La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) brindó5.298 turnos de asesoramiento sobre el trámite de jubilaciones para madres, en el primer día de atención para el reconocimiento de períodos de aportes por tareas de cuidado.

«Esas mujeres se fueron con su trámite iniciado y absolutamente conmovidas, porque el Estado les está reconociendo que el esfuerzo que hicieron para cuidar a sus hijos y a sus hijas vale, y ese valor tiene que ver con la posibilidad de acceder a una jubilación»,dijo la titular de Anses,Fernanda Raverta, en su visita a la Unidad de Atención Integral (UDAI) de La Tablada (La Matanza).

Allí, recibieron a las 29 primeras mujeres que habían sacado un turno para poder ser asistidas por el organismo.

Se trata deuna política pública a partir de la cual se reconoce desde un año de aportes por cada hijo; dos años por hijo adoptado siendo menor de edad; un año adicional por cada hijo con discapacidad y dos años adicionales en caso de que el hijo haya accedido a la Asignación Universal por Hijo (AUH) por al menos 12 meses.

Asimismo, se reconocen los plazos de licencia por maternidad y de licencia por excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos.

Esta medida será compatible y puede complementarse con las moratorias vigentes.

Pueden acceder a este beneficio las mujeres en edad de jubilarse (con 60 años o más) que sean madres y no cuenten con los 30 años de aportes necesarios para acceder a una jubilación.

Raverta fue recibida en la oficina de La Tablada por su responsable,Mariana Ojeda, con quien realizó una recorrida por las instalaciones y dialogó con los empleados.

La Procuración del Tesoro de la Nación pidió a la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial que el recurso de apelación contra la declaración de quiebra del Correo Argentino SA no suspenda la ejecución de esa sentencia, que fue dictada hace casi un mes por la jueza comercial Marta Cirulli.

El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, remarcó en la presentación que Cirulli concedió con «efecto suspensivo» la apelación a la sentencia de quiebra que interpuso el -desplazado- presidente de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y que la jueza aún no resolvió el planteo que la Procuración del Tesoro había realizado el 16 de julio precisamente contra esta medida, informaron fuentes judiciales.

Mediante un recurso de queja, y «sin consentir la admisibilidad» de la apelación de Cibils Robirosa, la Procuración del Tesoro reclamó a la Sala B de la Cámara que la apelación de la empresa contra el fallo que declaró la quiebra tenga efecto «devolutivo» y no «suspensivo», lo que en caso de aceptarse permitiría que el proceso liquidatorio siga su trámite, siempre que el fallo no sea revocado en segunda instancia.

Zannini, con el patrocinio del Subprocurador del Tesoro de la Nación, Horacio Pedro Diez, recordó que en 2004, en el trámite concursal de Correo Argentino SA, se había otorgado un recurso con efecto suspensivo -que la jueza citó para justificar su decisión- pero «en un contexto absolutamente diferente al actual», en el que fracasó el proceso de salvataje y se dictó finalmente la quiebra.

El Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, remarcó en la presentación que Cirulli concedió con «efecto suspensivo».

Además, Zannini agregó que «a la fecha, 17 años después de aquella decisión», y «luego de dos décadas de insólita duración de este proceso concursal, la situación es absolutamente diferente», ya que «desde el plano empresario, hoy en día no caben dudas de que Correo Argentino S.A. no tiene ninguna posibilidad de retomar actividades».

La Procuración del Tesoro marcó también la «contradicción» en la que recayó Cirulli al otorgar el recurso de apelación con efecto «suspensivo», ya que al fundamentar el decreto de quiebra, emitido el 5 de julio pasado, había planteado que el trámite concursal, «que viene durando veinte años», no admitía «dilaciones mayores, dentro de un procedimiento de orden público que consumió largamente todas sus etapas».

El escrito expuso asimismo que, según la doctrina y jurisprudencia, «en los supuestos en los que el recurso de apelación es procedente -que no es el caso de autos- debe invariablemente concederse con efecto devolutivo».

Para la Procuración del Tesoro, el avance del proceso de quiebra de la empresa «no genera daño irreversible» a Correo Argentino SA, cuyo accionista mayoritario es el grupo Macri (Socma, Sociedades Macri), mientras que por el contrario la suspensión perjudica a la masa de acreedores, porque «habilita al fallido a continuar con sus maniobras fraudulentas» y a «burlarse de la Justicia», según planteó en su presentación el organismo que dirige al cuerpo de abogados del Estado argentino.

