El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, estimó este domingo que en febrero se podrá a comenzar a vacunar contra el coronavirus al personal docente y destacó que «en todo momento se puso como prioritario» a ese sector para que pueda realizarse en forma presencial el ciclo lectivo 2021.

«Todos quieren la mayor presencialidad posible y tenemos que ser justos en acompañar este momento tan complejo de la pandemia. Nada reemplaza la presencialidad, esa es una obviedad», añadió Cafiero en una entrevista con Radio 10.

El ministro coordinador planteó que «lo que se fija para este año es un inicio de ciclo lectivo», por lo que, subrayó, «entre todos tenemos que tratar de que estas fechas se puedan cumplir con presencialidad, aunque simultáneamente tenemos que evitar que la curva de contagios se dispare».

«Ahora hay todo un debate de vocación y voluntad del Gobierno, pero el Presidente ya en noviembre lo puso como prioridad, y tenemos expectativas de ya en febrero vacunar al personal docente»

El ministro coordinador ratificó así los dichos del presidente Alberto Fernández, quien este sábado expuso que el dictado de clases es «prioritario» y aseguró que «en marzo» próximo se iniciarán las clases presenciales en las escuelas con «los cuidados del caso».

«Todos queremos que vuelva la presencialidad. No fue una decisión política o un capricho como a veces se intenta mostrar. Si podemos contener esta aceleración de casos y el plan de vacunación empieza a generar mayor masividad, el Gobierno en todo momento planifica que la mayor presencialidad posible se dé durante el mes de marzo», afirmó Cafiero, por otro lado, en una entrevista publicada este domingo por el diario La Nación.

El ministro coordinador remarcó que el Gobierno instrumentó «una estrategia de vacunación que se está cumpliendo» y recordó que «ayer se terminó de recibir la segunda dosis de la primeras de las vacunas» Sputnik V.

«Argentina y Rusia tienen un contrato y se viene respetando. En el medio empezó esto de la mirada en el contexto internacional, que es parte del juego político y -en lo que- no hay que engancharse mucho»

En ese sentido, agregó: «Está la certeza de que nuestro país firmó un contrato de desarrollo de la estrategia de vacunación y que se está cumpliendo y se viene desarrollando conforme a lo que se planteó».

«Consiste en vacunar al personal de salud, primero a los terapistas. Luego avanzar con el resto del personal de ese sector, y a continuación con las fuerzas de seguridad y los docentes», precisó.

Fernández había afirmado este sábado que el Gobierno decidió que «vuelvan las clases con los cuidados del caso», por lo que dijo estar en condiciones de «confirmar que en marzo» se iniciará el ciclo lectivo.

«Le he pedido al ministro que el plan de estudios sea revisado para que en el transcurso de este año se puedan recuperar los contenidos que durante 2020 pudieron haber quedado soslayados producto de las restricciones», añadió el mandatario en una entrevista con el sitio Data Clave.

Asimismo, Fernández señaló que «el dictado de clases es un aspecto prioritario en este año: hay razones de desarrollo de los chicos que así lo exigen, pero también hay razones de desarrollo social que lo hacen imperativo, y perder un año de educación y conocimiento es muy grave para cualquier sociedad», destacó.

Consultado sobre el pedido realizado días atrás por el expresidente Mauricio Macri para la vuelta a clases presenciales en las escuelas, dijo que «el retorno a las aulas es una necesidad de toda la sociedad» y agregó que «muchos no lo entienden así. Convierten el problema en un acto de oportunismo electoral que se traduce en un mero discurso», añadió.

El jueves último, Macri publicó una carta en su cuenta de la red social Facebook en la que pidió la apertura de las establecimientos educativos en el inicio del ciclo lectivo 2021, al fundamentar que «desde noviembre pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la necesidad de mantener las escuelas abiertas, porque se ha comprobado que los niños y adolescentes no son vectores principales de contagio».

