Aseguran que el sector tiene el potencial de movilizar inversiones por más de US$20.000 millones.

En la segunda jornada de la “Exposición Internacional: San Juan, Factor de Desarrollo de la Minería Argentina”, se oficializó la Mesa del Cobre, «un hito para el sector minero del país», consideraron.

Los gobernadores de la Mesa habían manifestado su apoyo al Régimen de Grandes Inversiones, y aseguran que el sector tiene el potencial de movilizar inversiones por más de US$20.000 millones y generar exportaciones adicionales de US$9.000 millones anuales si se logran activar seis de los ocho megaproyectos en marcha. Se trata de emprendimientos de clase mundial que prevén una fuerte creación de más de 100.000 empleos entre directos e indirectos para los próximos años.

De este modo se presentó oficialmente este espacio de trabajo conjunto entre las provincias de San Juan, Salta, Catamarca y la recientemente incorporada Mendoza, y se realizó la firma del acuerdo entre las provincias, con la presencia de los gobernadores de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Catamarca, Raúl Jalil; de Salta, Gustavo Sáenz, y el anfitrión Marcelo Orrego.

También acompañaron el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, de Jujuy, Carlos Sair, y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, como observador del convenio de política minera nacional.

Tras la firma del convenio, el gobernador Marcelo Orrego dijo que “la minería es una política de Estado. Vengo a ratificar y suscribir cada una de las palabras de quienes me han precedido en la palabra. El 83% de la provincia son montañas, un 14% es desierto y solo un 3% es cultivable. Evidentemente, la migración para nosotros claramente está relacionada con nuestra economía y con nuestra matriz productiva. También está vinculada con el turismo, con las economías regionales y, por qué no, con el tema de las energías renovables. Que hoy, evidentemente, están en un proceso en el que el mundo las necesita cada vez más”.

Y agregó: “Empezamos a soñar con algunos gobernadores con tener la Mesa del Cobre. Ya estaba conformada la Mesa del Litio. La verdad es que las provincias del norte dieron esos primeros pasos y esos primeros pasos fueron firmes. Luego decidimos avanzar sobre la Mesa del Cobre. Y la verdad, para mí es un hecho político extraordinario”.

Por su lado, el gobernador Raúl Jalil dijo: “Hay que trabajar en el desarrollo de proveedores y de todos los sectores. La minería es cada vez una familia más grande. Es bueno que definamos lo que se está discutiendo en la Nación”.

Posteriormente el gobernador Alfredo Cornejo dijo: “para Mendoza está Mesa es un gran avance. Queremos remediar el atraso que tenemos con la ayuda de las provincias que ya están en el camino. Se abre una oportunidad para explotar la minería en Mendoza. La transición energética nos da esa oportunidad y necesitamos sacar estos minerales rápido”.

El gobernador Gustavo Sáenz aseguró que “somos unos privilegiados por todo lo que tenemos. Con el litio hemos demostrado que tuvimos que anteponer a las cuestiones políticas. Ahora viendo esta mesa tan plural, entendemos que podemos trabajar de manera conjunta de manera responsable. Nos pongamos a trabajar. Porque es ahora que el país lo necesita y el mundo lo demanda”.

El gobernador de Córdoba, que acompañó la formación de la Mesa del Cobre aseguró que “es importante para nosotros estar aquí. Este es un día histórico para los que firmaron. Porque esto es bueno para Argentina porque necesitamos de la minería. Y sin esto no hay desarrollo. Venimos a acompañar a los sectores complementarios, pensando en el desarrollo del país”.

Luego, Lucero dijo “quiero resaltar que está Mesa es un acontecimiento histórico. Nuestra de visión estratégica porque el mundo está viviendo en un paradigma de cooperación. Hay que apostar a un interés general. Es la forma de lograr lo que nos hace falta”.

Entre los participantes de la Expo Minera, hay representantes de siete de los ocho megaproyectos de cobre en el país y más de 15 países vinculados a la actividad y que están conectando a empresarios locales y al arco político con inversores y delegaciones del exterior interesadas en la minería argentina.

Documento oficial de constitución de la Mesa del Cobre

“Los gobernadores nucleados en la mesa del cobre manifestamos la voluntad de trabajar de manera mancomunada para la armonización de condiciones que propicien e impulsen el desarrollo de la minería de cobre en nuestras provincias.

El contexto internacional de precios favorables y proyección de aumento de demanda del mineral, y la disponibilidad de proyectos avanzados en nuestro territorio en comparación con la situación de los yacimientos en el mundo, nos abre una oportunidad para que nuestro país de constituya como un productor mundial de Cobre.

Los gobiernos provinciales venimos haciendo los esfuerzos políticos necesarios con marcos regulatorios y fiscales para garantizar el desarrollo de la actividad. Con los proyectos de cobre en estadios avanzados radicados en nuestro país, nos impulsa a coordinar estrategias para su pronta construcción.

