El gobernador Mariano Arcioni ratificó que en el contexto actual de la Provincia “sería muy imprudente” hablar de aumento salarial para los trabajadores estatales.

En este sentido, se refirió al endeudamiento aprobado por Legislatura y sostuvo que “no es un nuevo endeudamiento, es reestructuración de deuda -qué sirve- para pagar sueldos y para que el Estado siga funcionando”.

Cuestionó así el resultado de la votación en la Legislatura, evaluando que “llama la atención que algunos compañeros (del PJ) no lo hayan entendido así y que quieran seguir obstaculizando. Lo único que hacen es el mal a la gente”.

Disparó así contra el sector, recordando que “desde 2018 queremos reestructurar la deuda y cuando lo logramos, después de más de 2 años de gestión con la Legislatura, hoy logramos comenzar a regularizar”.

“Estas actitudes perjudican y hoy la unidad tiene que ser de los chubutenses, no por una cuestione electoral”, disparó.

Reiteró así que actualmente “hablar de un aumento sería imprudente, más cuando estamos pagando en tiempo y forma, estamos pagando la deuda, estamos saliendo para adelante y más cuando la recomposición salarial que han tenido los diferentes sectores de la Provincia ha sido muy importante”.

“Pagamos siempre el 100% de los sueldos y desde octubre regularizando. Nosotros sostuvimos fuentes de trabajo, dimos aumentos, cumplimos con las clausulas gatillo y estamos cumpliendo en tiempo y forma con aguinaldo y sueldos”, sentenció.

Destacó que esto se pudo realizar gracias “al esfuerzo de todos”, enfatizando que “los ingresos de la Provincia no son infinitos. Gracias al sacrificio estamos saliendo, no puede ser de un día para el otro”.

Por ello, cerró apuntando que “es imprudente hablar de aumento cuando todavía estamos pagando deuda”.

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado un proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal para fijar plazos máximos de entre 90 y 110 días hábiles para que se resuelvan los recursos de casación, que actualmente no tienen tope temporal.

El proyecto impulsado por María Luján Rey (Juntos por el Cambio-PRO) fue aprobado por unanimidad con la anuencia de los 246 diputados que en ese momento se encontraban en el recinto.

“Cuando se demoran las causas las únicas personas que no sufren las consecuencias son quienes tienen que impartirla. Las víctimas y los condenados tienen detenida su vida hasta que la voluntad de algún juez los sienta a revisar un fallo”, dijo durante su discurso el recinto la autora del proyecto.

“Cuando se demoran las causas las únicas personas que no sufren las consecuencias son quienes tienen que impartirla. Las víctimas y los condenados tienen detenida su vida hasta que la voluntad de algún juez los sienta a revisar un fallo”

MARÍA LUJÁN REY

En ese sentido, añadió: “Esos tiempos, donde duermen las causas en Casación, hace que la causa desnaturaliza el acceso a la justicia porque la justicia lenta no es justicia. Es necesario que los plazos existan para que haya justicia”.

Por su parte, la oficialista Carolina Gaillard, presidenta de la comisión de Legislación Penal, señaló: “La justicia que tarda no es justicia. Actualmente el Código Procesal Penal tiene 20 días para resolver la sentencia, la laguna está en que no se establece a partir de la audiencia cuándo se cuenta ese plazo”.

El proyecto incorpora un artículo 469 bis al Código con el siguiente texto: «El Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

El Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles

“La inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar”, continúa.

Por último aclara que «dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante», que «la omisión de la denuncia será considerada falta grave” y que «“también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados”.

La Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría y giró al Senado el proyecto de ley que crea un Programa de Fortalecimiento y Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes, que permitirá que los monotributistas no deban afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.

El plenario legislativo aprobó por 233 votos que fueron aportados por el Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal y Movimiento Popular Neuquino, mientras que los dos legisladores de la izquierda se abstuvieron.

