La Casa Rosada habla de una medida de fuerza “político-partidaria” y apuesta al fastidio de quienes no se adhieren. La elección de Pablo Moyano como enemigo público y el miedo a la posible presión sobre los senadores. Adorni anunció sanciones para los estatales que se sumen.

Las posturas en Casa Rosada son encontradas. La bajada de línea oficial es minimizar la medida de fuerza de la CGT y remarcar que no mueve un ápice del programa económico. “Qué hagan lo que quieran, no nos van a frenar”, dicen. Incluso, sostienen que confrontar con dirigentes gremiales como el camionero Pablo Moyano –elegido por Javier Milei como enemigo público–, nutre al relato anticasta. En privado, sin embargo, les preocupa la presión que pueda generar sobre los senadores en medio de la discusión por la ley Bases. Los números están ajustados y Karina Milei trabaja en el poroteo. En la antesala del paro, y a modo de provocación, el Gobierno anunció que sancionará a los estatales que se adhieran y volvió a difundir una línea telefónica para que los empleados denuncien extorsiones de sindicatos. Alineados con el Presidente, las centrales empresarias salieron a rechazar la protesta.

“Yo no paro”, es la consigna que impulsa Milei en redes sociales. La estrategia del Gobierno se repite: señalar que el paro es “político-partidario” y enfrentar trabajadores con trabajadores, exponiendo las consecuencias de la medida. En el guión libertario anotaron que alrededor de 6 millones y medio de personas se quedarán hoy sin transporte público y que 700 vuelos serán cancelados. “Paran los fundamentalistas del atraso”, sentenció Manuel Adorni. A pesar del brutal ajuste, la caída récord del poder adquisitivo y la pérdida de puestos de trabajo, el vocero presidencial expresó que la protesta es “injustificada” y cuestionó que durante la gestión de Alberto Fernández haya habido “cero paros”. «El nuestro ya tuvo dos de la CGT, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronáutico y más de 100 marchas e intentos de piquete», se quejó.

Al igual que en la huelga general de enero, el Ejecutivo presentó ayer su liturgia antigremial. En primer lugar, anunció que le descontará el día a los estatales que se plieguen a la medida. “El que no va a trabajar, no cobra”, advirtió Adorni. En segundo lugar, recordó que continúa abierta la línea 134 que lanzaron a principio de año para denunciar supuestas “extorsiones” sindicales. En aquel momento, sin brindar mayores detalles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había asegurado que recibían más de 1.000 llamadas diarias. Y, por último, el Gobierno reiteró que “las organizaciones que participen de la marcha deberán afrontar los gastos” por el show policial que desplegará Bullrich.

En Casa Rosada sostienen que la cúpula de la central obrera exagera posturas, presionada por las posturas de la oposición más radicalizada. Le reprochan haber convocado al paro horas después del encuentro que mantuvo con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro del Interior, Guillermo Francos; y el secretario de Trabajo, Julio Cordero. De esa reunión, Héctor Daer, Hugo Moyano y Carlos Acuña, entre otros, se fueron con la promesa de una reforma laboral más acotada que la original.

El análisis que hacen en el Gobierno es que la “intransigencia” está empujada por Pablo Moyano, a quien eligen para confrontar. Tiempo atrás, Milei definió al camionero como un “enemigo de las reformas” –por oponerse a la ley Bases– y lo chicaneó por haber participado de la marcha en defensa de la educación pública. “Una vez encontró un libro y lo llevó al museo porque no sabía qué era”, lanzó irónico. El Presidente se siente cómodo rivalizando con el cosecretario general de la CGT por considerarlo un símbolo de la casta sindical. “Fíjense quién está a favor del cambio y quién está en contra”, repite.

Al mandatario no le preocupa tanto el alcance de la medida de fuerza en la calle o la actividad económica, sino el impacto en el Congreso. La mirada está puesta en cómo pueda llegar condicionar a los senadores en el debate por la ley Bases, en general, y en la discusión por la reforma laboral y la reversión del impuesto a las Ganancias, en particular.

En alerta por el ajustado panorama en la Cámara alta, La Libertad Avanza busca cerrar filas con los bloques aliados. Ayer, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se encontró por primera vez cara a cara con Cristian Ritondo. El jefe de la bancada del PRO en Diputados fue clave en la media sanción, se ganó la confianza de Milei y ahora trabaja para lograr la sanción. En las filas oficialistas estiman que existen serias posibilidades de que el paquete fiscal sufra modificaciones y tenga que volver a la Cámara baja.

La banca del establishment

En sintonía con el discurso libertario, entidades empresarias manifestaron su rechazo al paro y lo calificaron de «injustificado» e «inoportuno». «Las acciones deberían estar alineadas con la situación social y económica» de la Argentina, expresaron la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Amcham (Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina) y la Paetac (Primera Asociación Empresarios Transporte Automotor de Cargas). Y concluyeron con una contundente defensa a Milei: «Resulta llamativo que a cinco meses de la asunción ya se lleve a cabo un segundo paro general, cuando durante los cuatro años del anterior período presidencial no hubo siquiera una sola protesta de estas características».

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El movimiento obrero prevé una medida de fuerza potente. Emitieron un documento donde denuncian el desguace del Estado, la desprotección social y afirman que que el paro es «en defensa de la democracia, los derechos laborales y el salario digno». El gobierno amedrenta a estatales.

El segundo paro nacional convocado por la CGT y las dos CTA se prevé contundente. Los diferentes gremios que forman parte de las tres centrales obreras fueron anunciando uno a uno su adhesión que incrementa aún más la potencia de la huelga. «Pará la mano», le reclaman al destinatario primario de esta medida de fuerza: el gobierno de Javier Milei y sus políticas de desguace del Estado para destruir el patrimonio nacional y los derechos laborales. De todas formas, este sayo bien le puede caber a más de un gobernador (y también legisladores) que acompaña sin remilgos el feroz ajuste que aplica la Casa Rosada contra la sociedad en general y los trabajadores y jubilados en particular. El documento que emitieron las centrales sindicales da cuenta de ello al sostener que “un gobierno nacional que, en nombre de una mal entendida libertad de mercado, implementa un ajuste brutal que sufren especialmente los sectores de menores ingresos, las clases medias asalariadas, jubilados y pensionados”. 

