El primer tema que abordará será la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) de designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente de esta estratégica comisión integrada por 16 miembros, cuya titularidad este año le corresponde al Senado.

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo se reunirá este jueves al mediodía para designar autoridades y acordar su esquema de trabajo, dado que debe tratar decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Gobierno anterior y el DNU 70/23 impulsado por presidente Javier Milei, que deroga y modifica leyes y propone, entre otras medidas, una reforma laboral.

El primer tema que abordará la comisión será la propuesta de la Libertad Avanza (LLA) para designar al senador de La Rioja de ese partido, Juan Carlos Pagotto, como presidente de esta estratégica comisión integrada por 16 miembros, cuya titularidad este año le corresponde al Senado.

El oficialismo confía en que cuenta con los votos para imponer a Pagotto ya que tiene el respaldo de seis miembros: tres de LLA, dos del PRO y uno de Hacemos Coalición Federal (HCF). Aún falta resolver la postura que asumirán los dos representantes de la UCR, el de Unidad Federal y el de Cambio Federal.

En ese sentido, un sector del radicalismo evaluaba no darle ese lugar a LLA y que recaiga, en cambio, en algún aliado del oficialismo, postura en la que pesan «los dichos de los últimos días del presidente sobre los miembros del Congreso», dijeron fuentes del sector.

La conformación de la bicameral se cristalizó el lunes pasado debido a que no había acuerdo en la Cámara de Diputados entre LLA y Unión por la Patria (UxP), ya que el peronismo reclamaba cuatro lugares y el titular del cuerpo, Martín Menem, consideró que le correspondían tres, decisión que adoptó al enviar las designaciones.

Además de Pagotto integran la comisión los senadores María Teresa González, Mariano Recalde y Anabel Fernández Sagasti (UxP), Víctor Zimmermann (UCR), Luis Juez (PRO), Juan Carlos Romero (Cambio Federal) y Carlos Espínola (Unidad Federal).

Por Diputados, en tanto, están Carolina Gaillard, Ramiro Gutiérrez y Vanesa Siley (UxP), Oscar Zago y Lisandro Almirón (LLA), Francisco Monti (UCR), Hernán Lombardi (PRO) y Nicolás Massot (HCF).

De todos modos, la primera discusión que se planteará será el esquema de trabajo, ya que el oficialismo quiere tratar primero los DNU del anterior Gobierno del Frente de Todos (FdT), mientras que UxP buscará acelerar la discusión y un posible dictamen del DNU 70/2023 de la actual administración.

Menem cuestionó a los bloques que ahora «tienen un apuro institucional repentino cuando estuvieron en silencio mucho tiempo de varios sectores de la política; la última vez que se juntó la comisión en noviembre trató 115 decretos en menos de dos horas en una sesión virtual, que eran del 2019».

 

En esa línea, el titular de la Cámara baja dijo que primero esa comisión «va a tener que tratar los decretos que se dictaron posteriormente a noviembre del 2021, porque no hay reunión desde esa fecha».

La Comisión no se reúne desde hace casi dos años y desde 2021 no analizó los decretos dictados por el expresidente Alberto Fernández, con lo cual quedaron 175 DNU sin ser tratados.

De todos modos, tanto en el análisis de los DNU del Gobierno de Fernández como en el caso del DNU de Milei los plazos ya se encuentran vencidos.

Eso es lo que argumenta el presidente del interbloque del Frente de Todos, José Mayans, cuando, en declaraciones radiales dijo que «en este momento, tratar el DNU en comisión es totalmente extemporáneo».

«Por ley y por reglamento debe tratarse directamente en el recinto», opinó el formoseño quien, hasta ahora, no logró que la vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, pusiera fecha y hora a los pedidos de sesión especial planteados por el peronismo.

La ley fija que el Gobierno tiene diez días hábiles para remitir al Congreso el DNU para que sea analizado por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo que, a su vez, también tiene diez días hábiles para emitir dictamen, aunque en los últimos años no se ha respetado ese plazo.

Si en este plazo no se analiza en la Comisión, se puede tratar en el recinto de sesiones sin tener dictamen correspondiente.