La reforma de la ley del Monotributo impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, elimina el retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618.

Con este proyecto se busca dar mayor alivio fiscal y previsibilidad a la actividad económica de los monotributistas que suman un total de 4.080.151 contribuyentes; de los cuales 1.592.466 (39%) se encuentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y 2.487.685 (61%) en el resto del país.

Los contribuyentes debían pagar el monotributo con nuevos valores, pero la AFIP prorrogó el vencimiento del monotributo del 25 de junio al 5 de agosto próximo.

Al abrir el debate, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, señaló que ambos proyectos tienen beneficios para la ciudadanía, y al respecto expresó: «Todo lo que hemos hecho en esta modificación de la llamada Ley de Monotributo, está basado en ese criterio».

«Hemos dispuesto el sostenimiento de los valores de las cuotas que se pagan hasta junio, a los que había hasta diciembre del 20″, agregó.

Destacó que «es un proyecto que busca aliviar la situación de 4 millones de monotributistas que tenían preocupación y angustia, para los que tenían deudas».

«Es un proyecto que busca aliviar la situación de 4 millones de monotributistas que tenían preocupación y angustia»

CARLOS HELLER

Por su parte, la legisladora del Frente de Todos, Alicia Aparicio señaló que «este proyecto no solo busca asistir a los sectores golpeados, también puede inscribirse en un programa mayor que tiene como objetivo lograr el crecimiento mejorando la equidad del sistema».

En tanto, el diputado del Frente de Todos, Marcelo Casaretto, dijo que con este proyecto «vamos aliviar a 4 millones de monotributistas» y un plan de pago porque «hay dos millones de contribuyentes que hoy tienen deudas con la AFIP».

En tanto, el sindicalista y diputado oficialista Hugo Yasky señaló que este proyecto «va a beneficiar a cuatro millones de monotributistas, forma parte de la lógica de volver a poner el salario y el consumo interno como el movimiento que lleve a la recuperación económica».

Diputados votó el proyecto impulsado por el presidente de la Cámara, Sergio Massa.

Desde la oposición, el radical Luis Pastori dijo que esta ley viene «a corregir la absurda situación provocada por la mala administración de la AFIP. sobre el retroactivo» y señaló que «nos parece bien el aumento de los parámetros de facturación bruta anual, que estaban muy desactualizados».

«También proponemos que se aumente otro parámetro, que es el del monto de los alquileres devengados, que hoy están en un promedio de 8.800 pesos mensual para las categorías A y B. Acompañamos también la moratoria que se otorga a los monotributistas».

Por su parte, el diputado del Pro Luciano Laspina aseguró que » esta ley que hoy vamos a votar no debe ser vista como un acto de reivindicación. Tiene que ser reconocida como un error administrativo injustificable del Ministerio de Hacienda, que no implica un alivio tributario para contribuyentes».

«El proyecto forma parte de la lógica de volver a poner el salario y el consumo interno como el movimiento que lleve a la recuperación económica»

HUGO YASKY

Uno de los aspectos que mayor debate generó fue el artículo 11 que se refería a las condiciones para poder acceder a los beneficios y allí el oficialismo impuso su criterio por 132 contra 102 votos de Juntos por el Cambio.

A lo largo del proyecto del monotributo se fijan los incrementos que tendrán escalas en las cuales las más bajas podrán duplicar los montos de facturación.

Otro punto central es que aquellos que se excedieron de la facturación prevista en su categoría podrán permanecer en el régimen siempre que no superen la facturación de $5,55 millones anuales y un patrimonio de hasta $6,5 millones.

Asimismo, se contempla un plan de pagos para regularizar la deuda de los monotributistas, con un máximo de 60 cuotas, un interés de financiación no superior a 1,5% mensual, para deudas que se venían pagando en planes vigentes y caducos, y para contribuyentes que no ingresen al Alivio Fiscal Monotributo, entre otras cuestiones.

