Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia los ataques a la clase trabajadora y sus representantes ha sido una constante. Las centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, han confrontada unidas y por separado con el gobierno nacional. Ayer, en las masivas marchas que se realizaron por todo el país en defensa de la educación y la universidad pública hubo una fuerte presencia de los sectores sindicales que, junto con la comunidad educativa de cada ciudad de la Argentina, convocaron a la movilización que tuvo, en la ciudad de Buenos Aires la expresión mayoritaria en cuanto a cantidad de participantes, pero el impacto político de este hecho todavía está determinarse.

La CGT, por ser la central sindical más importante en cuanto a cantidad y diversidad de gremios, encabezó desde un primer momento la protesta contra las políticas económicas libertarias. El paro y movilización del 24 de enero fue una prueba de ello. En ese contexto y ante la profundización de las políticas de la Rosada, la CGT se sumó a la marcha organizada por las universidades de todo el país. 

«Nos movilizamos para defender un pilar fundamental de nuestra sociedad, la Universidad Pública. Garantizar el acceso a la educación para todxs por igual que brinda oportunidades para el futuro e impulsa el progreso de nuestra Patria», escribió en sus redes sociales Héctor Daer, triunviro de la CGT que, junto con el camionero Pablo Moyano portaron una bandera junto a otros dirigentes del consejo directivo como Rodolfo Daer (Alimentación), Luis Cáceres de ladrilleros, Sergio Palazzo de la Bancaria y Sergio Romero de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Romero, a su turno, resaltó que la marcha «está dejando un mensaje muy profundo y por más que el gobierno se niegue, lo va a tener que analizar”. En ese sentido, se preguntó “¿cómo se debe (Milei) sentir bajándole el salario a los trabajadores de la educación, no sé si pueden dormir de noche?».

En otro sector de Plaza de Mayo, Abel Furlán encabezó la columna de la UOM. «Este es un mensaje muy fuerte para el gobierno que atacó la educación pública y la sociedad en su conjunto reaccionó con esta impresionante movilización que se repite en todas las ciudades del país», aseguró a Página/12 mientras recibía imágenes y videos de la participación de las regionales de la CGT en sus respectivas provincias. Las marchas en Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Bariloche y otras tantas ciudades contaron con la presencia de los gremios de la CGT.

Las dos CTA

El secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky, aseguró que se sabía que la marcha iba a ser multitudinaria y destacó que marcó además «la convergencia pluralista de distintos sectores y también de distintas expresiones de la sociedad, porque junto a los estudiantes universitarios y los profesores iban a estar los trabajadores y representantes de los movimientos sociales».

En esa línea, Yasky señaló que «el mundo pudo ver que en la Argentina la educación pública es un bien que el pueblo no está dispuesto a entregar. El que va a la Universidad, incluso a una privada que también depende en parte del presupuesto nacional, sabe que ese es un bien absolutamente imprescindible para que en la Argentina haya movilidad social ascendente». Por último indicó que le parece deplorable que «en un país que tuvo cinco premios Nobel salidos de la universidad pública tengamos un presidente que tenga esa enorme dimensión de ignorancia».

Por su parte, Daniel «Tano» Catalano, titular de ATE Capital dijo que todos los trabajadores saben lo que significa la educación pública y por eso «las calles desbordaron de gente en todo el país, porque aunque el gobierno intente sembrar odio y amenazar con su protocolo anti cortes de calles, no van a poder. No pudieron. Hoy fuimos parte de una masiva movilización que desbordó las calles. La universidad le mejoró la vida al Pueblo. Esta histórica movilización es una muestra de todo lo que podemos hacer para enfrentar a este gobierno que le da la espalda a los más necesitados para beneficiar a los mismos de siempre».

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy aseguró que la masiva movilización permite estar orgulloso del pueblo argentino «que sale a la calle en unidad porque cuando defendemos la universidad pública estamos defendiendo la posibilidad de un país soberano e integrado. Necesitamos que se derogue el DNU que permite desfinanciar la educación pública, bajar los salarios, aumentar los alquileres, este pueblo está marcando un camino para seguir luchando con orgullo y satisfacción”.

