El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, llegará este jueves a la Argentina como parte de una gira que incluirá a Brasil para «fortalecer los lazos estratégicos con respecto a las prioridades bilaterales y regionales», informó la Embajada norteamericana en Buenos Aires.

Sullivan cumplió la misma tarea en el Gobierno de Barack Obama y tuvo un rol central en las negociaciones para el acuerdo nuclear con Irán y el cese del fuego en la Franja de Gaza.

Según informó la representación diplomática de EE.UU. en nuestro país, Sullivan «viajará a Brasil y Argentina, acompañado por el director del Consejo de Seguridad Nacional para el hemisferio occidental Juan González; el director de Tecnología y Seguridad Nacional Tarun Chabra; el director de Cibernética, Amit Mital; y el director de la Oficina para el hemisferio occidental del Departamento de Estado Ricardo Zúñiga».

González, quien acompañará a Sullivan y es uno de los principales asesores del presidente Joe Biden para la región, ya visitó la Argentina en el mes de abril pasado, cuando se reunió con el presidente Alberto Fernández.

«En su primer viaje a la región, Sullivan se reunirá con líderes de los principales países aliados en América, no pertenecientes a la OTAN», detalló la representación diplomática al reproducir una declaración de la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), Emily Horne.

Añadió la información que «durante su estadía en Brasil, la delegación se reunirá con líderes para discutir oportunidades para fortalecer la asociación estratégica entre Estados Unidos y Brasil, mejorar la estabilidad regional, avanzar en los objetivos climáticos, colaborar en la infraestructura digital y ayudar a forjar un camino en la recuperación de la pandemia de COVID-19».

Y explicó que «en Argentina discutirán el fortalecimiento de los lazos estratégicos con respecto a las prioridades bilaterales y regionales, incluida la recuperación pandémica, la cumbre climática regional, el crecimiento económico compartido y la seguridad en nuestro hemisferio y en todo el mundo».

Sobre su trayectoria, se explicó que Sullivan es el 28° asistente presidencial para Asuntos de Seguridad Nacional (asesor de Seguridad Nacional).

En la administración Barack Obama «se desempeñó como asistente adjunto del Presidente y asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Biden, director del gabinete de Planificación de Políticas del Departamento de Estado y vicejefe de gabinete de la secretaria de Estado Hillary Clinton».

En su período en el Gobierno, «Sullivan lideró las negociaciones en las conversaciones iniciales que prepararon el camino para el acuerdo nuclear con Irán, y tuvo un rol clave en las negociaciones iniciadas por EEUU que llevaron al cese del fuego en Gaza en 2012«.

Asimismo, «ayudó a delinear la estrategia de rebalanceo del Asia-Pacífico, tanto en el Departamento de Estado como en la Casa Blanca».

Además, fue el principal asesor en políticas de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020, entre otras actividades públicas y privadas, se añadió.

Luego de su paso por el Gobierno, Sullivan fue investigador principal en el Carnegie Endowment for International Peace, donde ayudó a concebir y diseñar un proyecto bipartidista sobre una política exterior para la clase media. También dictó clases en Yale Law School, University of New Hampshire y Dartmouth College.

Co-fundó y co-dirigió el consejo asesor de National Security Action, una organización sin fines de lucro enfocada en la seguridad nacional, y fue miembro de los consejos asesores de diversas organizaciones relacionadas con política exterior y seguridad nacional. Fue el principal asesor en políticas de la campaña presidencial de Joe Biden en 2020.

Sullivan tiene un título de grado en Ciencias Políticas y Estudios Internacionales de Yale College; una maestría en Relaciones Internacionales de Oxford, donde fue becario Rhodes, y un doctorado en Jurisprudencia de Yale Law School. Fue asistente del juez de la Corte Suprema Stephen Breyer y del juez Guido Calabresi de la Corte de Apelaciones para el Segundo Distrito.

El Estado argentino destinará al menos $6800 millones a la organización y desarrollo de las elecciones primarias del mes próximo, en las que se estima que solo una de cada tres agrupaciones políticas registrará competencia interna y dejará que los ciudadanos definan quiénes serán sus candidatos, según surge de los relevamientos de la Cámara Nacional Electoral a los que accedió LA NACION.

El porcentaje de agrupaciones que sí dirimirá sus candidaturas para ingresar al Congreso en las primarias ronda el 31% según esos relevamientos, pero registra variaciones muy amplias, tanto en las filas oficialistas como de la oposición. Así, el 60% de las agrupaciones aprovecharán el domingo 12 de septiembre para resolver sus diferencias internas en Chubut, en tanto que en Formosa no habrá ninguna interna.

Pese a la cuantía de recursos públicos que se destinará a las PASO y el bajo porcentaje de competencias internas, los expertos consultados por LA NACION coincidieron, sin embargo, en que resulta un factor positivo del proceso democrático que, además, evidencia avances con respecto a ciclos electorales anteriores.

“Debemos tomar en cuenta que este año habrá más primarias que en el promedio histórico de las elecciones y que se registrará más competencia interna, en distritos de mayor peso electoral, entre las agrupaciones más importantes”, remarcó el presidente de la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP), Martín D’Alessandro, quien destacó “el vaso medio lleno”.

Exdirector nacional electoral durante varios gobiernos, Alejandro Tullio, ahondó en ese enfoque. “A diferencia de otras ocasiones, en las que pequeños partidos dirimían sus diferencias, esta vez también tendremos que las fuerzas que gobiernan o pueden gobernar registrarán primarias”, destacó. “Juntos registrará competencia interna en 17 distritos, el Frente de Todos en 5 distritos, y hasta la izquierda en 18 distritos”.

D’Alessandro y Tullio, al igual que el director ejecutivo de Poder Ciudadano, Pablo Secchi, negaron que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) resulten poco más que una encuesta oficial a escala nacional, con un dispendio de miles de millones de pesos en situación de emergencia económica, social y sanitaria.

“Por supuesto que desde la perspectiva de un ciudadano resulta frustrante acudir a unas primarias sin poder elegir entre varias candidaturas dentro de un partido o coalición, pero las PASO tienen por sí mismas un efecto de ‘ordenamiento electoral’ ya que fomentan la negociación y los acuerdos dentro de cada agrupación política”, dijo Secchi. “Y dicho eso, desde la perspectiva de los ciudadanos, este año las PASO serán mucho más activas”.

En términos cuantitativos, 55 agrupaciones políticas sobre un total de 177 dirimirán sus candidatos a diputados nacionales en las urnas (es decir, el 31% del total), en tanto que el porcentaje sube al 39% en la contienda senatorial: 24 de las 62 agrupaciones. Aunque bajos, esos números evidencian un aumento de las disputas internas en comparación con 2019, cuando sólo el 25,5% de las agrupaciones ofrecieron más de una lista interna para diputados nacionales y el 22,5% las ofreció para senadores nacionales.

Los porcentajes de competitividad interna, sin embargo, fluctúan por distrito. Así, en la provincia de Buenos Aires sólo el 12% de las agrupaciones sí registrarán una contienda competitiva en las primarias para diputados. Es decir, apenas 3 de las veinticinco registradas. En Córdoba sube al 23% (tres agrupaciones sobre un total de 13) y en Santa Fe, llega al 46% (seis de 13 agrupaciones).

Sin embargo, Buenos Aires y Santa Fe registran dos de las contiendas que se avizoran como más sensibles. En territorio bonaerense, la coalición opositora llevará dos listas, una liderada por Diego Santilli y otra por Facundo Manes. En el distrito santafesino, en tanto, el Frente de Todos (FdT) se encamina a celebrar una primaria competitiva entre las listas del actual gobernador, Omar Perotti, y el ministro saliente de Defensa nacional, Agustín Rossi.

Para Tullio, las primarias bonaerenses y santafesinas son para destacar, al igual que las porteñas. “¿Cuántos diputados y senadores que efectivamente surgieron de estas primarias ingresarán al Congreso en diciembre? Eso es lo que hay que mirar”.

El caso de Santa Fe

En el caso de Santa Fe, la contienda entre Perotti y Rossi se produciría a pesar de los esfuerzos de Cristina Fernández de Kirchner por evitar las primarias dentro de la fuerza gobernante. Eso también ofrece una lección, según D’Alessandro. “En varias agrupaciones vemos esfuerzos denodados hasta último minuto por evitar las competencias internas. Una explicación puede ser que las cúpulas no quieren perder el control de la designación de candidatos, pero otra es que quieren evitar transmitir la imagen de pelea interna, de falta de unidad y cohesión”.

En esa línea, los distritos que registran los extremos opuestos durante este proceso electoral son Formosa y Chubut. La provincia que gobierna Gildo Insfrán desde hace 25 años es la única que no protagonizará contiendas internas en ninguna agrupación, ni para dirimir candidaturas a la Cámara de Diputados, ni para el Senado.

Por el contrario, Chubut aparece como la provincia con el porcentaje más alto de disputas dentro de las agrupaciones políticas, con el 60%, ya que 3 de las cinco agrupaciones sí celebrarán primarias para definir sus candidatos a ambas cámaras del Congreso.

Estos porcentajes, vale remarcar, corresponden a las disputas para ocupar los escaños nacionales, sin tomar en cuenta las primarias que esas mismas u otras organizaciones podrían protagonizar a nivel provincial o municipal. Pero los ejes de análisis son los mismos: ¿Cuántas de esas primarias provinciales y municipales serán competitivas? ¿Cuántas agrupaciones que sí registrarán internas competitivas tendrán, también, peso electoral? Y, por tanto, ¿cuántas candidaturas surgidas de primarias competitivas asumirán escaños?

A nivel nacional, planteó D’Alessandro, “6800 millones de pesos es una fortuna, pero la democracia es cara y la salud del sistema político vale mucho más. La alternativa a las primarias sería la fragmentación, la ruptura o el escándalo, cuyos efectos suelen darse más entre los partidos que están en la oposición, ya que los oficialismos pueden ‘compensar’ a los que quedan fuera de las listas con cargos públicos o beneficios para sus distritos. El argumento económico no debe ser el único, ni el principal, a analizar”.

Fuente: Telam.

La ministra de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, pidió sanciones para el diputado de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias por sus dichos misóginos e insultos a la actriz Florencia Peña, tras haber mantenido un encuentro con el presidente Alberto Fernández en Olivos, junto a otros representantes del ambiente artístico, en mayo del año pasado.

«Solidaridad con @flor_de_P. Repudio las expresiones violentas y sexistas de Fernando Iglesias. Sus declaraciones son más graves por tratarse de un diputado nacional», escribió Díaz en su cuenta oficial de Twitter.

Consideró que «se deben tomar las medidas disciplinarias que corresponden» y se preguntó: «¿Qué dice Vidal que encabeza la lista de su candidato?», en alusión a la precandidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires por Juntos por el Cambio y exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.

El legislador Fernando Iglesias había cuestionado en las últimas horas a través de Twitter la visita que Florencia Peña realizó en mayo del año pasado a la Residencia de Olivos para reunirse con el Presidente, junto a representantes del ambiente artístico, para lo cual utilizó términos misóginos e insultos que merecieron el repudio de funcionarios nacionales, organizaciones feministas y periodísticas.

Además, en una entrevista con Radio AM 750, Díaz calificó de «violencia sexual, simbólica y política» los dichos del diputado del PRO y recordó que hay una «responsabilidad institucional» por parte del legislador que «viola tratados de derechos humanos».

«Fernando Iglesias es diputado nacional y no solo lo dijo en las redes sino en un programa de televisión. Entonces, hay una responsabilidad política institucional clarísima. Porque lo que se planteó en torno a la presencia de Florencia Peña en reuniones en Olivos es violar derechos, leyes y tratados de Derechos Humanos. Hay violencia sexual, simbólica y política«, denunció la ministra.

La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense invitó a los «pares legislativos y sociales» de Iglesias a «arbitrar por algún medio» en relación a sus dichos, «porque afecta a la representación que él tiene y es un diputado».

El lunes por la noche, la precandidata a diputada de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, defendió a Iglesias, su compañero de lista, en el canal A24: “Yo estoy orgullosa de toda la lista que me acompaña. Con errores, con aciertos, compartimos los mismos valores».

Al respecto, la ministra bonaerense Diaz dijo que «(María Eugenia) Vidal expresa lo que también manifestó como gobernadora en la provincia de Buenos Aires».

«Nunca acompañó medidas de ampliación de derechos para las mujeres, salvo la paridad de representación. Ella derogó el protocolo ILE, de abortos legales en Argentina. Tenía una sola ministra mujer, de Salud. Es una persona que siempre ha sido profundamente conservadora», detalló Diaz.Y agregó: «Es grave que ella banque porque puede perfectamente plantear diferencias».

La ministra afirmó que los candidatos de JxC «representan a un sector que, si pudieran, lograrían que vayamos mucho más para atrás en derechos. Buscan una sociedad de pocos privilegiados y de mayorías que sufren la falta de Estado y recursos».

Y advirtió: «De fondo hay otra cuestión. Quieren distraernos de visitas que sí eran graves, visitas al expresidente (Mauricio Macri) cuando iban a jugar al tenis jueces vinculados al lawfare. Nos quieren entretener de cosas que son profundamente más graves como dar material bélico a Bolivia, siendo parte de un golpe de Estado en un país hermano. Son bombas de humo».

Para favorecer el distanciamiento social y mitigar el riesgo de contagio de Covid-19, la Cámara Nacional Electoral estableció que en las próximas elecciones se habilitarán hasta ocho mesas de votación por colegio, se fijará una franja horaria especial para los votantes que integren los grupos de riesgo y todos deberán llevar su propia birome para firmar el padrón.

Los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía firmaron una acordada extraordinaria por la cual establecieron un “Protocolo sanitario de prevención Covid-19″ para las elecciones nacionales de este año, elaborado junto a la Dirección Nacional Electoral del Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud de la Nación.

Sus disposiciones son generales para todos los distritos de todo el país y cada juez federal con competencia electoral establecerá la mejor manera de aplicarlas en cada lugar de votación.

Así, por ejemplo, en algunos lugares se colocarán mamparas en las mesas y en otros se proveerá de máscaras plásticas a las autoridades de mesa, además de barbijos. En algunos distritos, como la provincia de Buenos Aires, se entregarán también anteojos protectores especiales.

Los jueces de la Cámara Nacional Electoral establecieron que para evitar aglomeraciones de personas y, con el fin de reducir el aforo, se procurará habilitar no más de ocho mesas de votación por establecimiento. En la ciudad de Buenos Aires se buscará la colaboración de clubes, colegios o gimnasios con grandes espacios abiertos para descomprimir la cantidad de mesas en un solo lugar.

“Los jueces electorales podrán excepcionalmente apartarse del tope indicado, en aquellos casos en que razones de fuerza mayor impidan utilizar otros establecimientos, y asimismo cuando las características propias de la escuela o local –superficie del edificio, existencia de varios accesos que permitan delimitar ingresos, zonas de funcionamiento y circulación independientes entre sí, etc.- justifiquen la utilización de algún establecimiento específico para habilitar un mayor número de mesas de sufragio”, aclararon los magistrados.

También dispusieron la implementación de una franja horaria prioritaria para personas que integren alguno de los grupos de riesgo. Se fijó que esas personas acudan a votar entre las 10:30 y las 12:30 horas. Si coinciden con otros electores, los que estén en la fila deberán dejarle el lugar prioritario a las personas que integren esos grupos.

Por otra parte, se prevé la utilización de elementos de protección personal e higiene y la capacitación de autoridades de mesa preponderantemente por medios no presenciales.

Se estableció un protocolo especial para votar. Los pasos serán:

• El votante apoyará su DNI en la mesas de votación.
• Las autoridades de mesa podrán solicitarle al votante que se quite el barbijo para corroborar su identidad.
• Antes de ingresar al cuarto oscuro, a cada votante le serán desinfectadas las manos con la solución sanitizante provista en el kit sanitario.
• El elector deberá tomar un sobre que no le será entregado en mano.
• Los sobres no deben ser pasados a los fiscales para que los firmen, sino que los fiscales que deseen hacerlo deben acercarse a firmarlos evitando tocarlos con sus dedos.
• Los sobres no podrán cerrarse con saliva sino con la solapa, sin pegarlo.
• Se recomienda llevar su propia birome para firmar el padrón una vez emitido el voto y no tocar la urna.

Además, se incorpora la figura del rol del “facilitador sanitario” que tendrá, entre sus funciones, hacer cumplir el protocolo y las medidas de prevención.

Asimismo, en cada distrito, la justicia federal con competencia electoral determinará el procedimiento de emisión del voto de aquellos electores que exhiban síntomas evidentes compatibles con Covid-19 y que exijan ejercer su derecho al sufragio, preservando la salud de las demás personas.

Se le informará que se encuentra justificada su no emisión del voto y que debe retirarse a cumplir aislamiento preventivo.

Las personas deberán ingresar evitando la aglomeración y respetando la distancia interpersonal de dos metros. Para no exceder el aforo, se podrá organizar una fila puertas afuera del establecimiento para que los electores esperen su turno para ingresar.

Fuente: LA NACION.

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys) y las tres cámaras empresarias del sector convinieron en el Ministerio de Trabajo un aumento paritario anual para el período 2020-21 del 42 por ciento, informaron la entidad sindical y la propia cartera laboral.

El titular del gremio, Armando Cavalieri, junto a los directivos de las tres cámaras patronales, acordaron el pago de una suma fija no remunerativa y por única vez de 4 mil pesos para agosto, un 9 por ciento para noviembre y la revisión del convenio en enero próximo, lo que totalizará un incremento anual del 42 por ciento para más de un millón de trabajadores del sector.

La suma fija de agosto y el 9 por ciento que percibirán los trabajadores en noviembre próximo implicarán una mejora salarial del 42 por ciento para el período, luego de haber obtenido en abril último en cuatro tramos una recomposición del 32 por ciento.

«El acuerdo obtenido fue auspicioso para recuperar el poder adquisitivo salarial de los mercantiles, luego de una férrea gestión en defensa de los más de un millón de trabajadores de la actividad», sostuvo Cavalieri en un comunicado.

La reapertura de la paritaria y el adicional obtenido fue consecuencia de la ejecución de la cláusula de revisión salarial para «neutralizar la embestida inflacionaria y las oscilaciones de una endeble economía», señaló el titular de Faecys, la organización sindical más numerosa del país.

La suma fija y el 9 por ciento adicional a cobrar en noviembre se sumaron al acuerdo firmado en abril último, en tanto los representantes de la mesa tripartita paritaria coincidieron en fijar una nueva cláusula de revisión para enero próximo, añadió Cavalieri.

Las nuevas negociaciones, monitoreadas por la cartera laboral, constituyeron un reajuste de las paritarias de abril último, cuando sindicalistas y empresarios firmaron una mejora salarial en cuatro tramos: un 8 por ciento en mayo, otro 8 en septiembre, otro tanto en enero y un 8 por ciento en febrero de 2022.

La suma fija y el 9 por ciento adicional a cobrar en noviembre se sumaron al acuerdo firmado en abril

En el encuentro fiscalizado por Trabajo participaron los gremialistas Cavalieri, Carlos Pérez y Jorge Bence y, por el sector patronal, lo directivos de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (Cacys), Pedro Etcheberry y Esteban Mancuso; de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Ignacio De Jauregui y Julián Jajurín; y de la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca), Carlos Echezarreta.

Por la cartera laboral estuvieron el secretario de Trabajo, Marcelo Bellotti, y el secretario de Conciliación del Departamento de Relaciones Laborales, Pablo Greco.

En la reunión de la mesa tripartita, Cavalieri expuso las demandas y necesidades de los trabajadores en «el actual difícil contexto» y «el duro impacto provocado por la remarcación de precios, el proceso inflacionario y el elevado costo de vida», por lo que la negociación fue «un elemento clave para contrarrestar el desfase inflacionario», afirmó.

Cavalieri señaló, además, que por «la vía del diálogo como herramienta superadora y de la discusión madura pudo suscribirse una actualización del convenio para llevar alivio a los empleados de comercio y contrapesar el proceso inflacionario», y en ese sentido evaluó que «la aplicación de la cláusula de garantía fue un mecanismo eficaz para proteger el salario».