Con las garantías ambientales adecuadas, una mirada de desarrollo social inclusivo, con respeto a las comunidades, integración de proveedores nacionales y la mirada puesta en maximizar la creación de empleo local en nuestras provincias; seguiremos trabajando en brindar las condiciones adecuadas para la inversión en estos proyectos. Sumado a esto hoy se debate en el congreso las garantías fiscales adicionales a la ley de Inversiones mineras que siempre solicitaron. Por ello estamos convencidos de que el momento para que se concreten estas inversiones reales en cada una de nuestras provincias, es ahora. Manifestamos fervientemente la defensa y soberanía de nuestros recursos naturales, y desterramos las ideas de solo reflejar en títulos y acciones públicas inversiones y valores que no llegan en beneficios a nuestro pueblo. No podemos seguir esperando que proyectos, algunos con más de 50 años, queden bajo tierra. Nuestras provincias necesitan avanzar en la construcción de estos proyectos de manera inmediata porque eso significa empleo, desarrollo, divisas y crecimiento.

El momento es ahora, esperamos el compromiso y el esfuerzo de quienes hoy son los titulares de proyectos con mayor grado de avance hacia su construcción. El sector minero es estratégico para el desarrollo de nuestras provincias y el bienestar de nuestros pueblos, no se puede seguir esperando».

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La ministra ya lo había usado en su gestión anterior, durante el gobierno de Macri. En 2020, Sabina Frederic lo descartó por ser «lesivo de derechos y garantías individuales» y porque carece de fiabilidad científica probada. También había caído en desuso en la Agencia Federal de Inteligencia. 

Cada semana Patricia Bullrich se las ingenia para generar noticias que la mantengan en el candelero. Ahora publicó una resolución para volver a implementar el polígrafo, conocido como «detector de mentiras», dentro de las fuerzas de Seguridad. Es decir, como método de control de sus agentes o para habilitar su ingreso en áreas que «conllevan una exigencia de alto riesgo y confiabilidad». Es presentado como un método para probar «integridad» y «confianza». Lo había usado en su gestión anterior con el gobierno de Mauricio Macri, pero en 2020 fue descartado por la exministra Sabina Frederic por ser «lesivo de derechos y garantías individuales y por trasuntar una forma de cosificar a la persona humana contraria a su dignidad». Otra razón fue que carece de fiabilidad científica probada. En la misma línea lo había eliminado también en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) la ex interventora Cristina Caamaño. 

Bullrich y el resto del mundo

Un polígrafo es una valijita con un dispositivo que tiene cables con terminales o sensores que se adhieren al cuerpo de una persona interrogada y que mide sus reacciones corporales (el ritmo cardíaco, respiración, la presión sanguínea y la transpiración) para determinar si miente o no. Bullrich justifica en la resolución 402/2024 que lo quiere reponer para generar un «control de la integridad de las fuerzas policiales y de seguridad», con particular interés en los «cuerpos especiales para combate contra el narcotráfico, investigaciones o inteligencia en cualquiera de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales o el cuidado de los internos de alto riesgo en el Servicio Penitenciario Federal», «por la sensibilidad de sus misiones». 

Entre los argumentos dice que se inspira en que el polígrafo es usado «agencias de inteligencia, de seguridad y policiales, y sectores privados en más de noventa países». Pone como ejemplo Honduras, Ecuador, México y apunta que en Estados Unidos son usados por el «US Secret Service (Servicio Secreto), el FBI, la CIA, la DEA, las policías locales, fiscalías, entre , entre otros, así como por gabinetes privados de investigación. Afirma que es «una de las técnicas de evaluación forense de credibilidad que cuenta con trayectoria empírica a investigativa verificable» para «la detección del engaño». 

La Corte Suprema estadounidense, en rigor, prohibió el polígrafo en 1998 como evidencia en casos judiciales, pero dejó a criterio de cada Estado usos limitados. Sí lo podría pedir, por ejemplo, la defensa de alguien para reforzar su estrategia, a sabiendas de que no se lo toma como prueba concluyente. Los jueces supremos sostuvieron en aquel entonces que «no hay consenso acerca de que la evidencia obtenida con el polígrafo sea confiable». Las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos, es cierto (como dice la ministra), lo siguen utilizando. Sin embargo hay historias célebres de otros países que burlaron al polígrafo y se infiltraron en la CIA como Aldrich Ames (que trabajó para la Unión Soviética); Karel Koecher (checoeslovaco); Larry Wu-Tai (espía chino); Leandro Aragoncillo (que trabajó para Filipinas y Francia) y se metió en la Casa Blanca hasta 2005. 

En la mayoría de los países europeos el uso de la también llamada «máquina de la verdad» es muy acotado. Cuando la exministra Frederic dejó sin efecto el sistema de polígrafos implementado por Bullrich, recordó el pronunciamiento de tribunales de España, Italia, Alemania y jurisprudencia francesa que señalaban la vulneración de derechos, el desprecio a la «personalidad humana», que se trata a las personas como «animales de laboratorio» y algunos lo describían como forma de tortura. Con estos y otros antecedentes planteaba la dudosa legalidad. Bullrich, una vez más, en su resolución critica a su antecesora y dice que por la prohibición del polígrafo hubo «una limitación de ejecución de pruebas que aporten valiosa información para la evaluación de la integridad, ética y transparencia de los funcionarios» de las fuerzas.  

¿Quién lo aplicaría? 

La resolución de Bullrich dice que prevé «la conformación de un equipo capaz de llevar adelante pruebas de polígrafo», dentro de una unidad especial, que estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Transparencia e Integridad. Esa dependencia «podrá convocar personal de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales» para hacer las pruebas en cuestión y les dará capacitaciones para que lo hagan «con profesionalismo». Los fundamentos dicen que someterse a las pruebas poligráficas es «optativo», pero si alguien quiere entrar a «determinados grupos y equipos o cumplir determinadas funciones» tiene que hacerla.

