día después, el 30 por la noche, Obligado tomó esa decisión y revocó el arresto domiciliario.

La medida quedó en suspenso y Boudou sigue con prisión domiciliaria porque su defensa apeló.

El no haber dado intervención a la defensa ante ese dictamen del fiscal les «impidió desarrollar su estrategia defensiva, incorporar nuevos argumentos y/o explicar los puntos más importantes de su oposición, todo lo cual redundó en la afectación a su derecho constitucional de defensa técnica eficaz», agregó la jueza en el fallo al que tuvo acceso Télam.

«Es que el derecho a ser oído de la persona sometida a proceso -en cualquiera de sus etapas-, alcanza su expresión real en una audiencia oral frente a un juez, pues en dicho momento procesal, se encuentra en óptimas condiciones de contestar cualquier imputación que se le formula e incorporar circunstancias y argumentos que considere necesarios para hacer valer su defensa», concluyó.

Por otro lado, su colega de sala Mariano Borinsky remarcó que el 29 de enero último el juez de Ejecución aplicó el estímulo educativo y redujo en diez meses los plazos para que el exvicepresidente pueda pedir beneficios.

«De ello se desprende que Amado Boudou se encontraría próximo a alcanzar el requisito temporal de la libertad anticipada», algo que también debe analizarse, agregó.

La decisión hizo lugar a una apelación de la defensa de Boudou, condenado a cinco años y 10 meses de prisión en la causa por la venta de la ex-Ciccone Calcográfica.

Casación dispuso «reenviar las actuaciones a su origen para que, previa audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas, se dicte un nuevo pronunciamiento» sin «emitir opinión en cuanto al fondo de la cuestión».

El flamante ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, adelantó ayer martes que el desafío de su gestión es llevar adelante el «proceso de los cambios» necesarios para recuperar «la transparencia y el prestigio de la Justicia» y llamó a la oposición a debatir los proyectos de Reforma Judicial y del Ministerio Público Fiscal en el Congreso.

Soria, que juró el lunes como titular de esa cartera, señaló que «desde el primer día» este Gobierno planteó la necesidad de generar «el proceso de cambios necesario para recuperar la transparencia y el prestigio de la Justicia» y dijo que su gestión seguirá esa línea.

En diálogo con El Destape radio, advirtió que esos cambios «les molesta a algunos sobre manera» y planteó que «los que no quieren cambios son los que montaron una mesa judicial para coaccionar y apretar jueces para que sacaran fallos para la tapa de los diarios».

«Los que no quieren cambios son los que montaron una mesa judicial para coaccionar y apretar jueces»

Soria asumió que existe «una defensa corporativa» entre magistrados y fiscales, pero llamó a no «generalizar» porque son «casos puntuales que se prestaron a esa connivencia con el poder político y con el poder mediático».

«Son los mismos que hoy reproducen esto de que ahora van por los jueces; que el nuevo Ministro va a salir a agarrar del cuello a los jueces y los fiscales; que los va a cazar con una chancleta por los pasillos de Tribunales, y la verdad que eso es una locura», remarcó el titular de Justicia.

Tras reconocer que son prioritarios tanto el proyecto de ley de Reforma Judicial como el de Reforma del Ministerio Público Fiscal, Soria aclaró que conseguir los consensos para que vean la luz es un trabajo que «no depende» de él.

El exdiputado, que dejó su cargo el sábado, cuando le aceptaron su renuncia para poder asumir como ministro, recordó que los proyectos están en la Cámara de Diputados, trabajándose «en comisión» mientras se está «charlando con la oposición».

«Seguramente vamos a tener que ir a dar explicaciones (al Congreso) pero la idea es, y ya lo dijo el Presidente, buscar los consenso necesarios, abrir el diálogo y ver si hay que cambiar algún artículo o mejorarlo. La idea es avanzar con ambos proyectos», completó.

Al ser consultado sobre si Daniel Rafecas sigue siendo el candidato del Gobierno para cubrir el cargo de Procurador General, Soria aclaró: «Hasta ahora es el único que presentó su pliego, con lo cuál es el único candidato».

Dijo que el procurador interino Eduardo «Casal es insostenible» y argumentó que «hace tres años que no está respetando la ley»,

Soria remarcó una vez más la necesidad de trabajar sobre la Reforma de la Ley del Ministerio Público Fiscal y planteó: «Hay dos países en el continente que tienen jefe de los fiscales con cargos vitalicios, Cuba y la Argentina».

