Los cambios del oficialismo serán propuestos cuando se discuta en particular cada capítulo el dictamen de mayoría. 

El bloque de la Libertad Avanza propuso a las bancadas dialoguistas eliminar de la lista de privatizaciones nueve empresas estatales que el Gobierno había pedido autorización para su venta en el proyecto de ley «Bases» y estableció nuevos requisitos con la participación del Congreso para las licitaciones de esas firmas públicas.

Los cambios del oficialismo serán propuestos cuando se discuta en particular cada capítulo el dictamen de mayoría que se debate desde el miércoles en el recinto de sesiones, y que esta madrugada de viernes se podría votar en general.

Las empresas que no se privatizarán son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.

En ese borrador que contienen los cambios, el Gobierno mantiene la privatización parcial de Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, y otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Ferrocarriles Argentinos, los medios públicos (Telam y RTA), Belgrano Cargas, Empresa Argentina de Navegación Aérea S.E. y Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM.

También se busca vender las empresas “Construcción de Vivienda para la Armada”, “Playas Ferroviarias S. A.” y “Polo Tecnológico Constituyentes S. A.”

El nuevo capítulo divide en tres artículos con sus anexos las empresas a privatizar en forma total con sus respectivos anexos, y otro para las privatizaciones parciales, para que así no se rechace todas las ventas de las empresas públicas.

Fuentes de la oposición señalaron que están estudiando la nueva propuesta, pero señalaron que se mejora el sistema de control que tendrán las privatizaciones.

Uno de los artículos que se buscará incorporar crea en el Congreso Nacional una Comisión Bicameral integrada por seis senadores y seis diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerán su estructura interna.

Señala que esa comisión tendrá como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo Nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.

Esa deberá ser informada de la modalidad y procedimiento escogido del pliego de bases y condiciones de cada empresa 15 días hábiles antes de su publicación.

Además, ese organismo podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinente y emitir dictamen en los asuntos a su cargo.

A estos efectos la Comisión Bicameral queda facultada a dictar sus propios reglamentos de funcionamiento.

También se fija que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y la Auditoría General de la Nación (AGN) actuarán en colaboración permanente con esta comisión.

Otro de los artículos nuevos fijará que previo al inicio del proceso de privatización de las empresas declaradas sujetas a privatización, la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa y/o sociedad de propiedad total o mayoritaria estatal en cuestión, que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Dicho informe deberá ser remitido a la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.

Fuente: Télam

El bloque de UxP denunció que no se está cumpliendo la ley y reiteró sus reclamos a Victoria Villarruel para que convoque al debate. «Es un DNU reñido con la Constitución», afirmó el jefe de la bancada, José Mayans. “Nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado”, contestó la vicepresidenta, horas después.

El interbloque de senadores del Frente de Todos denunció este jueves que se incumplía la ley al no convocar a la sesión en el Senado para tratar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) enviado por el presidente Javier Milei y la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, respondió que el kirchnerismo “no maneja más la agenda política”.

Villarruel no respondió esta semana al pedido de sesión especial que habían formulado cinco senadores para el tratamiento del DNU.

El jefe de la bancada de la primera minoría, José Mayans, declaró en conferencia de prensa que su espacio «tiene una visión constructiva» y que «no quieren oponerse a nada», pero sí pretenden «una discusión de cara al pueblo argentino y que los funcionarios informen en el Parlamento».

«Queríamos hacer las audiencias públicas necesarias para darle tratamiento completo al DNU porque es tan abarcativo que deroga 79 leyes y afecta 300 leyes en total lo cual le da una gran magnitud, queríamos discutir título por título, y que le expliquen al pueblo argentino lo que querían hacer», subrayó.

 

Sin embargo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti acusó a Villarruel de estar “incumpliendo los deberes de funcionario público» y adelantó que su bloque va a «insistir todas las semanas hasta que haya sesión y darle tratamiento al DNU que tiene en vilo a todos los argentinos».

Horas después, Villarruel respondió al kirchnerismo a través de un video subido a su cuenta en la red social “X” en la que afirmó que “el kirchnerismo no maneja más la agenda política” y aseveró que “nadie viola la Constitución ni el reglamento del Senado”.

“Vamos a sesionar con el acuerdo de todos los senadores y no solo de aquellos que atropellaron las instituciones. El kirchnerismo tiene que entender que hay un cambio de época y que los argentinos eligieron un cambio”, enfatizó.

La vicepresidenta añadió que “la agenda del senado no la dictamina el kirchnerismo, sino el diálogo y la participación de todos los senadores”.

“Nadie está violando la Constitución, las leyes vigentes ni el Reglamento del Honorable Senado de la Nación. Sino que las cuestiones como la convocatoria del DNU se van a decidir con el acuerdo de todos los senadores”, señaló, al tiempo que alentó a que la Cámara alta trate “todos los DNU vigentes que hasta el momento fueron impulsados por gran parte del kirchnerismo”.