El plenario legislativo aprobó y giró al Senado por 227 contra 3 votos un proyecto de reforma de los Impuestos a las Ganancias y de Bienes Personales con el fin de fomentar el ahorro en pesos destinado a ampliar las exenciones en los mencionados Impuestos para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.

Uno de los puntos aspectos de este proyecto es que se eliminó el artículo tercero que permitía gravar por el tributo por bienes personales los plazos fijos que no se depositen por un plazo menor a 275 días como había anunciado el titular del cuerpo, Sergio Massa.

La Cámara de Diputados aprobó este viernes a la madrugada y envió al Senado el proyecto de ley impulsado por el Frente de Todos que crea un nuevo marco de biocombustibles, que reemplaza al que funciona desde hace quince años y que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol.

La iniciativa sumó 135 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones, en tanto que se registraron 8 ausencias.

Acompañaron al Frente de Todos en la aprobación del proyecto, los diputados del bloque Juticialista, los del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, Acción Federal, el Movimiento Popular Neuquino y una decena de integrantes de Juntos por el Cambio pertenecientes a provincias azucareras, como Jujuy, Tucumán y Salta.

Los diputados iniciaron el análisis del tema a las 17,45 y debido a la gran cantidad de diputados que pidieron ser oradores, el debate superó las seis horas y media.

El proyecto propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel y del 12% entre naftas y bioetanol, en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz.

«Con esta iniciativa se adapta el marco regulatorio a nuevos escenarios y se generan herramientas que dan previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector»

OMAR FÉLIX

Durante el debate, el presidente de la comisión de Energía, Omar Félix (Frente de Todos-Mendoza) señaló que «con esta iniciativa se adapta el marco regulatorio a nuevos escenarios» y se generan «herramientas que den previsibilidad, sustentabilidad, y seguridad jurídica al sector».

«Se nos acusó de impulsar una norma intervencionista, se trata de un mercado que existe solamente por la decisión política expresada en una ley y es lógico que se tomen previsiones para un crecimiento armónico y no se generen efectos no deseados», dijo el legislador.

La iniciativa sumó 135 votos a favor, 110 en contra y 2 abstenciones.

En contra del proyecto, el también mendocino Omar de Marchi (PRO) apuntó: «Esto va a concluir con un mercado claramente limitado, absolutamente cautivo y evidentemente con tendencia al monopolio, pero sobre todo con una evidente destrucción de la mano de obra argentina».

Por Consenso Federal, su presidente , Alejandro ‘Topo’ Rodríguez, instó a sus pares a «reflexionar» y «no votar» el proyecto de ley que modifica el Régimen de Biocombustibles impulsado por el oficialismo, y avanzar, en cambio, en «una política que no afecte el ambiente, no atente contra la producción federal y genere trabajo».

«El bioetanol representa el 30% de los ingresos del sector azucarero, y absorbe el 25% de la producción. Sin esta ley la industria azucarera no tendría futuro»

DOMINGO AMAYA

Por su parte, el tucumano Domingo Amaya, del PRO, marcó la postura de acompañamiento de los diputados de Juntos por el Cambio que pertenecen a provincias productoras de azúcar.

«El bioetanol representa el 30% de los ingresos del sector azucarero, y absorbe el 25% de la producción. Sin esta ley la industria azucarera no tendría futuro, con consecuencias devastadoras para la región NOA», graficó.

La diputada nacional Mónica Schlotthauer (Frente de Izquierda y los Trabajadores) fue otra de las que anticipó su rechazo al proyecto: «Vamos a rechazar cualquier beneficio más a un grupo de agrodepredadores que no hizo más que beneficiarse desde el Estado con el no pago de impuestos y que están amasando fortunas».

A favor también se expresó el diputado del bloque Justicialista Andrés Zottos, quien advirtió: «Esta es una ley que tiene que ser política de Estado, y lamento que no salga por consenso. Y tengo mis miedos de que terminen judicializándola».