No es un tema menor quién es el o la «especialista» que toma las pruebas en cuestión. Durante la gestión previa de Bullrich el área que debía ocuparse de interrogatorios con el polígrafo se llamaba Dirección de Ejecución de Pruebas de Integridad y estaba a cargo del actual Diputado del PRO Damián Arabia, quien suele decir que encontró utilidad en el método. De él dependía un grupo de poligrafistas que habrían sido capacitados. Se preveía su aplicación a los Grupos Operativos Conjuntos de Investigaciones contra el Narcotráfico, porque se les exigía la prueba para hacer un curso en Cuantico USA. Se compraron cuatro polígrafos y la gestión de Frederic encontró irregularidades: un informe dice falta documentación de la compra y que no hay evidencia de que se hayan usado y comprobado previamente su operatividad. La exministra quiso venderlos pero no encontró interesados.  

La experiencia en la AFI previa al gobierno de Alberto Fernández no es muy feliz. Caamaño eliminó los tests por ser «intimidatorios» y «violar los derechos humanos, no permiten defenderse». Había interrogatorios que duraban hasta cinco horas. El detector de mentiras era manejado, cuentan exallegados al organismo, por un nutricionista que falleció, y también lo habrían hecho la hija del exespía Luis «Pinocho» González (quien fue investigado por los crímenes cometidos en el centro clandestino Automotores Orletti junto con el grupo de Patricio Finnen) y una psicóloga de la familia del ministro Luis «Toto» Caputo. Las capacitaciones se hacían en México y costaban unos 50.000 dólares. 

Nada bueno bajo el sol

«No hay evidencia científica alguna sobre su validez como tal, no está probado que identifique a quienes ‘mienten’ y menos a los mitómanos», explica Frederic a Página/12. «Ninguna de las policías que lo usan han probado ser profesionales, ni la policía de Honduras, ni la de México, por mencionar los ejemplos citados en la resolución, son a la luz de las tasas de homicidios y delitos, mejores policías que las nuestras», agregó. La exministra observa que si bien se establece que el polígrafo  será voluntario «negarse sería causal de desconfianza, sobre todo en un régimen jerárquico como el policial, por consiguiente no es optativo y sí violatorio de derechos humanos». A la vez, enfatiza, «desconfía y atenta contra todo el sistema de formación, capacitación, y el régimen disciplinario que construye y sostiene las relaciones de confianza en el seno de los cuerpos orientados a la persecución de delitos complejos y la prevención del delito». 

Caamaño señala que «el regreso del polígrafo puede ser por circo, no es un método científico». «Quiero ver si te agarran dos policías y te llenan de cables si no te vas a poner nerviosas y a transpirar y a decir cosas que no querés decir», ilustra en forma coloquial. Es para relatar que en la AFI «hubo casos de hombres que terminaron confesando que tenían un amante porque no sabían que más decir, y mujeres que contaron que fueron abusadas y ni su familia lo sabía». «Tal vez este anuncio –advirtió– pueda pueda ser también para hacer negocios, no lo descartaría». 

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La reunió duró hora y media. Macri jugó de local. Fueron Frigerio, Nacho Torres y Jorge. El exPresidente pidió terminar con la guerra de la interna y alienarse (detrás suyo). Además, acordaron despegarse de la UCR y de la fusión con LLA. «Si el PRO se fusiona con LLA, me voy», dijo Nacho Torres tras la reunión.

Mauricio Macri tuvo su primera reunión como presidente del PRO con gobernadores e intendentes PRO luego de su asunción. En el encuentro, planteó que se viene un nuevo PRO, que retome la lógica más verticalista con él en la cima y termine con las guerritas civiles de 2023. También marcó serios límites al proyecto de fusionar el PRO con La Libertad Avanza que propone Patricia Bullrich, aunque no descartó una alianza electoral. Pese a que forma parte de la conducción, el ex presidente no invitó a Damián Arabia, lugarteniente de Bullrich, al encuentro. Tras la reunión, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue claro sobre lo que piensan los mandatarios sobre la fusión: «Si el PRO se fusiona con LLA, me voy”. No fue casual que fuera después del encuentro con Macri.

El encuentro fue en las oficinas de Macri en Vicente López, con él jugando de local y eligiendo a los invitados de entre sus incondicionales. Estuvieron los tres gobernadores del PRO: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Torres (Chubut) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. Además, asistieron la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez y el de Mar del Plata, Guillermo Montenegro.

Macri exigió puntualidad. La reunión duró una hora y media y tuvo a Martínez como única vocera a la salida. «Todo muy Mauricio», indicaron. Fue casi como si Marcos Peña estuviera de vuelta.

El ex presidente, que asumió la semana pasada sin demasiados bombos y petates, les planteó que hay que ordenar el PRO. Esto, según entiende el presidente del PRO, implica volver a un esquema más verticalista. «No podemos seguir como el año pasado, con Vidal por un lado, Bullrich por otro, Santilli con vía libre, y Larreta haciendo internas», dijo -palabras más, palabras menos-. Lo mejor para el partido es que haya una conducción única, una única cabeza -que será Macri- y luego el resto del equipo.