El presidente Alberto Fernández dijo que el dictado de clases es «prioritario» y aseguró que «en marzo» próximo se iniciarán las clases presenciales en las escuelas y será con «los cuidados del caso» por la pandemia de coronavirus.

«Nosotros hemos decidido que las clases vuelvan con los cuidados del caso, por eso estamos en condiciones de confirmar que en marzo las clases se iniciarán», afirmó el jefe de Estado en una entrevista con el sitio Data Clave.

En ese sentido, dijo que «le he pedido al ministro que el plan de estudios sea revisado para que en el transcurso de este año se puedan recuperar los contenidos que durante 2020 pudieron haber quedado soslayados producto de las restricciones».

El Presidente señaló que están «elaborando esa planificación», que presentarán «en los próximos días».

Asimismo, señaló que «el dictado de clases es para mi un aspecto prioritario en este año» y argumentó que «hay razones de desarrollo de los chicos que así lo exigen, pero también hay razones de desarrollo social que lo hacen imperativo».

«Perder un año de educación y conocimiento es muy grave para cualquier sociedad», destacó.

«Nosotros hemos decidido que las clases vuelvan con los cuidados del caso, por eso estamos en condiciones de confirmar que en marzo las clases se iniciarán»

ALBERTO FERNÁNDEZ

El primer mandatario manifestó, por otra parte, que tiene previsto que los docentes «reciban la vacuna junto al personal de seguridad, porque es esencial que ellos estén protegidos de los contagios».

En ese sentido, Fernández señaló que el objetivo «es minimizar en ellos cualquier posibilidad de que contraigan la enfermedad y que puedan trabajar tranquilos y seguros».

El regreso a las aulas se producirá «en marzo» con los respectivos cuidados debido a la pandemia de coronavirus.

«Entiendo que a partir de esta cobertura de inmunización no debería haber ninguna oposición por parte de ellos», completó el Presidente en alusión a los condicionamientos manifestados por los gremios docentes para volver al dictado de clases presenciales.

Consultado sobre el pedido realizado días atrás por el expresidente Mauricio Macri para la vuelta a clases presenciales en las escuelas, el Presidente dijo que «el retorno a las aulas es una necesidad de toda la sociedad» y agregó que «muchos no lo entienden así. Convierten el problema en un acto de oportunismo electoral que se traduce en un mero discurso».

«Pero en realidad cuando se refieren de este modo, nos hacen recordar que son los mismos que cuando gobiernan descreen de la educación pública, maltratan a los docentes y solo han demostrado su desprecio por la educación reduciendo la inversión del Estado en esa área», destacó el Presidente.

«Perder un año de educación y conocimiento es muy grave para cualquier sociedad»

ALBERTO FERNÁNDEZ

Asimismo, sostuvo que «por eso debemos pensar en ello con los cuidados debidos para los alumnos y con las garantías sanitarias para los maestros y profesores».

El jueves último, Macri publicó una carta en su cuenta de la red social Facebook en la que pidió la apertura de las establecimientos educativos en el inicio del ciclo lectivo 2021, al fundamentar que «desde noviembre pasado la Organización Mundial de la Salud (OMS) defiende la necesidad de mantener las escuelas abiertas, porque se ha comprobado que los niños y adolescentes no son vectores principales de contagio».

«Vamos a perder el potencial de una generación de jóvenes si las aulas siguen vacías», había manifestado Macri en la misiva, días después de que el Gobierno nacional, a través del ministro de Educación, Nicolás Trotta, ratificara que el ciclo lectivo 2021 volverá a la presencialidad.

«La presencialidad debe volver a ser el ordenador de nuestro sistema educativo en 2021», indicó Trotta, y afirmó que «toda la Argentina, con los cuidados necesarios y los protocolos adecuados, está preparada para el comienzo de clases presenciales».

La Corte Suprema de Justicia tiene pendientes de resolución más de medio centenar de causas de crímenes cometidos por la dictadura militar, bajo una dinámica de prioridades muy criticada por los organismos de derechos humanos.

A fines del año pasado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió una declaración en la que habló de «demoras injustificadas» por parte de la Corte para resolver los recursos pendientes.