La Rosada, en tanto, procura bajarle el tono a la medida de fuerza, pero también amedrenta a los trabajadores del Estado con el descuento del día. Curiosamente, el vocero Adorni acusó a los sindicatos de buscar convertir al país en lo que de hecho está pretendiendo concretar la gestión de Milei. Los calificó de «fundamentalistas del atraso, los que quieren seguir haciendo de la Argentina un camino de la servidumbre».

La respuesta a los dichos de Adorni llegó de la mano del titular de ATE nacional, Rodofo Aguiar, quien afirmó que «aunque el Gobierno quiera amedrentar a los trabajadores del Estado, violando la libertad sindical, no lo logrará. La adhesión a la medida de fuerza va a ser total. Mañana (por hoy) en Casa Rosada no vas a tener ni quien te sirva el café».

Entre los sindicalistas ya se habla de lo fuerte que será la medida de fuerza. El dato que refuerza este análisis es la adhesión de los gremios del transporte: colectivos, trenes, subterráneos y aviones. Un sector sindical que es clave a la hora de garantizar la paralización del país.

El paro será potente además porque está la adhesión de los gremios de comercio, la construcción, camioneros alimentación, sanidad, metalúrgicos, los trabajadores rurales, mecánicos, energía, docentes y los empleados bancarios.

Los ataques

Por supuesto que acechan las presiones y los intentos de quebrar la medida de fuerza. Por caso, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) que lidera Roberto Fernández presentó una acción de amparo para impedir que la empresa de transporte DOTA obligue a sus trabajadores a no ser parte de la huelga. La empresa, que explota el 70 por ciento de las líneas de colectivos que prestan servicio en el AMBA, hace caso omiso a la suspensión judicial que hay sobre el capítulo laboral del DNU 70/2023 y lo aplica a sus empleados. en ese sentido, les anunció a sus trabajadores que considera vigente el DNU y, por lo tanto, les advierte que por lo menos el 40 por ciento del servicio se debe garantizar. 

Los abogados de UTA solicitaron a la justicia laboral «una medida autosatisfactiva a fin de preservar el libre ejercicio de la huelga a la totalidad de los trabajadores de las empresas del Grupo DOTA». En rigor, este grupo empresario desde un primer momento ha desconocido la suspensión del capítulo laboral del DNU 70 que logró la CGT y otras organizaciones gremiales. Por caso, suspendió la retención de las cuotas sindicales que se le hace a los trabajadores para aportar a la UTA.

Hasta anoche, la justicia no había emitido opinión.

En el ámbito estatal circulan comunicaciones donde les advierten a los trabajadores la decisión del gobierno nacional de descontar el día del paro y, como tal, se arriesgan a perder el concepto del presentismo. 

El documento

La CGT que conducen Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, junto a los titulares de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy respectivamente, emitieron un documento donde dan cuenta de las sobradas causas del segundo paro contra Milei.

«Estamos frente a un gobierno nacional que promueve quita de derechos laborales y sociales, que redefine el rol del Estado, cerrando y achicando a su mínima expresión importantes dependencias e instituciones que brindan asistencia a nuestra población, generando de esta forma ciento de miles de despidos de servidores públicos», reza el documento. 

En otro tramo, advierten que Milei «decreta la paralización de la obra pública generando un descomunal desempleo. Que lleva adelante un brutal desfinanciamiento de la seguridad social, de la salud pública; de las universidades, de la educación, de la ciencia y la cultura, poniendo en riesgo la vida de nuestros mayores y la población en general, afectando directamente a la calidad educativa, la capacidad de investigación del país y nuestra identidad cultural». 

En ese sentido, las tres centrales sindicales afirman que el presidente Milei «promueve peligrosas políticas de privatización de empresas públicas y de entrega de los recursos del patrimonio nacional».

Las centrales obreras describen cómo a través de la liberación de precios de alimentos, medicamentos y energía los salarios pierden poder de compra. Por otra parten destacan la intervención del Ministerio de Economía que conduce Luis «Toto» Caputo, en las paritarias para impedir que los salarios acordados no inquieten el plan económico de recesión.

El documento consensuado entre la CGT y las dos CTA remarca que «un 31 por ciento de caída real en las partidas presupuestarias de jubilaciones y pensiones, un 87 por ciento en obras públicas, un 39 por ciento en subsidios al transporte, un 76 por ciento en transferencias a las provincias, un 18 por ciento en recorte a las universidades y un 13 por ciento en programas sociales; son solo algunos de los indicadores que ponen en evidencia que el ajuste no lo paga la casta; sino que recae sobre los sectores más vulnerables».

Por último, los dirigentes gremiales destacan que el gobierno se caracteriza por rechazar el diálogo social y que «se desentiende de los más vulnerables, discrimina a las y los hacedores de la economía popular, mientras se deteriora gradualmente el valor capital de las pequeñas y medianas empresas y comercios, profundizando así el grave cuadro de pobreza estructural e indigencia que devasta nuestra comunidad».

El paro concluirá a la medianoche, pero hacia el interior de las centrales sindicales ya se discute la renovación de un plan de lucha. Algunos dirigentes ya proponen movilizarse el próximo 16 de mayo, día previsto para que el Senado debata los proyectos Bases y Paquete Fiscal. Ahora falta que el sector político, del peronismo en particular, recupere protagonismo y se sume de manera concreta a la pelea contra las políticas del gobierno libertario. Es lo que le reclama el sindicalismo.