Por último destacó que “fuimos miles y miles de estudiantes y trabajadores que nos movilizamos masivamente en todo el país para decirle al presidente Milei que no puede seguir gobernando por decreto, ajustando y empobreciendo a millones de argentinos y argentinas».

Ahora, en esta serie de acciones directas que han convocado las centrales sindicales está la movilización del 1º de mayo y el paro nacional del 9. Todos mensajes para uno solo destinatario: Javier Milei.

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La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se asomó al balcón del Instituto Patria con un buzo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) -la institución donde cursó sus estudios en Derecho- en apoyo a la Marcha Federal Universitaria. 

Luego, en su cuenta de Tik Tok publicó otro video, en el que se relata la historia del buzo: se trata de un emprendimiento de dos estudiantes universitarias, quienes diseñan prendas con logos universitarios del país. CFK recibió a las diseñadoras en el Instituto Patria y destacó la importancia del nivel superior de educación como eje de la movilidad ascendente.

«Educación pública para la igualdad de oportunidades»

Más temprano, la exmandataria había compartido un tuit sobre la importancia de invertir en la educación pública. «Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75’-76’, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?», dice el tuit.

«Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia. Educación pública para la igualdad de oportunidades«, concluye.

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La marcha gigantesca con réplicas en buena parte de la Argentina volvió impracticable el protocolo que establece marchar por las veredas para facilitar el tránsito vehicular.

La masividad de la imponente marcha de estudiantes en defensa de la universidad pública dejó hecha añicos la implementación del protocolo antipiquetes del gobierno nacional. Menos de 24 horas atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anticipado la intención de llevarlo a la práctica.

«El protocolo tiene que ver con la realidad de la gente que va», manifestó la funcionaria en declaraciones televisivas. «Yo ya conozco más o menos el número de gente que va ir, hay un elenco estable de gente que se moviliza», había dicho horas antes de la movilización. 

No se quedó ahí y dijo que pensaba que podía haber una «provocación» en base a que se sumaran la CGT, la CTA y la izquierda. Y que esa «provocación» podría ser buscada «para movilizarse de aquí a la eternidad».

Lo cierto es que una marcha gigantesca con réplicas en buena parte de la Argentina volvió impracticable el protocolo, que establece marchar por las veredas para facilitar el tránsito vehicular. Algo imposible por la cantidad de manifestantes. De hecho, hay testimonios de bocinazos de automovilistas en favor de la convocatoria universitaria.

En la ciudad de Buenos Aires, la seguridad corresponde a las autoridades porteñas. Bullrich coordinó con su par, Waldo Wolff, pero al final de cuentas se aplicó una máxima liberal, las del laissez faire («dejar hacer») y la marcha se desarrolla con normalidad. 

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La vicepresidenta Victoria Villarruel usó Twitter para intentar burlarse de la convocatoria universitaria a Plaza de Mayo. Connotada apologista del terrorismo de Estado, buscó llevar agua a su molino al compartir un fragmento del discurso de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora en el que trató de burlarse de la muerte de Hebe de Bonafini.

Más temprano, la vice había celebrado la decisión del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona de revisar las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado y volvió a referirse a las políticas de derechos humanos como un «curro». «Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del presidente @JMilei», manifestó Villarruel en redes sociales.

La vice hizo referencia al anuncio que realizó el lunes Cúneo Libarona en relación a que el Ejecutivo llevará adelante una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

El comunicado difundido por el titular de la cartera de Justicia argumenta que la iniciativa tiene que ver con irregularidades «en la tramitación, otorgamiento y/o pago» del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.

La revisión que impulsa el Gobierno tiene que ver con los crímenes perpetrados entre 1976 y 1983 por las Fuerzas Armadas, por las desapariciones, torturas y asesinatos de personas en el marco del terrorismo de Estado.

