La Cámara de Diputados aprobará esta semana el proyecto de Presupuesto 2023, con el respaldo de los legisladores del oficialismo y de bloques provinciales.

La iniciativa tiene como característica una búsqueda de reducción del déficit fiscal y, a la vez, contempla la mayor parte de sus recursos para gastos sociales.

Uno de los puntos incorporados por el oficialismo en las últimas jornadas al proyecto enviado por el Ejecutivo es la eliminación de la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial, lo que permitiría sumar $237.000 millones a las arcas públicas.

La ley de gastos y recursos se discutirá en una sesión especial solicitada por el bloque del Frente de Todos (FdT) a partir del mediodía del martes y se estima que la discusión del mismo -compuesto por 143 artículo- demandará alrededor de 22 horas de debate.

El apoyo

El oficialismo ya tiene garantizada la aprobación debido a que cuenta con 117 legisladores del FdT, 8 del Interbloque Federal, 4 de Provincias Unidas, 1 del Movimiento Popular Neuquino, y espera sumar dos de la bancada Ser, con lo que tiene asegurado más de 130 votos.

A esto se podría agregar el grueso de Juntos por el Cambio, que discutirá este lunes si votan en general, como propone la UCR y Evolución Radical; o si se abstienen, como prefiere la mayoría del Pro y la Coalición Cívica, aunque en un principio la idea de estos últimos es pronunciarse en contra.

La decisión se tomará luego de analizar algunos cambios que se están introduciendo en el dictamen durante este fin de semana, según señalaron a Télam fuentes parlamentarias opositoras.

Uno de los cambios fue eliminar la posibilidad de cobrar un extra del 15 por ciento en el monto que abonan los trabajadores registrados que cuentan con obras sociales prepagas, una cuestión que se barajó en los días previos.

Las modificaciones

El tratamiento del Presupuesto llegará al recinto de la Cámara baja luego de haber tenido una ronda de consultas donde participaron nueve ministros y más de 20 funcionarios del Poder Ejecutivo, y tras cuatro jornadas de análisis de los legisladores donde se introdujeron alrededor de 30 cambios respecto del proyecto original.

Los cambios fueron consensuados entre el ministro de Economía, Sergio Massa; la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau; el jefe de la bancada del FdT, Germán Martínez; la secretaria parlamentaria del bloque y miembro de La Cámpora, Paula Pennaca; el equipo económico y los senadores nacionales oficialistas.

De todos modos, el proyecto diseñado por el Ministerio de Economía mantiene todas las variables macroeconómicas -que son el corazón del texto-: prevé un crecimiento de la economía del 2% en 2023, un dólar promedio de 219 pesos, un descenso del déficit fiscal del 2,5 al 1,9% y una pauta inflacionaria del 60%.

 

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

Uno de los temas que monopolizó el debate de las últimas semanas -que fue conducido por el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller- fueron las previsiones sobre el incremento de precios del corriente año, ya que hasta septiembre lleva acumulado una suba del 66,1% y en los últimos doce meses suma 83%, con lo cual desde la oposición creen que no se podrá cumplir con el objetivo del 90% fijado en la iniciativa.

Por ese motivo, y ante el pedido de JxC, se incluyó una cláusula por la cual si aumenta la recaudación o la inflación prevista del 60% en 2023, se deberá implementar una corrección en el Presupuesto, a fin de establecer cómo se redistribuirá ese excedente de los recursos.

En ese sentido, establece que si «al 31 de agosto la tasa de inflación superara el 10% la meta establecida en el Presupuesto o los ingresos superan el 10%, el Poder Ejecutivo enviará una ley complementaria».

La iniciativa también establece que no se podrá ampliar el Presupuesto por decreto.

Otro punto que fue incorporado al proyecto impulsado por el oficialismo, y que viene generando debate desde hace más de 20 años, es la exención en el pago del impuesto a las Ganancias que tienen los jueces, funcionarios y empleados del Poder Judicial.

Sobre el debate de la iniciativa, el diputado mendocino Lisandro Nieri dijo a Télam: «Valoro que puedan tener el Presupuesto, aun no compartiendo el mismo por donde hacen el ajuste: salud, discapacidad, niñez, promoción de renovables, universidades».