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El debate en la Cámara alta de la ley ómnibus arrancó con malas noticias para el oficialismo. Además de los errores no forzados, como la inclusión de modificaciones en dos artículos del texto, los bloques de la oposición dialoguista ya plantearon varias objeciones que podrían empantanar el tratamiento. Al Gobierno se le complica la idea de dictaminar este jueves, el día del paro general. La CGT, las dos CTA y la OIT serán convocadas por la reforma laboral.

El debate por la ley bases en el Senado comenzó complicado para el oficialismo. A la inconsistencia en la votación sobre el impuesto al tabaco se sumó el hallazgo de Unión por la Patria sobre modificaciones en dos artículos de la media sanción en Diputados que llegó a la Cámara alta: “No sabemos qué texto vamos a votar”, apuntó la senadora Juliana Di Tullio. Mientras tanto, Martín Menem hacía llegar una “fe de erratas” para corregir los “errores”, lo que la neuquina Silvia Sapag tildó de “papelucho”. En la Rosada  ya habían hablado de “un error de tipeo”. En medio de ese desaguisado, los bloques de la oposición colaboracionista sumaron sus dudas sobre varios artículos –también del paquete fiscal–, lo que encendió las alarmas entre los libertarios ante la posibilidad de que varios de ellos terminen siendo rechazados o modificados. 

En parte por ese motivo, la Libertad Avanza tampoco podría cumplir con el ambicioso cronograma que se proponía emitir dictamen este jueves –el día del paro general convocado por la CGT y las dos CTA–. El bloque de Unión por la Patria, además, metió la cola y pidió ampliar la convocatoria de los expositores (hasta ahora solo previstos miembros del Gobierno), lo que tuvo el respaldo del ex gobernador salteño y aliado del oficialismo, Juan Carlos Romero (Cambio Federal).

Al planteo se sumó el entrerriano Edgardo Kueider (Unidad Federal), que preside la comisión Asuntos Constitucionales. Mientras que los radicales Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Pablo Blanco le exigieron al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, no apurar una sesión para aprobar las leyes durante la reunión que el bloque de senadores de la UCR tuvo a solas con el funcionario.

Di Tullio, incluso adelantó que oficializará el pedido de la convocatoria al plenario de las centrales obreras: la CGT y las dos CTAs (de los Trabajadores y Autónoma) y de representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que expongan su opinión sobre la reforma laboral que contiene la ley Bases. Representantes de las tres centrales sindicales estuvieron más tarde reunidas en el Senado con la bancada de UxP, donde expresaron su rechazo al proyecto del Gobierno.

Tabaco y “fe de erratas”

El plenario de las comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda se realizó en el Salón Azul (el mas grande del Senado) con los funcionarios del Gobierno nacional sentados en la cabecera para defender el proyecto del Gobierno: el ministro del Interior, Guillermo Francos, y al vicejefe de Gabinete, José Rolandi, el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, y la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de Presidencia, María Ibarzábal Murphy.

Pero la apertura del debate comenzó a modificar los gestos de los funcionarios que en varios pasajes participaron de los contrapuntos con los senadores opositores.

“Hay un reclamo hecho por las autoridades de los bloques. Primero por el texto que llegó al Senado que tiene errores en cuanto a la diferencia que fue votada en el recinto y lo que tenemos de ingreso de expediente. Es importante porque una palabra en un artículo cambia todo. Estamos preocupados por eso porque si hubo realmente este error, esto hace un impedimento del tratamiento hasta que Diputados pueda aclarar cómo es el tema del texto y de la votación porque hay dos diputados que dijeron que le contabilizaron mal el voto”, cuestionó el jefe del interbloque de UxP, José Mayans.

Las denuncias partían de sus propios compañeros de UxP en la Cámara baja. Los diputados expusieron las dudas de cómo se en la contabilizaron con los votos que se adjudicó a la incorporación del impuesto al Tabaco a ley Bases, donde se tomaron como afirmativas dos abstenciones. El hallazgo sobre las diferencias sobre el dictamen y texto que llegó al senado los hizo el jefe de la UxP en Diputados, Germán Martínez: “El texto que se comunicó al Senado tiene diferencias con lo que votaron las y los diputados en el recinto. Eso no puede pasar. Y es motivo de nulidad. Pedimos formalmente que se deje sin efecto la comunicación realizada al Senado”, posteó en la red social X con los textos diferentes en los artículos 152 sobre los permisos de exportación de gas natural licuado, y el 171 sobre el polémico régimen para Grandes Inversiones (RIGI).

Desde la Casa Rosada, buscaron minimizar las diferencias en el texto. “Es un tema menor, administrativo. Va a quedar subsanado en el día de hoy. Fue una pavada, no hacía al fondo de la cuestión y lo están solucionando”, dijo sin sonrojarse el portavoz presidencial Manuel Adorni.

“Es la primera vez que veo que pasa esto en una ley tan importante que se lleva por delante la Constitución, que modifica las relaciones económicas, políticas, sociales donde se deja el Congreso de lado. No podemos aceptar que cualquiera modifique la voluntad de los diputados y nos vengan a traer otro texto”, sumó la senadora Sapag en el plenario. “Si tratamos este proyecto de ley y viene con legitimidad de origen después se puede declarar su inconstitucionalidad. Si se votó mal, todo lo que vamos a tratar ahora no tiene ninguna legitimidad. Es muy grave lo que está pasando. Pido un cuarto intermedio”, exigió el salteño Sergio Leavy (UxP).

El libertario puntano Bartolomé Abdala, que preside la comisión de Legislación General y cabecera del plenario, encontró el hueco ideal entre los cuestionamientos y le dio la palabra a Francos, que comentó su exposición sin mención alguna a la polémica.

Debate fogoso

Pero Francos se encargó de abrir el fuego al debate. “Javier Milei se encontró con la peor crisis de toda la democracia”. “Encontró un Banco Central sin ni un dólar, inflaciones absolutamente descontroladas cualquiera sea el método de medición y una emisión desmedida”, afirmó el ministro político del Gobierno.