Claro que una cosa es decirlo y otra cosa es que ocurra. Desde que terminó su presidencia en adelante, menos dirigentes lo reconocen como el líder único del espacio. Bullrich claramente ya no lo hace. Diego Santilli se muestra más cerca de Milei que su hermana. Horacio Rodríguez Larreta está esperando a ver qué marco de alianzas tendrá el PRO y vació la conducción de sus dirigentes como un mensaje a que puede estar de salida. Ordenar esto será un serio desafío para Macri. Por ahora, eligió reunirse con los más cercanos y cerrar filas.

Por eso no lo invitó a Arabia, mano derecha de Bullrich al que Macri intentó vetar para que no asumiera una de las vicepresidencias del PRO. Ese veto complicó las negociaciones cuando Macri buscaba una lista única y que no hubiera internas y finalmente el ex presidente tuvo que ceder. Pero a la hora de cortar el bacalao, no lo invitó al encuentro. «Mauricio no lo considera macrista, así que no se pueden hablar cosas en confianza si él está presente. Es como tener un infiltrado de Milei», describían quienes estuvieron en el conclave de Vicente López.

En el encuentro, Macri y los gobernadores se mostraron de acuerdo en dejar en claro dos cosas: la primera es que no existe más Juntos por el Cambio, y que cada partido que lo integró tendrá su propia estrategia. Esto corre sobre todo para los radicales, que tienen a Martín Lousteau intentando mostrarse opositor y a Rodrigo De Loredo en la senda acuerdista. Y lo segundo que Macri consideró importante remarcar es que el PRO no cogobierna ni quiere cogobernar. «Una cosa es que Patricia sea parte del Gobierno a titulo personal, pero el PRO no está en el Gobierno», insisten quienes estuvieron en el encuentro.

Macri tiene pensado comenzar a habla públicamente cuando se resuelva en el Congreso la situación de la Ley Omnibus. También buscará, después de eso, que haya una foto de familia con referentes del PRO.

Los gobernadores se mostraron de acuerdo con preservar el PRO y no plantear una fusión. Torres fue el más enfático en este punto, aunque Frigerio y Jorge Macri piensan parecido. El gobernador de Chubut planteó que aceptar la propuesta de Bullrich equivaldría a que el PRO desaparezca. También indicó que el partido tiene que mantener su identidad y su vocación de poder (es decir, de tener un presidente propio). Y que, en todo caso, se podría explorar el año que viene un acuerdo electoral entre partes iguales, pero para eso falta mucho tiempo.

«Yo no estoy»

Torres luego salió a decirlo públicamente: dejó en claro que si se aceptara lo que plantea Bullrich, él directamente no estaría en el PRO. Es lo que dicen una buena cantidad de dirigientes de peso, que exceden el círculo que rodea a Larreta.  “Yo no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Patricia de fusionar el PRO con el Gobierno”, dejó en claro Torres.

«Si hoy hay un Gobierno en el cual hay cosas con las que estoy de acuerdo y hay muchas en las que no estoy de acuerdo y mi espacio es fagocitado por el espacio del Gobierno nacional, estaría siendo contradictorio con lo que yo creo. Yo no sería funcionario de este Gobierno, por ejemplo», explicó Torres. 

El gobernador de Chubut indicó que “lo más sano para el PRO es que la identidad no tenga nombre propio y lo más sano para el PRO es recuperar la vocación de poder. Se está reconfigurando a un partido mucho más federal”. No obstante, Torres indicó que ambas fuerzas pueden seguir trabajando como hasta ahora en el Congreso, sin necesidad de armar un interbloque. 

Torres mantiene encuentros con otros gobenadores, incluido uno con el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el bonaerense, Axel Kicillof, que le sacó canas verdes a Milei.

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La Libertad Avanza ofreció un borrador del proyecto con modificaciones para que se firme un dictamen. No lograron su objetivo. Volverán a intentarlo la próxima semana.

Una vez más, las expectativas de La Libertad Avanza se chocaron con la dinámica de Congreso y dejaron al gobierno nacional protagonizando un nuevo fracaso legislativo. El oficialismo no logró llegar a un acuerdo con los senadores díscolos del radicalismo y las fuerzas provinciales y no tuvo otra que resignarse a pasar su Ley Bases a un cuarto intermedio hasta la semana que viene. Intentó forzar, hasta último momento, un dictamen que incluía algunos de los cambios solicitados, bajo la promesa de que se incluirían más de camino a la sesión, pero no hubo manera: Martín Lousteau, Pablo Blanco, Guadalupe Tagliaferri y Edgardo Kueider –entre otros rebeldes– no confían en el gobierno y sostuvieron que, hasta no tener una devolución política a sus reclamos, no firmarían nada. Si bien en Casa Rosada intentaron mostrarse duros, reacios a aceptar más modificaciones, a las pocos minutos de que finalizase el plenario, se vio corretear por los pasillos del Senado al vice jefe de Gabinete, José Rolandi. Estaba buscando, desesperado, a Lousteau. 