Desde el FdT, el diputado de Patria Grande Itaí Hagman destacó que «desde que llegó el proyecto de Presupuesto 2023, dedicamos muchas horas a su análisis y discusión con otros diputados y también al interior de nuestro bloque. Gracias a ese trabajo colectivo logramos importantes modificaciones en partidas sensibles»

Hagman, a través de su cuenta en la red social Twitter, dijo que «hemos logrado un presupuesto que no ahorra en ninguna política vinculada a garantizar derechos fundamentales. Dicho esto, quiero decir que resolver los serios problemas que tiene la economía argentina no dependen solo de esta discusión».

Señaló que depende «principalmente de la política macroeconómica y de las batallas que tenemos que dar para bajar la inflación, recomponer los ingresos de los trabajadores, proteger a los más vulnerables y evitar los abusos y presiones de los poderosos. Ese es el debate central que hay que dar».

Además de los cambios sobre pauta inflacionaria y del fin de la exención de Ganancias en la justicia, el dictamen de mayoría incorporó más de una treintena de modificaciones que fueron planteadas en forma transversal por diputados del oficialismo y la oposición, entre los que se ubicaron la cuestión de los subsidios al transporte de pasajeros del interior del país, la posibilidad de deducir de Ganancias gastos educativos y una suba de partidas de los programas sociales, entre otras cuestiones.

En cuanto al transporte de pasajeros, el dictamen fija que se prorroga el fondo de compensación y se eleva de $ 66.000 millones a $ 85.000 millones como piso, pero establece la obligatoriedad de tener la Sube para controlar los subsidios por jurisdicción.

Sobre Cammesa, las provincias tendrán que controlar el pago de sus prestadoras al mercado mayorista y tendrán seis meses para acordar cómo se realizará el pago de las deudas que se podrán hacer hasta en 96 cuotas.

En cuanto a los fondos destinados a la educación, se incrementarán 12 millones para comedores escolares; 4149 para equipamiento, unos 59 mil en las Becas Progresar, para el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $31.175 millones, con lo cual el presupuesto total de educación ascenderá a $1.848.888 millones de pesos.

Sobre los gastos sociales, Heller anunció un aumento en prestaciones alimentarias por $101 millones, asignaciones familiares por $90 mil millones, $19.700 millones al Fondo de Integración Socio-Urbana, y otros $4.000 para los derechos de la niñez.

Otros partidas que incluyeron son para la Rioja $ 47.000 millones para distribuirse entre la provincia y los municipios que serán transferidos en 12 cuotas iguales.

Otro punto es que se reforma un artículo sobre regularización de deudas tributarias y previsionales hasta octubre de 2022 en todo el país, que incluirá la condonación de capital y de intereses.

También se modificaron los impuestos internos sobre los productos electrónicos elaborados en Tierra del Fuego para que suban del 6,5% al 10%, mientras que el gravamen para aquellos importados subirán hasta el 19%.

Otro punto que queda por definir fue el pedido del diputado de Misiones Diego Sartori para la incorporación de esa provincia en la denominada «Zona Aduanera Especial».

El proyecto de barrios populares, que impide desalojos por diez años mientras se relevan características urbanas, y el que expropia para el Estado nacional el lugar donde funcionó la sala de conciertos conocida como República de Cromañón, en la zona de Once, tuvieron dictamen la semana pasada en el Senado y están listos para ser convertidos en ley.

Ambas iniciativas obtuvieron el respaldo de la Cámara de Diputados durante la última sesión ordinaria que se llevó a cabo el miércoles 12 de octubre.

La próxima semana, si el oficialismo y la oposición logran llegar a un acuerdo, ambas iniciativas serán llevadas al recinto de la Cámara alta para su sanciones definitivas.

La enfermedad del jefe del interbloque del Frente de Todos (FdT), el formoseño José Mayans, conspira contra las posibilidades del oficialismo de convocar a una sesión con quórum propio. Pese a que, gracias al aporte de sus aliados de Juntos Somos Río Negro y de Hay Futuro Argentina, podrían sentar a 37 legisladores en sus bancas, se trata del número justo para avanzar con cualquier tratamiento.

Por ello, la bancada oficialista, encabezada actualmente por la mendocina Anabel Fernández Sagasti, debe contar con la cooperación del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC) para llegar al recinto.

Ambas iniciativas obtuvieron respaldo de la oposición durante la firma de los dictámenes, por lo que se espera que puedan llegar al recinto esta semana que comienza.