“No coincidimos en nada con las palabras del ministro; acá hay que dar datos”, salió al cruce Mayans y reprochó que “ustedes están fundamentando la ley Bases sobre datos que son falsos”. El senador formoseño le recordó que el gobierno devaluó la moneda en 120 por ciento y responsabilizó a Milei por la caída del empleo, la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y el contraste que genera con la liberación total de precios y el tope que le impone a las paritarias salariales.

Los cuestionamientos también llegaron desde los senadores dialoguistas. La macrista porteña Guadalupe Tagliaferri (PRO) pidió eliminar la cláusula polémico artículo 163 del proyecto de Ley Bases, que declara “nulo de nulidad absoluta” toda norma provincial que se oponga al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI), un reclamo que atraviesa a todos los bloques. Rolandi admitió que podrían aceptar cambios.

El RIGI preocupa a todas las provincias y se expresó durante todo el debate. Lousteau fue uno de los más críticos y lo calificó de “hiper generoso” en los beneficios que otorga para los grandes inversores. Su correligionario chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) expuso dudas sobre el criterio de selección de los proyectos que hará el Gobierno y cuál será la participación que tendrán las provincias en el proceso de elección de las inversiones.

Las críticas se expandieron al régimen previsional, a la delegación de facultades legislativas en el Poder Ejecutivo y a la posibilidad que tendrá el Gobierno de avanzar con una amplia reforma del Estado, la privatización de empresas y el desguace de organismos oficiales. El paquete fiscal que comenzará a tratarse hoy por separado en la comisión de Presupuesto, también fue criticado en el plenario: la rionegrina Mónica Silva (JSRN) se encargó de anticipar la queja de las provincias patagónicas sobre el impacto que la reversión del impuesto a las Ganancias tendrá en la región, en particular entre los trabajadores petroleros.

La cara de los funcionarios, tras más de cinco horas de debate, no solo reflejaban el cansancio de la jornada sino también la sensación que ambos proyectos podrían sufrir cambios y volver a Diputados. Escucharon decenas de objeciones, muchísimas de las cuales partieron desde los sectores dialoguistas en cuya postura está (o estaba) depositado todo el optimismo que derrochaba la Casa Rosada.

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Alfredo Beliz, titular del SEC, expresó su apoyo a la intención de Othar Macharashvili de presidir el PJ y además detalló las medidas a tomar por parte del sector de Comercio en el paro del próximo 9 de mayo.

Uno de los objetivos que persigue la CGT con el “parazo” –así lo definió esta semana el triunviro Héctor Daer– de este jueves pasa dejarle un “mensaje” a los senadores respecto de la ley Bases, y sobre todo, a la reforma laboral. A ese tema volvió a referirse Pablo Moyano, quien pidió que el proyecto insignia del Gobierno con media sanción de Diputados “se caiga”. En paralelo a la medida de fuerza, dijo el líder camionero, “se está dialogando con todos los sectores” para que “entiendan el reclamo de los trabajadores”.

“Uno de los motivos del paro es rechazar la reforma laboral”, dijo taxativamente Pablo Moyano horas antes que la ley ómnibus ingresara finalmente al Senado. La convocatoria a la huelga general, agregó, “es una forma de decirle a los senadores que no se puede llevar adelante y aprobar una ley que va en contra de los trabajadores los jubilados, contra los recursos naturales, contra las empresas del Estado». «Todas las fichas están jugadas», remató. 

Moyano habló antes de la reunión que mantuvieron referentes de la CGT en con senadores del bloque de Unión por la Patria. El encuentro duró poco más de una hora y participaron, entre otros, los triunviros Carlos Acuña y Héctor Daer, quienes fueron recibidos por José Mayans y Juliana Di Tullio. También participaron los senadores Eduardo “Wado” de Pedro, Juan Manzur y Sergio Uñac; además de los referentes de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo Godoy. Allí se delineó la estrategia para frenar el proyecto del oficialismo. 

Respecto del tratamiento en la Cámara alta de la reforma laboral, Moyano se mostró optimista de que de “se caiga”. “Faltan cuatro votos que seguramente los senadores de UP están dialogando para que se caiga este proyecto de ley”, concluyó.

El que también salió a criticar a la ley Bases fue el secretario del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor y diputado nacional de Unión por la Patria, Mario Manrique, quien aseguró que el proyecto “va en contra de la Nación” y que “la gente está tomando conciencia” sobre la grave situación que atraviesa el país”.

Asimismo, consideró que “el paro será contundente en todo el país” porque “estamos viviendo una situación que nunca antes se había vivido” bajo un gobierno “que va por fuera de todos los estamentos constitucionales”.

En declaraciones a Radio Colonia, Manrique aseveró que lo que se está buscando con la posible aprobación de la Ley de Bases, “se está vendiendo el país” y facilitando “el lavado de dinero”. “Parece que quieren transformar a la Argentina en un paraíso fiscal. El presidente, en post del déficit cero, declaró el default interno y le quitó recursos a todos los estamentos de la Nación que tienen que ver con Educación y Salud, bajo esa teoría de que el Estado no sirve y que es el que promotor todos los males de la argentina”, resumió.

Según Manrique, el Gobierno “está desmembrando” al Estado y “deja a la población huérfana”, además de perjudicarla con las reformas laborales que propone. En el caso de que la Ley de Bases se apruebe, para Manrique “Milei no se va a quedar quieto” y “va a llevar a la argentina en un estado de conflicto impensado”.

“Los gobernadores están mal ubicados. Yo entiendo las necesidades de cada provincia y que cada una tenga su gestión, pero si aceptan esto, se están entregando a una extorsión a cielo abierto”, concluyó.

