El gobierno de Javier Milei continúa con su sangría de funcionarios. Esta vez, el que presentó su renuncia al cargo fue el director de Control y Fiscalización Pesquera, Julián Suárez, quien no solo se negó a despedir personal de esa actividad sino que, además, recibió aprietes por parte de Cancillería para desregular la actividad y hacer la vista gorda en el escándalo de un buque acusado por pesca ilegal.

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Por más que el cargo aluda a una tercera línea, el área que hasta las últimas horas ocupaba Suárez es clave en la dinámica comercial de esa industria. Y a diferencia de los funcionarios que durante los últimos días se alejaron del Gobierno, él no era un improvisado ni tampoco un libertario.

Suárez ocupó esa misma dirección durante la administración de Alberto Fernández y, por su idoneidad, la Subsecretaría de Pesca encabezada por Juan Antonio López Cazorla le pidió que continuara en ese cargo. Pero en los últimos días se le ordenaron requerimientos que se negó a aceptar y presentó su dimisión de manera indeclinable.

El hecho más visible fue el caso del buque factoría Tai An, propiedad de una empresa argentina que en los últimos días fue denunciado por pesca ilegal de merluza negra en una zona de exclusión. Pese a los continuos pedidos de sanción exigidos por la industria, Suárez intentó hacer volver al puerto a ese pesquero pero, según trascendió, recibió órdenes contrarias de parte de Cancillería.

La posición del Palacio San Martín fue hacer valer la desregulación de la industria pesquera decidida en el DNU 70/2023. De hecho, una de las tareas que se le exigió a Suárez fue revisar y barrer toda la normativa ad hoc sancionada durante los últimos cuatro años.

El funcionario renunciante no sólo se negó a ello, sino que además reveló que se le pidieron otras cosas que no estuvo dispuesto a aceptar: despedir a 50 personas de su área y achicar toda el área de control y fiscalización a su cargo.

La sangría de funcionarios de Milei

La salida de Suárez se suma a la lista de funcionarios de Javier Milei que, con mayor o menor derrotero en la función, debieron alejarse de la función por diversos escándalos. La última de ellas fue Geraldine Calvella, quien sin ninguna experiencia fue puesta al frente de la Dirección de Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper).

Calvella fue designada en ese cargo y desde diciembre de 2023 cobró un sueldo de casi 3 millones de pesos sin haber sido nombrada formalmente. Por esta razón, su alejamiento fue, en rigor, un rechazo a esa designación.

Casi en simultáneo, quien también se fue del Gobierno en las últimas horas fue Armando Guibert, el secretario de Transformación del Estado que quedó salpicado por el escándalo del aumento de sueldo del presidente Milei. Por este mismo hecho ya había sido despedido el secretario de Trabajo Omar Yasín.

A principios de mes, la sangría de funcionarios había corrido en el Ministerio de Capital Humano. Allí renunciaron tres funcionarios clave provenientes del PRO. El último fue Rodrigo Aybar, responsable de la implementación y recortes del plan Potenciar Trabajo.

Antes de él se había ido en febrero el entonces subsecretario de Políticas Sociales, Pablo Rodrigué, que estaba a cargo de la distribución de los alimentos en comedores y organizaciones sociales. También el director administrativo de esa área, Agustín Sánchez Sorondo.

Los desmanejos del Gobierno y la crisis interna entre el oficialismo y su aliado el PRO también sumaron dimisiones en la cartera que dirige Patricia Bullrich. A finales del mes pasado había renunciado Sebastián García de Luca a la Secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad.

Con todos estos alejamientos, parece lejana la renuncia de Guillermo Ferraro, el exministro de Infraestructura que salió eyectado porque el presidente Milei le atribuyó la filtración de insultos y amenazas a gobernadores que él mismo había expresado durante una reunión de Gabinete.