Suspensión de los desalojos

El proyecto que reforma la ley de integración socio-urbana de Barrios Populares prorroga por diez años la suspensión de los desalojos y promueve el fortalecimiento del acceso a los servicios públicos, garantizando una tarifa social a aplicarse en todos los conglomerados incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).

Asimismo, propone ampliar el alcance de la norma sancionada en 2018 declarando la utilidad pública de 1.176 nuevos barrios, prorrogar la suspensión de los desalojos por diez años como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda, y agilizar los procesos administrativos.

El proyecto apunta a declarar la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares por el plazo de dos años, garantizar los servicios públicos e incorporar la perspectiva de género como criterio de prioridad para la titularidad de las viviendas.

Aunque tanto el oficialismo como la oposición apoyan la medida que comenzó a implementarse durante el Gobierno de Mauricio Macri, existen discrepancias a la hora de la financiación del programa que recibe fondos de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas y por el Impuesto PAÍS.

JxC, a través de sus senadores, sostiene que el Registro debe recibir fondos contenidos en la Ley de Presupuesto de cada año y que sean derogados los mencionados gravámenes.

No obstante ese desacuerdo, la sanción de la iniciativa no corre peligro, aunque debe ser convertida en ley antes de este viernes 28 de octubre que es cuando se vencen los cuatro años del proyecto original que evita los desalojos.

Espacio de memoria

El otro asunto que mantiene la unidad de criterio entre oficialismo y oposición es el proyecto que dispone expropiar el edificio donde funcionó el boliche República Cromañón, en el que murieron 194 jóvenes y 249 sufrieron heridas durante un incendio el 30 de diciembre de 2004, para convertirlo en un espacio dedicado a la memoria.

El objetivo de la iniciativa aprobada es «declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble sito en la calle Bartolomé Mitre número 3038/3078, entre Ecuador y Jean Jaures, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», pegado a la estación de tren de Once.

En sus fundamentos, el texto expresa como una de las finalidades de la expropiación la de «conservar el predio como refugio de la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, un espacio social donde circule la memoria colectiva y ayude a que las víctimas no se aíslen en un reclamo individual».

Además, destaca que se trata de una acción «para poder transformar el dolor en lucha, y a sembrar una memoria como pueblo, para que hechos como estos no ocurran nunca más».

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados reanuda este martes el debate sobre el proyecto de gastos y recursos para 2023, para lo cual buscará avanzar en acuerdos con la oposición que permitan sancionar esta iniciativa la próxima semana con el mayor respaldo político.

La Comisión -que preside Carlos Heller- se reúne desde las 13 para analizar en detalle la iniciativa oficial, los cambios que se proponen del Frente de Todos y los bloques opositores para introducir en el dictamen que se firmará entre el miércoles y jueves.

La intención del oficialismo es aprobar esta iniciativa en las sesiones que se celebrarán entre el 25 y 26 de octubre, aunque aún falta definir si el FDT acepta dividir el tratamiento en dos días como pide Juntos por el Cambio.

Tras la votación de diputados, en el Senado esperan poder sancionar el proyecto en la segunda quincena de noviembre, es decir antes que finalice el período de sesiones ordinarias.

Los diputados reanudarán el debate sobre el texto diseñado por el Ministerio de Economía, encabezado por Sergio Massa, que estima un crecimiento de la economía del 2%, una pauta inflacionaria del 60% y un descenso del déficit fiscal del 2,5% al 1,9%, que se busca con reducción de gastos y de subsidios.

Un dato distintivo es que más del 65% de los fondos se destinarán a gastos sociales, incluidos los pagos de los diferentes planes de asistencia, así como las jubilaciones y pensiones, y se priorizarán los fondos para salud, ciencia y educación.

El proyecto estima un gasto total de casi $ 29 billones, con una recaudación aproximada de $ 22,5 billones y un déficit primario de $ 6,3 billones.

 

En la ocasión se analizarán las diferentes propuestas de los bloques políticos que llevarán mañana a pedido del presidente del bloque del FdT, Germán Martínez, quien el jueves pasado pidió a los diputados que las bancadas «generen un listado de los temas en debate que requieren mayor debate en particular».

Los principales temas que se plantearon en la comisión fueron un aumento de las partidas para las universidades, un incremento de los fondos para el transporte automotor de pasajeros del interior del país, limitar las facultades del Gobierno para aumentar las retenciones y la inclusión de determinadas obras públicas.