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La expresidenta inauguró el Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria con las imágenes desplazadas por Karina Milei el 8 M. «Tengo el optimismo de que algún día ellas volverán a la Rosada», dijo. Irónica con el anticomunismo de Milei, cuestionó con dureza el RIGI en medio de la discusión en el Senado. Dos actos en dos semanas y la nueva centralidad.

Luego del despliegue de internismo a cielo abierto del acto en Quilmes, Cristina Fernández de Kirchner definió poner paños fríos y apuntar los cañones contra el enemigo común: Javier Milei y la Ley Bases que el Congreso está a punto de sancionar. Fue durante la inauguración del Salón de las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria, en donde la exPresidenta aprovechó para homenajear a las grandes mujeres de la historia que Karina Milei desplazó cuando rebautizó el salón de Casa Rosada como «Salón de los próceres». «Tengo el optimismo de que algún día todas ellas volverán a la Casa Rosada», afirmó frente a un público reducido y compuesto casi exclusivamente por mujeres. CFK ironizó sobre el anticomunismo de Milei, insistió en que el superávit del que se jacta es «trucho», y cuestionó con dureza el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que se está discutiendo en el Senado. «Es el estatuto legal del coloniaje versión Siglo XXI», calificó.

El salón del fondo de la planta baja del Instituto Patria estaba explotado de mujeres. Legisladoras, dirigentas bonaerenses, personalidades de la cultura, senadoras nacionales, funcionarias y referentas sindicales se apretujaban en el pasillo que daba de frente al Salón de las Mujeres del Bicentenario. Sobre las paredes estaban las fotos, en blanco y negro, de todas las mujeres que habían estado en Casa Rosada hasta que Karina Milei las corrió el 8M para poder poner un cuadro de Carlos Menem o Julio Argentino Roca. Allí estaban Eva Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Alfonsina Storni, Mercedes Sosa, las Madres de Plaza de Mayo, Lola Mora, Mariquita Sánchez de Thompson, entre otras. En las primeras líneas, sentadas, estaban Estela de Carlotto, Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Rodríguez, Juliana Di Tullio, Verónica Magario, Alicia Kirchner y Dora Barrancos. La inmensa mayoría, sin embargo, estaba más atrás, parada y apretujada intentando ver a CFK de cerca.

«Cuánto les falta para entender, no fue magia nos conduce una mujer», comenzaron a cantar las mujeres cuando CFK ingresó. «Las mujeres somos puntuales, no nos gusta esperar ni que nos esperen», comenzó, entre las risas y chiflidos de la audiencia. El clima era más bien íntimo, muy distinto al mega acto de Quilmes, en donde la interna de la Cámpora con Axel Kicillof quedó en el centro de la escena (por los lugares ocupados en el estadio y por las palabras de la propia CFK, que pidió no usar «el bastón de mariscal» para «dárselo por la cabeza a otro compañero»). «Ojalá hable para calmar un poco, no estuvo bueno lo de Quilmes», murmuraba una de las presentes que cuestionó, por lo bajo, el esmerilamiento que había contra Kicillof. No había un alma, sin embargo, que dudara que la única dueña de los votos -y, por lo tanto, la dueña de la lapicera que definiría las listas para 2025 y 2027- era Cristina. Y para varias, la nueva centralidad de CFK – dos actos en dos semanas – tenía que ver con dejar eso en claro.

Feminismos, Miami y superávit trucho

«Yo no soy feminista. Cada uno se reconoce en lo que es, con sus virtudes y defectos. Y yo no soy militante feminista, pero las respeto mucho», comenzó CFK, entre las risas de varias feministas presentes que le gritaban, desde el fondo, «Sos igual». La exPresidenta buscaba negar así que hubiera existido algún tipo de «sesgo ideológico» entre las mujeres que habían ocupado las paredes del exSalón de las Mujeres de Casa Rosada -como deslizó Karina Milei cuando lo rebautizó «Salón de los Próceres»- e insistir en algo que, paradójicamente, vienen sosteniendo hace tiempo muchas feministas: «La Libertad Avanza tiene un problema con las mujeres». CFK se refería a las propuestas de Lilia Lemoine para que los hombres pudieran renunciar a la paternidad o del senador Francisco Paoltroni – el mismo que comparó a Milei con un «príncipe que les hizo el amor y los despertó a todos» – sobre eliminar el concepto de «femicidio». «Son medievales», se quejó la exPresidenta.

Solo sería el primer dardo. El próximo sería el que ya le había lanzado en su última aparición pública: la «truchada» del superávit financiero. Sosteniendo la última resolución de la Secretaría de Energía que planteaba cómo pagar la deuda de Cammesa, CFK apuntó contra el «gran reperfilador» Luis Caputo y cuestionó: «Con un bono de deuda en dólares para la deuda de diciembre y de enero, y para febrero y marzo, un plan de pagos en 48 cuotas con tasa de interés del BNA que pagaran las distribuidoras. Como en la época de Macri, vuelven a convertir deuda en pesos a dólares. O sea que el superávit era trucho».

«Creo que el Presidente debería abandonar esa costumbre de andar hablando tonterías por el mundo, acerca de un comunismo que no existe. Presidente, el Muro de Berlín se cayó en 1989, ¿de qué comunismo me habla?», lo chicaneó, luego, CFK, quien confesó que, el día de la asunción de Milei, ella le había dicho que «cuando se siente en el sillón de Rivadavia, se le va a caer unos cuantos prejuicios». CFK busca, hace un tiempo, dejar en claro que los «dogmáticos» no son ellos, los kirchneristas, sino el mismo oficialismo que, por ejemplo, prioriza su alineamiento ideológico con Estados Unidos a costa de perjudicar su relación comercial con China. Para diferenciarse, CFK destaca, en público y privado, que al momento de recuperar YPF la primera empresa que se convocó fue Chevron.