«Es necesario y urgente que la Corte, como cabeza de uno de los tres poderes del Estado, se imponga a sí misma la obligación de resolver a la brevedad todas las causas por delitos de lesa humanidad que se encuentran pendientes», señaló la organización no gubernamental, una de las más involucradas en los procesos de memoria, verdad y justicia.

Uno de los expedientes más relevantes pendientes en la Corte tiene que ver con el recurso de queja presentado ante el fallo de la Cámara de Casación que en 2015 revocó el procesamiento del dueño del «Ingenio Ledesma», Carlos Blaquier, y su socio Alberto Lemos, por los delitos cometidos por militares y civiles durante la célebre «Noche del Apagón», ocurrida en Jujuy en 1976.

Si bien las decisiones de la Corte no están sujetas a plazos procesales, la principal queja de los organismos ante las demoras y falta de definiciones jurídicas es que con el paso del tiempo se consagra una suerte de «impunidad biológica» ya que los acusados terminan su vida sin fallos firmes y, por tanto, con presunción de inocencia.

Fuentes de la Corte explican que el nivel de litigiosidad viene escalando exponencialmente en el país en los últimos años pero que, pese a ello, se producen más sentencias anuales, como se hizo entre 2018 y 2019 cuando se pasó de resolver poco menos de 8 mil expedientes a casi 30 mil.

En el cuarto piso del Palacio de Justicia también argumentan que el servicio de justicia se complicó y lentificó por la pandemia y todo ello en un marco de «judicialización de la política» que, dicen, no colabora con un perfil de Corte más ejecutivo.

En el cuarto piso del Palacio de Justicia también argumentan que el servicio de justicia se complicó y lentificó por la pandemia.

Precisamente uno de los aspectos más criticados de la Corte durante el 2020 fue la convocatoria a «acuerdos extraordinarios» de los cinco miembros del tribunal para intervenir en las demandas de los camaristas trasladados Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, que resistían la directiva del Consejo de la Magistratura y el Senado de volver a sus juzgados de origen por falta de acuerdo en sus designaciones.

Invocando el artículo 71 del reglamento de justicia, que faculta al presidente del máximo tribunal a convocar acuerdos, Carlos Rosenkrantz (designado en 2018, durante la gestión de Mauricio Macri) forzó la intervención en los pedidos de Bruglia y Bertuzzi por considerar que era responsabilidad del cuerpo «dar certidumbre a la ciudadanía sobre el trámite que se impondrá a los planteos de los jueces».

En contraste con esta celeridad para intervenir y definir, los organismos evocan el caso del recurso de queja que interpuso ante la Corte el Ministerio Público Fiscal contra la sentencia de Casación que apartó a dos miembros del Tribunal Oral Federal 5, que juzgaban al represor Horacio «Pantera» Ferrari por crímenes contra la humanidad perpetrados en la ESMA.

La Corte se tomó un año para rechazar, sin explicaciones, el recurso de los fiscales y Ferrari quedó afuera del juicio por estas complicaciones procesales que aprovechó su defensa.

El CELS emitió una declaración en la que habló de «demoras injustificadas» por parte de la Corte.

Otro de los reclamos a la Corte es la puesta en funcionamiento de la «Comisión Interpoderes», creada en 2008 por la misma Corte, para agilizar y resolver los problemas que surgieran en las causas de lesa humanidad y cuya última reunión se celebró en 2016.

Cuatro años después, en mayo del año pasado, Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Corte la «puesta en funcionamiento» de la comisión, como un modo de buscar la reactivación de los juicios luego del parate obligado por las restricciones sanitarias impuestas ante la pandemia de coronavirus.

Abuelas de Plaza de Mayo solicitó a la Corte la «puesta en funcionamiento» de la comisión, como un modo de buscar la reactivación de los juicios luego del parate obligado

La Corte recogió el guante y convocó a la comisión para el 8 de octubre, en una sesión con pocos miembros ya que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, declinaron la invitación por considerarla «oportunista».