Sobre los subsidios para el transporte de pasajeros del interior del país, legisladores de diferentes bloques consideran insuficiente el monto de $ 66.000 millones y piden sumar más recursos y una distribución más equilibrada entre la región metropolitana y el interior del país.

Otro punto es la pauta inflación y su impacto en la recaudación, y por eso JxC quiere incluir un artículo para que si es superior el aumento de precios al 60% y por ende la recaudación, que se envíe una corrección sobre cómo será la distribución como se hizo en el 2020.

Otro tema que planteó JxC es el artículo 96 que habilita al Gobierno a aumentar las retenciones agrarias, y la oposición quiere establecer cuáles serán las alícuotas y sólo autorizar si hay una rebaja.

El proyecto de gastos y recursos para el 2023 prevé además un aumento del consumo privado estimado en 2,2% y la inversión en 2,9%, en tanto en materia de financiamiento se busca reducir la asistencia monetaria del Banco Central al Tesoro.

El Presupuesto contempla un aumento en las exportaciones de 7,1% contra importaciones que se incrementarían el año próximo 2%, y de esta manera, el superávit comercial pasaría de US$ 7.700 millones este año a US$ 12.300 millones en 2023.

El abogado Alejandro Rúa pidió la «urgente revisión de la integración» de la unidad fiscal especial que investiga el atentado a la AMIA y reclamó la renuncia de Eduardo Casal a su actual cargo de procurador interino como un «único y último aporte al proceso de verdad, justicia y reparación» en el caso.

En una nota dirigida a Casal, procurador general interino, Rúa se presentó «a propósito de las denuncias por el mal desempeño del titular de la Unidad Fiscal para la investigación de la Causa AMIA», Sebastián Basso, enumeradas en el marco de la audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la semana pasada, 13 y 14 de octubre, según el texto al que tuvo acceso Télam

Rúa reclamó además que Basso sea sometido al Tribunal de Enjuiciamiento por presunto «mal desempeño» de sus funciones «pudiéndose reclamar los antecedentes del caso a Memoria Activa, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), nuestra Cancillería y la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos».

En ese aspecto, solicitó «se concrete esa urgente revisión de la integración de la UFI AMIA», formada para investigar el ataque del 18 de julio de 1994 que causó 85 muertos en la sede de la mutual judía de Pasteur 633, en el barrio porteño de Once.

En las audiencias ante la CIDH, recordó Rúa, la representación del Estado nacional reconoció «el legítimo reclamo de las víctimas exigiendo verdad, justicia y reparación» y que «el Estado es responsable por todas las manifestaciones de impunidad en este caso».

El abogado pidió también que Casal se aparte de su cargo, «tras la expresa instancia del Presidente de esa Corte Interamericana al Estado argentino al finalizar las alegaciones en esa audiencia para que ‘no espere a la sentencia de la Corte para empezar a generar hechos concretos».

«Tras la expresa instancia del Presidente de esa Corte Interamericana al Estado argentino al finalizar las alegaciones en esa audiencia para que ‘no espere a la sentencia de la Corte para empezar a generar hechos concretos»

En ese sentido, sostuvo que Casal tiene «responsabilidad en la designación del titular de la UFI AMIA y su perjudicial mantenimiento en ese cargo aún frente a las permanentes reclamaciones de las víctimas».

Por ello, y ante » la gravedad institucional de su conducta solicito renuncie a mantenerse interinamente en el cargo», concluyó Rúa en relación a Casal.

Militantes y dirigentes políticos peronistas de todo el país sostuvieron este lunes el pedido por «la unidad» del Frente de Todos, durante las celebraciones que realizaron en distintos puntos de Argentina con motivo del Día de la Lealtad, a 77 años de la marcha de trabajadores a Plaza de Mayo para pedir por la liberación de Juan Perón, el 17 de octubre de 1945, fecha fundacional del movimiento Justicialista.

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó este lunes el acto por el Día de la Lealtad en la provincia, donde recordó aquella jornada de 1945, cuando “una gran multitud de hombres y mujeres reconocieron al general Perón como el conductor del movimiento nacional y popular que transformaría al país, trayendo felicidad al pueblo y grandeza a la Patria”.

En el acto que se realizó en el Estadio Cincuentenario de la capital formoseña, Insfrán sostuvo que, al igual que aquel día, “nos sentimos orgullosos de este sentimiento y seguimos enarbolando con firmeza las banderas que Perón nos legó”, en nombre de “la soberanía política, la independencia económica y la justicia social”.