«Con Néstor no nos íbamos a La Habana, ni a Beijing, ni a Moscú. Éramos más de ir a Nueva York, Miami, Disney World. Argentinos normales, de clase media, siempre lo dijimos, gente común y como todos», profundizó, provocadora, y remató: «Venció el capitalismo, a hacerse cargo los capitalistas y a generarle buenas condiciones de vida a todos los habitantes de la sociedad».

Estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI

Quienes conocen a CFK saben que ella está siguiendo muy de cerca las negociaciones por el paquete fiscal y la Ley Bases en el Senado. Y uno de los puntos que más le preocupa es el RIGI, ese régimen con beneficios exorbitantes -como libre disponibilidad de divisas y exenciones impositivas- por 30 años para las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. A ese capítulo, CFK lo denominó el «Estatuto legal del coloniaje versión siglo XXI».

«El nuevo estatuto, de economía extractivista, sin valor agregado, sin eslabonamiento industrial, sin generación de tecnología, sin investigación y desarrollo», criticó a la vez que advertía, en paralelo, que aquel «modelo neocolonial» no haría nada para evitar la desocupación. Y recordó cómo el año pasado se habían cumplido los 30 años del último marco de inversión minera (también con una propuesta de estabilidad fiscal por 30 años): «¿Cómo estamos? ¿Cuánto valor agregado? Cuántos buenos sueldos? No, no alcanza para los 47 millones de argentinos».

Ya sobre el final, entre algunas ironías cariñosas con Oscar Parrilli, único invitado varón presente – ya que había sido el de la idea de organizar el acto, además del presidente del Instituto Patria -, CFK intentó enviar un mensaje de esperanza. «La Argentina ya ha salido de situaciones más difíciles. ¿Cómo vamos a flaquear frente a la imagen de Josefina y Estela?», preguntó, mirando a las Abuelas de Plaza de Mayo que tenía enfrente

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El mandatario provincial se reunió con vecinos de la ciudad para explicarles cuáles serán las funciones y cómo estará conformado la nueva Ciudad Judicial. Aseguró que será un espacio de índole social y judicial que apunta fundamentalmente a que “Trelew se convierta en una ciudad más segura”.

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, se reunió este martes con vecinos de Trelew para detallar las funciones que se le asignarán al Centro de Encuentro ubicado frente a la Laguna Chiquichano de la ciudad valletana.

 

Durante la presentación, el mandatario explicó que el edificio será transformado en una Ciudad Judicial con espacios recreativos y de contención, y garantizó que “de ninguna manera funcionará como un lugar carcelario”.

 

“Tomamos todas las medidas necesarias para que Trelew sea un lugar más seguro”, manifestó el gobernador, en el auditorio “Héroes de Malvinas” del Ministerio de Educación del Chubut, donde recibió a los vecinos de Trelew junto al intendente de dicha localidad, Gerardo Merino; el ministro de Gobierno, Andrés Meiszner; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; el ministro de Educación, José Luis Punta; el secretario general de Gobierno, Guillermo Aranda; la secretaria de Vinculación Ciudadana, Laura Mirantes; y la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Silvia Bustos.

 

Allí, y ante más de 150 vecinos de la ciudad valletana, el titular del ejecutivo chubutense manifestó que “la idea es poner en valor un edificio que actualmente está abandonado y que estuvo parado durante muchísimos años”. En ese contexto, aclaró que no será un espacio para alojar detenidos, y que en modo alguno traerá inseguridad a la zona, ya que “en realidad apunta a todo lo contrario, porque en esa Ciudad Judicial va a funcionar una subcomisaría que hará más seguro el barrio”.

 

 

 

 

Al respecto, Torres consideró que “estamos haciendo algo innovador, que es ni más ni menos que sentarnos y ponernos de acuerdo en cuáles son las obligaciones de cada uno, en qué puede aportar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, en cómo el Ejecutivo puede coordinar de manera interministerial, y de qué manera trabajar para que haya una sinergia con la Justicia y el municipio”, remarcó

 

Asimismo, el gobernador aseguró que “estamos poniendo el foco en la gente, en la ciudadanía y no en cuestiones superficiales o partidarias”, y llamó en ese sentido a “tener una mirada integral para que Trelew vuelva a ser una ciudad progresista donde se puede invertir, generar trabajo y formar una familia”.

 

Espacios integrados

 

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Héctor Iturrioz, reveló que se trata de “un proyecto integrado que involucra a Seguridad, Justicia y Educación, como aristas que confluyen en un mayor bienestar para la ciudad”.

 

 

 

 

Trabajo conjunto

 

“Queremos trabajar todos juntos para dar una solución integral, y en este punto es donde se inscribe la Ciudad Judicial de Trelew”, explicó el funcionario, quien indicó también que va a ser un “espacio propicio, por ejemplo, para llevar adelante los juicios por jurado que nos demanda la ciudadanía”. 

 

En tanto, el intendente de Trelew, Gerardo Merino, se refirió a la situación por la que atraviesa la ciudad en materia de seguridad e indicó que “a poco menos de cinco meses entendemos el diagnóstico y cuál es el problema, y estamos todos dispuestos a trabajar en el mismo camino para marcar un rumbo que permita que todos los vecinos recuperen la tranquilidad”.

 

Asimismo, señaló que “está demostrado que vamos bien encaminados, gracias al trabajo que se está haciendo con el Comando Unificado, que se traduce en más presencia de las fuerzas en la calle, con mayor prevención”, y agregó: “Está a la vista que venimos a gestionar y que nos hacemos responsables para salir adelante”. 

 

 

 

 

Escuela de reingreso

 

En otro pasaje del encuentro, el ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, adelantó que se está poniendo en marcha también un proyecto educativo para implementar una “escuela de reingreso” en la ciudad de Trelew.

 

“Se trata de un programa que apunta a reintegrar al sistema educativo a jóvenes que abandonaron sus estudios secundarios, con enfoque en la inclusión y la equidad en términos educativos”, explicó el titular de la cartera educativa, añadiendo que “la propuesta ofrece un formato alternativo al nivel secundario para reincorporar al sistema educativo a adolescentes de 15 a 17 años que han abandonado sus estudios”.