A las 11 de la mañana, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, afirmaría, intentando mostrar confianza: «La intención del oficialismo es dictaminar hoy». Cinco horas después, el titular del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, afirmaría, rendido: «Vamos a pedir un cuarto intermedio sin fecha y hora». En esas cinco horas, LLA pasaría de instalar que el borrador de la Ley Bases estaba casi cerrado a tener que admitir, en público y privado, que no estaba el número para dictaminar. En esas cinco horas, LLA prometería nuevos cambios, organizaría cumbres e intentaría partir bloques. Pero sin éxito. Las siete voces cantantes, dueñas de las firmas que el oficialismo necesita para dictaminar, se rehusarían a firmar nada sin leer la letra chica. «Nosotros no firmamos cheques en blanco» sería el grito de guerra.

Cambios y reuniones

El plenario de comisiones del Senado había comenzado en un clima extraño. El oficialismo había hecho circular un borrador de dictamen, buscando así instalar que ese día se lo pasaría a firma, pero no le había llegado a todos los senadores opositores. «Yo no voy a firmar nada que no haya visto», deslizaban algunas de las firmas claves, cada vez más enojadas frente al ya clásico modus operandi del gobierno. En el plenario, mientras tanto, los senadores opositores hacían preguntas que los senadores oficialistas no podían responder. Empezaron a pedir la presencia de funcionarios y Abdala no sabía cómo contestar al pedido: el oficialismo estaba incómodo, necesitaba tiempo para terminar de conversar en privado la letra chica, y terminó optando por convocar a un breve cuarto intermedio. El primero de la jornada.

Durante casi dos horas, los despachos del Palacio se convirtieron en un hervidero de reuniones. Los radicales enfilaron para el segundo piso y mantuvieron una larga reunión de bloque: algunos, como el titular de la bancada, Eduardo Vischi, o los mendocinos que responden a Alfredo Cornejo, querían aceptar los cambios que ofrecía el gobierno y firmar el dictamen. Otros, como Lousteau, señalaban que eran cambios «cosméticos», que no modificaban en absoluto el contenido del proyecto. La mayoría de las modificaciones que aparecían en el borrador de dictamen, en efecto, tenía que ver con cambios a algunos puntos del RIGI –como la redacción del artículo que afectaba a las autonomías provinciales o el que refería a la apertura de importaciones–, así como ampliaciones en el listado de excepciones de organismos a factibles de ser suprimidos por el Ejecutivo y mejoras en la redacción de la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo. 

José Mayans, mientras tanto, reunió a la tropa de Unión por la Patria e, incluso, se juntó con el entrerriano Kueider. La oficina de Victoria Villarruel también tendría mucha actividad, con senadores de la UCR y de fuerzas provinciales entrando y saliendo. Algunos senadores deslizaban que acompañarían el dictamen con disidencias, pero el número no alcanzaba: Kueider, Lousteau, Blanco y Maxi Abad (UCR) continuaban manifestando objeciones y, como si fuera poco, ni Lucila Crexell (Neuquén), Tagliaferri (PRO) o José Carambia (Santa Cruz) –las otras tres firmas clave– no se dejaban ver por ningún lado.

Por eso, a las 14, Abdala definió retomar el plenario en otro tono, ya casi derrotado, y le cedió la palabra a los senadores para que verbalizaran sus pedidos de modificación. Kueider, por ejemplo, pidió una veintena de cambios, incluyendo la eliminación del RIGI para su tratamiento como un proyecto aparte. Lo mismo solicitó para la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Pidió excluir Aerolíneas Argentinas del listado de empresas públicas a privatizar –un reclamo que comenzó a ganar cada vez más fuerza en las filas opositoras– y modificar el capítulo de Reforma de Estado. También planteó aumentar del 12 al 20 por ciento las regalías hidroeléctricas a las provincias.

Luego fue el turno de Víctor Zimmermann, que pasó a enumerar los cambios solicitados por el radicalismo (muchos de ellos ya consensuados con el gobierno nacional). Primero pidió ampliar, al igual que Kueider, el listado de excepciones a la facultad de Milei de suprimir organismos públicos: pidió incluir a todos las instituciones vinculadas a la ciencia. Solicitó, además, modificar el capítulo de reforma laboral e incluir la no obligatoriedad de las cuotas solidarias y fijar el bloqueo de una planta como causal de despido. También planteó una batería de modificaciones al RIGI, como incluir un artículo de defensa a la producción local (frente a la apertura de importaciones) y exigir que un 20 por ciento de las ganancias de las empresas extranjeras que se sumaran al régimen se volcasen a proyectos sectoriales de la región. 

Los pedidos se acumulaban, pero nadie entendía como concluiría el encuentro. «Se que taquígrafos está tomando nota y supongo que hay alguien escuchando. ¿Pero después como sigue esto?», inquirió, en un momento, Lousteau. «Vamos a llamar a cuarto intermedio», anunció, entonces, Abdala. «¿Hasta cuándo? ¿Hasta mañana? ¿Hasta el 20 de junio? Miren que también tienen el 17 de agosto», ironizó Blanco. Abdala solo atinó a poner una fecha estimativa: el martes o miércoles de la semana que viene. Minutos después, Atauche tomaría la palabra y convocaría a otro cuarto intermedio para tratar el paquete fiscal: «Sin día y sin hora», afirmaría, en medio del cuchicheo.