«Creo que si llegamos hasta acá tenemos que seguir avanzando porque de lo contrario dejamos todo como está»

Consultado sobre la factibilidad de que se avance con el Tribunal Superior de Arbitrariedades, el ministro se mostró optimista al respecto y recordó que «a la Corte Suprema llegan más de 30 mil causas de las cuales 200 son fallos fundados, el resto son planchas».

Al ser este un año electoral, el exdiputado reconoció que motorizar estas reformas puede ser «difícil», pero dejó claro que no es «imposible», sino «un desafío».

«Yo creo que no podemos detenernos, creo que si llegamos hasta acá tenemos que seguir avanzando porque de lo contrario dejamos todo como está», explicó el flamante ministro de Justicia.

«Hemos visto lo que ha pasado en estos cuatro años con jueces entrando a escondidas a Casa Rosada, con fiscales entrando al despacho del expresidente y al otro día pidiendo la indagatoria de periodistas o dirigentes de la oposición. Eso no va más», sentenció.

«Es la Justicia la que tiene que empezar a funcionar como corresponde»

El ministro se refirió también al lawfare y criticó el rol del «aparato comunicacional poderosísimo» que «desprestigia» la política y que está integrado por «periodistas, jueces, políticos y servicios de inteligencia» que arman causas» y dejó claro que «obviamente es delito», ya que existe «desde asociación ilícita para abajo, medio Código Penal».

«Seguramente muchos de esos jueces y fiscales que se prestaron para ese juego perverso hoy estarán nerviosos», dijo y agregó que «después de tantos años de impunidad algunos creen que nunca les va a llegar, pero lo importante es que las causas avancen y que todas estas cosas se vayan resolviendo».

«Hace un año atrás ni siquiera sabíamos como jueces y fiscales entraban a escondidas en la Casa Rosada, no teníamos estas pruebas. Hace un año atrás no teníamos los llamados de Pepin Simón a jueces para robarle una empresa a sus propietarios, no lo sabíamos. Creo que hay avances significativos y que en definitiva es la Justicia la que tiene que empezar a funcionar como corresponde«, concluyó.

La Cámara Federal de Casación dejó firmes los procesamientos por espionaje ilegal al extitular de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas, y a su exsegunda, Silvia Majdalani, al rechazar apelaciones presentadas contra un fallo dictado en La Plata.

El máximo tribunal penal federal del país tomó esta decisión en la investigación por espionaje ilegal al Instituto Patria y a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, querellante en la causa, según los fallos a los que tuvo acceso Télam.

«La decisión puesta en crisis (la apelada) no resulta equiparable a una sentencia definitiva por sus efectos, en la medida en que no ha sido demostrado en lo concreto, ni se advierte, que cause un daño de imposible o tardía reparación ulterior», concluyeron los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky.

Los procesamientos de ambos ex funcionarios fueron resueltos el 4 de agosto pasado por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé y confirmados el 17 de diciembre último por la Cámara Federal de La Plata.

Arribas y Majdalani están procesados sin prisión preventiva por espionaje ilegal, tienen prohibida la salida del país y quedaron embargados por dos millones de pesos

Por otro lado, se rechazó un planteo de «excepción de falta de acción» por parte de Majdalani para que se cierre esta causa en su contra, al argumentar que ya fue investigada y sobreseída por los mismos hechos en un juzgado de Comodoro Py.Casación rechazó un recurso de queja presentado al respecto por la exfuncionaria de Cambiemos.

El máximo tribunal penal federal del país dejó firme también el procesamiento de Martín Coste, exjefe de Contrainteligencia de la AFI en el Gobierno de Mauricio Macri.

Coste está procesado por «falsedad ideológica y abuso de autoridad», con un embargo de 700 mil pesos y prohibición de salida del país.

Las maniobras investigadas ocurrieron entre julio y agosto de 2018, cuando se realizaron «tareas de observación y vigilancia frente a la sede del Instituto Patria (en la calle Rodríguez Peña 80) y en el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner, (en la calle Juncal), ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», según los procesamientos.

Por otra parte, la Cámara Federal de Casación también dejó firme este martes el fallo que resolvió el pase de la causa por espionaje ilegal que se tramita en la justicia de Lomas de Zamora a los tribunales federales de Comodoro Py, al rechazar recursos extraordinarios para que la Corte Suprema revise el tema.

