Patricia Bullrich anunció proyectos de ley que endurecen penas frente a la protesta social y los cortes de calles. El uso de armas de fuego. Las leyes antimafia en otros países.

Patricia Bullrich hizo una mezcolanza de anuncios de proyectos de ley sobre cuestiones penales que enviará al Congreso, un paquete en el que destacó el endurecimiento de penas frente a la protesta social y los cortes de calles, que estaba incluido originalmente en la Ley Bases y naufragó con ella. Aunque, dijo, serán presentados en los «próximos días», eligió la antesala de la movilización del 24 de marzo, para exponerlos en una conferencia de prensa, después que el ministro de Defensa, Luis Petri, contara que el Gobierno apuesta a darles a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad interior.

La criminalización de la protesta y la habilitación de la represión y detenciones sin orden judicial, forman la estrategia del gobierno frente a los efectos del ajuste. A las fuerzas de seguridad les ofrece, además, la ampliación de la legítima defensa para que puedan disparar armas de fuego a discreción. Como preámbulo, tal vez como excusa, la ministra de Seguridad había empezado su speech con una grandilocuente propuesta de «Ley Antimafia», en el contexto de la violencia y el narcotráfico en Rosario. Sumó una ley de «reiterancia» para que quede preso/a quien comete un delito por segunda vez («Si reiterás el delito, vas preso», dijo, sin aclarar como aplica el principio de inocencia) y un registro de ADN para cualquier que quede detenido/a, no sólo para los delitos sexuales. 

Bullrich englobó todos los temas bajo el concepto de «la situación de inseguridad que esta viviendo la Argentina» pero no explicó qué tiene que ver con la protesta social. Ni dio precisiones de cada proyecto. Dijo que aunque se conformó la comisión para diseñar una Reforma del Código Penal –donde hay dos funcionarios de su cartera–  el Gobierno quiere apurar algunas cuestiones. Cuando le preguntaron en la rueda de prensa qué pasa si no consiguen apoyo del Congreso, respondió a lo Javier Milei, como si la receta libertaria fuera la única: «¿Quién no va acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?» 

Contra la protesta

La ministra enfatizó que su gran objetivo es lograr con una reforma al Código Penal, que no se logró por la Ley Bases, «el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas». Aludió al artículo 194 que en el proyecto original prevé que por participar en un corte de uno a tres años y medio de cárcel (hoy es de tres meses a dos años), lo que podría llevar a cumplir prisión efectiva. Añade agravantes de dos a cuatro años. El mensaje es que manifestarse puede llevar a la cárcel. Además, lo transforma en un delito en flagrancia, lo que permite a las fuerzas de seguridad actuar a discreción sin orden judicial. Para quienes «dirijan, organicen o coordinen» una manifestación que entorpezca la circulación el proyecto estipulaba de tres a seis años de prisión. 

Otra vez Bullrich hizo gala de la línea 134 del Ministerio que, según ella, recibió 150.000 denuncias por presiones para manifestarse. No se conoce el mecanismo de esos reclamos ni si son todos casos reales. Mencionó que una de las investigaciones por esto está a cargo del juez federal Ariel Lijo, el candidato a la Corte Suprema que presentó Milei. Otro tema que introdujo: «Está agravado impedir que una empresa trabaje»; los «bloqueos al comercio y la industria», se castigarían con cuatro a seis años de cárcel. Así limitan el derecho a huelga. 

Siguió: «Hoy le pegan a un policía (en una manifestación), le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad». Se refiere al delito de atentando y resistencia a la autoridad, una figura harto utilizada para «cazar» manifestantes y atribuirles acciones nunca probadas. Hoy esa figura tiene prisión de prisión de un mes a un año o con agravantes puede llegar a seis años. Otra amenaza de cárcel efectiva.

Licencia para matar

En línea con el retorno da «doctrina Chocobar» (por Luis Chocobar, el policía que mató por la espalda a un joven que hirió y quiso robar a un turista) que Bullrich plasmó en el  nuevo reglamento que flexibiliza el  armas de fuego para la policía y las fuerzas, anunció un proyecto más sobre «legitima defensa y cumplimiento del deber», que ya fue ensayado también en la ley Bases. Lo que hace es ampliar para los agentes el uso de armas de fuego cuando crean necesario y aunque el agresor tenga un arma de juguete o se esté escapando sin representar peligro. El supuesto es que siempre va a disparar en cumplimiento del deber. «Queremos cambiar la idea de que los policías son victimarios y víctimas los que comienzan el hecho delictual», espetó la ministra.

«De esta manera, estiran el concepto de legítima defensa para que más situaciones de uso d ela fuerza por parte de policías sean consideradas cumplimiento del deber y queden por fuera del control judicial. Incluso así le marcan la cancha al Poder Judicial para debilitar el control sobre la actuación policial y que no tengan que rendir cuentas por el uso de armas letales», alertó Manuel Tufró, director del Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales. La ministra dobló la apuesta al regodearse: «No vamos a permitir la querella contra el Estado de las familias de los delincuentes si mueren». 

«No parece que ninguna de las propuestas anunciadas vaya a mejorar la seguridad de la vida de la gente y meter la criminalización de la protesta es un despropósito. No genera ninguna inseguridad, en todo caso hace que haya gente que no llegue a un lugar a la hora que previó. Todo es una excusa para levantar  derechos ganados y que la policía actúe con discrecionalidad», evaluó la exministra de Seguridad Sabina Frederic. 

Ley Antimafia

Como quien vende un producto, la ministra se refirió a un proyecto de «Ley Antimafia» para el que dijo haberse inspirado en el «código antimafia italiano» y en la «Ley Rico usada en Estados Unidos y que fue adoptada en el Salvador para combatir a las maras». Formuló la explicación varias veces hasta llegar a esta: «La pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización». «Todos van a tener la misma pena máxima», insistió. «Quien transporta las drogas, quien las vende, quien le presta la moto, quien hace el sicariato, quien lava el dinero», ejemplificó. Aclaró que «si no se determina una pena máxima el delito será de una pena de entre ocho y doce años».  Buscan, sostuvo, «un modelo superador de la asociación ilícita cuando las organizaciones usan métodos de extorsión, muerte y reemplazo de la ley». 