Por Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, justificó el voto en contra: “Está claro que los regímenes promocionales deben terminar algún día, pero deben terminar cuando el sector promocionado por el Estado tiene la capacidad para desarrollarse en ese bendito mercado, y no dejándolo a merced del lobby petrolero, sobre todo a quienes invirtieron y fueron contestes con el espíritu de esta ley pyme”.

Por Juntos por el Cambio, el radical Diego Mestre, expresó: “Está clarísimo que el Frente de Todos lo que propone es el cierre de plantas. En vez de promover un ambiente sano para las próximas generaciones, este proyecto nos impone una transferencia directa de una renta del sector de los renovables al sector contaminante”.

«Esta es una ley que tiene que ser política de Estado, y lamento que no salga por consenso. Y tengo mis miedos de que terminen judicializándola».

ANDRÉS ZOTTOS

Por el Frente de Todos, el pampeano Ariel Rauschenberger, remarcó: “El hecho de reconocer el mayor costo logístico de las plantas producto de localización desfavorable respecto de los puertos de exportación es enaltecer el espíritu federal que esta iniciativa persigue”.

El Gobierno nacional prorrogó hoy por otros180 días la intervención del Servicio Penitenciario Federal (SPF), a cargo de la exjueza María Garrigós de Rébori, mediante el Decreto 428/2021 publicado en el Boletín Oficial.

La intervención del SPF fue anunciada en junio de 2020, junto al nombramiento «ad honorem» de la exjueza de la Cámara de Casación Penal de la Ciudad y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, y luego prorrogada el 23 de diciembre pasado por otros seis meses, por medio del Decreto 1037/2020.

El primer decreto -539/20- dispuso la intervención del SPF «con el fin de normalizar su funcionamiento», se recuerda en los considerandos de la norma publicada hoy, con la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro de Justicia, Martín Soria.

Allí se destaca que, «dada la gravedad de la situación relevada en el organismo penitenciario y las circunstancias actuales en el contexto de la pandemia de Covid-19, es menester mantener, consolidar y profundizar las acciones iniciadas para el reordenamiento integral» de la institución.

También agrega que la intervención se prorroga «ante la imperiosa necesidad de continuar garantizando el debido y normal funcionamiento del SPF, declarado en emergencia en el mes de marzo de 2019 debido a la sobrepoblación carcelaria».

«Con el fin de lograr el efectivo cumplimiento de los objetivos previstos en la Ley N° 20.416, resulta pertinente disponer la prórroga de la intervención de dicho organismo», finaliza el texto.

La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo respaldó este miércoles los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del Poder Ejecutivo Nacional que extienden hasta fin de año la emergencia sanitaria y prorrogan hasta el 9 de julio las restricciones a la circulación, entre ellas la medida que limita la llegada de vuelos desde el exterior, como parte de las medidas sanitarias frente a la actual etapa de la pandemia.

La medida contempla las restricciones de los vuelos que llegan desde el exterior, incluida en un apartado que estableció que podrán arribar a Ezeiza hasta 600 pasajeros

La comisión que preside el diputado nacional Marcos Cleri (Frente de Todos), avaló este miércoles los dos DNU dictados por el presidente Alberto Fernández para contener la propagación del coronavirus ante la segunda ola de la pandemia, sin el aval de la oposición de Juntos por el Cambio que puso en duda la legalidad de la convocatoria y presentó dictamen de rechazo.

Al rechazar los argumentos de JXC, Cleri precisó que la convocatoria contó con el acuerdo del vicepresidente de la comisión, Luis Naidenoff (UCR-Formosa), recordó que «así son los usos y costumbres de la comisión, donde se busca consensuar con los integrantes de la mesa» y agregó: «Tratamos de trabajar constantemente y por eso citamos hoy».

