El gobernador responsabilizó al Gobierno nacional por la caída en la producción industrial y el poder adquisitivo de los trabajadores.

Axel Kicillof expresó públicamente su apoyo al paro general realizado a partir de la convocatoria de la Confederación General del Trabajo (CGT) durante la jornada de este jueves. Además, criticó la política económica del Ejecutivo que encabeza Javier Milei, a quien consideró responsable del «industricidio» que amenaza al país por aplicar políticas «anti argentinas».

A través de su cuenta en X, la red social que antes se llamaba Twitter, el gobernador publicó una serie de posteos en la que señaló: «Caen la producción, el empleo y los salarios, se aceleran los despidos y Milei pretende erradicar los derechos laborales. Por eso, los trabajadores y trabajadoras van al paro»

El mandatario provincial adjudicó la responsabilidad al Gobierno nacional y consideró que «debe poner un freno a sus políticas anti argentinas». Además, aseguró que desde su administración seguirán «haciendo todos los esfuerzos posibles para sostener la producción y defender los puestos de trabajo. Seguiremos defendiendo los derechos de las y los bonaerenses».

Kicillof retomó una idea que ya había utilizado en otras oportunidades, la del industricidio. En ese sentido, esta vez señaló que «las políticas del Gobierno Nacional están destruyendo la producción, especialmente la industrial». La publicación incluyó también un gráfico que señala una caída del 20% en la industria manufacturera y que, en construcción llega al 40%, en comparación con el mes de marzo de 2023. «Milei desencadenó un industricidio», dijo Kicillof y auguró un futuro poco promisorio al agregar que «cada vez más argentinos y argentinas van perdiendo su fuente de trabajo».

Otro tema que abordó el hilo publicado por el gobernador fue el de los salarios. «La producción industrial responde linealmente a la destrucción de los ingresos de sectores populares y la reducción del mercado interno», consideró y agregó que “según los últimos datos disponibles, los salarios perdieron en el 1° bimestre del año un poder adquisitivo similar a la contracción industrial (-20%) y las ventas minoristas en supermercados retrocedieron 13%. Mientras tanto, el salario mínimo y las jubilaciones acumulaban en mayo un retroceso del orden del 30% real». Por último lamentó «la parálisis de todas las obras públicas nacionales» y evaluó que «combinada con el impacto de la devaluación y la caída del consumo, a lo que ahora se suma la apertura de las importaciones, destruyen el tejido productivo del país».

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Al igual que cientos de miles de personas que no se movilizaron a sus empleos, el Presidente se quedó en Casa Rosada y desde allí intentó minimizar la huelga convocada por la CGT y las dos CTA. 

1. m. Interrupción de actividades colectivas por iniciativa de algún grupo social o de una autoridad.

2. m. huelga (‖ interrupción de la actividad laboral por parte de los trabajadores).

Las definiciones de la RAE son precisas para definir qué es el paro, la acción que paralizó este jueves al país con un alto acatamiento de los trabajadores. Otras aceptaciones de la palabra refieren a la situación del desempleo (algo que creció con el arribo de la ultraderecha al poder) hasta la denominación genérica de diversos pájaros con pico recto y fuerte o el adjetivo para referirse a las personas oriundas de la isla griega de Paro. Pero Javier Milei no está conforme ni con la lengua española y empezó a revisar otros significados con el mero propósito de intentar minimizar la huelga general.

El primer intento fue al mediodía, mientras las calles vacías demostraban la poca movilización en las principales ciudades del país. En su hobby favorito (Twitter) el Presidente redactó lo que llamó «un dato de color». «¿Saben cómo se dice Faraón en hebreo? Les cuento… PARO A buen entendedor pocas palabras bastan…».

No conforme con la reacción de sus seguidores, insistió con otra publicación. «Paro”, también significa desnudez y descubierto. Por lo que ello significa que aquellos que promueven el paro, han quedado al desnudo, revelando el tipo de personas que son… VIVA LA LIBERTAD CARAJO…!!!

En las respuestas hubo de todo: las primeras que figuran debajo de los posteos del Presidente variaron entre las agresiones al costado más íntimo de Milei a los halagos desmedidos. Se tratan de cuentas «verificadas», esto es, la opción de Twitter en el cual, por pagar una cuota mensual, tenés mayor visibilidad. Pero detrás de esos posteos, muchos reflejaron un viejo tuit del politólogo Martín Rodríguez que reza:

l intendente de Trelew encabezó este jueves un nuevo acto licitatorio. Se reconstruirá el pavimento en los barrios San David y 12 de Octubre de la ciudad.
 