Tampoco participó Estela de Carlotto, quien señaló en la oportunidad que «la reunión la pedimos en mayo y recién llega ahora cuando la Corte está tan cuestionada: no queremos ser mal pensadas sobre la convocatoria de Rosenkrantz justo ahora, pero tontas tampoco somos«.

La causa en la que se investiga si la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) fue utilizada por el gobierno de Mauricio Macri para realizar tareas de espionaje ilegal se convertirá nuevamente en centro de atención al reiniciarse el año judicial, cuando se esperan definiciones sobre la situación procesal de sus extitulares Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y también si continúa su trámite en Lomas de Zamora, o Cambiemos logra su cometido de llevarlo a Comodoro Py.

El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Auge, tiene pendiente resolver si procesa o no al exseñor 5 y a la exseñora 8 en el marco de la causa en la que se analizan maniobras de inteligencia prohibida, realizadas sobre dirigentes políticos, sociales y sindicales y referentes religiosos y periodistas, entre los que figuran la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el gremialista camionero Hugo Moyano.

Antes del inicio de la feria judicial, los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide requirieron que Arribas y Majdalani fueran procesados junto a otros 36 imputados entre los que se contaban exagentes de la AFI, exfuncionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la exdirectora de Documentación Presidencial Susana Martinengo.

Entre quienes siguen de cerca el expediente está instalada laexpectativa de que el juez Auge resuelva los pedidos de procesamiento tan pronto como reinicie la actividad judicial ordinaria, sin mayores demoras

«Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en su calidad de máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia, fueron los jefes de la organización y los responsables de conformar una estructura dentro de la agencia, dedicada a practicar acciones de inteligencia ilegal sobre las víctimas», según el análisis de los fiscales.

En el mismo dictamen de 1026 páginas, los fiscales habían indicado que correspondía dictarle la falta de mérito al secretario privado de Macri, Darío Nieto, tras considerar que no se habían encontrado elementos suficientes para reclamar que se lo procesara: se investiga si fungió como canal alternativo para el producto del espionaje ilegal aterrizara en manos del expresidente.

El nombre de Nieto aparecía en las conversaciones entre Martinengo y el exespía Jorge «Truco» Sáez como el de quien ponía cierta información en conocimiento del expresidente, al que nunca se referían por su nombre, según surge del expediente judicial.

Los que sí reclamaron el procesamiento del secretario privado de Macri fueron la Unidad de Información Financiera (UIF) y los abogados querellantes Alejandro Rúa, Graciana Peñafort y Rafael Resnick Brenner.

El juez Auge definirá esa situación, salvo que la causa salga de su órbita antes de que pueda tomar una decisión.

Entre quienes siguen de cerca el expediente está instalada la expectativa de que Auge resuelva los pedidos de procesamiento tan pronto como reinicie la actividad judicial ordinaria, sin mayores demoras.

Anclan esa creencia en el hecho de que el juez estuvo en contacto de alguna forma con el caso durante la feria judicial cuando autorizó días atrás a Nieto a irse de vacaciones a Valeria del Mar entre el 17 y el 24 de enero.

La que tuvo que reprogramar sus vacaciones fue Majdalani porque el 22 de diciembre el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, le rechazó un pedido para salir del país y vacacionar en Miami presentado en la causa en la que está procesada por supuesto espionaje ilegal, tras considerar que podía acrecentarse el riesgo de fuga.

En las investigaciones por espionaje ilegal está centrada en dos pilares: negar que ellos hubieran dado las ordenes o hubieran tenido conocimiento de las tareas de inteligencia clandestina que no pueden afirmar que no existieron y, en paralelo, intentar que el expediente pase a Comodoro Py.

La radicación del mayor expediente sobre espionaje ilegal en el que están investigados los exjefes de la AFI también será uno de los centros de atención en el regreso de la actividad judicial a partir de febrero: la sala IV de la Cámara Federal de Casación penal deberá resolver sobre planteos formulados por distintos exfuncionarios de Cambiemos para que la causa pase a los tribunales de Retiro.