Se trata de las causas en las que están acusados los extitulares de la AFI en el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y que desde ahora tramitarán en el juzgado federal 5 a cargo de María Eugenia Capuchetti, según la resolución del máximo tribunal penal federal del país, a la que tuvo acceso Télam.

La sala IV del Tribunal rechazó recursos extraordinarios de las querellas, entre ellas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, contra el fallo que en febrero último declaró competente en las causas a la justicia federal porteña.

Con esta decisión a las querellas sólo les quedaría ir en queja directa ante la Corte,pero esto no impedirá que se cumpla la orden de Casación para remitir los expedientes a Comodoro Py.

«Los diversos argumentos de las partes referidos a los fundamentos del fallo impugnado no alcanzan para dar cabal respaldo a la pretensión de obtener por vía de la doctrina de la arbitrariedad el acceso a los estrados de la Corte Suprema, sino que se limitan a expresar su disconformidad con lo decidido», sostuvieron los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo.La camarista Angela Ledesma votó en minoría a favor de conceder los recursos de apelación.

La fiscal federal Paloma Ochoa requirió este lunes que se cite a prestar declaración indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de inteligencia ilegal sobre periodistas, académicos y organizaciones sociales y políticas, en el marco de dos eventos internacionales desarrollados en la Argentina.

La representante del Ministerio Público Fiscal presentó el requerimiento ante el Juzgado Federal Nº 11, interinamente a cargo del juez Julián Ercolini, y reclamó también que sean citados a prestar declaración indagatoria el exdirector de Eventos Especiales de la AFI, Carlos Tonelli Banfi, y el exdirector de Contrainteligencia de la central de espías, Martín Coste, informaron a Télam fuentes judiciales.

La indagatoria requerida está vinculada con la presunta comisión de delitos vinculados con la violación de la Ley de Inteligencia (ley 25.520), dado que se habría producido inteligencia ilegal y se habría almacenado información prohibida sin autorización judicial ni criterio racional, según pudo reconstruir esta agencia de fuentes con acceso al expediente.

Se trata de una causa que se encuentra delegada en la fiscalía y que se inició a partir de una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que en enero de 2020 fueran halladas en una caja fuerte del organismo fichas personales con datos de unos 400 periodistas y académicos que habían querido acreditarse para cubrir o participar de las cumbres internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el G20 desarrolladas en Argentina en 2017 y 2018, respectivamente.

La confección de esas fichas con información de inteligencia había sido solicitada a la AFI por el Ministerio de Seguridad, encabezado por entonces por la actual titular del partido PRO Patricia Bullrich, y dentro de la central de espías la tarea quedó a cargo de la Dirección de Eventos Especiales que, una vez completado el trabajo, lo remitió al área de Contrainteligencia, según pudo reconstruir esta agencia.

Entre las fichas que analizó la fiscalía se encontraba un dossier especial sobre el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) vinculado con una reunión que mantuvieron sus integrantes en el Hotel Bauen y que, según los registros de la AFI confeccionados durante el gobierno de Macri, habría sido infiltrada por agentes de inteligencia.

Esa reunión fue un Plenario Nacional de Delegados llevado a cabo el 24 de septiembre de 2017: en la AFI fueron halladas fichas del metrodelegado Claudio Dellecarbonara como también de los dirigentes Christian Castillo y Raúl Godoy, entre otros.

La lista completa de los presuntos espiados, a la cual tuvo acceso Télam, incluye también a varios miembros de entidades como la Sociedad Rural Argentina, la ONG Poder Ciudadano y otras organizaciones sociales, sindicales y no gubernamentales, algunos de los cuales son querellantes en el expediente.

El presidente Alberto Fernández firmó convenios con seis intendentes de la Comarca Andina para la realización de soluciones habitacionales rápidas que ayuden a enfrentar las consecuencias de los incendios forestales ocurridos en esa zona a principios de marzo pasado, se informó oficialmente.

Asistieron los intendentes de Lago Puelo, Augusto Luis Sánchez; El Hoyo, Rolando Pablo Huisman; El Maitén, Oscar Rubén Currilen; Epuyén, Antonio Florindo Reato; Cholila, Silvio Boudargham; y Trevelin, Hector Ricardo Ingram; y el diputado nacional por Chubut, Santiago Igon.

La Comarca Andina está compuesta por esas localidades, más El Bolsón y Ñorquinco.