Gerardo Merino presidió este jueves el acto de apertura de sobres licitatorios para la reconstrucción de la calzada de hormigón en los barrios San David y 12 de octubre, que implican más de 790 m². 

 

El presupuesto oficial es de 108.717.544 pesos. La obra, señalada en la Licitación Pública 10/2024, está estimada en 90 días.

 

“Este es un trabajo de reordenamiento y hoy las cuentas del Municipio están ordenadas. No solamente estamos pagando deudas, sino que estamos asumiendo compromisos. En este caso, la reconstrucción de la calzada urbana, que tan deteriorada estaba cuando asumimos”, expresó el mandatario municipal al dirigirse a los presentes.

 

Merino estuvo acompañado por el secretario de Servicios Públicos y Ambiente, Sergio Hudson, destacó durante el acto consumado en el Salón Histórico Municipal, que de esta forma “se sigue mejorando la trama vial de la ciudad; un requerimiento constante de los ciudadanos. Todos los trabajos se realizan con recursos propios”.

 

 

 

 

“Quiero agradecerles a los vecinos porque esta reconstrucción se está haciendo con la plata que pagan los contribuyentes a través de sus impuestos. El esfuerzo que hacen los comerciantes, los dueños de los inmuebles y de los vehículos, que dan cumplimiento al pago de impuestos”, indicó. 

 

También agradeció la confianza de las empresas que se presentan en las ofertas licitatorias. Y puntualizó que será un trabajo que se va a continuar en los próximos meses. Además, destacó la labor de la Secretaría de Planificación y Desarrollo Urbano.

 

En este sentido, añadió: “Y no es sólo eso, sino que con un gran esfuerzo, desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente, se está llevando adelante un Plan Integral de Reparación Vial, de acuerdo a un cronograma, con recursos propios y maquinaria propia para las calles no pavimentadas”. 

 

“La semana próxima nos entregarán una máquina que estaba en reparación y será destinada, también con fondos de la recaudación de impuesto, al servicio de la reconstrucción de las calles”, remarcó el intendente.

 

 

 

 

Se trata del Programa de Fortalecimiento Parlamentario “Legislación con perspectiva de género y alianzas transformadoras”. Este se desarrollará hasta el viernes 10. 

El vicegobernador, Gustavo Menna, encabezó este jueves la apertura del Programa de Fortalecimiento Parlamentario “Legislación con perspectiva de género y alianzas transformadoras”, organizado en conjunto entre la Legislatura del Chubut, Women’s Democracy Network (WDN) y el International Republican Institute (IRI), y destinado a agentes legislativos.

 

Se trata de una nueva instancia de formación que continuará este viernes, con charlas y talleres destinadas tanto a mujeres como a hombres que se desempeñan en la casa de las leyes chubutense.

 

En el contexto de la apertura, concretada en el auditorio de la Legislatura, Menna firmó con la referente de la Asociación Civil Red de Mujeres por la Democracia, Raquel Munt, un convenio marco de colaboración para fortalecer las acciones conjuntas de capacitación.

 

Participaron de la apertura la ministra de Desarrollo Humano de la Provincia, Elba Willhuber; la subsecretaria de Relaciones Institucionales e integrante del equipo de trabajo de la capacitación, Macarena Acuipil; y las diputadas María Andrea Aguilera, Tatiana Goic -ambas embajadoras provinciales del Programa-, Sandra Willatowski, Sonia Cavagnini, Roxana Soldani y Paulina Hogalde, entre otros

 

 

 

 

Jerarquizar la carrera

 

“Es una actividad de formación más de las que hemos venido desarrollando desde el arranque. Nos propusimos, junto a los diputados, retomar el camino de la capacitación y jerarquizar la carrera administrativa”, dijo Menna.

 

En este contexto, el vicegobernador puso en valor la decisión de avanzar con concursos “para cubrir, por mérito, distintos cargos vacantes. Los concursos vienen de la mano de la capacitación, porque lo que se pone en juego es el conocimiento, la capacidad y la trayectoria. Esta actividad para nosotros es muy importante porque se inscribe en ese camino”.