Insfrán también marcó que a los discursos de odio, de desesperanza e individualismo de la derecha, «hay que enfrentarlos con unidad, esperanza y solidaridad».

En la provincia de Corrientes, el acto central se realizó en la casa del PJ con un homenaje al exintendente y legislador Fabián Ríos, fallecido el 4 de octubre último, y con la participación del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich y del titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi.

“Este es el día en el que el pueblo rescata a su líder encarcelado por los poderosos de siempre y ese día cambia la historia argentina para siempre, porque el 17 de octubre de 1945 marca un antes y un después”, dijo Capitanich y recordó a Ríos como “un ejemplo para la política argentina, que defendió los intereses del pueblo desde la militancia activa y desde los cargos”.

 

A su vez, Rossi puso de manifiesto el “gran coraje político de Fabian Rios», y lamentó que «como Néstor Kirchner, todavía tenían mucho para darle a esta Argentina y a este peronismo tan atacado y descalificado por la derecha que quiere expulsar a los trabajadores del centro político de la patria”.

En Tucumán, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó con el gobernador Osvaldo Jaldo las celebraciones en la sede del PJ y aseguró que «el Peronismo Unido es una realidad» en la provincia.

En tanto, en Salta se realizaron distintos actos, entre ellos el convocado por la conducción del Partido Justicialista provincial en el Microestadio Delmi, en la capital, donde el único orador fue el titular de la Comisión de Acción Política, Pablo Outes, coordinador de Enlace y Relaciones Institucionales del Gobierno provincial.

Por su parte, sectores sindicales de la CTA, la CGT y las 62 Organizaciones Peronistas se reunieron en la plazoleta Evita, de la ciudad de Salta, para recordar esta fecha, junto a dirigentes y militantes “históricos” del PJ en Salta; y dirigentes del Valle de Lerma se reunieron en el Parque Evita, de la ciudad de Rosario de Lerma, a 30 kilómetros al sur de la capital provincial.

El PJ de Tierra del Fuego celebró la fecha con dos actos realizados en las ciudades de Ushuaia y Río Grande: en la capital provincial la ceremonia se levó a cabo en la plazoleta “Eva Perón” situada sobre la avenida Maipú, donde el dirigente Ramón Barrenechea destacó la figura de “nuestro conductor y actual presidente del partido, el intendente Walter Vuoto”, máximo referente de La Cámpora en el distrito, y llamó a seguir luchando por “una Argentina mucho más justa, libre y soberana”.

En Río Grande el acto tuvo lugar frente al busto de Eva Perón, donde la diputada Miriam Martínez, vicepresidente del PJ fueguino, recordó “al pueblo trabajador que salió a la calle», en aquella fecha, «y logró la liberación de Perón y el posterior llamado a elecciones”.

En Jujuy, en la sede seccional del PJ, autoridades peronistas y militantes realizaron una “Peña peronista por el Día de la Lealtad”, donde expresaron, “hoy más que nunca, lealtad hacia nuestra doctrina e ideales”.

 

El movimiento obrero realizó un acto en la sede social de la Unión Obrera Metalúrgica, junto a gremios enrolados en la CGT Jujuy; y la juventud se reunió en el espacio denominado Casa Evita, también en pleno centro de la capital provincial.

El PJ de Neuquén descubrió un cartel que señaliza la plaza Juan Domingo Perón, ubicada en el barrio Santa Genoveva de la capital provincial, donde el diputado provincial y consejero del PJ neuquino, Darío Peralta, expresó: “Es un orgullo para nosotros como peronistas inaugurar esta cartelería en la plaza que lleva el nombre de Juan Domingo Perón, nuestro líder”.

Las actividades en la provincia patagónica iniciaron anoche con una vigilia en la “Casa Popular Jauretche”, de la ciudad de Neuquén.

En San Luis tuvo lugar la puesta en valor del busto del General Juan Domingo Perón en el centro de la ciudad y se realizó una obra teatral sobre los orígenes del movimiento en la sede el Partido Justicialista.

Participaron el Intendente capitalino y Presidente del consejo departamental de Pueyrredón, Sergio Tamayo, y distinto dirigentes del gobierno puntano, que en sus discursos llamaron a «imitar el ejemplo de unidad para salir adelante y mantener el legado peronista en cada rincón de la patria».