En tanto, desde la bancada de La Libertad Avanza respaldaron, a través de un comunicado, el «trabajo de diálogo y búsqueda de consenso llevado adelante por la presidente del cuerpo, que se ha ajustado estrictamente a lo establecido por la Constitución Nacional, las leyes y el Reglamento interno del H. Senado de la Nación».

«A fin de poder avanzar en la consideración de los Decretos de Necesidad y Urgencia pendientes de tratamiento por el Congreso Nacional, solicitamos a la Cámara de Diputados que a la mayor brevedad posible designe los miembros para integrar la Comisión Bicameral Permanente de Trámite legislativo», enfatizaron.

 

Los legisladores evaluaron que «urge la necesidad de dar tratamiento en dicha comisión a los más de 100 Decretos de Necesidad y Urgencia, vigentes, que aún no ha recibido tratamiento alguno por parte del Congreso de la Nación«.

«En consecuencia, una vez que la Comisión Bicameral agote el tratamiento pendiente de dichos decretos, corresponderá pasar a analizar los dictados por la actual administración», indicaron.

A través de las redes sociales, la Oficina del Presidente destacó que «el Gobierno Nacional ha escuchado toda recomendación y objeción», por lo que ahora «es responsabilidad de los diputados promover las reformas planteadas».

El Gobierno nacional afirmó que «hoy la política tiene la oportunidad de empezar a revertir el daño que le ha causado al pueblo argentino», en un mensaje enmarcado en el inicio del tratamiento legislativo del proyecto de ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos».

A través de las redes sociales de la Oficina del Presidente, se destacó que «el Gobierno Nacional ha escuchado toda recomendación y objeción» y que ahora «es responsabilidad de los diputados promover las reformas planteadas en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, cada una de ellas fundamentales para liberar las fuerzas productivas de nuestra Nación y recuperar nuestro futuro».

«Hoy la política tiene la oportunidad de empezar a revertir el daño que le ha causado al pueblo argentino», se añadió en el mensaje.

Desde este miércoles, la Cámara de Diputados comenzó el tratamiento del proyecto de ley popularmente conocido como «Ómnibus» en el que se plantea la reforma del Estado, la privatización de varias docenas de empresas públicas y la delegación de facultades al Poder Ejecutivo, entre cientos de artículos.

Fuente: Télam

El máximo tribunal está llamado a estudiar la demanda que presentó la provincia de La Rioja por la inconstitucionalidad del DNU, la cautelar que suspendió los efectos del capítulo laboral, el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al fútbol profesional y los amparos contra el aumento de las cuotas de las prepagas de Salud, entre otros temas.

La actividad judicial se reanudará este jueves con la finalización de la feria de verano y se espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación comience a estudiar cuestiones que deben ser sometidas a su decisión, vinculadas con el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, de desregulación económica, del gobierno de Javier Milei.

La política tiene la expectativa puesta en la acción declarativa de certeza que a fines de diciembre hizo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ante al máximo tribunal para que se determine si es constitucionalmente válido el DNU.

La mira está puesta allí porque fue la propia Corte la que, ante la presentación de La Rioja, hizo saber que el tribunal “estudiará las cuestiones sometidas a decisión luego del receso correspondiente a la próxima feria judicial del mes de enero” y le corrió vista a la Procuración General de la Nación para que opine sobre la competencia.

 

Precisamente, el procurador general interino Eduardo Casal dictaminó el pasado lunes que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenir en la demanda que presentó la provincia de La Rioja para que se declare la inconstitucionalidad del DNU.

«A mi modo de ver, en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte», sostuvo el procurador Casal en el dictamen no vinculante al que accedió Télam.

Quienes conocen el funcionamiento del máximo tribunal aseguran que los jueces de la Corte estudiarán el caso y su eventual competencia sin pasar por encima de los tiempos de la política: el Congreso está activo y tiene sus propios mecanismos para rechazar el DNU si considera que es lo que corresponde.

El máximo tribunal está llamado a estudiar, además, la medida cautelar que suspendió los efectos del capítulo laboral del DNU dado que es un incidente que ya atravesó todas las instancias previas y la vía hacia la Corte fue habilitada, según señalaron las fuentes consultadas.

Es probable que en los próximos días también llegue a esa instancia la apelación del Estado Nacional contra el fallo de la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que el martes último declaró la invalidez constitucional de todos los artículos de la reforma laboral incluida en el DNU.

En simultáneo, comenzarán a ser estudiadas las presentaciones realizadas por diversos actores contra distintos artículos del DNU, algunos de los cuales quedaron suspendidos para casos particulares por el dictado de distintas medidas cautelares.