La Junta de Gobernadores del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó este lunes una asignación general de derechos especiales de giro (DEG) por US$ 650.000 millones, que serán distribuidos el 23 de agosto, al tiempo que el Gobierno nacional giró al organismo US$ 345 millones, en concepto de un pago de intereses por el programa de US$ 45.000 millones acordado entre 2018 y 2019.

«La asignación de DEG beneficiará a todos los miembros, abordará la necesidad mundial de reservas a largo plazo, generará confianza y fomentará la resiliencia y la estabilidad de la economía mundial. Ayudará particularmente a nuestros países más vulnerables que luchan por hacer frente al impacto de la crisis de COVID-19 «, dijo la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

La asignación general de DEG entrará en vigor el 23 de agosto y los nuevos fondos se acreditarán a los países miembros del FMI en proporción a sus cuotas existentes en el Fondo.

Dado que la Argentina tiene el 0,67% de la cuota del FMI le corresponderá recibir unos US$ 4.355 millones.

«Esta es una decisión histórica: la mayor asignación de DEG en la historia del FMI. Continuaremos participando activamente con nuestra membresía para identificar opciones viables para la canalización voluntaria de DEG de los países miembros más ricos a los más pobres y vulnerables para apoyar la recuperación de la pandemia y lograr un crecimiento resistente y sostenible», afirmó Georgieva.

La expectativa del Gobierno nacional es usar parte de esta asignación para cancelar al menos una porción de los compromisos con organismos internacionales.

En ese sentido, la Argentina realizó el pago al FMI de la última cuota de intereses antes de que comiencen los pagos por el capital adeudado que, según el cronograma firmado por la administración del expresidente Mauricio Macri, incluyen giros por US$ 3.822 millones en dos cuotas de US$ 1.911 millones cada una, previstas para septiembre y diciembre.

«Argentina no tiene la capacidad de pago para hacer frente a la deuda con el FMI por eso necesita más tiempo«, dijo ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con C5N, sobre el por qué de la búsqueda del Gobierno de un nuevo acuerdo con el organismo multilateral.

Argentina «necesita más tiempo”, dijo Martín Guzmán.

En ese sentido, los pagos fijados con el organismo incluyen, para este año, una cuota de intereses por US$ 399 millones en noviembre y, para 2022, pagos por US$ 738 millones por capital en enero y US$ 379 millones por intereses en febrero, según datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación.

Sin embargo, el grueso de los compromisos con el FMI comenzarán a caer a partir de marzo cuando se sucedan pagos por US$ 18.224 millones hasta final de año, US$ 17.330 millones en concepto de capital y US$ 894 millones de intereses.

El ministro Guzmán había manifestado ayer que el país enfrenta «una carga de deuda enorme que el gobierno de Juntos por el Cambio tomó entre 2018 y 2019. (Fueron) 45 mil millones de dólares que no se utilizaron para nada que tenga que ver con aumentar la capacidad productiva de la Argentina; se utilizaron para pagar deuda insostenible a acreedores privados, en lugar de reestructurar esa deuda, y en financiar la salida de capitales».

Finalmente, el organismo financiero multilateral consideró que «una opción clave es que los miembros que tienen posiciones externas sólidas canalicen voluntariamente parte de sus DEG para ampliar los préstamos para los países de bajos ingresos a través del Fondo Fiduciario para el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza (PRGT) del FMI.

El apoyo en condiciones favorables a través del PRGT actualmente no tiene intereses. El FMI también está explorando otras opciones para ayudar a los países más pobres y vulnerables en sus esfuerzos de recuperación.

Se podría considerar un nuevo Fideicomiso de Resiliencia y Sustentabilidad para facilitar un crecimiento más resiliente y sustentable a mediano plazo».

Fuente: Telam.

El Gobierno nacional mira con preocupación el avance en el país de la cepa Delta, la variante de alta transmisibilidad del covid-19, cuya llegada consideraban “inevitable”, pero que buscaban retrasar lo más posible.

Los casos detectados en Salta, Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, detectados en las últimas horas, aceleraron el panorama que el Gobierno buscó contener principalmente con la restricción de ingreso de ciudadanos al país desde el exterior, lo que generó una enorme polémica. Desde el primer momento, desde el Ejecutivo explicaban que la demora en el ingreso de la cepa era fundamental para avanzar lo más posible con el plan de vacunación, en busca contener una posible nueva ola.

Ante el nuevo panorama, con casos de circulación local sin vínculos con viajeros y un importante número de aislados por contactos estrechos, desde el Gobierno apuntaron a la responsabilidad de las jurisdicciones en los controles de quienes llegan del extranjero. ”El problema es que las provincias no controlaron”, afirmaron con contudencia fuentes oficiales consultadas por LA NACION.