Citó el caso de una mujer de la organización «Los Monos» en Rosario que estaba libre con tobillera electrónica y fue atrapada vendiendo droga (narcomenudeo). En la teoría Bullrich debería tocarle la misma pena que al que mata o lava plata. Anunció que la ley permitirá detenciones por averiguación de delitos, retenes para requisas, incautación de mercadería, rastrillajes, interceptación de comunicaciones. Sólo en este  último caso mencionó la autorización judicial. Agregó que habrá un sistema de «extinción de dominio» para quitarles «propiedades y dinero». Definió «organización criminal» o «mafiosa» como «aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo», «genera pánico» y busca «infundir temor a las autoridades y quebrarles la voluntad». Aludía a la policía y fuerzas de seguridad, jueces, fiscales, políticos. Pero sin mencionar que a veces han sido parte del problema. 

Tufró planteó dudas: «¿Cómo se probaría la pertenencia a algo presentado de modo tan difuso? Además, en las bandas hay niveles diferenciados de responsabilidad y de delitos. No queda claro si se usará un agravante». Frederic sostuvo que la idea de «ley antimafia» va de la mano con la modificación para que las Fuerzas Armadas intervengan en seguridad interior, con la justificación es la violencia en Rosario. «Hay dificultad para precisar qué es terrorismo o narcoterrorismo El riesgo es confundir justos con pecadores, hacer redadas indiscriminadas y que terminen convirtiendo al Estado en terrorista», advirtió. 

La ley Rico estadounidense (ley de chantaje civil, influencia y organizaciones corruptas) es un sistema distinto, que establece cargos específicos cuando a partir de la investigación de una persona por un delito se descubre una cadena de delitos en años previos y una «empresa criminal» que se infiltra en la actividad económica. Pero no contempla las mismas responsabilidades para todo el que participe. Tampoco lo hace la ley italiana, que diferencia entre miembros y organizadores. Esta norma agrega a la asociación ilícita una agravada «de tipo mafioso». «Esa fue una de las primeras implementaciones en Italia. Para determinarla toma elementos sociológicos de actuación de las mafias del en el sur de Italia, que son la intimidación y la omertá (o ley del silencio)», explica Fernando Vallone, master en combate a la criminalidad organizada por la Universidad de Pisa, Italia. Señala que es «un buen punto de partida», pero aclara que en ese país requirió «organismos de investigación y persecución especializados» y «técnicas de investigación del rastro económico del delito». Hay direcciones distritales antimafia, policía judicial específica, prevención y hay fiscales especializados desde 1988″. 

Vale aclarar que en El Salvador, con el modelo de Nayib Bukele que endiosa Bullrich, rige un estado de excepción, que es muy otra cosa: hay detenciones de a miles, por suposición de vínculos y tatuajes, y actúan «jueces sin rostro» (no se identifican) y se meten testigos por la ventana.

Fuente: PAg 12

Anunció que enviará un proyecto de ley que le permita a las Fuerzas Armadas hacer tareas represivas. El rechazo de Victoria Villarruel. Las malas experiencias en otros países.

El gobierno de Javier Milei quiere darles una carta blanca a las Fuerzas Armadas para que vuelvan a las calles a patrullar, controlar vehículos y detener personas. El argumento ya no es la lucha contra el narcotráfico en Rosario, sino el supuesto de que estarán en combate con el “terrorismo”. La novedad fue anunciada en una conferencia de prensa por el ministro de Defensa Luis Petri, que días antes había reivindicado el rol de los militares durante la dictadura y trazado un paralelismo entre lo que hicieron en aquellos años y en la tarea que se les encomendará –si el Congreso aprueba la reforma– en la provincia de Santa Fe. La vicepresidenta Victoria Villarruel –históricamente embanderada con la familia militar– aprovechó para desmarcarse de la iniciativa de quien se quedó con el ministerio que ella pretendía conducir políticamente. “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir civiles. Creo que quedó claro con el tema de los ‘70”, salió al cruce.

Petri mandó efectivos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea a Rosario, donde en las últimas semanas se registraron cuatro asesinatos y 30 en lo que va del año. Pero, según él, que las Fuerzas Armadas presten apoyo logístico a las fuerzas de seguridad no es suficiente. Por eso, promueve un cambio en la ley de Seguridad Interior –aprobada en 1991– para darles mayores facultades a los militares –lo que no necesariamente cae bien entre los uniformados.

“Estamos modificando la ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones de seguridad interior que permitan devolverles la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, dijo desde la Casa Rosada junto a Patricia Bullrich, su excompañera de fórmula y quien negoció con Milei su llegada al Ministerio de Defensa.

Según comunicó Petri, las Fuerzas Armadas van a intervenir si el comité de crisis –que crea la ley de Seguridad Interior– califica la situación como constitutiva de “terrorismo”. Eso implicará tener el visto bueno del gobernador de la provincia en cuestión. En este caso, Maximiliano Pullaro ya había abrazado la idea de una reforma para que llegaran los militares, aunque reclamó capacitación para ellos. 

A Villarruel –como ya había contado este diario–, la idea de Petri no le gusta nada. “En los ‘70 se combatió el terrorismo. ¿Dónde están los que lo combatieron? Presos”, lanzó la militante por la “memoria completa”.

Los pormenores

Con la reforma que impulsa Petri, las Fuerzas Armadas quedarán habilitadas a realizar patrullajes, control de personas y vehículos, control de instalaciones y detenciones en flagrancia. “Sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en cumplimiento del deber”, se atajó el ministro de Defensa ante los cuestionamientos internos de que los militares deberán responder porque no están habilitados a “combatir” con civiles.

Durante la conferencia, Petri buscó no hablar de narcotráfico sino de actos terroristas. De esa forma, se subió a una ola que no es nueva y es la que inauguró Estados Unidos después de los atentados contra las Torres Gemelas del 11 de septiembre de 2001. Las diferencias son abismales, pero hay una que es particularmente importante: Washington no libra la llamada “guerra contra el terrorismo” con las Fuerzas Armadas dentro de sus propias fronteras.

“Todos los países del mundo utilizan sus Fuerzas Armadas para el combate del terrorismo, la Argentina es una excepción”, resaltó. “Con la legislación actual argentina, las Fuerzas Armadas israelíes el 7 de octubre no hubiesen podido intervenir en la Franja de Gaza. Fíjense la locura ideológica a la que han sometido a las Fuerzas Armadas, que son fuerzas de la democracia y son fuerzas de la Constitución y van a actuar con todo el amparo y el respaldo de la ley”, siguió el funcionario. En ese mismo sentido, Petri había dicho dos semanas atrás al Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI) que estaba trabajando para que Hamas fuera considerada una organización terrorista por el gobierno argentino.