En la provincia de Buenos Aires, 62 Organizaciones Peronistas celebraron los 77 años del Día de la Lealtad con un acto en La Plata en el que plantearon la necesidad de que trabajadores y trabajadoras ocupen espacios políticos que les permitan «recuperar la bandera de justicia social».

 

Y en la ciudad de Mar del Plata, movimientos sociales, centrales sindicales y referentes del justicialismo marcharon por la calles del centro y subrayaron la necesidad de defender la unidad.

El PJ de Catamarca conmemoró la fecha en la plaza ‘15 de Septiembre’ del departamento Pomán, ubicado a unos 160 kilómetros de la capital provincial, donde cientos de militantes justicialistas coparon las calles para participar del acto oficial que comenzó minutos después de las 20 y tuvo como principales oradores al gobernador, Raúl Jalil, y a los intendentes Gustavo Saadi, Francisco Gordillo, y Susana Zenteno.

Con una gran convocatoria en el Monumento de la autopista Santiago-La Banda, el senador nacional y titular del PJ santiagueño, José Emilio Neder, dijo que “el peronismo es una forma de vida”, en un acto donde se colocaron ofrendas florales al pie del monumento a Juan Domingo Perón, y destacó que “el peronismo santiagueño está unido, ordenado y organizado en todo el territorio”.

“La convicción esencial del peronismo trata de hacer que las clases sociales menos pudientes tengan una distribución de ingresos que les permita alcanzar esa igualdad de posibilidades que conduce a la movilidad ascendente. Por esto luchamos desde 2005 en este proyecto de unidad provincial que lleva adelante Gerardo Zamora”, sostuvo Neder.

Tres actos importantes se llevaron a cabo en Córdoba, uno de ellos en la sede de Luz y Fuerza, con referentes del kirchnerismo local como la diputada nacional Gabriela Estévez, el diputado nacional Eduardo Fernández, el dirigente Martín Fresneda y un gran número de militantes.

La CGT «normalizadora» Córdoba realizó el primer acto por la mañana, con el sindicalista Pablo Chacón encabezando los festejos, y en la sede del Smata por la tarde el sindicalismo provincial, con José Pihen a la cabeza, mantuvo su encuentro junto a Juan Monserrat (UEPC), quienes representan a la CGT disidente.

El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, llamó a «mantener viva la llama de la militancia» por el expresidente Néstor Kirchner y la vicepresidenta Cristina Kirchner, al encabezar el acto en la sede local del PJ de Santa Cruz, que contó con la presencia del periodista Diego Brancatelli.

El presidente Alberto Fernández recibirá este martes al director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi, y encabezará un acto en el partido bonaerense Hurlingham junto al ministro de Economía, Sergio Massa.

La primera actividad será por la mañana en la residencia de Olivos, donde Fernández mantendrá una audiencia con Grossi de la que también será parte el canciller Santiago Cafiero, se informó oficialmente.

Al mediodía, en tanto, el Presidente se trasladará al municipio de Hurlingham, donde pondrá en marcha el nuevo módulo de la planta depuradora para el tratamiento de líquidos cloacales.

Del acto participarán el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; el intendente local, el exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta; los ministros Sergio Massa (Economía) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas); y la titular de AYSA, Malena Galmarini.

Finalmente por la tarde, Fernández se reunirá con el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), Mariano Jabonero, de visita por la «Semana Internacional de Ciencia y Tecnología».

El ministro de Economía, Sergio Massa, partirá esta noche rumbo a Washington para participar de la Asamblea Anual conjunta del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

El titular del Palacio de Hacienda permanecerá en la capital estadounidense del 12 del 14 de octubre. La agenda de trabajo incluye actividades en el marco del G20 como la reunión ministerial y un encuentro cerrado promovido por India, país que tendrá la presidencia del Grupo el próximo año, indicó la agencia Télam.

En el FMI y el BM, Massa tiene previsto participar de las reuniones del Comité Monetario y Financiero Internacional, así como también de las actividades en el marco del Comité de Desarrollo.

El ministro viajará acompañado por el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, el asesor en temas internacionales Gustavo Martínez Pandiani y el vocero Santiago García Vázquez.

En Washington, Massa mantendrá encuentros con autoridades económicas de América del Sur y México organizados por Ilan Goldfajn, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, así como una sesión de trabajo bilateral con Gita Gopinath, subdirectora gerente del organismo multilateral de crédito.