Por su parte, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, en declaraciones radiales, manifestó la preocupación por la “la variante Delta por su transmisibilidad”, y desalentó los viajes al exterior por el riesgo sanitario. Vizzotti fue una de las más acérrimas defensoras de los cupos de ingreso al país para retrasar el ingreso de la variante. Además, defendió el aislamiento para los viajeros: “Quien decide viajar debe hacer el aislamiento”.

Tras lo que agregó: “Estamos trabajando con las jurisdicciones para hacer los controles, las llamadas, las citas”. Y destacó: “No tenemos variante Delta predominante, eso hace que la situación epidemiológica de los países cambie. Tenemos que seguir trabajando para demorarlo lo más posible”.

La funcionaria apuntó a que no se sabe “como se va comportar la variante Delta con la Manaos que es la que tenemos nosotros con más predominancia”. Al tiempo que resaltó que la cepa toma tres o cuatro semanas en hacerse predominante. “Hay que minimizar el ingreso de la variante Delta y retrasar lo más posible esas tres o cuatro semanas para que sigamos completando los esquemas de vacunación. Se están aumentando la aplicación de las segundas dosis. Agosto será el mes de las segundas dosis para lograr que todos los mayores de 50 años alcancen el esquema completo de vacunación y va a ser muy importante para disminuir las hospitalizaciones”, completó.

Desde el gobierno sostienen que hasta ahora el ingreso de la variante se logró demorar lo más posible por el trabajo de la Dirección de Migraciones, a cargo de Florencia Carignano, y resaltan que cuando ese área empezó con controles en las diferentes jurisdicciones el incumplimiento de las cuarentenas post viajes se ubicaba en alrededor del 40 % y en el correr de los últimos casi dos meses bajó a alrededor del 10 %.

Control en los distritos

Las fuentes especificaron que las declaraciones juradas que llenan quienes vuelven al país, donde constan los datos del lugar donde cumplirán el aislamiento correspondiente, son compartidas en tiempo real con las provincias. “Cada jurisdicción tiene todo para controlar quién está haciendo el aislamiento y quién no lo hace”, detallan y agregan: “pero no lo chequean y ahí están las consecuencias”, Al tiempo que insisten en que el primer problema es la falta de responsabilidad individual de las personas que deben cumplir con la medida de guardar cuarentena y no lo hacen, como se vio en los casos de Salta y Córdoba.

Por el momento, la situación de Ciudad de Buenos Aires es diferente porque los dos casos detectados no tienen antecedentes de viaje, ni son contacto estrecho de alguien que haya regresado al país desde el exterior.

Pero en el Ejecutivo Nacional recuerdan el caso del primer denunciado, un hombre de 35 años que no estaba en su domicilio cuando llegó el control y luego se comprobó que era positivo y portador de la variante, Delta.

Tras conocerse la detección de ambos casos, desde el Ministerio de Salud porteño aislaron 41 contactos estrechos e inciaron una búsqueda activa puerta por puerta. Desde allí explicaron que es “con el objetivo de minimizar las posibilidades de contagio, se están realizando acciones de búsqueda activa puerta a puerta en el barrio de Monserrat, donde se detectó uno de los positivos”.

Por el momento, el país ya tiene más de 800 aislados por la variante que fue identificada por primera vez en India en octubre del año de 2020 y designada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como variante de preocupación (VOC) en mayo pasado.ß

Fuente: Telam.

Los principales referentes de Juntos por el Cambio participarán durante la jornada de una reunión por videoconferencia que apuntará a poner paños fríos en el clima de confrontación dentro de la coalición opositora durante la primera semana de campaña.

La reunión fue convocada por el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, luego de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tratara de mentiroso a Facundo Manes, precandidato a diputado nacional bonaerense del radicalismo.

Carrió incluso amenazó con llevar a Manes a la Justicia, luego de que el neurólogo indicara que ella le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente en 2015.

Los cruces también incluyeron al gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de estar detrás de una campaña para desestabilizar la candidatura de Manes.

Según trascendió, la intención del espacio es consensuar durante esta reunión una especie de manual de convivencia donde se fije un pacto de no agresión entre los distintos sectores, que sirva para frenar las tensiones entre el PRO y un sector del radicalismo.

A la reunión de este lunes fueron convocados, entre otros, el expresidente Mauricio Macri; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, y la titular de PRO, Patricia Bullrich.

Otros de los participantes serían el auditor General de la Nación, Miguel Angel Pichetto; los diputados Juan Manuel López y Mario Negri y los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau.