Los trabajadores del Congreso recibirán un incremento del 16 % desde el primero de enero y del 12 % en febrero, con respecto a los salarios que regían hasta diciembre. El sueldo mas bajo será de 407.000 pesos

Las autoridades del Congreso Nacional y los gremios acordaron un aumento salarial del 16 por ciento para enero y 12 por ciento para febrero, pero aún resta por saber si ese incremento se aplicará a las dietas de los legisladores.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que -junto al vicepresidenta Victoria Villarruel- alcanzaron un acuerdo con los gremios y destacó que será similar al que cobran los empleados en el Estado Nacional.

«Con @VickyVillarruel firmamos un aumento del 16% para enero y 12% para febrero. Por primera vez, los aumentos del personal del Congreso serán iguales a los que reciben docentes, el personal de seguridad y de salud, en todo el Estado Nacional», publicó Menem esta mañana en la red social X.

Este acuerdo se deberá convalidar en una resolución de ambos presidentes del Congreso, Menem y Villarruel, para que pueda abonarse con los salarios que se cobran los primeros días de marzo, aunque también pueden liquidarse con una planilla adicional.

También serán los presidentes de las Cámaras de Diputados y del Senado si este aumento se aplica a los legisladores, ya que en noviembre del 2022 cuando se estableció el acuerdo para el 2023 se eliminó una clausula que prohibía enganchar el aumento del personal a la dieta de los legisladores.

El acuerdo fue alcanzado el jueves en la Comisión Moduladora del Valor del Modulo entre los funcionarios legislativos, la Asociación del Personal Legislativo, ATE Congreso, y UPCN, con el fin de actualizar los haberes de los empleados de parlamento.

Un aumento será del 16 por ciento desde el primero de enero y del 12 por ciento en febrero, con respecto a los salarios que regían hasta diciembre, con el cual el sueldo mas bajo será de casi 407.000 en la categoría 13 y el más alto será de un sueldo bruto correspondiente a un director de comisión será de un 1.443.632 pesos.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que alcanzaron un acuerdo con los gremios y destacó que será similar al que cobran los empleados en el Estado Nacional

El acuerdo fue firmado por los funcionarios del Congreso María Laura Izzo, Agustín Giustinian, Laura Oriolo, Diego Molina Gómez y Alejandro Santa, mientras que por APL lo hicieron Norberto Di Próspero, Fabián Zaccardi y Felipe Sanz, por ATE Claudio Britos y Martín Roig por UPCN.

En el acta firmado el jueves se establece que «en virtud de la responsabilidad política, los signatarios del presente acuerdo en representación de la parte empleadora se comprometen a otorgarlo en función de la disponibilidad en las partidas presupuestarias, impulsando las diligencias necesarias ante las presidencias de ambas Cámaras».

Fuente: Télam

Por unanimidad también se acordó mantener a las mismas autoridades del cuerpo que fueron elegidas en diciembre, pocos días después de que asumiera el presidente Javier Milei.

El Senado ratificó este viernes que La Libertad Avanza continuará al frente de la presidencia provisional de la Cámara alta, en tanto que, de manera unánime, también se acordó mantener a las mismas autoridades del cuerpo que fueron elegidas en diciembre, pocos días después de que asumiera el presidente Javier Milei.

El quórum se logró pasadas las 10 con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel y del oficialismo de La Libertad Avanza, y también de bloques como el PRO, el radicalismo, partidos provinciales y el peronismo disidente.

 

El interbloque del Frente de Todos bajó al recinto una vez que la sesión estaba iniciada y mientras se entonaban las estrofas del himno nacional.

El Frente de Todos aceptó designar a un integrante de su bloque para la Vicepresidencia de la Cámara

Apenas se inició la sesión, el jefe del bloque oficialista, el jujeño Ezequiel Atauche, propuso una moción de orden para que inmediatamente se vote a las autoridades del cuerpo.

Con 71 presentes y un solo ausente, la kirchnerista Carolina Moisés, se ratificó mantener como presidente provisional de la Cámara al mileísta puntano Bartolomé Abdala; e hizo lo mismo con la radical santafecina Carolina Losada en la Vicepresidencia Primera; y con la peronista disidente de Córdoba, Alejandra Vigo, en la Vicepresidencia Segunda.

Además, se ratificó la designación de los secretarios Administrativo (María Laura Izzo) y Parlamentario (Agustín Giustinian); al prosecretario Administrativo (Lucas Martín Clark) y a la prosecretaria Parlamentaria (Dolores Martínez), así como al titular de la Secretaría de Coordinación Operativa (Manuel Chavarría).

En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió en diciembre, el Frente de Todos aceptó designar a un integrante de su bloque para la Vicepresidencia de la Cámara y, de ese modo, Villarruel le tomó juramento a la neuquina Silvia Sapag.

 

Acuerdos y rechazos

La modalidad de la sesión se resolvió el jueves a la tarde durante la reunión de Labor Parlamentaria, que sirvió para ratificar la fecha de la sesión y se buscó establecer un orden para la jornada de este viernes.

Del encuentro en Labor Parlamentaria también participaron los senadores mileístas Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche; los radicales Mariana Juri y Eduardo Vischi; Luis Juez, por el PRO; Beatriz Terenzi, por Cambio Federal; Carlos Espínola, por Unidad Federal; Mónica Silva, por Juntos Somos Río Negro; y Carlos Arce, por el Frente Renovador de la Concordia de Misiones; además de Lucila Crexell por Comunidad Neuquén.

Se espera que la sesión preparatoria, que habitualmente no dura más de 15 minutos, sea mucho más extensa porque el FdT pretende presentar una serie de cuestiones de privilegio destinadas a repudiar la decisión de la vicepresidenta respecto del tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

La senadora riojana Florencia López cargó contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien llamó «máquina de impedir

El decreto firmado por el presidente Javier Milei apenas asumió su mandato comenzó a ser discutido en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo y seguirá siendo estudiado durante las próximas semanas.

De hecho, la primera que hizo uso de la palabra fue la riojana kirchnerista Florencia López, quien pidió una Cuestión de Privilegio contra la vicepresidenta Victoria Villarruel a quien llamó «máquina de impedir».

«No es un pedido caprichoso, sentimos obligación de tratarlo, la Constitución nos obliga y la gente está sufriendo por este DNU», enumeró López.

Antes de las cuestiones de privilegio, los senadores pampeanos Eduardo Bensusán, por el Frente de Todos; y Daniel Kroneberger, por el radicalismo; hicieron un homenaje al exgobernador y exsenador nacional por su provincia, Rubén Marín, fallecido hace pocas semanas.

Fuente: télam

De la reunión, que busca reforzar la relación bilateral, participa también la canciller Diana Mondino, quien luego dará una conferencia de prensa junto al funcionario de los Estados Unidos. 

 

El funcionario norteamericano se encuentra visitando Argentina en el marco de una visita a la región, tras participar de la reunión de cancilleres del G20, que se realizó esta semana en Rio de Janeiro, Brasil.

 

«Así queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho», afirmó la ministra de Seguridad tras mantener un encuentro con el presidente de El Salvador, al coincidir en la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora que se realiza en Washington:

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo un encuentro con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien le aseguró su intención de «seguir el modelo» que llevan adelante en ese país, al coincidir en la cumbre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) que se realiza en Washington y donde el sábado disertará el presidente Javier Milei.

«De una masacre diaria y un país controlado por las maras (bandas criminales) a una sociedad donde se cuida la vida. Una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. ¡Hacia allí vamos!», posteó este viernes Bullrich en su cuenta de la plataforma X, junto al video del encuentro con Bukele.

«Queremos seguir el modelo que ustedes están llevando adelante… haber bajado la criminalidad como la bajaron», le dice Bullrich al mandatario salvadoreño en el video.

Además, lamentó que, pese al trabajo realizado, haya que «soportar las críticas» cuando «han salvado millones y millones de vidas, la verdad que es increíble».

En ese marco, agregó: «Así queremos realmente trabajar y ver lo que han hecho», a fin de replicar la experiencia.

La titular de la cartera de Seguridad aseguró: «Nosotros le ponemos mucho esfuerzo, y necesitamos llegar a ese lugar también. Estamos seguros de que vamos a llegar, estamos en el camino. Ahora estamos en un cambio importante en la Argentina».

A esas afirmaciones, Bukele respondió: «Lo estamos viendo desde afuera. Estamos a la orden para lo que quieran».

Fuente: Télam

El choque entre los manifestantes y la policía se produjo en las inmediaciones del Ministerio de Capital Humano. «No nos dejan manifestarnos», afirmó el dirigente del PO, Eduardo Belliboni. Durante la jornada, están previstos 500 cortes de rutas y movilizaciones en todo el país.

La jornada de protesta que realizan este viernes organizaciones sociales en todo el país se inició en un clima de tensión en el microcentro porteño, en las inmediaciones de las oficinas del ministerio de Capital Humano, con empujones entre manifestantes y efectivos de la policía de la ciudad, que arrojaron gas pimienta.

«No nos dejan manifestarnos, la Policía se metió entre la gente con golpes de palos y gas pimienta. No vamos a abandonar el derecho a la protesta. Queremos que se abran los comedores populares», dijo a la prensa el dirigente del PO, Eduardo Belliboni, en la esquina de Carlos Pellegrini y Juncal, a metros del despacho de la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello.

Organizaciones sociales, de izquierda, independientes y peronistas, iniciaron esta mañana una nueva jornada de protesta «con 500 cortes» de rutas en todo el país y en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en reclamo de asistencia alimentaria para comedores y merenderos comunitarios, entre otras demandas.

 

Desde el comienzo de las manifestaciones, los efectivos policiales buscan aplicar el protocolo de orden público implementado por el ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, que impide manifestarse y hacer cortes en las calles.

Las protestas comenzaron a las 9.30 con concentraciones en distintos puntos de acceso a la ciudad y en el interior del país, y tienen epicentro en el edificio de Juncal y Carlos Pellegrini, donde la ministra de Capital Humano instaló sus oficinas.

La jornada de protesta fue convocada para reclamar «asistencia para comedores comunitarios» y en rechazo al «congelamiento de los salarios» y de los montos en los planes Potenciar Trabajo, bajo la consigna «La Emergencia Alimentaria no puede esperar más. Basta de ajuste!».

También ya se realizaban concentraciones en la rotonda de Lavallol en Esteban Echeverría; en 197 y la Autopista Panamericana en Tigre, en las puertas del shopping Plaza Oeste, en La Plata y en la intersección de la Ruta 4 y la Ruta 8, todas en la provincia de Buenos Aires.

 

Los distintos puntos de concentración contaban con una importante presencia de efectivos de la Gendarmería Nacional, con camionetas y motos.

De la protesta participan la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), la Unidad Piquetera (UP), el Frente de Lucha Piquetero, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional y el Bloque de Organizaciones en lucha, entre otras.

También forman parte de la convocatoria la Organización Libres del Sur, la Corriente Clasista y Combativa (CCC); el Frente Nacional Territorial (FeNat CTA-A); la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente Barrial CTA-T, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el Frente Milagro Sala, la Organización Barrial Tupac Amaru y la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes).

Otras organizaciones convocantes son el Movimiento Argentina Rebelde; el Frente Popular Darío Santillán (FPDS); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (Mulcs), el Movimiento 8 de Abril; el FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base (FOB); el Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional; el MTD y el MTR por la Democracia Directa.

 

También se sumarán la militancia del Frente de Lucha Piquetero (FLP), el Polo Obrero (PO); MTR Votamos Luchar; el CUBA-MTR/MIDO; la Agrupación Armando Conciencia; MTL Rebelde; el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular; Pueblo Libres; la organización William Cooke; Soy Acción Revolucionaria; Movimiento de Lucha y Mujeres en Lucha.

Para Eduardo Belliboni, referente Bonaerense del Polo Obrero (PO), se trata de «una unidad sin precedentes, del conjunto de los movimientos» y -según explicó- «se trata del inicio de un plan de lucha extendido y unificado» contra el gobierno de Javier Milei.

«A más de dos meses del gobierno de Javier Milei, han demostrado que quieren hambrear al pueblo y llevarse todo lo que puedan de la Argentina. Vivimos la inflación más grande desde los últimos 30 años, con una situación de hambre gravísima en los barrios más pobres, con una fuerte caída del trabajo y del consumo popular», dijo a Télam Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

 

Por su parte, Marianela Navarro, delegada nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) advirtió que en los barrios populares se vive «una situación completamente crítica», consideró que la posición del Gobierno «es intransigente, abandona a los pobres y excluye a los trabajadores» y dijo que los movimientos sociales «sostienen desde hace dos décadas unos 44 mil comedores» en todo el país.

 

El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo este miércoles que «al Gobierno nacional le tiene que ir bien, pero incluyendo a las provincias» y sostuvo que la reunión del martes en Salta con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y otros gobernadores, «es uno de los primeros pasos» para que la Nación «empiece a limar asperezas».

«Mi postura desde el primer día que asumí, es que lo mejor que le puede pasar a Argentina y a Tucumán es tratar de manejarse a través del diálogo y del entendimiento entre el Gobierno nacional y el provincial», declaró Jaldo en declaraciones a la prensa.

El mandatario tucumano ofreció este miércoles una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno local en la que valoró la reunión que mantuvo con el ministro del Interior, en la que también estuvieron los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Catamarca, Raúl Jalil; y de Jujuy, Carlos Sadir.

Jaldo consideró que esa reunión «es uno de los primeros pasos para que la Nación empiece a limar asperezas con la provincia y podamos llegar a un acuerdo».

En ese contexto, señaló que ese «acuerdo tiene que ver con que la Nación tenga los instrumentos legales para poder gobernar el país y, a la par de eso, que las provincias también tengamos las normas legales y los instrumentos financieros para poder cumplir con nuestras obligaciones».

«Los gobernadores queremos ayudar a gobernar a nivel nacional, que el Congreso funcione y sancione las leyes que necesita el presidente de la Nación (Javier Milei), pero también necesitamos reciprocidad contar con los recursos», manifestó el gobernador.

Además, sostuvo que «desde Nación, lejos de aumentarnos los recursos, hay conceptos que se nos van quitando».

Jaldo pidió un «entendimiento lo más rápido posible, porque no sé cuánto tiempo más se podrá esperar en esta situación».

Según Jaldo, el encuentro en Salta «marca un cambio en la dinámica de las relaciones entre la Nación y las provincias, pasando de los agravios a un diálogo constructivo y orientado hacia el bienestar común».

«La Patria es una sola y al Gobierno nacional le tiene que ir bien, pero incluyendo a las provincias», concluyó.

Fuente: Télam

El primer tema que abordará será la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) de designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente de esta estratégica comisión integrada por 16 miembros, cuya titularidad este año le corresponde al Senado.

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo se reunirá este jueves al mediodía para designar autoridades y acordar su esquema de trabajo, dado que debe tratar decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Gobierno anterior y el DNU 70/23 impulsado por presidente Javier Milei, que deroga y modifica leyes y propone, entre otras medidas, una reforma laboral.

El primer tema que abordará la comisión será la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) para designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente de esta estratégica comisión integrada por 16 miembros, cuya titularidad este año le corresponde al Senado.

El oficialismo confía en que cuenta con los votos para imponer a Pagotto ya que tiene el respaldo de seis miembros: tres de LLA, dos del PRO y uno de Hacemos Coalición Federal (HCF). Aún falta resolver la postura que asumirán los dos representantes de la UCR, el de Unidad Federal y el de Cambio Federal.

En ese sentido, un sector del radicalismo evaluaba no darle ese lugar a LLA y que recaiga, en cambio, en algún aliado del oficialismo, postura en la que pesan «los dichos de los últimos días del presidente sobre los miembros del Congreso», dijeron fuentes del sector.

La conformación de la bicameral se cristalizó el lunes pasado debido a que no había acuerdo en la Cámara de Diputados entre LLA y Unión por la Patria (UxP), ya que el peronismo reclamaba cuatro lugares y el titular del cuerpo, Martín Menem, consideró que le correspondían tres, decisión que adoptó al enviar las designaciones.

Además de Pagotto integran la comisión los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).

Por Diputados, en tanto, están Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UxP), Oscar Zago y Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (HCF).

De todos modos, la primera discusión que se planteará será el esquema de trabajo, ya que el oficialismo quiere tratar primero los DNU del anterior Gobierno del Frente de Todos (FdT), mientras que UxP buscará acelerar la discusión y un posible dictamen del DNU 70/2023 de la actual administración.

Menem cuestionó a los bloques que ahora «tienen un apuro institucional repentino cuando estuvieron en silencio mucho tiempo de varios sectores de la política; la última vez que se juntó la comisión en noviembre trató 115 decretos en menos de dos horas en una sesión virtual, que eran del 2019».

 

En esa línea, el titular de la Cámara baja dijo que primero esa comisión «va a tener que tratar los decretos que se dictaron posteriormente a noviembre del 2021, porque no hay reunión desde esa fecha».

La Comisión no se reúne desde hace casi dos años y desde 2021 no analizó los decretos dictados por el expresidente Alberto Fernández, con lo cual quedaron 175 DNU sin ser tratados.

De todos modos, tanto en el análisis de los DNU del Gobierno de Fernández como en el caso del DNU de Milei los plazos ya se encuentran vencidos.

Eso es lo que argumenta el presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, cuando, en declaraciones radiales dijo que «en este momento, tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo».

«Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto», opinó el formoseño quien, hasta ahora, no logró que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, pusiera fecha y hora a los pedidos de sesión especial planteados por el peronismo.

La ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo.

Si en este plazo no se analiza en la Comisión, se puede tratar en el recinto de sesiones sin tener dictamen correspondiente.

Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.

Si una cámara lo aprueba quedará firme, y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción tácita».

«El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia», establece uno de los artículos de la ley 26.122.

Otro punto que formará parte del debate será la propuesta de la UCR, que quiere hacer una interpretación de la ley y que se puedan aprobar algunos artículos y otros no, porque considera que se están reformando o anulando muchas leyes y trata múltiples temas.

Sin embargo, es probable que no se acepte esa posibilidad ya que la ley 26.122 reformada en 2006 dice que las cámaras «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».

 

En ese sentido, la diputada Gaillard aclaró que, a su entender «la comisión declara la validez o invalidez del todo, no se puede desmenuzar el DNU» porque «la ley (26.122) aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo».

«Desde la UCR en su mayoría se manifestaron en contra del DNU. Están buscando algún resquicio para decir ‘bueno, en realidad en partes estamos de acuerdo, en otras no’. Bueno, eso no se puede, porque el DNU es válido o inválido», remarcó.

Para la entrerriana, «lo que debería hacer la UCR es rechazar el DNU y pedirle al Ejecutivo que mande proyectos de las cosas que ellos sí están de acuerdo».

En tanto, Gutiérrez dijo que el DNU de Milei «es inconstitucional a todas luces».

«Las dilaciones para darle tratamiento no se deben a nuestras ganas o necesidad inmediata, sino que ha sido escondido porque actualmente está vigente, es decir, mientras no sea declarado inválido genera efectos», afirmó.

El legislador explicó por Radio Provincia (de Buenos Aires) que el Congreso puede «validar o rechazar el todo. No sé pueden agregar partes no dividirlo. Algunos compañeros radicales van a plantear que se puede dividirlo, pero eso la ley no lo permite».

«El primer avión que quiso aterrizar Milei fue la Ley Ómnibus y tuvo que volverlo al aeropuerto porque no tuvo los acuerdos. Veremos qué opinan nuestros compañeros de los movimientos sociales y populares. El Presidente es un anarquista, no considera que el Estado sea algo bueno», amplió.

Fuente: Télam

La actividad se realizó en las avenidas Acoyte y Rivadavia, con el fin de reclamar por «presupuesto universitario, boleto educativo y salario digno para docentes y no docentes».

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un «cacerolazo» en el barrio porteño de Caballito, para reclamar por «presupuesto universitario, boleto educativo y salario digno para docentes y no docentes».

La actividad comenzó a las 20 en el cruce de las avenidas Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, con el apoyo de otras agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes como Ademys y AGD-UBA Filo, sectores de la cultura y asambleas barriales, informó el Centro de Estudiantes en un comunicado.

 

El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS) Patricio del Corro dijo en su cuenta de X: «Muy buen cacerolazo educativo en Acoyte y Rivadavia. Estudiantes, docentes y asambleas de la zona reclamando por el recorte a las universidades y exigiendo boleto educativo contra los tarifazos».

Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) Federico Winokur destacó que «es la primera acción del movimiento estudiantil contra el gobierno de (el presidente Javier) Milei. Es impresionante la fuerza de la juventud. Un montón de centros de estudiantes, asambleas barriales y sindicatos docentes que se están congregando hoy porque Milei quiere cerrar la universidad».

 

 

«El plan de Milei no permite que la universidad siga abierta, que la universidad pague las facturas de la luz, no permite pagar los salarios de los docentes y no docentes», denunció Winokur.

Y agregó: «Ni loco Milei, ¡No va a pasar este plan!. Estamos movilizados, vamos a construir un estudiantazo para enfrentar todo el plan contra la educación publica».

Violeta Alonso, dirigente de la agrupación estudiantil ¡Ya Basta! y secretaria de Lucha por el Presupuesto de la facultad, consideró que «la cursada está en peligro: el presupuesto asignado hasta ahora por el gobierno nacional a la UBA solo alcanza para mantenerla abierta hasta abril y una situación similar afecta a las demás universidades del país».

La dirigente estudiantil y organizadora del cacerolazo sostuvo que «los tarifazos brutales en el transporte y el ajuste en general harán más difícil para muchos estudiantes, especialmente para aquellos de familias trabajadoras, sostener los estudios universitarios».

 

 

«Al mismo tiempo, docentes y no docentes se encuentran sufriendo el plan de ajuste de Javier Milei con salarios de miseria y sin certezas sobre las paritarias de los próximos meses», agregó.

Por su parte, la dirigente del MAS, Manuela Castañeira, apuntó contra «la política de déficit cero del gobierno de Milei» que «se lleva adelante con profundos recortes a áreas sensibles y estratégicas del país, como por ejemplo la educación pública».

«Su plan fiscalista, cuyo principal objetivo es pagarle al FMI, implica el ahogo presupuestario de universidades, la eliminación de la paritaria nacional docente y el recorte del FONID, que compromete, por lo menos, a 10% del salario docente, entre otras medidas», afirmó.

Fuente: télam