 

Destacó en este sentido “los antecedentes y la jerarquía” tanto de la WDN como de la IRI como entidades organizadoras.

“La democracia sin liderazgos no tiene potencia. Y en la casa de las leyes, donde se debaten políticas, el debate tiene que ser vigoroso, potente, porque es lo que implica que seamos caja de resonancia de lo que debate la sociedad”, añadió.

 

Resaltó, así, “este programa para fortalecer la democracia y la actividad legislativa con la perspectiva de género, propendiendo a la igualdad. Es sumamente oportuno y nos complace que hayamos sido tenidos en cuenta para desarrollar esta actividad”, enfatizó.

 

Y, en el contexto del paro nacional de este jueves, indicó: “De alguna manera también testimonia que en Argentina no hay pensamiento único. Podemos confrontar ideas y hacer ejercicio de la libertad. Así como quien decide hacer un paro lo hace, quien decide estar acá trabajando también lo puede hacer”.

 

“Y está muy bueno que podamos garantizar esa regla esencial de un Estado de derecho: dar testimonio de que estamos trabajando y de que estamos interesados en la capacitación y en la formación. Y que lo hagamos gracias a la intervención de una entidad prestigiosa, con capacitadores también de lujo que han tenido la generosidad y la gentileza de trasladarse hasta acá”, finalizó.

 

 

 

 

Organización regional y global

 

En tanto, Raquel Munt mencionó: “Es un gusto estar en Chubut. Tuvimos la suerte de estar en otra oportunidad, con otra oferta académica que tenía que ver con un entrenamiento para candidatas. Y algunas actuales diputadas transitaron esos espacios de mutuo aprendizaje”.

 

Agradeció al vicegobernador Menna, a las diputadas, y en particular a María Andrea Aguilera y a Tatiana Goic, “que acogieron el programa y acompañaron”, así como a la secretaria legislativa, Valeria Romero, “que se puso al hombro el tema operativo”.

 

“Somos una organización que hace 17 años está en la red, que es regional y global. Se llama Red de Mujeres por la Democracia. Es una iniciativa del Instituto Republicano Internacional”, explicó.

 

“Tenemos una inserción fruto de un trabajo de hormiga que hacemos en las provincias, con esta idea del liderazgo propositivo que permite los diálogos que necesitamos para llevar adelante el fortalecimiento democrático. Nuestra causa es fortalecer la democracia en nuestro país, en la región y a nivel mundial. Difícilmente va a existir desarrollo si no existe igualdad, si no existe paz y si no existe justicia”, finalizó.

 

 

 

 

Equipos parlamentarios

 

Por su parte, María Andrea Aguilera indicó: “En este tiempo que ha transcurrido se comenzaron a realizar capacitaciones importantes para el ámbito parlamentario. Y la respuesta siempre ha sido muy positiva”.

 

“Creo que es fundamental la conformación de equipos parlamentarios que puedan ser verdaderos protagonistas en ir trabajando en la reducción de la brecha de género”, dijo. Y añadió: “Las leyes y las políticas públicas no son inocuas. La perspectiva de género es absolutamente necesaria para construir una sociedad más igualitaria”.

 

 

 

 

Brecha

 

Por último, Tatiana Goic destacó: “Personas que pertenecemos a partidos diferentes nos pudimos juntar para capacitarnos en perspectiva de género y mejorar nuestra democracia. Necesitamos en política dejar de lado cuestiones partidarias y ponernos a trabajar en serio”.

 

“Hoy hay políticas públicas que no se están realizando. Afectan a la población en general y a las mujeres en particular. Para hablar de perspectiva de género tenemos que empezar por concientizar sobre que hay una brecha entre hombres y mujeres. Si no podemos aceptar eso, difícilmente podamos realizar políticas públicas que solucionen esos problemas”, dijo.

 

 

 

 

“No hay una democracia fortalecida si dejamos al 50% de la población afuera de la democracia. Tenemos que discutir los temas y rediscutirlos. Y entender que algunas tenemos un feminismo diferente. Y no por eso somos menos feministas”, agregó.

 

Y concluyó: “Es necesario capacitarnos continuamente en todos los poderes del Estado, y nosotras ser replicadoras. Agradezco a la Presidencia de esta casa que nos acerca estas capacitaciones. Esto habla a las claras de la intención de seguir avanzando en la profesionalización de esta casa legislativa, lo cual significa ni más ni menos que beneficiar a todos los chubutenses. Si legislamos bien, los beneficiados somos todos los chubutenses”.