En la reunión, los legisladores debatieron el DNU 167, emitido el 11 de marzo de 2021, que extiende la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de diciembre y el 411, del 25 de junio de 2021, que prorroga medidas de contención para mitigar la propagación del virus hasta el próximo 9 de julio.

La medida contempla las restricciones de los vuelos que llegan desde el exterior, incluida en un apartado que estableció que podrán arribar al aeropuerto de Ezeiza hasta 600 pasajeros, medida rechazada desde Juntos por el Cambio.

La medida contempla las restricciones de los vuelos que llegan desde el exterior, incluida en un apartado que estableció que podrán arribar al aeropuerto de Ezeiza hasta 600 pasajeros.

Para precisar los alcances de los decretos, el diputado nacional Pablo Yedlin (Frente de Todos-Tucumán) compartió gráficos de evolución de la situación epidemiológica de cada una de las provincias y si bien dijo que la cantidad de casos «es alta todavía, las tasas están descendiendo», a la vez que calificó de «estrategia inteligente» a la de restringir vuelos para «demorar que llegue la variante Delta» al país.

En esa línea, la senadora del Frente de Todos por Formosa, Maria Teresa González, afirmó que «no cabe duda que las medidas del Poder Ejecutivo tienen efectos favorables descendiendo los casos en la mayoría de las jurisdicciones» y puso de relieve que «las vacunas están llegando y están siendo administradas y suministradas de la mejor manera posible».

Desde la oposición, el diputado del PRO, Omar De Marchi, dijo que la reunión fue citada «con menos de 24 horas de anticipación, dejando en letra muerta el reglamento que establece que debe hacerse 48 horas antes» y pidió a Cleri que cumpla con el reglamento, al advertir que, de lo contrario, «judicializar es la salida».

A su turno, el diputado del PRO, Pablo Tonelli, reiteró el rechazo de ese espacio a los DNU del Poder Ejecutivo y dijo que «el presidente viola la autonomía de las provincias y el federalismo, así como la división de poderes», al afirmar que «insistir con medidas que ya la Corte Suprema anuló, es francamente incomprensible» y considerar que «es un alzamiento y hace dudar del buen juicio del presidente».

También, el diputado Gustavo Menna (UCR-Chubut), anticipó que JXC presentará un dictamen de rechazo a ambos decretos y dijo que, de ratificarse, «se termina de desbaratar el principio de división de poderes», al sostener que «el presidente pasará a la historia como el presidente de los DNU».

En uno de los tramos más tensos de la reunión se produjo un cruce entre Cleri y el radical Luis Petri, que calificó de «desastrosa» la gestión de la pandemia por parte del gobierno nacional y tildó de «inconstitucionales los DNU», al sostener que «no es cerrando aeropuertos con un cupo injustificado que se frena la pandemia» sino con «mayor vacunación».

«Pida la palabra señor presidente, no me cercene el uso de la palabra, quédese callado, me interrumpe porque no le gusta lo que estoy diciendo», aseveró Petri, cuando el presidente de la comisión le pidió al mendocino que «vaya redondeando la cantidad de falsedades que está diciendo».

En los considerandos del Decreto 411/2021 el gobierno nacional se refiere a la preocupación por las nuevas variantes de virus, en especial la Delta, que tiene mayor contagiosidad y transmisibilidad que las detectadas con anterioridad.

En cuanto a la situación epidemiológica actual del país, en los considerandos de la norma se indica que «entre las semanas 15 y 19 se observó un pequeño descenso de casos posiblemente relacionado con las medidas implementadas a partir del 15 de mayo» y que «se registra un descenso de casos en la gran mayoría de las jurisdicciones».

Finalmente, Cleri anunció que convocaría a una nueva reunión de la comisión el próximo lunes para continuar con el tratamiento de varios DNU del Poder Ejecutivo que aún no habían podido ser debatidos por la comisión.

Los legisladores debatieron el DNU 167, emitido el 11 de marzo de 2021, y el 411, del 25 de junio de 2021.