El oficialismo había salida derrotado. Detrás del apuro por dictaminar había estado la mano de Casa Rosada y en el Senado estaban furiosos. En la oposición «amigable», en cambio, se encogían de hombros: «No tienen gestión de leyes, no hay mesa, no hay nada, ¿qué esperaban? Y ahora quiero ver qué dice el presidente en el Luna Park». Ya más tarde, mientras en Casa Rosada intentaban instalar que no propondrían más cambios, una figura recorría los pasillos del Senado: era José Rolandi, uno de los principales negociadores del gobierno, corriendo por las escaleras y llamando a un senador que se alejaba: «Martín, Martín», gritaba. Las negociaciones recién habían comenzado.

Fuente: Pag12

Con entradas regaladas, el Presidente se presentó en el mítico estadio porteño para dar a conocer su nuevo libro. También aprovechó la ocasión para exhibir sus dotes de cantante.

La previa del show

Un circo sin pan

Uno de los camaristas, Mariano Llorens, escribió que las denuncias sobre aprietes a jueces y fiscales durante el macrismo fueron una «ficción» política.

Dos semanas atrás, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón informó que quería volver al país –después de tres años y medio prófugo. En estos días, el operador judicial cosechó buenas noticias. La última: la decisión de la Cámara Federal porteña de confirmar su sobreseimiento en la causa de la llamada “mesa judicial” macrista, que estuvo dedicada a apretar a jueces y fiscales. El otro gran beneficiado por el fallo fue el expresidente Mauricio Macri.

En noviembre pasado –días antes de que Javier Milei se impusiera en el balotaje–, la jueza María Eugenia Capuchetti desvinculó, entre gallos y medianoche, a todos los imputados de la mesa judicial. El fiscal Franco Picardi recurrió la decisión de la magistrada. Dijo que él había reclamado medidas como conocer con quién había hablado “Pepín” cuando, por ejemplo, se logró que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó renunciara a su cargo.

El viernes último, la Sala I de la Cámara Federal desestimó los planteos de Picardi y convalidó la decisión de Capuchetti. La resolución salió con las firmas de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. En su voto, Llorens habló de la mesa judicial del macrismo como una “ficción” de la política.

La investigación sobre la mesa judicial incluyó lo que pasó con Gils Carbó, la integrante de Casación Federal Ana Figueroa, la jueza de San Marín Martina Forns, la camarista civil Marcela Pérez Pardo, el camarista Eduardo Farah, el juez Alejo Ramos Padilla, el excamarista Eduardo Freiler y los magistrados laborales Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Diana Cañal, Dora Eva Temis y Néstor Rodríguez Brunengo.

Los imputados en la causa eran Macri, “Pepín”, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, Graciela Ocaña y el exministro de Trabajo Jorge Triaca, entre otros. Para la fiscalía, los aprietes consistieron en visitar a los jueces que tenían casos que le interesaban a la administración de Cambiemos, en desplegar estrategias comunicacionales para hostigar a magistrados díscolos y en la radicación de denuncias ante el Consejo de la Magistratura.

Bertuzzi y Bruglia sostuvieron que no había conductas con relevancia penal, que todos los funcionarios públicos están expuestos a la crítica y que las denuncias por mal desempeño son herramientas constitucionales. Agregaron, además, que ninguno de los magistrados hizo una denuncia, que no se vieron afectadas sus decisiones jurisdiccionales y que ninguno fue sancionado o destituido. En realidad, Freiler sí.

Llorens adhirió al voto de sus colegas pero arremetió contra el fiscal Picardi. Escribió que la hipótesis de la fiscalía era un “ejercicio de fantasía destinado a satisfacer una acción política de reacción frente a la acción, incompatible con un proceso penal” y que “en las arenas de los tribunales se libran combates que les son ajenos por completo”.

Los tres jueces que firmaron el fallo se integraron a la Cámara Federal durante el gobierno de Macri. Son los mismos magistrados que desvincularon al expresidente en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. Como había evidencia que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había reunido información sobre los parientes, la Cámara Federal sostuvo que los espías estaban preservando la seguridad del Presidente y la seguridad interior.

Fuente:Pag12

El gobernador y el intendente Passerini seguirán al Presidente, pero tendrán agenda propia. Fuerte carácter “institucional”. Incertidumbre a flor de piel.

Desde Córdoba

Sin sorpresas, Córdoba se prepara para el Acto de Mayo del sábado. Aunque era algo que se veía venir a partir de los sucesos del Congreso, donde la Ley Bases navega en el mar de la incertidumbre, el faltazo general y el nuevo error no forzado del gobierno nacional no tomó desprevenida a la plana mayor del gobierno cordobés.

Mientras se aguardaba la confirmación oficial, desde la Municipalidad se adelantaron y comenzaron con los movimientos informales de cara al acondicionamiento del Cabildo Histórico de la ciudad donde se desarrollará la actividad convocada por Javier Milei.

“Vinieron de protocolo y recorrieron el lugar. No sabemos más nada”, fue la escueta respuesta vertida ante la consulta de Página 12. Nada nuevo bajo el sol, que viene asomando muy lento de cara al sábado. De hecho, tampoco está del todo confirmado que el discurso de Milei sea en el propio Cabildo, porque tampoco se descarta un escenario en la explanada. ¿Horario? Por ahora a las 15.