La agenda oficial también incluye reuniones bilaterales con Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda de México; Nureddin Nebati, ministro de Finanzas de Turquía; Nadia Calviño Santamaría, vicepresidenta de Gobierno y ministra de Asuntos Económicos de España; Pascal Saint-Amans, presidente del Comité Asuntos Fiscales de OCDE; Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil; Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la Unión Europea, y con autoridades del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Asimismo, Massa participará en el conversatorio de Ministros de Finanzas organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el marco del 56º encuentro de la Red de Bancos Centrales y Ministerios de Finanzas de América Latina y el Caribe junto a Ramírez de la O, Mario Marcel (ministro de Hacienda de Chile), José Antonio Ocampo (ministro de Hacienda de Colombia) y Azucena Arbeleche (ministra de Economía del Uruguay).

Finalmente, tendrá un encuentro de trabajo con representantes del Gobierno de Estados Unidos y con ejecutivos de empresas estadounidenses con negocios e inversiones productivas en la Argentina, organizado por el Atlantic Council, uno de los think tanks locales más influyentes a nivel global.

El viaje de Massa se realizará luego de que el Directorio Ejecutivo del FMI anunciara el 7 de octubre último que se completó la segunda revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas de 30 meses con la Argentina, lo que permitirá un «desembolso inmediato» de alrededor de US$ 3.800 millones.

La designada ministra de Trabajo, Raquel «Kelly» Olmos, aseguró que el presidente Alberto Fernández le pidió llevar a cabo una gestión que «cuide los puestos laborales y los salarios», y afirmó que para el Gobierno nacional «es central» mantener las negociaciones colectivas entre los gremios y las cámaras patronales.

«Lo que me pidió el Presidente (Alberto Fernández) es que cuide de los puestos de trabajo y el salario de los y las trabajadoras de Argentina. Esa es mi principal misión. Para nosotros la institución de la negociación colectiva es central. Las paritarias son una herramienta que los peronistas defendemos muchísimo y que este gobierno ha sostenido para que el salario le gane a la inflación», aseguró Olmos en declaraciones formuladas anoche a la TV Pública.

Olmos, quien asumirá el próximo jueves, consideró que la actual administración heredó «enormes restricciones» por parte del gobierno de Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio, a lo que se sumaron cuestiones como la pandemia de coronavirus y la guerra entre Ucrania y Rusia, que tuvieron «un tremendo impacto» en la economía de Argentina y generaron «un nivel muy alto de inflación».

«Mi responsabilidad, desde la cartera de Trabajo, será estar junto a los trabajadores y sus organizaciones. El tema de los ingresos es algo crítico. Hay un sector muy golpeado que es el sector informal, que durante el macrismo perdió un 20% de su capacidad adquisitiva. Nuestro gobierno, siempre ha intentado mantener y recuperar la capacidad adquisitiva», remarcó.

Por otra parte, consultada sobre las primeras reuniones previstas con la CGT y las organizaciones sociales, Olmos destacó que «el método de trabajo será el diálogo y el intercambio» con los distintos actores que componen el mundo laboral.

«En todo mi trayectoria político estuve codo a codo con los compañeros del movimiento obrero. Para mí, es de lo más grato poder trabajar de forma fluía junto a ellos», apuntó.

Al ser consultada sobre la situación interna del Frente de Todos (FdT), la dirigente del peronismo porteño respondió que en la coalición gobernante hay «diálogo permanente porque ese es el método de construcción».

«Hay distintas posiciones y vamos a trabajar para el bien común. La Vicepresidenta (Cristina Fernández de Kirchner) le presta especial atención al tema del salario, como todas y todos los que tenemos un compromiso para construir una sociedad más justa», subrayó la exlegisladora porteña.

Además cuestionó «esa línea libertaria y neoliberal» que hoy expone el expresidente Mauricio Macri y que fue «disimulada» por Cambiemos durante la campaña electoral de 2015.

«Hay un debate cultural. Ellos (los dirigentes de Juntos por el Cambio) quieren imponer una ideología que atenta contra todo el sistema de derechos que puede construir una sociedad más justa. Esa propuesta es como entregarle al pueblo una soga con la cual ahorcarse. Estamos en contra y tenemos un proyecto que no por casualidad se llama justicialista. Las empresas del Estado son banderas esenciales del desarrollo de nuestra Nación. Son conceptos conceptos de soberanía e importancia estratégica que el macrismo no acompaña», puntalizó.