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MÁS INTENDENTES SE OPONEN A LA IDEA DE MERINO

Para el organismo, que estudia el accionar represivo, el gobierno busca  amedrentar y ralear la convocatoria del 23.

Desde la Comisión Provincial de la Memoria consideran que el anuncio del presidente Javier Milei de aplicar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich a la marcha en defensa de la universidad pública del martes 23 es impracticable y la declaración tiene intenciones disuasorias, para esmerilar la convocatoria.

Roberto Cipriano García, abogado graduado en la UNLP y miembro del secretariado de la CPM, sostiene que «la evidencia anterior demuestra que el protocolo es impracticable en marchas muy masivas, como la que se espera el martes, pero no es garantía de comportamiento futuro. 

García agrega que «los propios responsables de los operativos lo reconocen en privado. Acá lo que se ve es la intención del gobierno de bajarle el tono a una marcha que, parece, será histórica» y que «el motivo útimo parece ser el argumento del supuesto control de la calle, la foto para que Bullrich pueda exhibir como triunfo político».  

Monitoreo

La Comisión Provincial de la Memoria, en tanto integrante del Mecanismo de Prevención de la Tortura, cuenta con un área de Justicia y Seguridad Democrática, que monitorea el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad y sus formas de intervención y represión sobre la protesta social.

En el ejercicio de esa función, sus integrantes estuvieron en la calle en cada instancia de protesta de estos últimos cuatro meses: durante la marcha piquetera del 20 de diciembre, por un nuevo aniversario de 2001, en la marcha conjuntamente organizada por la CGT y las CTA a Plaza Lavalle, una semana más tarde, en el paro nacional con movilización a congreso del 24 de enero, en la represión durante las protestas contra la ley ómnibus, el 31 de enero y 1ro de febrero.

También, más recientemente, en la marcha de las mujeres del 8 de marzo, en el aniversario del 24 de marzo y, finalmente, en la movilización frente al ministerio de Capital Humano, el pasado 10 de abril. En todos los casos, producen un informe, que luego entregan a los legisladores nacionales y funcionarios nacionales y provinciales. Más de una vez, esos informes terminan incorporados en procesos como prueba judicial o elevados a organismos internacionales.

“Lo que se observa como patrón o modus operandi, es una decisión de ir con todo contra los movimientos sociales. Cuando el actor que se moviliza es otro, la actitud cambia, es más bien expectante”, explican.

Cuando se aplica el protocolo, agrega García, «pasan dos cosas: una, es la propia policía la que termina cortando el tránsito o, dos, el tránsito circula pegado a la multitud, y esa situación de peligro puede generar un accidente en cualquier momento».

Otras fuentes consultadas imaginan que la marcha universitaria, además de ser muy masiva, lo que ya de por sí tiene un carácter disuasivo para los intentos represivos, tendrá una composición socioeconómica diversa. Por eso suponen que, más allá de las recientes declaraciones altisonantes del presidente, el comportamiento de las fuerzas sería similar al del 8 o 24 de marzo.

“En esos casos se dieron cuenta rápidamente que, por la cantidad de gente, lo de marchar por la vereda era absolutamente impracticable. Igual, hubo algunos hechos de represión aislados, especialmente a la hora de la desconcentración, cuando van quedando grupos sueltos”, relatan. «También se está repitiendo la infiltración de agentes de civil entre los manifestantes, con la intención de provocar o generar disturbios. 

“Anuncios de aplicación del protocolo, en casos como este, parecen más una expresión de enojo, una reacción emocional, y un intento de disuadir a algún sector de los que pensaban asistir, infundiendo temor o preocupación por una posible represión”, agregan.

La contracara de esta actitud es la represión a las movilizaciones de movimientos sociales, que se ha mostrado “sistemática” e “implacable”. La voluntad disciplinadora contra esos sectores ya se pudo observar el 20 de diciembre, cuando a los manifestantes no se les permitió bajar de la vereda y Edgardo Belliboni terminó detenido, mientras Milei y Bullrich observaban todo desde la sala de situación del departamento central de policía.