Lo que parece proponer el gobierno de Milei se corre de las experiencias de empleo de las Fuerzas Armadas en la región, como sucedió en México. Allí los militares se involucraron para luchar contra los carteles de droga porque entendían que las fuerzas de seguridad no tenían en suficiente poder de fuego ni la organización para enfrentar semejante amenaza, explica el abogado Roberto López, asesor en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados. No estaban librando una lucha contra el terrorismo –como acá propone Petri. “Terminó muy mal esa experiencia. De hecho, la única fuerza que continúa trabajando es la Armada porque tanto la Fuerza Aérea como el Ejército fueron totalmente penetradas por el narcotráfico y hoy son dos fuerzas corruptas e inútiles”, añadió.

“Aparentemente, el objetivo de la administración del Presidente Milei es bajar el nivel de adiestramiento de las Fuerzas Armadas a niveles policiales, con lo cual cambiaría su misión principal, que es defender la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación, que son los intereses vitales del artículo 2 de la ley 23.554, que tiene como objeto el instrumento militar argentino. Esto seguramente esté vinculado a presiones externas en función de requerimientos de otras potencias”, advirtió López.

Poco entusiasmo

Petri viene preparando la cancha para hablar sobre “terrorismo” desde hace tiempo. “Hay un hilo (conductor) entre el combate al terrorismo del pasado y la necesidad de actuar en Rosario”, dijo el martes en un acto que se organizó en el Círculo Militar. En el auditorio estaban, entre otros, Cecilia Pando, que reclama la reivindicación de los militares que actuaron durante la dictadura y su liberación. Al término de su discurso, Petri se fotografió junto a la presidenta de la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA) –como llaman a los detenidos por secuestrar, torturar y desaparecer personas– y a esposas de condenados por crímenes contra la humanidad.

Ni siquiera Pando está muy entusiasmada con el proyecto que impulsan Petri y Bullrich –y que habrá que ver si consigue los votos en el Congreso para reformar parte de las leyes que hacen al consenso democrático de mantener a los militares lejos de la seguridad interior y de la inteligencia. “Espero que les den todas las garantías necesarias para no terminen presos como sucedió con los militares que combatieron al terrorismo marxista”, escribió en su cuenta de X. A pesar de sus diferencias personales, Pando y Villarruel piensan parecido en este tema.

En el Congreso remarcan que quieren ver el proyecto. Por ahora, no es más que un anuncio. El ministro estimó que la iniciativa se enviaría a mitad de la semana próxima. Sorprendió que haya adelantado el anuncio y que se hiciera –junto con un paquete represivo impulsado por Bullrich– tres días antes de que se cumplan 48 años del golpe de Estado. Será difícil que Villarruel junte votos en el Senado para un proyecto del que descree.

Fuente: pag 12

La organización Jabad Lubavitch lo distinguirá el 10 de abril en Estados Unidos. La obsesión del Presidente por posicionarse como una figura global y el apoyo irrestricto a Netanyahu

La movida es conveniente para ambas partes. El evento será en Miami, el miércoles 10 de abril, y Javier Milei recibirá el título de Embajador Internacional de la Luz. Para la organización judía ortodoxa Jabad Lubavitch de Bal Harbour, que otorga la distinción, es la oportunidad para ganar todavía más influencia, concretar una cena de recaudación y celebrar -así lo dice textualmente la invitación- que, con la ayuda de Dios, pudieron terminar de pagar la hipoteca de su ampuloso centro religioso. Para Javier Milei se trata de recibir un premio -casi desconocido- y, sobre todo, mostrarse como un integrante de la derecha internacional que da apoyo incondicional, sin crítica alguna, a la ofensiva del gobierno de Israel en Gaza. Quienes conocen la actividad diaria del presidente saben que hay tres cuestiones a las que dedica la mayor parte del tiempo: el déficit cero, las redes sociales y posicionarse internacionalmente. Su entorno lo alienta en este último terreno: le insisten en que hoy por hoy es uno de los referentes políticos del mundo. Por eso viajó a Davos, a Nueva York, Israel y al Foro de Acción Política Conservadora, en Washington. Por eso irá a La Florida el mes que viene.

Todo a la derecha

El viaje a Miami encaja perfectamente en una de las ambiciones centrales de Milei. Dentro mismo del gobierno libertario afirman que el presidente no gestiona prácticamente nada: no le importa lo cotidiano. No está al tanto si se designó o no a un funcionario, si hay fondos para el PAMI, los medicamentos o las universidades. Sólo se concentra en el déficit cero, twitear o darle like a los tweets de otros y le importa mucho, muchísimo, figurar a nivel internacional. Eso lo llevó rápidamente a aceptar el viaje a Miami, pese a que la distinción, Embajador Internacional de la Luz, es desconocida y nunca trascendió que haya sido otorgada anteriormente a personalidades como el presidente de un país. En este caso, además, también recibirá el reconocimiento la hermana presidencial, Karina, algo que suena a un dos por uno, y no a un manejo prolijo de un premio.

Como ya lo ha dicho, Milei prioriza posicionarse al lado de Estados Unidos e Israel, pero más precisamente con las derechas internacionales, sintetizadas en esos dos países en los nombres de Donald Trump y Benjamín Netanyahu. Parece no importarle que, frente la masacre perpetrada por Hamas el 7 de octubre pasado, el gobierno de Netanyahu haya dispuesto bombardeos indiscriminados y ofensivas irracionales. Esa política fue criticada por Joe Biden, por las Naciones Unidas y hasta por una mayoría del pueblo israelí. Aun así, Milei dará un apoyo global, irrestricto a Netanyahu.

La invitación al evento del 10 de abril dice expresamente que se le otorga la distinción de Embajador Internacional de la Luz por “su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad. Sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global”.

Finalmente, el presidente pondrá el acento en otro tema al que le da importancia: el acercamiento espiritual a la religión judía. Es todo un gesto posicionarse del lado de una de las corrientes más conservadoras del judaísmo.

Milei, el premio y el judaísmo

El presidente se vinculó al judaísmo estudiando la Biblia, la Torá, de la mano del rabino Shimon Wahnish, a quien designó embajador argentino en Israel, aunque esa designación requiere la aprobación del Senado. La audiencia para tratar el pliego de Wahnish, así como los de Gerardo Werthein (embajador en Estados Unidos) y el de Ian Sielecki (en Francia) se tratarán este jueves en el Senado. El dato es que Wahnish no es Lubavitch, sino que pertenece a una vertiente de los judíos sefaradíes, orientales, los judíos marroquíes. De todas maneras, tanto Werthein como Wahnish acompañarán a Milei a Miami.