Intervendrá esa sala de Casación a pesar de que la primera en recibir un incidente del caso fue la sala I, compuesta por Ana María Figueroa, Diego Barroetaveña y Daniel Petrone: estos últimos dos jueces emitieron una resolución en diciembre a través del cual declinaron la competencia en favor de la sala integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo.

El gobierno argentino informó que recibirá en febrero, en el puerto de Mar del Plata, la visita de un buque de guardia costera estadounidense, en el marco de su viaje de navegación preinaugural que incluirá aguas del océano Atlántico sudoccidental.

En un comunicado, la Cancillería informó que «aceptó la visita del buque de última generación de la Guardia Costera USCGS Stone a su par en nuestro país, la Prefectura Naval Argentina, que tendrá lugar en el puerto de Mar del Plata en febrero, en una actividad protocolar».

El gobierno de Estados Unidos informó que durante enero y febrero de 2021 se realizará la navegación pre-inaugural del buque en un viaje que incluirá aguas del océano Atlántico sudoccidental y expresó su interés en que el USCGS Stone haga una visita a un puerto en la Argentina, comprometiéndose a observar los protocolos en torno al coronavirus, según un comunicado de la Cancillería encabezada por Felipe Solá.

«Será estrictamente protocolar y, en consecuencia, la visita no incluye actividad operativa ni cooperativa, por lo que no involucrará misiones de vigilancia ni de control de la pesca, las cuales se realizan exclusivamente con medios y personal del Estado argentino», aclaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La visita del USCGS Stone, que incluirá otros países de la región, se produce en el marco de la relación institucional que mantiene la Prefectura Naval Argentina con su par de los Estados Unidos de América, destacó el comunicado.

El bloque de diputados provinciales de la UCR que preside Manuel Pagliaroni y que integra María Andrea Aguilera pidió la presencia en Chubut del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ante la crítica situación del sistema educativo por el retraso en el pago de salarios y los problemas de infraestructura.

Estos problemas, indicaron los legisladores, han generado que en los últimos tres ciclos lectivos haya habido menos días de clases que los 180 que debe haber en un año, según lo establece la Ley Nacional de Educación. Por ello, el bloque ya presentó un proyecto, elaborado por Aguilera, para declarar la Emergencia Educativa en la Provincia.

“Desde el radicalismo hemos estado pidiendo desde hace ya algunos meses que se declare en Chubut la Emergencia Educativa. Entendemos que 2020 ha sido muy malo para todo el sistema educativo provincial, en buena parte por la pandemia y por la falta de voluntad política de las autoridades para que se vuelva a clases”, indicó Pagliaroni en este sentido.

Agregó que “además en Chubut tenemos otro problema: el atraso salarial, con los inconvenientes que esto ha ocasionado en todos los servicios del Estado, y particularmente en el educativo”.

Tragedia educativa

El contexto ha generado que en los últimos tres años Chubut haya tenido menos días de clases de los que se deberían tener en un solo año. “Es decir, la calidad educativa de nuestros niños y adolescentes es realmente mala. Es una tragedia educativa, como ya se ha definido”, dijo el legislador.

Pagliaroni recordó que, “ante este panorama, presentamos en una de las últimas sesiones un proyecto de Declaración para que el Gobierno Nacional se comprometa con la problemática de Chubut y de alguna manera solucione uno de los problemas más importantes que es el retraso salarial, tanto de los docentes como de los no docentes, para que los chicos chubutenses estén en igualdad de condiciones con los del resto del país”.

Consideró que “hay una obligación constitucional del Gobierno Nacional de garantizar la educación en toda la Argentina, y vemos que está haciendo la vista gorda con lo que pasa en Chubut”.

De manera complementaria, indicó, “le hemos pedido una audiencia al ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, para que nos reciba a la diputada a Aguilera y a mí para conversar sobre esta situación”.