El último informe

Más recientemente, la CPM publicó el informe sobre la represión de la protesta frente a la sede del ministerio de Capital Humano, el pasado 10 de diciembre. Allí señalan, entre otras cosas, que “la violencia represiva fue desplegada por los distintos cuerpos de la Policía de la Ciudad utilizando una combinación de ataques indiscriminados con disparos con postas de goma, camiones hidrantes, lanzamiento de gases químicos y golpes con tonfas contra las y los manifestantes, incluso cuando estaban de forma pacífica o retirándose”.

Y agregan que “como contrapartida, no se registró que las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina) presentes en el lugar fueran parte de la represión. Estos hechos culminaron con 10 detenciones y al menos 36 personas heridas, entre ellas periodistas y personal sanitario que se encontraba en las postas de salud de las organizaciones”.

El párrafo mencionado da cuenta de las diferencias que suelen producirse entre las fuerzas federales, dependientes de Patricia Bullrich, y las de la ciudad de Buenos Aires, que responden a Diego Kravetz y Waldo Wolff. 

Por lo general, son Gendarmería, Prefectura y Policía Federal las fuerzas más celosas de la aplicación del protocolo de su jefa, que al menos en el discurso no admite excepciones. En simultáneo, el alcalde Jorge Macri garantizó que la marcha «ocurrirá de manera pacífica». Es difícil que ambos tengan razón.  

Una fuente que estaba en el terreno el 10 de abril sostiene que “cuando se inició la represión, los manifestantes apenas estaban cortando un carril y se podía circular en los restantes. La represión pareció más bien la respuesta a un reclamo mediático. Eran pocos, sin capacidad de respuesta, y los dispersaron en menos de diez minutos”.  

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Fue una de las escenas icónicas de la pandemia de coronavirus. Durante una sesión de la Cámara de Diputados que se realizaba a distancia, por teleconferencia, el legislador nacional Juan Ameri apareció en la pantalla besándole los pechos a una mujer. Ahora fue condenado a un mes de prisión en suspenso, tras ser hallado culpable de cometer el delito de perturbación del ejercicio de funciones públicas.

El fallo fue dictado por el juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos de Javier Milei para integrar la Corte Suprema.

El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2020, cuando la Cámara baja debatía sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional y la refinanciación de las deudas provinciales con Anses. Mientras hablaba el diputado Carlos Heller, el sistema mostraba, entre otras imágenes de los legisladores conectados a la sesión, Ameri con una mujer sentada sobre sus piernas, con un pecho descubierto que el diputado tocaba y besaba. Cuando otros diputados, e incluso el público que seguía la transmisión, advirtieron el asunto, se desató el consabido escándalo. El diputado del FdT salteño terminaría renunciando a su banca y enfrentando un juicio.

“Juan Emilio Ameri tenía conocimiento de las implicancias de las sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de asistencia presencial y remota. Es decir, que se transmitía en vivo, que se grababa y que toda conducta que realizara frente a su cámara sería reproducida al resto de los asistentes», consideró el juez Lijo. «Es evidente que sabía que su conducta podía ser advertida por los representantes del pueblo, como así también por todas aquellas personas que estuvieran observando la transmisión en vivo del debate», agregó en su fallo.

Para el magistrado, el exdiputado «se representó la posibilidad de que su conducta de contenido sexual causara la perturbación de la sesión deliberativa, y sin perjuicio de ello desarrolló la acción que se le reprocha, la cual efectivamente concluyó en la interrupción del debate». Con esos argumentos, Lijo concluyó que Ameri incurrió en la figura que pena la perturbación del ejercicio de funciones públicas.

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Se cortaron partidas destinadas a jubilados, docentes, estudiantes, empleados públicos, personas con enfermedades graves de salud, científicos y obreros.

Por detrás del resultado fiscal superavitario del primer trimestre que el Gobierno celebra hay un ajuste de enorme proporciones que afecta a la sociedad argentina en general y en particular a jubilados, docentes, estudiantes, empleados públicos, personas que sufren enfermedades graves de salud, científicos y obreros.