Jabad Lubavitch tiene una relación condicionada con Israel. La Biblia sostiene que el estado judío existirá después que llegue el Mesías, por lo cual los Lubavitch no tienen un reconocimiento pleno. Por ejemplo, no suelen cantar la Hatikva, el himno de Israel, y tampoco le dan una gran dimensión a Iom Hatzmaut, el Día de la Independencia de Israel. Sin embargo, no se pueden desmarcar del todo porque la gran mayoría de los judíos del mundo se referencian con Israel.

Jabad Lubavitch en acción

Dentro de los grupos judíos ortodoxos, Jabad Lubavitch es el que más crecimiento e impacto tuvo en los últimos años. Por cantidad de adherentes y por poder económico. Son seguidores del rabino Menahem Mendel Shneerson, que llegó de Rusia y falleció en Nueva York en 1994. Antes de asumir, Milei visitó su tumba.

Dentro de la propia corriente Lubavitch están los mesiánicos, una minoría, que creen que el rabino fue el auténtico Mesías y que sigue vivo. Por otro lado, la mayoría, es esencialmente seguidora de Mendel Schneerson. Todos ellos son ultraconservadores y relegan a la mujer a un puesto muy secundario, casi inexistente. Como se sabe, ellas deben ir mayormente cubiertas para no despertar tentaciones. La invitación pública para el 10 de abril figura a nombre del rabino y la rabina (rabbi & rebbetzin dice la tarjeta) Sholom y Chani Lipskar, en el que Chani, en verdad, es simplemente la esposa del rabino, no puede oficiar ceremonias. Aunque no es una postura oficial, la gran mayoría de la congregación respalda a Donald Trump, en la arena política norteamericana.

En Miami hay muchos centros de Jabad, pero el de Bal Harbour es el más fastuoso, el de mayores dimensiones. Cada centro es independiente, de manera que el premio es otorgado únicamente por el Shul, que es como se denomina al centro de Bal Harbour.

Aunque no se conocen las características de la ceremonia, lo habitual es una cena de recaudación. Con una curiosidad. Mendel Schneerson, en vida, solía entregar billetes de un dólar. El rabino tuvo una enorme fama y había colas de cuadras enteras para pedirle consejos y hasta curaciones. En esa oportunidad, a todos les daba un billete bendecido, siempre de un dólar. Con el tiempo, esos billetes pasaron a ser auténticos trofeos. Cuando Milei estuvo en Israel, en el Aeropuerto Ben Gurión, antes de la partida del avión, un rabino Lubavitch se acercó al presidente y le dio uno de esos billetes originados en Mendel Schneerson. La anécdota fue relatada por la Agencia Judía de Noticias (AJN) en aquel momento. En esa sintonía, el 10 de abril seguramente el rabino Lipskar exhibirá uno de aquellos billetes como incentivo para que los reunidos también aporten al centro comunitario. Parte de la recaudación se utiliza para nuevas obras y hay una larga tradición de beneficencia.

Armando agenda

Para justificar el viaje en tiempos tan turbulentos y para recibir un premio poco conocido, la Cancillería y el embajador Werthein están tratando de armar, de urgencia, una agenda con empresarios. En la visita anterior, cuando fue a la tumba de Mendel Schneerson, el encuentro más significativo que pudieron concretar fue con Bill Clinton. El expresidente norteamericano es un abonado a eventos de la familia Werthein que le paga una cifra anual a la fundación Clinton. Habrá que ver si esta vez logran contactos más significativos. 

Fuente: Pag 12

La Casa Rosada candidateó a un juez de Comodoro Py con buenas relaciones con el PJ y a un catedrático antiaborto y especialista en temas petroleros. Los entretelones.

avier Milei decidió postular para la Corte Suprema al juez federal Ariel Lijo, emblemático de Comodoro Py, y al abogado Manuel García-Mansilla, decano de Derecho de la Universidad Austral, antiaborto y experto en hidrocarburos. Al magistrado lo propuso para ocupar el lugar que dejó al jubilarse Elena Highton de Nolasco. Al catedrático, para reemplazar a Juan Carlos Maqueda, a quien le avisó en el comunicado de la «Oficina del Presidente» publicado en las redes sociales, que espera que se jubile en diciembre cuando cumpla 75 años. La elección de dos varones y ninguna mujer implica la de decisión de ignorar el criterio del decreto 222/2003 que llama a tener en cuenta que las designaciones en el alto tribunal cubran «diversidades de género, especialidades profesionales» y «un sentido regional y federal», una norma paradigmática de Néstor Kirchner que el Gobierno también anunció que modificará. 

La jugada

La novedad deja a la vista la intención de la Casa Rosada de hacer pie en el máximo tribunal, donde se jugará el destino de todas las aristas del «plan motosierra». De hecho, los supremos ya tienen una decena de expedientes contra el DNU 70/2023, que vino a desregular la economía y a derogar o modificar cerca de 300 normas que ya afectan de manera rotunda la vida de la ciudadanía (como con los aumentos de las prepagas y la derogación de la ley de alquileres). De todos modos, todavía está por verse si los candidatos consiguen los dos tercios en el Senado, donde no hubo aviso ni consultas del Poder Ejecutivo sobre este tema a ningún bloque, ni a los propios. No hay garantía de que allí puedan juntar los votos. En esa Cámara, por lo pronto, fue rechazado el DNU. 

En el Congreso hay quienes entreven en el anuncio una presión o advertencia hacia los supremos. Más allá de que el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, haya ido a la Casa Rosada a mostrar su aval a la implementación del Código Procesal Penal como reacción ante la violencia y el crimen organizado en Rosario, para otros asuntos en el Gobierno lo miran con desconfianza.  

Un eventual nombramiento de Lijo y García-Mansilla podría impactar al interior de la Corte. Hoy existe un bloque mayoritario que integran Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Maqueda. Lorenzetti, enemistado con Rosatti, hace su juego y esto incluye haber cultivado un fuerte vínculo con ciertos jueces federales de los tribunales de Retiro. En particular con Lijo, quien le debe la insistencia con su nombre ante Milei para la vacante que dejó Highton de Nolasco en noviembre de 2021 y que el gobierno de Alberto Fernández vio pasar sin postular a nadie. Lorenzetti se relacionó con todos los presidentes en las últimas dos décadas. 