“Le queremos plantear nuestra opinión. No estamos intentando politizar el tema -manifestó-, sino que es una situación que ya lleva 3 o 4 años y es un problema que pareciera no tener solución ni para este año ni para los próximos ciclos lectivos. No podemos seguir en esta situación”.

“Tiene que dar una respuesta”

También, dio a conocer, “estamos pidiendo que el ministro Trotta venga a Chubut, de la misma manera que está concurriendo a otras provincias”, dijo en alusión a la visita que el funcionario realiza este mismo viernes a La Rioja.  

“Queremos que se siente con las autoridades provinciales, con los docentes y con los padres. Hay muchísimos padres movilizados en toda la provincia reclamando la vuelta a clases. El ministro nacional tiene que venir a dar la cara, tiene que dar una respuesta”, finalizó.

En este contexto, la diputada Aguilera cuantificó en 144.442 la cantidad de estudiantes de Chubut en edad de educación obligatoria que no han tenido continuidad.

“Esto ha sido, como lo dejamos claro en el proyecto de Emergencia Educativa, por el conflicto provincial ante el retraso de los sueldos y los problemas de infraestructura escolar; la falta de una política clara eficiente, ordenada y de relevancia pedagógica, y por la falta de mecanismos de control articulados”, indicó Aguilera.

La diputada agregó que, además, la pandemia del COVID-19 “ha dejado al desnudo las profundas desigualdades en el acceso a la conectividad, así como también la falta de infraestructura, la escasez de recursos tecnológicos para estudiantes y docentes, y la falta de capacitación para el uso de recursos tecnológicos”, lo cual, indicó, ha generado una importante deserción escolar.

Actividad esencial

“Por eso, con el proyecto que presentamos buscamos declarar la emergencia correspondiente a los ciclos 2020 y 2021, reconocer a la educación como una actividad esencial y crear un programa de acompañamiento a estudiantes en riesgo de abandono”, indicó, a lo que agregó, entre otros aspectos, la creación de un fondo de infraestructura pensado para la pronta vuelta a las aulas.

“La educación debe ser una prioridad, y ese es nuestro objetivo a través del proyecto de Emergencia Educativa en Chubut”, finalizó.  

El presidente Alberto Fernández viajará el próximo 26 de enero a Santiago de Chile para entrevistarse con su par trasandino, Sebastián Piñera, en la primera visita de Estado que realizará durante su gestión y con el objetivo de reforzar los vínculos económicos y firmar acuerdos.

Fernández tenía previsto viajar el lunes 18 pero, debido a que Piñera se encuentra en aislamiento preventivo por un contacto estrecho de coronavirus, la visita fue reprogramada para el 26 y 27, según informaron a Télam fuentes oficiales.

En ese marco, el equipo presidencial prepara un encuentro con el presidente Piñera, en el Palacio de la Moneda, la sede gubernamental chilena, así como también visitas al Poder Judicial y al Legislativo, como es de estilo en una visita de Estado.

Además, los funcionarios planean un encuentro con empresarios con intereses en Argentina y también otros con la comunidad científica y con residentes argentinos en ese país.

Las fuentes remarcaron que Chile «es un socio estratégico de Argentina» y, en esa dirección «se firmarán varios acuerdos binacionales».

De acuerdo a lo previsto, acompañarán al jefe de Estado en la visita los ministros de Relaciones Exteriores, Felipe Solá, y de Economía, Martín Guzmán, entre otros.

La noticia sobre el aislamiento preventivo de Piñera fue comunicada el martes de esta semana por la Dirección de Prensa de la Presidencia de Chile.

«A las 12.40 de hoy, el Presidente de la República (Piñera) y la Primera Dama (Cecilia Morel) han sido notificados de ser contactos estrechos de una persona diagnosticada con Covid-19 que trabaja en su domicilio. Dada esta situación, tanto el Presidente como la Primera Dama realizarán cuarentena preventiva, tal como indica la normativa sanitaria vigente, y mantendrán sus actividades de manera telemática», informaron desde el Palacio de La Moneda (sede del gobierno chileno).