 

“La escuela de reingreso surge desde el momento mismo que nos pusimos a pensar cómo abordar la inseguridad en Trelew y las problemáticas que atraviesan los jóvenes de esta localidad”, explicó Punta, quien concluyó afirmando que “la educación ha sido siempre la prioridad de nuestro Gobernador, y es por eso que vamos a empezar a trabajar con los jóvenes que han tenido problemas o cuestiones judiciales, para reintegrarlos al sistema educativo”.

 

En medio de las presiones de la Casa Rosada, el poroteo previo no arroja certezas sobre una votación que se prevé muy ajustada. 

El oficialismo abrirá hoy el debate en un plenario de comisiones de la ley Bases y su paquete fiscal en el Senado con el objetivo de tratar convertir en ley los ejes fundacionales del Gobierno de Javier Milei –cuya motosierra y licuadora ya aplica por DNU–, aunque deberá enfrentar un debate complejo para lograr su objetivo y con un final aun incierto en la Cámara alta. El cronograma de la Casa Rosada propone un tratamiento exprés para intentar conseguir un dictamen de mayoría el jueves 9 de mayo (el día del paro general que impulsa la GCT junto a las dos CTAs) y llevarlo al recinto del Senado el 16, a pocos días del promocionado Pacto de Mayo que Milei propuso sellar con los gobernadores colaboracionistas que acompañen su paquete de leyes. La definición del portavoz presidencial Manuel Adorni que ayer confirmó que el Pacto se realizará el 25 de mayo en Córdoba “con o sin ley Bases”, a pesar del optimismo del vocero, es una muestra de las dificultades con las que tropieza el Gobierno en el Senado. Una Cámara donde el Ejecutivo tiene escasa fuerza propia y menos aliados fieles, y se enfrenta a una primera minoría de Unión por la Patria con un peso determinante de legisladores que hasta ahora se muestran cohesionados y el descontento de varios gobernadores con muchos artículos del paquete libertario, que podrían introducir modificaciones a la media sanción que logró en Diputados y devolver el proyecto a la Cámara baja, e incluso rechazarla.

En medio de las presiones que la Casa Rosada busca imponer a muchos gobernadores para que acompañen la ley Bases y su paquete fiscal, el poroteo previo no arroja certezas sobre lo que podría ser el resultado final de la votación en el Senado.

La principal bancada opositora, el interbloque de UxP, se reunió el viernes pasado por zoom y ayer volvió de manera presencial en la Cámara alta con asistencia de sus 33 senadores, a solo 4 del quórum y la mayoría del cuerpo que tiene 72 miembros. Allí se definió la estrategia legislativa que el bloque llevará adelante en el debate que hoy arranca en comisiones.

Desde el Gobierno también apuntan a quebrar UxP para intentar reducir la resistencia y despejar el camino del oficialismo en el Senado. Para eso cuenta con los gobernadores peronistas de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y el de Catamarca, Raúl Jalil, quienes se manifestaron a favor de “darle las herramientas” que necesita el gobierno de Milei y presionan sobre los senadores de sus respectivas provincias. Pero la senadora y exgobernadora catamarqueña, Lucía Corpacci, dejó en claro que votará en contra; el también ex gobernador tucumano Juan Manzur (con una historia de confrontación con Jaldo) elegiría el mismo camino, mientras que interna provincial marcaría los pasos de la senadora Sandra Mendoza.

La mirada del oficialismo está puesta también en otros bloques y senadores de distintas provincias que plantean objeciones al texto que llegó de Diputados. Entre ellos, el pequeño bloque de Unidad Federal donde conviven el entrerriano Edgardo Kueider y el correntino Carlos “Camau” Espínola, que abandonaron UxP pero que no responden a ningún gobernador, junto a la cordobesa Alejandra Vigo (esposa del exgobernador Juan Schiaretti), cruzada por las idas y vueltas del gobernador Martín Llaryora con el gobierno central.

A la lista se suman los senadores patagónicos y sus resistencias a varios de los artículos de ambos proyectos, que van desde las facultades delegadas hasta las privatizaciones, pasando por la restauración del impuesto a las Ganancias para los trabajadores. Entre ellos Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), José María Carambia y Natalia Gadano (Por Santa Cruz) y Lucila Crexell (con juego propio pero con buena relación con el gobernador neuquino Rolando Figueroa). También la chubutense Marcela Cristina, que reemplazó en su banca al actual gobernador Ignacio Torres y que pese a su pertenencia al PRO no integra el bloque macrista; y su coprovinciana, la radical Edith Elizabeth Terenzi, otra por fuera del bloque partidario.

Tampoco escapa del radar de la Rosada cómo se podrían pronunciar parte de la UCR: el porteño y titular del partido, Martín Lousteau, el fueguino Pablo Blanco y el bonaerense Maximiliano Abad, que ya votaron en el Senado el rechazo al DNU. Otra incógnita representa la misionera del Frente Renovador de la Concordia, Sonia Rojas Decut.

Sobre gran parte de ellos está puesta la presión del Gobierno y de la oposición más dura, donde un puñado de senadores inclinarán la balanza hacia uno u otro lado.