Tras la reunión, el intendente Sánchez dijo a los periodistas acreditados en Casa de Gobierno que se firmaron convenios «para soluciones habitacionales rápidas y para el mejoramiento de las casas afectadas por los incendios».

Añadió que también se planteó la necesidad de reparar «el problema por la provisión del suministro eléctrico que hay en una parte de la zona y para la provisión de agua, debido a que las tomas fueron afectadas»

Sánchez señaló que el Presidente «dio palabras de aliento, de fortaleza, remarcó que está trabajando para todos los vecinos» y destacó el agradecimiento de «todos los municipios por el fuerte apoyo del Gobierno nacional» frente a la catástrofe.

Previamente, de Pedro y Ferraresi se reunieron con los intendentes en el despacho del ministro de Interior en Casa Rosada.

Entre las medidas adoptadas por el Gobierno nacional luego de controlados los incendios, el Ministerio del Interior giró 150 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) para los municipios de la Comarca Andina.

Así, Lago Puelo recibió 75 millones de pesos; El Hoyo, $ 36 millones; El Maitén, $ 25 millones; y Cholila y Epuyen, $ 7 millones cada uno.

Además, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) instaló oficinas móviles durante 10 días en la zona para emitir DNI para los vecinos que los habían perdido.

En ese sentido, Igon destacó «la articulación desde el Ministerio del Interior con otros organismos, lo que permite gestionar más rápido la ayuda para enfrentar esta catástrofe», e hizo hincapié en la presencia del Renaper para resolver los problemas con la documentación.

También participaron de la reunión la secretaria de Provincias, Silvina Batakis; el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles; la subsecretaria de Asuntos Políticos, Victoria Tesoriero, la directora nacional de Formación Municipal, Sofía Castellanos y el director nacional de Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Alejandro Glinski.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, iniciará el 12 de abril próximo una gira por cuatro países europeos, donde se reunirá con colegas y directivos del sector privado para dialogar sobre la marcha de la negociación con el FMI para alcanzar un nuevo acuerdo y la deuda con el Club de París.

Fuentes del Palacio de Hacienda precisaron que Guzmán visitará Alemania, Italia, España y Francia.

La gira arrancará el 12 de abril en Berlín y finalizará 16 de abril en París, con etapas intermedias en Roma y Madrid.

Fuentes del Ministerio de Economía señalaron que Guzmán “tiene previsto mantener reuniones con ministros de Economía y Finanzas, funcionarios y sector privado”.

“Los temas a tratar serán la renegociación con el FMI para alcanzar un nuevo acuerdo y la deuda con el Club de París”, agregaron las mismas fuentes.

Desde Economía enfatizaron que el objetivo del viaje es “construir entendimientos sobre lo que la Argentina necesita para estabilizar su economía”.

“El objetivo es conseguir los apoyos necesarios de los accionistas del FMI (especialmente G7 y G20) para concretar un programa que le sirva a la Argentina”, concluyeron las fuentes.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado comenzarán a analizar mañana el proyecto de ley que reforma el pago del impuesto a las Ganancias, aprobado el domingo por la Cámara de Diputados, con la exposición del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, a través de videoconferencia.

La intención del oficialismo es que antes de que comience el feriado de Semana Santa ambas iniciativas reciban el dictamen correspondiente, debido a que también cuentan con el apoyo de la oposición.

Según se informó, Moroni expondrá sobre la propuesta desde las 12.30, junto al secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

Pasado mañana, miércoles, a partir de las 15, los senadores de la Comisión de Presupuesto escucharán a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, quien dará precisiones sobre la reforma del régimen de Monotributo, también aprobada por Diputados en la madrugada de este domingo.

La intención del oficialismo es que tanto el proyecto sobre Ganancias como el régimen de Monotributo obtengan dictamen antes de los feriados por Semana Santa porque el objetivo es debatirlos en una sesión especial la semana que viene: el miércoles 7 o el jueves 8 de abril, a más tardar.

En principio, esos serían los únicos dos asuntos a debatir en esa sesión que los legisladores estiman que será sensiblemente más corta que la celebrada por la Cámara de Diputados entre el sábado y el domingo últimos, que se extendió por más de veinte horas.

La iniciativa sobre el impuesto a las Ganancias busca eximir del tributo a más de 1,2 millón de trabajadores, a fin de mejorar el poder de compra de asalariados y jubilados, y exime a los trabajadores que cobran hasta $ 150.000 brutos y los jubilados que perciben hasta ocho haberes mínimos.

El Ministro de Trabajo participará de una videoconferencia este martes desde las 12.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, el peronista cordobés Carlos Caserio, dijo este fin de semana, apenas conocida la aprobación en Diputados, que la propuesta “no tiene inconvenientes” y no hallaría obstáculos para su acompañamiento, tanto del oficialismo como de la oposición, tal como ocurrió en la Cámara baja.

Caserio dará inicio al debate mañana al mediodía y el miércoles llamará a una nueva reunión de la comisión para discutir el proyecto, que actualiza los topes de las categorías del régimen de Monotributo y crea un puente para facilitar el ingreso de contribuyentes al régimen general.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, remitió ayer al Senado las iniciativas sobre Ganancias y Monotributo, que fueron acompañadas por las bancadas de Juntos por el Cambio y el peronismo federal, entre otros bloques.

En base a los números informados por fuentes gubernamentales, la reforma de Ganancias beneficiará a alrededor de 1.267.000 personas, entre trabajadores y jubilados, con lo cual quedarán exentos del pago de este tributo el 93% de los actuales contribuyentes de la categoría.

El proyecto establece que quedarán eximidos del impuesto los trabajadores que cobren hasta 150 mil pesos brutos y los jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos.

Uno de los cambios propuestos a último momento, durante el debate en Diputados, ordena que los expresidentes y exvicepresidentes de la Nación pagarán ganancias sobre las asignaciones vitalicias.

La ley tendrá vigencia al primero de enero, por lo que el Gobierno deberá devolver los descuentos realizados en los primeros meses del año.

Tampoco pagará Ganancias el aguinaldo de los sueldos hasta 150 mil pesos brutos; en tanto que el personal de salud seguirá eximido hasta septiembre de pagar impuesto a las ganancias por las guardias u horas extras.

Por otra parte, el proyecto de reforma del régimen de Monotributo propone actualizar los topes de cada categoría, y crea un puente para facilitar el ingreso de contribuyentes al régimen general.

La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso contempla la actualización para las escalas y montos del monotributo correspondientes al período 2020, que comenzarán a regir cuando el proyecto sea promulgado.

El empresario Fabián de Sousa pidió que el presidente Alberto Fernández y el fiscal de la Seguridad Social Gabriel De Vedia declaren como testigos en la causa en la que se investigan las supuestas presiones y el hostigamiento del Gobierno de Cambiemos y su mesa judicial contra el Grupo Indalo y sus accionistas.

La requisitoria fue formulada esta tarde por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, representantes del empresario querellante, ante la jueza María Romilda Servini, luego de que el fin de semana tanto el fiscal De Vedia como el primer mandatario hicieran declaraciones públicas en las que mostraron conocimiento de cómo funcionó la mesa judicial y como fueron las supuestas operaciones judiciales contra Indalo.

«A través de publicaciones periodísticas tomamos conocimiento de gravísimos episodios que guardan relación directa e inmediata con los hechos delictivos investigados en este proceso y, de manera particular, con las conductas ilícitas atribuidas al imputado Fabián Rodríguez Simón», sostuvieron los abogados en el escrito al que accedió Télam.

Una de las notas referidas fue la publicada por la periodista Alejandra Danda –de quien también pidieron el testimonio- en el portal de Internet Cohete a la Luna bajo el título «Los miserables», en el que relató cómo había sido la operación para remover a Alejandra Gils Carbó de la Procuración General de la Nación, en la cual Rodríguez Simón había jugado un rol importante.

En ese artículo, el fiscal De Vedia contó que por su relación laboral con Gils Carbó y su conocimiento familiar de Rodríguez Simón había intentado frenar lo que consideró una «persecución» contra la entonces cabeza del Ministerio Público Fiscal.

Según el relato del fiscal, le preguntó a Rodríguez Simón si podría acabarse «la persecución» y el referente judicial macrista le respondió que eso ocurriría si le traía la renuncia y que, de lo contrario, la meterían presa a ella y a sus hijas.

En tanto, a la hora de solicitar el testimonio del Presidente de la Nación, los abogados citaron una entrevista radial que el mandatario otorgó en la mañana del último domingo en la que, al ser preguntado por la persecución desatada en contra de la Dra. Gils Carbó, expuso: «Lo fui a ver a (el juez, Julián) Ercolini, que había sido mi alumno y le dije lo que me parecía. Que no había delito. Y Ercolini se agarró la cabeza y me dijo: ‘sí, pero es lo que debo hacer, tengo que procesarla'».

«Los hechos aquí relatados revisten una enorme relevancia a los fines de esta investigación, toda vez que el Dr. Ercolini es, precisamente, el juez que dispuso el procesamiento y la prisión preventiva de (Cristóbal) López y De Sousa, siendo esto uno de los hechos que integran el objeto procesal de esta causa (cfr. resolución del 29/10/2020, entre otras)», sostuvieron los abogados.

«La arbitraria detención de nuestro representado y su socio fue ordenada, justamente, mientras el juez Ercolini recibía presiones del anterior gobierno para dictar el procesamiento de la Dra. Gils Carbó, por lo cual deberá evaluarse si el procesamiento y la prisión preventiva de López y De Sousa también obedecieron a la influencia de la ´Mesa judicial´ de Mauricio Macri, quien públicamente reclamaba la detención de los nombrados», plantearon.

Ayer en la mañana, en el Hotel “Rayentray” de Puerto Madryn, se realizó el acto oficial de cambio de autoridades del Ente Oficial de Turismo “Patagonia Argentina”, en el cual el ministro de Turismo y Áreas Protegidas de Chubut, Néstor García, asumió como su nuevo Presidente.

El acto fue encabezado por el vicegobernador Ricardo Sastre, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, y la presidenta saliente y actual secretaria de Turismo de La Pampa, Adriana Romero.

En la ceremonia, Romero agradeció el acompañamiento recibido durante su mandato y expresó: “Tenemos plena confianza en la marca ‘Patagonia’; creemos que debemos enfatizar en mostrarnos como lo que somos: una región segura que cumple con los protocolos y que los hace cumplir”, en referencia a la pandemia por el COVID19.

Por su parte, Garcia expuso en su discurso inicial que “el turismo es una actividad a la que hay que ponerle el corazón; y este es un nuevo desafío. ‘Patagonia’ es una de las mejores marcas de calidad internacional y tenemos que trabajar en fortalecerla en el contexto mundial. El camino es como el que venimos haciendo hasta ahora: trabajar en conjunto y comunicarnos permanentemente”.

Con relación al año transcurrido en la provincia, el flamante presidente del Ente agregó que “con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, logramos superar las duras instancias que nos planteó el coronavirus y llegar a un enero y febrero satisfactorio. Nos permitió demostrar la fuerza, la voluntad y el trabajo en equipo que nos puede permitir que ésta sea la primera economía de la provincia. No hay pueblo de esta provincia que no tenga un prestador de turismo”.

Luego, se procedió a transmitir el video de salutación enviado por la secretaria de Promoción Turística del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Yanina Martínez, y los mensajes de felicitaciones y apoyo enviados por el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Aldo Elías, la presidenta del Consejo Federal de Turismo, Claudia Greenspan, y el presidente de FEDECATUR, Héctor Viñuales.

Finalmente, se realizó la firma del acta correspondiente y se realizaron diferentes entregas de obsequios a miembros de la Comisión Directiva del Ente Oficial de Turismo, entre los cuales se encontraban presentes: el presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, la ministra de Turismo de Neuquén, Marisa Facarazzo, el secretario de Turismo de Río Negro, Marcelo Mancini, en representación de la ministra de Turismo y Deporte, Martha Velez; y la directora Ejecutiva del Ente Patagonia Argentina, Miriam Capasso.

Acompañaron el encuentro la viceintendenta de Puerto Madryn, Noelia Corvalán; el secretario de Turismo local, Marcos Grosso: la diputada provincial y presidenta de la Comisión de Turismo y Deportes, Xenia Gabella, y autoridades nacionales, provinciales, municipales; y representantes de las más destacadas instituciones vinculadas al sector turístico entre ellos, la CAT, FEDECATUR, AAVYTPV, AHRCOBA, FAEVYT y AAVYTP. Asociaciones, cámaras, administradoras, entes mixtos, bureau de convenciones, y prestadores privadores relacionados al sector turístico.

El Ente Oficial de Turismo “Patagonia Argentina”

Está integrado por los Organismos Oficiales de Turismo de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Su principal objetivo es promover y coordinar la actividad turística recreativa oficial y privada patagónica, en base a objetivos y políticas concordantes y concurrentes al desarrollo económico y social armónico de la región.