En el Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, admitirían injerencia en la propuesta de García-Mansilla. Ambos son viejos conocidos. Aunque el aspirante, al parecer, desembarcó en la danza de nombres vía Santiago Caputo. Llevaría también otros avales, empresariales y de la corporación católica de derecha. En el grupo supremo mayoritario tienen un buen concepto de él. No es para menos: respaldó la designación de Rosenkrantz y Rosatti que intentó Mauricio Macri por decreto, sin pasar por el Senado, y fue crítico del juicio político durante la gestión anterior. García-Mansilla y Rosenkrantz, que tienen trato, serían la dupla más liberal de la Corte si avanzara el acuerdo. 

García-Mansilla es el hombre que el Ejecutivo anunció para reemplazar a Maqueda de una manera peculiar: el comunicado dice que Milei lo propone «para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley». Agrega que para esto también modificarán el decreto  222/2003 que establece que la postulación de un nombre para la Corte recién se hace una vez que se produjo la vacante, dentro de los 30 días. Le agradece «su distinguida labor» y «extensa trayectoria en los tres poderes del Estado». Señala la expectativa de que la Justicia «defienda estricta y honrosamente los valores de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos», todo un mensaje para los magistrados. «Que Dios bendiga a los argentinos  y las fuerzas del cielo nos acompañen», termina el texto. 

Aquel decreto 222, bautizado como el de «los tres patitos», hizo historia. Se publicó cuando el entonces presidente Kirchner promovió la renovación de la «mayoría automática» vieja Corte menemista. Creó un mecanismo para transparentar los nombramientos en el alto tribunal, con dos instancias –una en el Ministerio de Justicia y otra en el Senado– donde la sociedad civil puede hacer sus observaciones y, en el Congreso, participar de la audiencia pública previa al acuerdo. Además estableció algo novedoso por entonces: que se posibilite al momento de integrar la Corte «la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal». El tribunal tuvo dos mujeres en función de esa norma, junto a Highton de Nolasco, Carmen Argibay. Antes había había  una sola mujer en la historia del tribunal. 

La decisión de Milei de designar sólo varones fue cuestionada en el ámbito judicial y político. La Asociación de Mujeres Jueces emitió un comunicado donde le pide que e su atribución de proponer a los supremos, «de pleno cumplimiento a los mandatos constitucionales, convencionales y reglamentarios argentinos que garantizan  la igualdad entre varones y mujeres». Recuerda: «A lo largo de su historia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha tenido 109 jueces varones, solo 3 fueron mujeres.  Esto representa un desalentador 2,7% de participación femenina en máximo tribunal. Es hora  de garantizar una representación equitativa en la más alta instancia de justicia del país». 

Quién es quién

* Ariel Lijo tiene 55 años y lleva casi 20 como juez federal en Comodoro Py, cargo para el que concursó y fue nombrado en 2004, en la misma tanda que Daniel Rafecas, Julián Ercolini y Guillermo Montenegro. Había empezado como meritorio, pasó por una defensoría y una fiscalía y llegó a secretario de la mano de la fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo, que fue referente del menemismo en la justicia. Casi desde siempre es conocido por su cintura política, su manejo de los tiempos de las causas y por tener ascendencia sobre buena parte de los juzgados y otros despachos del mismo edificio. Con esa habilidad, y siempre cerca de Lorenzetti, fue uno de los fundadores de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE). Dicta clases de Derecho Constitucional en la UBA, de donde es graduado. Sorteó denuncias en el Consejo de la Magistratura, empujadas a menudo por Elisa Carrió, detractora también del supremo Lorenzetti. 

Tuvo varios expedientes de alto impacto. Procesó y detuvo al exvicepresidente Amado Boudou por el caso Ciccone. Lijo mandó a juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA a Carlos Menem, al exjefe de la Side Hugo Anzorreguy, al exjueza Juan José Galeano, los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, entre otros. Cuando tuvo la causa por las coimas que admitió Siemens para realizar los DNI en  la época del menemismo, indagó a empresarios pero no resolvió su situación ni avanzó sobre funcionarios. Algo similar hizo, más recientemente con el caso del Correo, por una maniobra del gobierno de Macri para licuar la deuda millonaria de la empresa postal de la familia. Indagó al entonces ministro de Comunicaciones, otro funcionario y dos directivos en 2019 pero nunca definió si los procesaba o no. Al expresidente no lo incluyó en la causa. Ahora tiene los pedidos para que Milei declare y especifique su denuncia pública diputados/as a los que llamó «coimeros». 

*El abogado Manuel José García-Mansilla, de 53 años, además de ser decano en la Universidad Austral –de donde también egreso Rosenkrantz– es hace una década director de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, tópico de sumo interés para el gobierno libertario. Se presenta como especialista en Derecho Constitucional, Oil&Gas y Derecho empresario. Tuvo un paso de tres años por el Estudio de Horacio Tomás Liendo, director del BCRA y secretario de Coordinación del Ministerio de Economía del gobierno de Menem. Es socio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, conocido como el «de la calle Montevideo». Tiene posgrados, otros diplomas y estudios en el exterior. Se lo conoció como asiduo tuitero pero cerró su cuenta poco antes de que se anunciara su candidatura a la toga. 

García-Mansilla expuso su posición contra la interrupción voluntaria del embarazo en el Senado en 2019 cuando se discutía la ley. Allí dijo que «el aborto es un delito», más allá de las causales de no punibilidad. «El derecho al aborto no existe», sostuvo. Es la posición tanto de Milei como de la vicepresidenta Victoria Villarruel. En sus columnas en el diario La Nación escribió contra la exjueza de Casación Ana María Figueroa, en consonancia con la Corte que la obligó a dejar el cargo aunque tenía  pendiente un nuevo acuerdo del Senado al cumplir 75 años; cuestionó en 2020 la intervención de Vicentin invocando la inviolabilidad de la propiedad privada (otro hit libertario), entre otros temas. En un comunicado le agradeció a Milei la nominación y dijo que si le dan acuerdo actuará «de forma recta e imparcial, sin distinción de persona alguna, respetando siempre la Constitución». A juzgar por sus escritos y especialidad empresaria, podría tener muchos casos donde excusarse. 

Fuente: Pag 12 

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA) Alejandro Melik, firmó instrucciones cautelares para solicitarle al Procurador del Tesoro Rodolfo Barra que se «abstenga» de intervenir en casos que involucren a la ex presidenta Cristina Kirchner.

El requerimiento de Malik llegó después de que se dio a conocer que el abogado de la ex mandataria solicitó su absolución en la causa donde se investigaron las 51 licitaciones viales que ganó Lázaro Báez, habiendo tomado como elemento nuevo para justificar la reversión un dictamen de Barra.

El dictamen del Procurador avala la argumentación de la defensa de la ex jefa de Estado, ya que plantea que, pese al cargo que ocupaba, no tuvo ninguna responsabilidad institucional en los procesos irregulares a través de los cuales Báez se convirtió en el principal adjudicatario de obra pública vial en Santa Cruz.

La orden del organismo anticorrupción al Procurador se dio luego de que el presidente de la Coalición Cívica (CC) Maximiliano Ferraro y la diputada del mismo espacio Mariana Zuvic, le solicitaron a la OA la «inmediata remoción» del funcionario, al que acusaron de «un conflicto de intereses insalvables que atañen a la responsabilidad institucional y actividades privadas».

Es por esta razón que la OA abrió un expediente administrativo a fin de analizar el caso y llevó al titular de ese organismo a firmar instrucciones cautelares preventivas respecto al Procurador del Tesoro.

Fuente: Pag 12 

Nadie sabía (ni entendía) nada. El Senado recibió la noticia de que el gobierno nacional buscaría cubrir las dos vacantes en la Corte Suprema con una mezcla de sorna, desconfianza y sorpresa. Javier Milei no le había avisado ni a sus propios legisladores que propondría a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como candidatos a ocupar el Máximo Tribunal: La Libertad Avanza, PRO, el peronismo, todos, se habían desayunado la noticia sin que existiera ningún tipo de instancia de negociación previa (o posterior, incluso). Los senadores más avezados estaban atónitos. «¿Milei pretende poner dos jueces de la Corte sin conversarlo con nadie?», se preguntaban. Y es que el presidente necesita los dos tercios del Senado para aprobar los pliegos, es decir que necesita hasta de Unión por la Patria, y la inexistencia de un sondeo preventivo no hizo si no convencer a varios de que la propuesta no era más que una maniobra distractiva. 

Ni Victoria Villarruel, la vice con la que Milei ahora se esfuerza en aparentar que no hay ningún conflicto, estaba enterada de que ese día la Oficina de la Presidencia anunciaría a los nuevos candidatos. A García-Mansilla lo conoce, pero a Lijo no, y la noticia la tomó de sorpresa como a todos en el Senado. De momento sabe que habrá que esperar un rato: la convocatoria aún no se oficializó, todavía falta recibir las impugnaciones de la sociedad civil –el Ejecutivo tiene 15 días para hacerlo – y recién ahí se envían los pliegos. Pero le abre un nuevo frente de batalla a menos de una semana del fracaso sufrido por la caída del DNU 70/2023. Un nuevo frente de batalla que, una vez más, se anticipa complicado para el oficialismo.

El principal problema es que Milei necesita hasta de UxP si quiere aprobar los pliegos de Lijo y García-Mansilla y, de momento, la bancada peronista no respondió con entusiasmo. Tampoco el radicalismo o, siquiera, el PRO. Nadie acusó recibo de una maniobra que, para ser exitosa, requiere de una amplísima mayoría de la cámara. Con solo 7 senadores propios, LLA necesita sumar 41 votos más si quiere llegar a los dos tercios necesarios para aprobar la designación de los dos nuevos jueces. Hasta ahora, el número máximo que Villarruel logró sumar fueron 39 senadores: una mayoría coyuntural que le sirvió para hacerse del control de las comisiones y la designación de autoridades del Senado. Esos 39 representaban todo el recinto menos los 33 de UxP, que ahora pasará a ser un actor clave de la votación en el Senado.

«No creo que ni ellos quieran votarlo. Es un tema para distraer», analizaba una senadora de UxP, que se mostró incrédula ante el hecho que no los hubieran sondeado antes de hacer el anuncio. En principio, ninguno de los legisladores quiso sentar posición sobre los nombres, argumentando que antes había que esperar a dilucidar cuál era el verdadero objetivo del oficialismo. Pero también insisten en que, sean cuales sean los nombres, al menos uno tiene que ser de una mujer. Algunos legisladores confesaron a este diario, sin embargo, que se sentirían cómodos con Lijo, el juez federal de Comodoro Py. Incluso en los tribunales federales hay quienes consideran que el pliego Lijo puede pasar el filtro del Senado por sus buenas relaciones con algunos gobernadores. Lijo es el mismo magistrado que elevó a juicio oral a Amado Boudou por la causa Ciccone, pero, según reconoció un dirigente de UxP, «al menos lo conocemos y sabemos cuáles son sus terminales». Las terminales son, en efecto, el otro juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti.

Más allá de que algún senador peronista pudiera sentirse más atraído por la figura de Lijo, en la bancada advierten que la decisión será de todo el bloque y no habrá espacio para el libre albedrío. La mayoría sospecha, sin embargo, que es «humo» y que si el oficialismo hubiera querido realmente negociar –Lijo a cambio del acompañamiento de Mansilla, por ejemplo– les hubiera consultado antes. No son pocos los legisladores que, incluso, sospechan que el verdadero objetivo de Milei es enviarle una advertencia a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (los dos jueces que vienen manejando la mayoría de la Corte hace años).

El radicalismo, mientras tanto, advierte que ellos tampoco están del todo convencidos. Golpeados aún por la fractura interna que representó el voto en contra al DNU de Martín Lousteau, el bloque radical envió algunos mensajes de que no estaba conformes con los nombres. Puntualmente el de Lijo. Sin embargo, las voces que salieron públicamente a manifestarse en contra optaron por cuestionar que se continuara sin designar mujeres en la Corte Suprema. «De los 107 jueces que ocuparon la Corte Suprema de Justicia desde 1863, solo 3 fueron mujeres. Señor Presidente, en esto no volvamos al Siglo XIX. La discusión no es por Lijo o García-Mansilla, Argentina no debe liderar ese retroceso democrático en la región. Tiene la oportunidad de enmendar lo que no hizo el gobierno anterior: Postule, como corresponde, una mujer a la Corte», cuestionó la diputada Carla Carrizo, que integra Evolución (y responde políticamente a Lousteau).

Quien salió fuerte contra Lijo fue la Coalición Cívica, que directamente anunció que impugnarían su pliego. «No podemos soslayar que fue el juez Lijo quien garantizó la impunidad del saqueo de YPF y dejó a los argentinos teniendo que pagar una condena que compromete a varias generaciones», cuestionó Maxi Ferraro, quien denunció la existencia de un «pacto de impunidad» entre el Ejecutivo y el kirchnerismo, a quienes acusó de «amparar a Lijo en el Consejo de la Magistratura todos estos años». Más allá de las explosiones, sin embargo, la CC no cuenta con senadores propios por lo que no tendrá mucho poder de fuego en la Cámara alta.

Los aliados, mientras tanto, piden tiempo. Todavía están intentado acomodarse a la sorpresa (y a lo que significa). Lo cierto es que, antes de avanzar con los candidatos para la Corte, la comisión de Acuerdos del Senado deberá reunirse para avanzar en los nombramientos de más de 100 cargos que aún están sin cubrir en el Poder Judicial. La reunión será este jueves a la mañana y se espera que varios senadores caigan con preguntas sobre la Corte que ni el oficialismo ni Guadalupe Tagliaferri (PRO), presidenta de la comisión, podrán responder. 

Fuente: Pag 12 

El Gobernador es uno de los tres chubutenses que integran la conducción del partido a nivel nacional.

Mauricio Macri fue designado como el nuevo presidente del PRO, tras alcanzar un acuerdo partidario el martes por la noche. En esta nueva etapa, Macri contará con el respaldo de destacados dirigentes, entre ellos el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres, quien ocupará un rol relevante en la conducción del partido.

Ignacio «Nacho» Torres y Ana Clara Romero asumirán como Vocales, mientras que Taccetta será el 2º suplente. 

 

Junto a Macri, Soledad Martínez, intendente de Vicente López, asumirá como vicepresidenta primera del PRO, mientras que Demián Arabia, diputado nacional, ocupará la vicepresidencia segunda, y Facundo Carletti Pérez, concejal de Santiago del Estero, será el vicepresidente tercero. A su vez, la diputada María Eugenia Vidal y el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se sumarán como miembros del Consejo Directivo.

Por otro lado, Patricia Bullrich, actual Ministra de Seguridad de la Nación, será titular de la Asamblea del PRO, en un movimiento estratégico que marca un cambio en la conducción del partido. Bullrich deja oficialmente la Presidencia este martes, tras una intensa batalla interna en la conformación de la cúpula del PRO.

El acuerdo alcanzado también involucra a destacados dirigentes como los diputados nacionales Cristian Ritondo y Diego Santilli, así como los gobernadores Rogelio Frigerio y el propio Ignacio Torres, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y varios intendentes de peso dentro del partido.

Fuente: Diario Chubut

En acuerdo con el Gobierno, y ante el futuro incierto del decreto en el Congreso, los diputados del PRO presentaron iniciativas que apuntan a transformar en leyes capítulos del DNU 70 como la reforma laboral, la derogación de la ley de alquileres, la creación de las sociedades anónimas deportivas y la apertura a la internet satelital en beneficio de Elon Musk.  

El PRO reafirmó su rol de guardaespaldas de las políticas de Javier Milei en el Congreso. Los diputados del partido amarillo comenzaron a presentar proyectos de ley propios, en espejo con muchas de las reformas previstas en el DNU 70: el objetivo es impulsar las medidas que desregulan la economía ante el incierto futuro del megadecreto en la Cámara baja, tras el rechazo votado por el Senado. Los legisladores del PRO ya presentaron formalmente iniciativas para sostener la derogación de la Ley de Alquileres, avanzar con la reforma laboral (suspendida por la Justicia), implementar las sociedades anónimas deportivas (SAD) en los clubes de fútbol y habilitar el sistema satelital de Internet que le abre las puertas del negocio al multimillonario Elon Musk, amigo de Milei.

El rechazo del DNU en la Cámara de Senadores puso en guardia a la Casa Rosada en medio de la confrontación con las provincias. Aunque el tratamiento del megadecreto en Diputados no tiene fecha, hay altas chances de que no prospere. Mientras, el Ejecutivo negocia acuerdos con los gobernadores más afines para intentar aprobar la nueva versión acotada de la Ley de Bases y postergar el debate del DNU 70 en la Cámara baja. En ese contexto, los aliados del oficialismo intentaron allanarle el camino al Gobierno. Lo había hecho la UCR con proyectos espejo al decreto en Diputados y el Senado, para evitar el rechazo, pero la Casa Rosada los ninguneó. Desde Hacemos Coalición Federal también presentaron selectivamente proyectos similares a algunas medidas del Ejecutivo, pero tampoco fueron tomados por el oficialismo.

Ahora el PRO volvió a la carga para blindar diversas reformas desregulatorias que Mauricio Macri defiende a rajatabla, ante el temor de que el decreto termine por naufragar.

Una de ellas es la reforma laboral -cuya puesta en marcha mediante el DNU la Justicia suspendió en enero-. El jefe de la bancada PRO, Cristian Ritondo, presentó tres proyectos de ley para modificar la legislación laboral vigente, alineados con el contenido del DNU. Las iniciativas apuntan a sostener la ampliación del período de prueba para los trabajadores -que pueden ser despedidos sin indemnización-; dar a las empresas exenciones y beneficios en las cargas sociales para incentivar la registración laboral; declarar «servicio esencial” a distintas áreas, como la educación, para evitar huelgas u otras medidas sindicales.

“Modernizar las leyes laborales es fundamental si queremos salir de la pobreza. El modelo del kirchnerismo está agotado. Un modelo Estado-céntrico, híperregulador, que demostró fracasar rotundamente en generar riqueza, trabajo y una mejor calidad de vida”, argumentó Ritondo, quien pactó la estrategia legislativa en una reunión privada con Milei.

Además, ante la posibilidad de que vuelva la Ley de Alquileres tras una eventual caída del DNU, Ritondo y una veintena de diputados de su bloque presentaron un proyecto para su completa derogación. Entre sus fundamentos sostienen que, durante la vigencia del DNU, el mercado de alquileres mostró fuertes signos de recuperación con “una mayor oferta y precios más bajos”. Algo que desmienten los inquilinos.

La diputada Florencia De Sensi presentó un proyecto para que los clubes de fútbol puedan operar bajo la figura de sociedades anónimas deportivas (SAD), en sintonía con el DNU de Milei y las ambiciones de Macri. “El proyecto no busca imponer obligaciones, sino ofrecer la opción de adoptar la figura de sociedad anónima deportiva, como ocurre en las principales ligas del mundo”, justificó De Sensi.

Tampoco faltaron proyectos espejo para garantizar otros negocios que abre el DNU a empresas con nombre propio. La diputada macrista -ex radical- Silvana Giudici presentó la propuesta de desregular el servicio de Internet y favorecer la prestación por vía satelital. “Apunta a la competencia y a que cada vez más argentinos tengan conectividad en las zonas desfavorables y alejadas. Eso fomentará que los usuarios puedan conseguir mejores servicios a menor tarifa”, dijo Giudici.