 

 

 

 

La causa de los seguros sumó un nuevo capítulo. Esta vez Alberto Fernández se presentó en Comodoro Py y decidió recusar por «temor a parcialidad» al juez federal Julián Ercolini a cargo de la investigación por el escándalo en la contratación de seguros en la que el exmandatario está imputado. El escrito presentado tiene la firma de la abogada Mariana Barbitta, a quien Fernández designó como defensora.

A partir de ahora, el propio Ercolini debe decidir si se acepta o rechaza el pedido y luego la Cámara Federal tendrá la última palabra. Durante su mandato, Fernández fue crítico del juez Ercolini por las investigaciones que encaró contra la entonces vicepresidenta, Cristina Kirchner. Ambos en realidad se conocían y tenían una larga relación como docentes de la cátedra del exministro y exprocurador Esteban Righi en Facultad de Derecho de la UBA. La embestida del juez, primero en una causa contra la exproducadora Alejandra Gils Carbó y más tarde contra CFK, los fueron alejando.

En la causa de los seguros, Fernández es uno de los imputados. Ercolini lo intimó días atrás a presentar defensor o bien se le fijaba uno de oficio luego de meses de investigación en una causa en la que Fernández tiene inhibición sobre sus bienes. 

La hipótesis sobre el exPresidente es que con la firma de un DNU benefició a brokers de seguros que mediaron con Nación Seguros y la contratación de pólizas desde varios organismos, como la ANSES y el Ministerio de Seguridad, entre otros, lo que habría dado el beneficio de comisiones millonarias.

La causa se inició por una auditoría interna del Gobierno de Javier Milei en ANSES, que detectó la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de estos brokers. Tratándose de organismos estatales, Ercolini apunta a determinar por qué intervinieron intermediarios privados en una operatoria que, a primera vista, parece no necesitarlos. También investiga por qué Nación Seguros tercerizaba con otras compañías el servicio que, por decreto del 2021 del ex presidente, los organismos estatales estaban obligados a contratar con la aseguradora del banco oficial.

En el entorno de Alberto Fernández explican que la decisión fue adoptada como una medida política para «cuidar que no se fueran los dólares» a través de aseguradoras multinacionales. Entre los brokers aparece Héctor Martínez Sosa, marido de María Cantero, la ex secretaria privada de Alberto Fernández.

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En Diputados se discuten cuatro proyectos de la ministra de Seguridad que convalidan la doctrina Chocobar, las escuchas o allanamientos sin orden judicial específica y el intercambio de datos privados con agencias extranjeras.

Patricia Bullrich volvió a la carga con uno de sus caballitos de batalla: bajar la edad de imputabilidad. Mientras tanto, empezaron a discutirse en la Cámara de Diputados cuatro proyectos de ley que envió al Congreso con los que busca, entre otras cosas, convalidar la doctrina Chocobar y habilitar vías de intercambio de información con agencias de inteligencia extranjeras.

La ministra de Seguridad recuperó cierta centralidad en la agenda del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) durante esta semana, después de convertirse en una de las protagonistas del anuncio de la puesta en marcha del sistema acusatorio en la jurisdicción de la Cámara Federal de Rosario. Desde la administración de Javier Milei, se presentó la iniciativa motorizada particularmente por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, como una estrategia para hacerle frente al narco. Sin embargo, la primera noticia que publicó la web Fiscales no demostró que el ímpetu esté especialmente en la persecución del tráfico de estupefacientes sino en investigar a dos hombres que compraron siete ovejas con dólares falsos.

Dispuesta a permanecer en el candelero, Bullrich insistió con que el gobierno quiere dar una discusión para bajar la ley de imputabilidad –algo que ya había anunciado también Cúneo Libarona. “Todavía se está discutiendo la edad: si es catorce, si es trece como Uruguay o si es doce como Brasil”, dijo la ministra de Seguridad en una entrevista con Radio Mitre.

“Estamos estudiando cómo ha impactado en la población”, agregó y advirtió que el gobierno debe ceñirse a los convenios internacionales. De hecho, desde 2005, está en vigencia la ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que hace de aplicación obligatoria la Convención sobre los Derechos del Niño.