El acto ya tiene dos obvias presencias confirmadas y una ausencia de peso. Se trata de los dueños de casa, el gobernador Martín Llaryora y el intendente de la capital, Daniel Passerini. En ambos casos, quedó comprometida la participación del acto en carácter institucional.

El faltazo lo protagonizará Mauricio Macri, quien era uno de los invitados como expresidente. Sin embargo, al promediar el día, se conoció que el flamante jefe del PRO no estará en Córdoba, una provincia que lo considera uno más.

Ni el banquito le dejan a Milei.

Rancho aparte

Como ya se anticipó en este diario, el mandatario provincial avisó que el grueso de la celebración por el primer gobierno patrio será por la mañana en la estratégica ciudad de Río Cuarto, que se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones para Intendencia, a realizarse el mes próximo.

En tanto, Passerini llegará con lo justo al convite proveniente de una gira que lo llevará el jueves a reunirse con el papa Francisco. El mandatario municipal viajó el lunes a Roma para participar del Encuentro Mundial del Sentido que organiza Scholas Occurrentes. “El retorno está previsto para el viernes al mediodía y por la medianoche estará en el cambio de guardia. Va a estar el sábado”, afirmaron desde el Palacio 6 de Julio. Y poco más. Sólo contactos entre los equipos protocolares respecto de la logística del acto, por lo que queda claro que ambos mandatarios serán convidados de piedra en “condición de local”.

En términos políticos, el amperímetro no se modifica. Desde el Panal se escudan de la marcada institucionalidad que tendrá la actividad. A punto tal que el gobernador Llaryora confirmó que acompañará al presidente a las actividades previstas. Habrá fotos, pero con ese marco de contexto. Quedará por saber cuál será el rédito político que tendrá en una de las provincias que más apoyó a Milei y que, sin embargo, tiene a un gobernador que busca re-pavimentar la avenida del centro político.

“Calurosa bienvenida”

No obstante, lo que sí avanza es la organización de la serie de actividades por parte de las distintas organizaciones gremiales y sociales que se movilizarán el mismo sábado. En ese marco, se espera una confluencia de manifestantes de la CGT y las dos vertientes de la CTA. Mientras tanto, mañana estará en la ciudad el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, quien podría quedarse hasta el sábado.

Por su parte, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó la convocatoria para el paro del próximo jueves. Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ratificó la intención de manifestarse en tierras cordobesas con protestas en las rutas. “El Presidente tiene que saber que los estatales lo vamos a estar esperando”, apuntó.

La frutilla del postre era la visita de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, al Cabildo Abierto en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, el encuentro fue pospuesto para el próximo 29 de mayo.

Por la ubicación del Cabildo Histórico, se prevé que el centro de Córdoba estará, por la puesta en marcha del dispositivo de seguridad, prácticamente blindado para las manifestaciones.

La sede elegida por la Presidencia tiene mucha historia por detrás. Erigido en 1610, fue sede del gobierno colonial, de la policía y en la actualidad es sede de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad.

Sin embargo, la marca más fuerte está a su lado. En el pasaje Santa Catalina funcionó el siniestro Departamento de Informaciones de la Policía (D2) durante la última dictadura cívico-militar. Hoy el sitio es sede de Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.

Al frente del Cabildo, que funciona como museo y no recibe actos políticos, se encuentra la emblemática plaza San Martín, mientras que a su lado está la Catedral de Córdoba, primera sede (fallida) del Tedeum de Mayo.

Vale aclarar que esta información está sujeta a cambios o con fecha de vencimiento. Con Milei nunca se sabe.

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En una sesión tensa, la oposición logró emplazar las Comisiones de Presupuesto y Educación por el financiamiento a las universidades y la reversión del Fonid. El oficialismo buscó desactivar la sesión hasta último momento. Milei acusó recibo. La oposición ahora buscará dictamen en comisiones este jueves. «Quién sabe qué culpas tiene que lavar De Loredo para habernos metido en esto», se quejó el macrista Finocchiaro.

Ni el anuncio del vocero presidencial sobre el arribo a un acuerdo con los rectores de las universidades nacionales, logró evitar que la oposición saliera a marcarle la cancha al gobierno por el presupuesto universitario. 

En una sesión tensa, marcada por las acusaciones de traición entre el radicalismo y el PRO, la oposición logró emplazar las comisiones de Presupuesto y Educación para dictaminar un proyecto de financiamiento universitario. Fue gracias a un acuerdo entre la UCR, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal (HCF) que se logró llevar a la Cámara de Diputados no solo la demanda por las partidas para las universidades, sino la prórroga del Fonid: un tema que el gobierno ha buscado sepultar desde hace meses. Minutos después, Javier Milei advertía que iba a vetar todos los proyectos del Congreso que «rompan el equilibrio fiscal», lo hizo en el cierre del Congreso Anual del IAEF (ve aparte).

El oficialismo, que buscó desactivar la sesión hasta último momento, sí logro evitar que le aprobaran sobre tablas un proyecto que proponía ajustar mensualmente por IPC las partidas destinadas a las universidades. No estaban los dos tercios para aprobarlo, pero el jueves la oposición buscará dictaminar la iniciativa y llevarla al recinto en junio. En el peronismo sacaban pecho: la oposición había logrado sumar unas 152 voluntades para emplazar las comisiones y podría volver a sumar el mismo número para otras iniciativas en el futuro. En La Libertad Avanza y el PRO, mientras tanto, rumiaban bronca y apuntaban los cañones contra Rodrigo de Loredo, impulsor de la sesión. «Rodrigo está muerto», deslizó, furioso, un importante dirigente del PRO. 