Como blanqueó el propio Milei cuando anunció el DNU, la medida pretende favorecer a la empresa Starlink, de Elon Musk. El multimillonario respalda a Milei a través de su empresa X (ex Twitter) y aspira a ampliar sus negocios en la Argentina, con la mira en el litio, clave para las baterías de los autos eléctricos que fabrica otra de sus compañías, Tesla.

Otro proyecto espejo del PRO fue presentado por María Eugenia Vidal, con el respaldo de su bloque y con el propósito de modificar la fórmula de la movilidad jubilatoria, atándola a la inflación. En este caso, fue para adherir a la estrategia oficialista de boicotear la sesión convocada por HCF y otras bancadas opositoras para tratar el tema.

Mientras sigue postergado el anunciado acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO para establecer una alianza parlamentaria que fortalezca al gobierno de Milei, el macrismo ya oficia como su guardaespaldas en el Congreso.    

Fuente; Pag 12 

Los gobernadores detectaron que Kusa Liban Ángel, un socio del presidente de la UIA, estuvo detrás de la redacción del documento provisorio del «Proyecto ley medidas fiscales» que les hizo llegar el oficialismo. «Es una vergüenza, todo a pedir de mano de las cinco grandes empresas del país», se quejaron algunos mandatarios provinciales. Los patagónicos siguen enfrentados con la Rosada, que pese a todo se muestra optimista sobre el futuro de la segunda versión de la ley ómnibus. 

El gobierno nacional, durante los últimos días, mandó a algunos gobernadores un word de 115 páginas titulado «Proyecto ley medidas fiscales», que acompañaría a la nueva Ley Ómnibus y que sería enviado al Congreso de la Nación desde el Poder Ejecutivo durante las próximas semanas. El documento todavía está en proceso de análisis por parte de los mandatarios provinciales, pero de entrada a varios de ellos les llamó la atención un dato: en los detalles del archivo aparece que el documento fue guardado por Kusa Liban Ángel, uno de los socios del estudio de abogados fundado entre otros por Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA).

«Es tremendo. Después piden diálogo y consenso, pero trabajan las medidas fiscales con estudios jurídicos privados. Está todo hecho a pedido de la UIA y de las cinco o seis empresas más grandes del país. Es claro a quiénes responde este gobierno, el tema es que ya no tienen tapujos. Eso es lo que opinamos varios gobernadores», expresó un gobernador en conversación con Página/12 sobre el tema.  

Según revelaron distintas investigaciones periodísticas, Kusa es abogado especializado en impuestos y litigios tributarios y uno de los tres abogados del estudio Bruchou & Funes de Rioja, que visitaron la Casa Rosada entre diciembre del año pasado y enero de este. Eso indicaría que los proyectos que presenta el gobierno nacional y los DNU son escritos no por los funcionarios, sino por sectores del ámbito privado que, por supuesto, tienen distintos intereses políticos y económicos. 

En Casa Rosada, después de que se conociera la noticia que publicó Cenital acerca de que el documento había sido modificado por Kusa, decían que estaban trabajando con los equipos técnicos de cada uno de los gobiernos provinciales –con los ministros de Economía y con los ministros de gobierno– y agregaban que hay «mucha confianza de que la ley salga». 

«Hay trabajo previo, consenso, se habló con los gobernadores, con los jefes de bloque», enumeraban en Balcarce 50 y decían que «hay feedback». Además, desde el oficialismo confían que la ley se presentará en el Congreso a mediados de abril, luego de Semana Santa. «No nos volvemos a juntar con los gobernadores porque no es tan fácil juntarlos a todos», repetían. 

Desde los gobiernos provinciales, sin embargo, no opinan lo mismo. «Debe ser con otras provincias. Con las patagónicas no», respondió uno de los gobernadores de esa región sobre el tema. En esa línea, desde otra provincia añadieron: «Están re complicadas las negociaciones. Nadie está convencido de nada», y suman que lo que se conoció hoy (por ayer) sobre la intervención de estudios jurídicos privados en la escritura de los proyectos que les envían desde el gobierno «no ayuda para nada». 

Por otra parte, agregan que «hay que terminar de ver el texto que nos enviaron. Lo estamos analizando». Otros gobernadores son más tajantes y directamente dicen que lo que se dio a conocer este martes «es una vergüenza». El martes a la noche el texto aún no le había llegado a varios mandatarios provinciales. 

El borrador, bajo la lupa

Lo que sí habían recibido todos los gobernadores fueron tres páginas que el ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse les habían entregado el viernes 8 de marzo en la reunión que sostuvieron con ellos en Casa Rosada. Allí les adelantaron que volverían a insistir con la ley ómnibus (incluídas las privatizaciones de 13 empresas públicas) y también con un nuevo paquete fiscal que incluye la vuelta del impuesto a las ganancias. 

En las provincias patagónicas, por ejemplo, dicen que los gobernadores están muy «preocupados y ocupados en que no se toque la arquitectura jurídica institucional energética». Están viendo con lupa los apartados del proyecto de Ley Ómnibus vinculados al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) porque consideran que se puede llegar a afectar el dominio y la jurisdicción de los recursos.

Sobre Kusa, que es el que modificó el borrador del proyecto que fue enviado a algunos gobernadores, los periodistas Ari Lijalad y Franco Mizarahi revelaron que él había ingresado a Casa Rosada el 10 de enero pasado, un día después de que ingresara la Ley Ómnibus al Congreso, y que, por más que el abogado aparece en los registros como asesor del Ministro de Justicia, no figura en las planillas de esa dependencia ni tiene designación alguna en Boletín Oficial. 

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, es uno de los fundadores del estudio jurídico al que pertenece Kusa. Este medio intentó comunicarse con él por si quería aclarar algún aspecto vinculado a las revelaciones periodísticas y a la vinculación del estudio jurídico con el gobierno, pero no hubo ningún tipo de respuesta. 

Kusa fue uno de los abogados de estudios jurídicos privados que entró por esos días a la casa de gobierno y a la Quinta de Olivos, pero no el único. Ese es un signo de que los proyectos que el gobierno envía al Congreso, y también los DNU, son armados por el sector privado y abogados que no se desempeñan como funcionarios públicos. Las modificaciones que hizo Kusa del documento que le llegó a los gobernadores con el nuevo «paquete fiscal» corroborarían esa teoría.

Fuente:Pag 12