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El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció el “lanzamiento de un ordenamiento procesal federal” con el que pretende extender a todo el país el sistema acusatorio, que publicitó como “una transformación absoluta de la Justicia”. Si bien una ley de 2015 le adjudicaba a la Comisión Bicameral de Seguimiento la implementación del Código Procesal Penal Federal aprobado un año antes, que ya se aplica en las provincias de Salta y Jujuy, el presidente Javier Milei le transfirió esa competencia por decreto, a fines de febrero, al Ministerio de Justicia. La presentación también sirvió para cubrir el tropiezo protagonizado por el ministro que había anunciado que el pasado lunes implementaba el sistema acusatorio en Rosario, pero tuvo que postergarlo hasta mayo.

En conferencia de prensa en Casa Rosada, Cúneo Libarona planteó como objetivo prioritario de su gestión un “ordenamiento procesal federal, es decir que en todo el país rija el sistema acusatorio, que consiste en un fiscal que investiga, la defensa que defiende y un juez imparcial, distinto, que ocupa las tareas imprescindibles, indelegables, jurisdiccionales”. “Este sistema, comprobado en los hechos en las provincias del norte, y como lo acompaña toda la academia, los jueces, la doctrina en general, es el sistema idóneo, eficaz”, anunció, y enumeró sus virtudes: “oralidad, transparencia, publicidad, participación de partes, no tanto papeleo, no tanto tiempo”. “Es mucho más rápido” y busca evitar el “tremendo daño para víctimas, imputados y sociedad que es la prolongación indebida de los procesos”, dijo.

Previo a la conferencia, Cúneo Libarona encabezó la primera reunión del “Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal”, de la que participaron el titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, el todavía procurador interino Eduardo Casal, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y el presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal, Mariano Borinsky.

“Voy a llevar adelante una transformación absoluta de la justicia. Esto acompañado de otra pieza muy importante que vamos a pregonar a la brevedad, que es el juicio por jurados, y acompañado, posteriormente, por un Código Penal que supere a aquel Código de 1914/17, con 145 o 150 reformas que hubo, donde siguiendo los lineamientos trazados por el doctor Borinsky vamos a transformar la justicia”, anunció. “Es nuestra gran aspiración, para eso estamos acá y acá va mi vida”, dijo.

Cúneo Libarona destacó que la reforma se extenderá sin necesidad de emitir dinero ni endeudarse. “Milei dijo ‘con ganas se puede’, así que nos las ingeniamos. Cuido cada peso. Si bien cuento con el apoyo de Luis Caputo y de Santiago Bausili (presidente del Banco Central), voy a financiar todo con fondos genuinos, de préstamos y fideicomisos. Tengo mucho apoyo del mundo y de los embajadores que confían en este sistema. No sé si una colecta, pero para cada santo una vela para que en cada provincia se pueda implementar”.

“Queremos que durante el gobierno de Javier Milei, y él me lo pidió personalmente muchas veces, transformemos la Justicia: división de poderes, independencia y eficacia. (El jefe de Gabinete) Nicolás Posse me habla de mano justa, y bueno, todas estas reformas que estamos emprendiendo precisamente tienden a que tengamos una justicia eficiente y rápida, que es por lo que clama la sociedad”, destacó.

El Ministerio oficializó ayer la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal para la jurisdicción que comprende la Cámara Federal de Rosario, que originalmente se había fijado para el 18 de marzo pero, ante las dificultades para implementarlo, se difirió en principio para el 6 de mayo próximo. “Nos enfocamos en Rosario con celeridad debido a la situación crítica y el clamor popular para actuar. Pero vamos a viajar a las distintas provincias para conocer sus problemáticas. Dos equipos van a estar girando por el interior del país para que se concrete este plan ‘Justicia eficiente’ de Javier Milei”, dijo.

El sistema acusatorio comenzó a implementarse en las provincias de Salta y Jujuy en junio de 2019, mientras en el resto del país se aplica de forma parcial. En 2020 comenzaron a aplicarse artículos relacionados con la oralidad, la publicidad, la valorización del rol de la víctima y la revisión de sentencias firmes condenatorias frente a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Las primeras cesantías se efectivizaron el 2 de enero, cuando 1500 empleados públicos llegaron a sus puestos de trabajo y fueron notificados que habían sido despedidos. Luego se avanzó con recortes en el PAMI, 165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad, más de 200 en AYSA, 50 en el ENACOM, 50 en el Conicet, 26 en la Secretaría de Derechos Humanos, 170 en el Incaa, entre muchos otros; y los anuncios del cierre de Telam (700 empleados), el Inadi (400 empleados) y el Instituto de Agricultura Familiar (900 empleados), que no fueron operativizados.

En el Ministerio de Capital Humano, la cartera que según Milei iba a tener siempre la billetera abierta, se cerraron los 59 Centros de Referencia con que contaba la Secretaría de Niñez y Familia en todo el país. El recorte implicó terminar con los contratos de unos 600 empleados. En el exMinisterio de Trabajo, ahora devenido en secretaría, denuncian que existe la intención de reducir un 30 por ciento de la planta. «No hay razones fiscales, ni presupuestarias para proceder con los despidos. Hay decisión política de ponerlo en manos de asociaciones empresarias y favorecer el lucro de grupos económicos concentrados», sostienen sus trabajadores.

En la antesala a la nueva ola, circuló por redes sociales un supuesto “instructivo” de despidos masivos. Mensajes de Whatsapp con un manual de conducta, que recomendaba a los responsables de las distintas áreas cómo ejecutar las cesantías. Por ejemplo, comunicarlas “verbalmente” y evitar discontinuar los contratos de embarazadas o dirigentes gremiales. En Casa Rosada, señalan que “no existen esos condicionamientos” y que cada dependencia está realizando una evaluación de «eficiencia» y que será el parámetro para decidir quiénes seguirán o no en sus funciones.

El número de despidos es aún una incógnita. “Hemos echado a 50 mil empleados públicos, eso es motosierra. Dimos de baja 10 mil contratos, eso es motosierra«, exclamó orgulloso Milei la semana pasada. Es otra cifra que el Presidente revolea por los aires y no se condice con la realidad. En los gremios niegan que ese sea el volumen de cesantías, aunque sostienen que es posible que sea la meta pretendida por el Gobierno.

Rebelión en Balcarce 50

Mientras Milei se ufana del feroz ajuste, sus empleados en Casa Rosada están en pie de guerra: denuncian despidos y «empobrecimiento» de sus salarios, a raíz de la eliminación de las horas extras. «Los funcionarios cobran millones y a nosotros nos dejan con sueldos de indigencia«, se quejaron ayer. «No somos casta, somos trabajadores orgullosos de la Presidencia y ese orgullo transforma el miedo en organización y resistencia», concluyeron. 

Al tiempo que transcurría la protesta, el mandatario estaba apostado en su despacho. Lejos de escuchar el reclamo, seguía dándole vueltas al desguace del Estado.

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La joven es oriunda del partido bonaerense de Saladillo y su única experiencia laboral es haber sido «asesora político» en la Cámara de Diputados, según su perfil en la red social Linkedin. Además, allí también precisó que estudió dos años Medicina en la Universidad Maimónides y luego dejó la carrera para comenzar en diciembre pasado a cursar Derecho en la Universidad Siglo 21.

No está claro cuál fue el motivo para su designación en el organismo oficial. Tal vez, la justificación de su elección para el cargo haya que buscarla en que la jovencita fue la principal amplificadora de la ultraderecha en la séptima sección electoral bonaerense durante la última campaña.

La Dirección que tenía a cargo Calvella era la de Planeamiento y Fiscalización de Centros de Documentación del Registro Nacional de las Personas. 

“Es una directora de línea, común y corriente”, intentaron desdramatizar en Casa de Gobierno ante la consulta de este diario.

Según trascendió en redes sociales, la fue designada al frente de una Dirección en el RENAPER el 15 de enero, con un sueldo bruto de 2.732.002,60 pesos.

Una imagen de su recibo de sueldo se viralizó, para desatar la polémica y los cuestionamientos al presidente Javier Milei por el nombramiento de militantes en la estructura gubernamental.

Los usuarios de X apuntaron contra el jefe de Estado y criticaron que públicamente se queja de que se haya utilizado al Estado como «búnker» de militantes. Ante la viralización del nombramiento, Calvella puso en modo privado sus redes sociales para no recibir críticas.

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