Cronograma super exprés

El plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales se reunirá hoy a partir de las 14 en el Salón Azul del Senado para tratar la media sanción de la ley Bases. Allí expondrán el ministro del Interior, Guillermo Francos; el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico Normativo de la Presidencia, María Ibarzábal Murphy; el secretario de Hacienda del Ministerio de Economía, Carlos Guberman; y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

Mañana miércoles, a partir de las 10 de la mañana, continuará con la presencia nuevamente de Chirillo y sobre la reforma laboral expondrá el secretario de Trabajo y ex director legal del trabajo del grupo Techint, Julio Cordero. A las 14.30 se reunirá la comisión de Presupuesto, que preside el libertario jujeño Ezequiel Atauche, para analizar el paquete fiscal, con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

El objetivo del Gobierno es concluir el debate el jueves 9 de mayo (día del paro general convocado por las centrales de trabajadores), cuando el Plenario vuelva a reunirse a las 10 para dar dictamen a la ley Bases. Y a continuación la comisión de Presupuesto buscará lo mismo con el paquete fiscal. De conseguir sus objetivos, el oficialismo quiere llevarlo al recinto de la Cámara alta el jueves 16. Una agenda apurada y ambiciosa que habrá que ver si la Casa Rosada logra cumplir. 

Fuente: pag12

El gobierno nacional relativiza pero sabe que este jueves el paro lanzado por la CGT junto a las dos CTA será más que importante. Durante todo el día diferentes gremios fueron cumpliendo con la vieja tradición de anunciar su adhesión a la huelga general que el 9 de mayo paralizará el país. Por lo pronto, los gremios que agrupan a trenes, colectivos y subterráneos ya avisaron que son parte de la medida de fuerza. Es importante, al fin y al cabo, son los que garantizan la paralización del desplazamiento de las personas. Esto es lo que le permitió al triunviro de la CGT, Pablo Moyano afirmar que «el paro general va a ser contundente». El otro triunviro, Héctor Daer, dijo que será «un parazo». La media de acción directa, la segunda desde que asumió el gobierno Javier Milei, pretende además servir como un «mensaje» directo a los senadores para que rechacen los proyectos de la ley Bases y el paquete fiscal, que obtuvo media sanción en Diputados. 

«El paro general es un mensaje para los senadores de otros bloques, entre comillas dialoguistas, que todavía no se decidieron. Les exigimos que no voten la Ley Bases», dijo Moyano durante una asamblea de trabajadores que pertenecen a gremios de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte. La CATT aglutina a gremios como los camioneros, los trabajadores de los servicios ferroviarios, taxistas, colectiveros y también aquellos que dependen de gremios relacionados con los servicios de transporte y trabajo marítimo. Es un área de la CGT clave a la hora de mirar el resultado de una huelga general.

De todas formas, la CGT no olvidará la tarea política que comenzó a desarrollar desde que Milei oficializó el dañino DNU 70/2023. Así como en aquellos meses de verano la conducción cegetista visitó a diputados y senadores para frenar el DNU, que tiene el rechazo de la Cámara alta, y la entonces ley ómnibus, ahora repiten la estrategia. Este miércoles a partir de las 16, Daer y Moyano se reunirán con el interbloque de Unión por la Patria del Senado con el objetivo de confirmar el rechazo del proyecto Bases de todos los senadores que integran UxP. 

La tarea en el Congreso de Daer y Moyano no terminará allí. También piensan visitar a senadores de bloques que se mostraron más permeables al rechazo a los proyectos Bases y paquete fiscal. Esto incluye no sólo al radical Martín Lousteau sino a los peronistas disidentes como el correntino Carlos «Camau» Espínola y Edgardo Kueider, de Entre Ríos. El primero ya mostró su inclinación por apoyar los proyectos libertarios. 

En Tucumán, por caso, el secretario general de ATE de esa provincia, Jorge Flores, le pidió a los senadores Juan Manzur y Sandra Mariela Mendoza que voten a favor de los proyectos tal como lo impulsa el gobernador Osvaldo Jaldo. Diferente es la posición de la regional de la CGT tucumana.

Si bien los dirigentes gremiales le piden a los senadores que rechacen de plano los proyectos, también es cierto que hacen hincapié en el cambio de la condición laboral de los empleados públicos, donde el gobierno libertario pretende quitarles la estabilidad y limitar las huelgas.

Las asambleas

En el camino hacia el paro del 9M, ayer los gremios aeronaúticos realizaron asambleas para anunciar su repudio a estos proyectos y, sobre todo, el rechazo a la pretendida privatización de Aerolíneas Argentinas. 

La medida de fuerza ya estaba anunciada e incluso la empresa había elaborado un plan de contigencia para reducir el impacto en los vuelos de estas asambleas. Sin embargo, se aferraron a una frase del titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llanos, para horrorizarse. El dirigente gremial dijo que «estamos diciéndole a los senadores que están votando contra sus propios intereses, están votando para que las provincias dejen de tener vuelos de Aerolíneas día a día». 

En tanto, el titular del gremio de los pilotos, Pablo Biró, destacó lo destructiva que es la política de cielos abiertos que aplica el gobierno de Milei «porque es un atentado contra la soberanía nacional». En esa línea advirtió que «se abrieron los cielos con Chile, con Ecuador y la semana que viene van a ser con Perú. Y nadie, absolutamente nadie de la política, ni del gobierno actual, ni de la oposición, ni del gobierno anterior, nadie, dijo nada».

Las adhesiones

Una de las tradiciones que tiene la CGT es que pocos días antes de la medida de fuerza los gremios que la componen anuncian su adhesión. Es una forma de mostrar al gobierno de turno la contundencia de la medida de acción directa. 

En esta oportunidad, los gremios de los medios de transportes fueron uno a uno dando cuenta de su adhesión al paro. Lo hicieron los sindicatos ferroviarios y también los colectiveros congregados en UTA. En tanto, los trabajadores del Subte, anunciaron que se pliegan a la medida de fuerza desde su central obrera, la CTA de los Trabajadores. 

La Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), que conduce José Voytenco se sumó al paro. En un comunicado afirmaron que es preciso frenar las leyes Bases y el paquete fiscal en el Senado porque son normas que van en contra de los intereses de los trabajadores. En la misma línea se expresó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, que avisaron que se pliegan al paro contra Milei, que «gobierna para las personas más ricas y castiga a quienes tenemos trabajos formales, a los informales, a las cooperativas de trabajo y a los jubilados y jubiladas».

Fuente: pag12