Interna radical

El radicalismo amaneció inquieto. La tarde anterior, Martín Menem había convocado a un plenario de comisiones de Presupuesto y Educación para tratar los proyectos de financiamiento universitario: el objetivo era desactivar la sesión convocada por la UCR que tenía como objetivo forzar esa convocatoria (ya que no contaban con los dos tercios para aprobar los proyectos sobre tablas). Apenas se supo de la citación del plenario, sin embargo, UxP jugó rápido y anunció en sus redes que daría quórum para la sesión. La UCR había quedado expuesta: no podía no dar quórum –de nuevo– a una sesión por temas educativos que, encima, había convocado. Pero fue el anuncio de Manuel Adorni que habría un incremento del 270 por ciento en los gastos de financiamiento de las 60 universidades nacionales lo que terminó desatando la crisis interna radical. 

Rodrigo de Loredo no quería dar de baja la sesión. El argumento era que no confiaba en que el gobierno nacional fuese a concretar ese aumento presupuestario. «La resolución del aumento de fondos no está y no sabemos si se va a materializar», explicaban en su entorno. Los diputados de Evolución, sin embargo, le recriminaban que avanzar con la sesión echaría por tierra el acuerdo que los rectores habían alcanzado con el gobierno. Y, por lo bajo, agregaban: «Está buscando exponer a Yacobitti por lo de los fondos de la UBA». Era una pelea interna entre De Loredo/Alfredo Cornejo y Emiliano Yacobitti/Martín Lousteau. 

Pese a las objeciones internas, De Loredo logró convencer a casi todo el bloque de bajar a la sesión. Allí los esperaban los diputados de UxP y la izquierda. HCF, mientras tanto, manifestaba su irritación: De Loredo nunca se había molestado en convocarlos para conseguir el quórum y se quejaban de «tener que seguirle el juego a la interna radical». Todos, menos Miguel Angel Pichetto (que estaba furioso con De Loredo), terminaron dando quórum, sin embargo: ninguno quería quedar expuesto. Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) también participarían de la sesión, junto a la Coalición Cívica. En cambio, Innovación Federal (IF), La Libertad Avanza y el PRO no bajaron al recinto hasta que, con un quórum de 138 presentes, la sesión comenzó.

Desconfianza y mayoría opositora

Fue una sesión extensa, atravesada por discusiones reglamentarias y cuestiones de privilegio que los diputados se iban tirando mutuamente por la cabeza. Los libertarios – que no suelen tener mucho protagonismo en el recinto – defendieron las declaraciones que Javier Milei había esbozado en España contra Pedro Sánchez y su esposa. Cecilia Moreau (UxP), mientras tanto, pidió un apartamiento de reglamento para repudiar los dichos del secretario de Culto, Francisco Sánchez, quien se había manifestado en contra del divorcio, el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo. No llegó, sin embargo, a los tres cuartos del recinto necesarios: hubo 140 votos afirmativos y 71 negativos. El PRO – todos excepto Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal -, LLA, Oscar Agost Carreño (HCF), Nicolás Massot (HCF) y el radical Francisco Monti salieron en defensa de Sánchez. 

Hubo, además, un pedido de apartamiento de reglamento de Lospennato contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual. Aunque tampoco llegó a los tres cuartos para su aprobación.

Mientras todo esto sucedía, los alfiles de la UCR, UxP, HCF y la izquierda iban moviéndose de una banca a la otra. Germán Martínez conversaba con De Loredo, Blanca Osuna y Paula Penacca (UxP) discutían con Nicolás Massot y el cordobés Ignacio García Aresca. Se sumarían a la cumbre, después, la salteña Pamela Calletti y el misionero Carlos Fernández (IF). El objetivo era definir la forma final que tendrían las mociones para emplazar las comisiones de Presupuesto y Educación para tratar el financiamiento universitario, por un lado, y el FONID, por otro. No era sencillo: UxP quería que votaran las dos al mismo tiempo, de modo de garantizarse que se aprobaría también el tratamiento del FONID, mientras que el PRO buscaba negociar con la UCR para separar los temas y dejar solo al peronismo con el FONID. 

Finalmente se definió incluir los dos emplazamientos en una sola moción (es decir, predominó el acuerdo UCR-UxP): el jueves a las 14 se reuniría el plenario de comisiones para emitir dictamen del proyecto que busca actualizar mensualmente por inflación las partidas destinadas a las universidades; el jueves en el mismo horario se debatiría la prórroga del FONID y el martes 28 se dictaminaría. Esta moción fue aprobada por 152 votos a favor y 82 en contra. Minutos antes, sin embargo, se había rechazado el intento opositor de tratar los proyectos sobre tablas debido a la oposición de HCF.

En el PRO echaban chispas. Alejandro Finocchiaro, titular de la comisión de Educación, acusó públicamente a De Loredo de haber faltado a su palabra: «Quién sabe qué culpas tiene que lavar De Loredo para habernos metido en esto», le asestó. A lo que el radical le respondió que había sido un ministro de Educación «de bajo nivel». El vínculo UCR-PRO estaba detonado. 

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