Se espera saber qué ocurrirá con el artículo del DNU que derogaba la ley de tierras y que quedó suspendido por una medida cautelar dictada por un juez federal ante una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

También se encuentra suspendido, por una medida cautelar, el artículo del megadecreto que habilitaba el ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas al ámbito del fútbol profesional.

Prepagas

Capítulo aparte es el de las cautelares presentadas contra el aumento de las cuotas de las prepagas de Salud: más de una docena de ciudadanos afectados por este aumento lograron que la justicia ordenara a las compañías a las cuales estaban suscriptos que vuelvan a cobrarles la cuota anterior a que se decretara la desregulación de ese mercado, hasta tanto se analice el fondo del asunto.

Cada caso tramitará ante el fuero correspondiente a raíz de una decisión del juez federal del fuero Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico, que desarmó el proceso colectivo que había habilitado su colega Esteban Furnari antes de la feria judicial y dispuso que casa caso trate en su fuero y jurisdicción respectiva.

Con el reinicio de la actividad judicial también comenzarán a mover denuncias que fueron presentadas durante la feria judicial, como aquella en la que se reclamó que se investiguen las afirmaciones atribuidas por un portal de noticias al presidente Milei en las que se aseveraba que ya habían sido identificados los “valijeros” de distintos sectores económicos que habrían hecho lobby para voltear artículos de la denominada ley “bases”.

Superada la feria judicial, se espera que se conozca también la fecha de inicio del juicio oral por el intento de homicidio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner que estará en manos del Tribunal Oral Federal (TOF) 8, que durante febrero recibirá los pedidos de prueba de cada una de las partes.

Además se esperan movimientos en otros expedientes vinculados a la expresidenta, aunque ya no como querellante sino como imputada: el 22 de febrero, por caso, comenzarán en la Cámara Federal de Casación Penal las audiencias vinculadas a las apelaciones del caso conocido como “Vialidad” en el que Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión.

Es probable que también se registren novedades en el expediente conocido como “Los Sauces-Hotesur”, en el que la exmandataria es investigada por presuntas maniobras de lavado de dinero: el año pasado la causa fue reabierta por la Casación y está elevada a juicio oral; aunque la defensa reclamó que la Corte Suprema revierta ese fallo.

Fuente: Télam

El legislador de Hacemos Coalición Federal destacó la conducta de su bloque en el hemiciclo, y criticó la poca tolerancia a la crítica y al disenso por parte del Gobierno, que ante cada diferencia «viene con un calificativo: el de casta o el de kirchnerista». Anunció su voto positivo.

El diputado Nicolás Massot dijo este miércoles durante el debate de la ley «Bases» que “nadie podrá decir que este Gobierno no tiene herramientas” para comenzar a “pelear por las dos cosas que entendemos prioritarias de esta discusión: el combate contra la inflación y la generación de empleo”.

«Nosotros prestamos quórum para dictaminar, trabajamos muchísimo para dictar un dictamen de mayoría, a pesar de las desprolijidades que, debo reconocer, ha tenido este tratamiento”, sostuvo el legislador de Hacemos Coalición Federal .

Massot inició su intervención con una aclaración al presidente Javier Milei: “En el día de ayer aparentemente estaba con alguna preocupación respecto de la orientación política de quien les habla y de mis colegas (Miguel) Pichetto y (Emilio) Monzó”.

“Pareciera que la sola característica del disenso, de la crítica, de la diferencia viene con un calificativo: el de casta o el de kirchnerista para el Presidente”, continuó Massot.

En este sentido, criticó que “al mismo momento que, en su ya acostumbrado hábito de expresarse a través de otros perfiles anónimos de las redes sociales, expresaba esa preocupación, con una mano le daba ‘me gusta’ a una publicación que nos tildaba de kirchneristas y con la otra, firmaba la resolución que nombraba a Daniel Osvaldo Scioli como funcionario de su gabinete. La verdad, un equilibrista profesional”.

Tras destacar la conducta de su bloque en el tratamiento de la ley, y después de analizar la conducta de distintos funcionarios del Gobierno en el debate por la iniciativa, dijo que «si hubiera habido otro signo político gobernando el país y gobernando esta casa, hubiéramos puesto el grito en el cielo, digámoslo con todas las letras, esto no se puede repetir”.

De esta manera, Massot planteó “más allá del chivo expiatorio que busquen, nadie podrá ya decir que este Gobierno no tiene herramientas, que este Gobierno no tiene Congreso, que este Gobierno no puede comenzar a pelear por las dos cosas que nosotros entendemos prioritarias de esta discusión y no nos olvidemos, del decreto de necesidad y urgencia”.

Fuente: Télam