En Argentina –donde aún rige el régimen penal de Minoridad adoptado durante la última dictadura– los menores de 16 años no pueden ser juzgados, aunque sí pueden ser enviados a institutos penales. La Convención sobre los Derechos del Niño exige a los Estados miembros que establezcan una edad mínima por debajo de la cual se presume que los niños o las niñas no han infringido la ley penal. En el caso de Brasil, son los doce años; en el de Uruguay son los trece.

Durante el gobierno de Cambiemos, Bullrich promovió una baja de la edad a quince años. No tuvo éxito. Entre otras organizaciones y expertos, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) le respondió que bajar la edad de imputabilidad no mejora la seguridad, sino que vulnera derechos.

Más allá de este anuncio impreciso, Bullrich viene impulsando una reforma normativa –que había sido presentada en sociedad en una conferencia de prensa que brindó en la Casa Rosada junto con el ministro de Defensa, Luis Petri. En ese momento, días antes del aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, el anuncio principal había sido que iban a enviar al Congreso una reforma de la ley de Seguridad Interior para habilitar a las Fuerzas Armadas a intervenir en cuestiones de seguridad interior. El proyecto, por el momento, no vio la luz.

El 16 de abril pasado, el Ministerio de Seguridad informó que había mandado cuatro proyectos al Congreso, que este miércoles empezaron a ser discutidos en las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior. “Estos cuatro proyectos –que son uno peor que el otro– implican una reforma total del Código Penal: de lo que significan las penas y de las proporciones entre los delitos, es decir, hay delitos que Patricia Bullrich decide deliberadamente que pasan a tener penas de ocho a 20 años”, ejemplifica la diputada Myriam Bregman, del FIT-U.

Uno de los proyectos es conocido como antimafia –basado en legislación estadounidense e italiana. Esta propuesta amplía de 24 a 48 horas el plazo por el que una persona puede estar detenida por averiguación de comisión de un delito. Además, habilita allanamientos con una orden judicial “extendida” en una zona o domicilios relacionados. Esto implica, por ejemplo, que las fuerzas de seguridad fueron autorizadas a registrar una casa, pero, si en el ínterin deciden que podría haber prueba en otra, podrían ir sin pedirle permiso a un juez. También se las habilita a interceptar comunicaciones, redes sociales o plataformas con autorización del Ministerio Público Fiscal y posterior aviso al juzgado.

Hay un punto de ese proyecto que posiblemente genere conflictos al interior del propio gobierno: es la habilitación a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal –conocida como Dinicri– a realizar intercambios de información sin orden judicial con agencias extranjeras. A priori, esa habilitación se choca con la Ley de Inteligencia, que dice que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) es la única que puede intercambiar inteligencia con organismos del exterior.

Bullrich está dispuesta a pulsear por ser el contacto de la central de inteligencia estadounidense (CIA) o el bureau federal de investigaciones (FBI). El mes pasado, mantuvo reuniones con ambas agencias. Fue después de que circulara la versión de que el jefe de gabinete, Nicolás Posse, pretendía sacarle el control de la Dinicri para que pasara a funcionar conjuntamente con la AFI.

Otro de los proyectos –el de Orden Público– valida la llamada doctrina Chocobar, que habilita a los agentes de seguridad a disparar. También dice que si una persona inicia una “acción delictiva” y es herida por un policía no puede reclamar una indemnización. Si muere, sus familiares no pueden siquiera buscar justicia y actuar como querellantes. Éste es uno de los temas sobre los que viene advirtiendo la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que convocó a una charla para el próximo lunes sobre las implicancias del proyecto.

Otro de los puntos de la iniciativa es que se eleva la pena para el delito de resistencia a la autoridad, que es el que generalmente se aplica a manifestantes. Pasaría, de esta forma, a tener una penalidad de tres años y medio, lo que implicaría un cumplimiento efectivo. Para aquellos que sean acusados de atentar contra una autoridad con palos o piedras, se prevén penas de cuatro a seis años.

Bullrich también impulsa la ampliación del registro nacional de datos genéticos, que únicamente estaba contemplado en la actualidad para delitos vinculados contra la integridad sexual. Según explicó la defensora Silvia Martínez, podría implicar que hasta estén almacenados los datos genéticos de una persona acusada por injurias. Habilita también esta propuesta el intercambio de información con otros países.

–¿Conocés algún país que nos de los datos genéticos de sus habitantes?– le consultó el diputado Martín Soria, exministro de Justicia, a la expositora.

–Calculo que no– respondió Martínez.

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Salvo que se decida a hacer más concesiones, Milei llegará al Pacto de Mayo sin la ley ómnibus ni el paquete fiscal sancionados. Tampoco tendrá dictamen favorable este jueves, en simultáneo al paro de la CGT. El RIGI fue el protagonista de los señalamientos de la oposición light en la segunda jornada de debate en la Cámara alta. Ganancias podría caerse. Todo indica que el texto volverá a Diputados. Define el bloque radical.

Los senadores de la oposición no dan el brazo a torcer y, a menos que el Gobierno nacional decida comenzar a hacer concesiones, no habrá Ley Bases y paquete fiscal sancionado para el Pacto de Mayo. El Senado fue escenario de una segunda jornada de reuniones informativas en donde los indecisos —que son los votos claves para la sanción de los dos mega proyectos de Javier Milei— volvieron a plantear una oleada de objeciones y pedidos de modificación para los cuales el oficialismo no tiene aún una respuesta. El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) es el foco de casi todas las críticas, aunque LLA se ilusiona con poder aprobarlo de la mano de algunos votos peronistas. Diferente es el caso de la restitución de Ganancias, que casi inevitablemente se caerá en la votación en particular. En la Rosada, sin embargo, no se estresan demasiado: si bien les preocupan los tiempos, confían en que, más tarde que temprano, tendrán una mayoría en Diputados que les permitirá ratificar la versión original de la ley. 

Con la ola de recriminaciones de la jornada del martes todavía resonando en los oídos de los funcionarios, el Gobierno nacional encaró el segundo día de debate en el Senado preparado para lo que, horas después, se confirmaría: no estaban las firmas de los aliados más hostiles —Martín Lousteau (UCR), Guadalupe Tagliaferri (PRO), Pablo Blanco (UCR) y Edgardo Kueider (entrerriano ex Frente de Todos)— para dictaminar el jueves. La sospecha gestada el día anterior, luego de las críticas proferidas por varios opositores «amigables», se terminó profundizando el miércoles, cuando, a las críticas por el RIGI, se sumaron los cuestionamientos a la reforma de la ley de hidrocarburos, la reforma laboral y el blanqueo de capitales. 

«Se necesita más tiempo porque la ley, así como está, se te puede caer en el recinto. Hay muchos puntos pendientes todavía y si no hacen algunas concesiones te van a terminar volteando los artículos en el recinto», analizaba una dirigenta radical, sabedora de que es la UCR la que definirá el futuro de las dos leyes. La bancada, que ya se había dividido cuando se rechazó el DNU, viene sosteniendo intensas discusiones internas sobre cómo votar los dos mega proyectos. El martes a la noche, los gobernadores radicales, alarmados por la voluntad de algunos senadores de votar en contra de la ley, se habían movilizado hasta el Senado a pedirles que acompañarán las leyes de Milei. De un lado estaban Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que argumentaban a favor de darle al presidente las «herramientas», y del otro estaban Lousteau, Blanco y Maximiliano Abad, que tienen varias objeciones y no terminan de definir si acompañarán o no.

Al frente de todas las críticas esta el RIGI, ese régimen con beneficios exorbitantes -como libre disponibilidad de divisas y exenciones impositivas- por 30 años para las empresas extranjeras que inviertan más de 200 millones de dólares. No solo la dupla rebelde de Lousteau y Blanco lo votaría en contra, sino que Kueider, los dos santacruceños José Carambia y Natalia Gadano y, probablemente, «Camau» Espínola también manifestaron su rechazo. Incluso Tagliaferri, la única senadora del PRO – responde a Horacio Rodríguez Larreta – que viene manifestando dudas sobre su acompañamiento a la ley, manifestó objeciones respecto al RIGI. Es decir que La Libertad Avanza necesitará de los votos de algunos senadores de Unión por la Patria – como el catamarqueño Guillermo Andrada o el sanjuanino Sergio Uñac – para aprobar el capítulo. 