El dato que festejan Javier Milei y Luis Caputo no se debe al impacto positivo de una expansión económica ni tampoco a un ajuste inteligente de los gastos. Básicamente, el Gobierno permitió que se licúen o directamente dejó de pagar una buena porción de sus obligaciones, algunas de ellas de enorme impacto social.

Motosierra y licuadora

El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) explica que a pesar de la caída de los ingresos del Tesoro en el primer trimestre en relación al mismo período del año pasado en términos reales, la merma de los gastos permitió que las cuentas dieran en positivo. Si no se toma en cuenta el pago de intereses de la deuda –que es lo único que creció–, la caída en términos reales del gasto primario del Estado es del 35,7 por ciento.

Así, al finalizar el primer trimestre de 2024, la Administración Nacional obtuvo un resultado financiero positivo de 0,7 billones de pesos, en contraste con un déficit de 1,4 billones de pesos obtenido en igual período de 2023. Se trata del cuarto mayor valor de la serie que comienza en 2010.

La clave para explicar ese resultado es que el Gobierno está aplicando un ajuste feroz sobre la población. La mayor parte se explica por la caída real de las transferencias a jubilados y pensionados, la baja de los subsidios a las tarifas y el derrumbe casi a cero de la obra pública. A continuación, algunas de las grandes partidas afectadas:

*Jubilaciones: la inflación le ganó por goleada a la fórmula de movilidad, con una merma de poder adquisitivo del 42 por ciento en el primer trimestre. Los bonos compensaron sólo en una parte menor esta retracción, con lo cual la caída fue del 31,4 por ciento.

*Obra pública: el informe de la OPC destaca que los gastos de capital reflejaron una retracción del 83,3 por ciento en términos reales, a partir del masivo recorte de transferencias de capital para las empresas públicas, a provincias y municipios y también en la inversión real directa.

*Subsidios: a pesar del fuerte tarifazo, que redujo la necesidad de subsidios, todavía persisten fuertes deudas del Estado con Cammesa, Enarsa y las empresas del Plan Gas.

*Salarios: la partida de gasto corriente en personal del Estado muestra una caída del 16,8 por ciento interanual.

*Programas sociales: ajuste en las partidas para el Potenciar Trabajo (-50 por ciento real), Becas Progresar (-45,7 por ciento), programa Acompañar (-80 por ciento), Políticas Alimentarias (-81 por ciento).

Más en detalle, de acuerdo al CEPA, «se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud, ANMAT, hospitales nacionales e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Nacional de Discapacidad. En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de ‘Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, Respuesta al VIH’, ‘Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra’ y ‘Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles».

Sobresale la parálisis de los proyectos viales en todo el país y el ajuste en el equipamiento en el sector educativo en el marco del Conectar Igualdad, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente y en partidas de Gestión Educativa. En materia científica, se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.

Se destacan los recortes de partidas para el funcionamiento de la Anses, el INAES y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, así como también en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, el SENASA, INTA e INTI.

En cambio, detalla el CEPA, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó el 18,5 por ciento del total de gastos. De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que crece en términos reales respecto al mismo período de 2023.

Crisis

El combo de motosierra y licuación fue suficiente para absorber la caída de los ingresos fiscales como motivo de la crisis económica. La recaudación tributaria cayó en términos reales un 9,6 por ciento en el primer trimestre.

Hacia el interior de los ingresos fiscales, se observa un derrumbe de los tributos asociados al mercado interno. La recaudación del impuesto a las Ganancias cayó 38,8 por ciento interanual, mientras que el IVA se redujo un 1 por ciento; Débitos y Créditos, un 10,8 por ciento y Seguridad Social, 23,3 por ciento. En cambio, el Impuesto PAIS creció un 304,1 por ciento en base a la devaluación y a la ampliación de la base imponible que aplicó esta gestión, junto al avance del 109,9 por ciento en los derechos de exportación.

Fuente: Pag12