Otro de los puntos que tambalea es la eliminación de la moratoria jubilatoria que se había sancionado el año pasado. A los 33 votos en contra de UxP, se le suman el de los santacruceños, la neuquina Lucila Crexell (que ingresó dentro de una lista de Juntos por el Cambio pero ahora mantiene una alianza con el gobernador «Rolo» Figueroa), la rionegrina Mónica Silva, Kueider, Espínola e, incluso, la cordobesa Alejandra Vigo. Kueider viene trabajando para que los tres integrantes de Unidad Federal – él, Vigo y «Camau» – voten de manera unificada, volviéndose así un actor clave que podría definir qué artículos se caen y cuáles no. Cerca del correntino y el entrerriano, sin embargo, reconocen que Vigo está más «limitada» al tener que responder a los intereses del gobernador Martín Llaryora. El RIGI es uno de ellos – Llaryora ya llamó a votarlo a favor -, pero moratoria no.

Las privatizaciones, mientras tanto, recibieron algunos cuestionamientos más puntuales de parte de senadores como Blanco (que es fueguino y está en contra de la privatización de Aerolíneas Argentinas). Pero el oficialismo confía en que tendrá la mayoría para aprobarlo. Distinto es el caso de las facultades delegadas: son varios los senadores que no quieren darle facultades extraordinarias al presidente y en UxP ya se anotan el rechazo de Crexell, Silva, los santacruceños y Kueider.

Ganancias es una discusión aparte que se debatirá el jueves en la comisión de Presupuesto. Los patagónicos demandan que se incluya algún tipo de excención para la zona – que cuenta con un costo de vida más elevado y, por lo tanto, salarios más altos – y amenazan con voltearle el capítulo si el gobierno no acata. 

El escenario de objeciones, en principio, no ofrece un panorama muy alentador para el oficialismo. Por estas horas, sin embargo, la mayor preocupación del gobierno es sancionar lo antes posible las leyes para poder llegar al 25 de mayo con los dos proyectos convertidos en ley. En Casa Rosada no se muestran reactivos a incluir modificaciones, confiados en que, cuando los proyectos vuelvan a Diputados, el oficialismo podrá reunir de nuevo una mayoría para ratificar la versión original.

El debate

La segunda jornada de debate del plenario de comisiones en el Senado había contado con la presencia, primero, del secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y al secretario de Trabajo, Julio Cordero. Uno de los principales temas de discusión, que no se había tocado el día anterior, fue la reforma laboral, que el gobierno defendió con entusiasmo. «Si las normas no acompañan, si crean un riesgo exagerado o son imposibles de ser controladas, esas normas impiden la contratación, porque nadie quiere tomar un riesgo mayor al que la naturaleza representa», explicó el ex abogado del Grupo Techint, reivindicando una reforma que elimina las multas por trabajo no registrado y propone reemplazar las indemnizaciones por fondos de cese laboral. «Buscan maximizar las ganancias y que los trabajadores no pidan nada. Como piensan que con el periodo de prueba, el quite de multas, como en los 90 que fracasó, van a conseguir resultados diferentes», cuestionó Mariano Recalde (UxP).

Lousteau, mientras tanto, aprovechó la presencia de Chirillo para volver a apuntar contra el RIGI y cuestionarle por la forma que uno de los artículos – el 191 – sostenía que las empresas que adhirieran al régimen no podrían ser afectadas por restricciones de insumos en base a «prioridades de abastecimiento»: «Si en algún lugar en Argentino uno de los insumos, agua o energía, pasa a ser clave y escaso, (la empresa) tiene prioridad sobre la gente», cuestionó el senador radical. «Quizá la redacción no sea feliz», reconoció Chirillo, a lo que Tagliaferri, fuera del micrófono, le respondió «Hagamos que sea feliz».

A Chirillo los senadores le cuestionaron la deuda que Nación tiene con las generadoras de energía. Uno de los más incisivos fue, en ese sentido, Kueider, que denunció que a las empresas entrerrianas se les estaba haciendo «imposible operar». El secretario de Energía solo atinó a responder que estaban «trabajando» en el tema y, acto seguido, pasó a defender la decisión del gobierno de modificar la ley de hidrocarburos de forma tal que la prioridad del Estado nacional no fuera ya el autoabastecimiento: «Tenemos una ventana de oportunidad, tenemos que sacar la mayor cantidad de exportación posible», expresó. Le respondió Oscar Parrilli: «Lo único que quieren es maximizar las ganancias. Parece que tuviéramos un CEO de una empresa multinacional que viene a explotar los recursos de Argentina».

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