Según establece la ley, un DNU tiene vigencia mientras las dos cámaras del Congreso no rechacen esa norma con mayoría absoluta de sus miembros, es decir con la mitad más uno de sus integrantes.

Si una cámara lo aprueba quedará firme, y lo mismo sucederá si el Congreso no se expide, en lo que se conoce como una «sanción tácita».

«El rechazo por ambas Cámaras del Congreso del decreto de que se trate implica su derogación de acuerdo a lo que establece el artículo 2º del Código Civil, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia», establece uno de los artículos de la ley 26.122.

Otro punto que formará parte del debate será la propuesta de la UCR, que quiere hacer una interpretación de la ley y que se puedan aprobar algunos artículos y otros no, porque considera que se están reformando o anulando muchas leyes y trata múltiples temas.

Sin embargo, es probable que no se acepte esa posibilidad ya que la ley 26.122 reformada en 2006 dice que las cámaras «no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes».

 

En ese sentido, la diputada Gaillard aclaró que, a su entender «la comisión declara la validez o invalidez del todo, no se puede desmenuzar el DNU» porque «la ley (26.122) aclara que es un impedimento modificar o suprimir en cualquier parte el texto enviado por el Ejecutivo».

«Desde la UCR en su mayoría se manifestaron en contra del DNU. Están buscando algún resquicio para decir ‘bueno, en realidad en partes estamos de acuerdo, en otras no’. Bueno, eso no se puede, porque el DNU es válido o inválido», remarcó.

Para la entrerriana, «lo que debería hacer la UCR es rechazar el DNU y pedirle al Ejecutivo que mande proyectos de las cosas que ellos sí están de acuerdo».

En tanto, Gutiérrez dijo que el DNU de Milei «es inconstitucional a todas luces».

«Las dilaciones para darle tratamiento no se deben a nuestras ganas o necesidad inmediata, sino que ha sido escondido porque actualmente está vigente, es decir, mientras no sea declarado inválido genera efectos», afirmó.

El legislador explicó por Radio Provincia (de Buenos Aires) que el Congreso puede «validar o rechazar el todo. No sé pueden agregar partes no dividirlo. Algunos compañeros radicales van a plantear que se puede dividirlo, pero eso la ley no lo permite».

«El primer avión que quiso aterrizar Milei fue la Ley Ómnibus y tuvo que volverlo al aeropuerto porque no tuvo los acuerdos. Veremos qué opinan nuestros compañeros de los movimientos sociales y populares. El Presidente es un anarquista, no considera que el Estado sea algo bueno», amplió.

Fuente: Télam

La actividad se realizó en las avenidas Acoyte y Rivadavia, con el fin de reclamar por «presupuesto universitario, boleto educativo y salario digno para docentes y no docentes».

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realizó un «cacerolazo» en el barrio porteño de Caballito, para reclamar por «presupuesto universitario, boleto educativo y salario digno para docentes y no docentes».

La actividad comenzó a las 20 en el cruce de las avenidas Acoyte y Rivadavia, en el barrio porteño de Caballito, con el apoyo de otras agrupaciones estudiantiles, sindicatos docentes como Ademys y AGD-UBA Filo, sectores de la cultura y asambleas barriales, informó el Centro de Estudiantes en un comunicado.

 

El dirigente del Partido de los Trabajadores Socialista (PTS) Patricio del Corro dijo en su cuenta de X: «Muy buen cacerolazo educativo en Acoyte y Rivadavia. Estudiantes, docentes y asambleas de la zona reclamando por el recorte a las universidades y exigiendo boleto educativo contra los tarifazos».

Por su parte, el dirigente del Movimiento al Socialismo (MAS) Federico Winokur destacó que «es la primera acción del movimiento estudiantil contra el gobierno de (el presidente Javier) Milei. Es impresionante la fuerza de la juventud. Un montón de centros de estudiantes, asambleas barriales y sindicatos docentes que se están congregando hoy porque Milei quiere cerrar la universidad».

 

 

«El plan de Milei no permite que la universidad siga abierta, que la universidad pague las facturas de la luz, no permite pagar los salarios de los docentes y no docentes», denunció Winokur.

Y agregó: «Ni loco Milei, ¡No va a pasar este plan!. Estamos movilizados, vamos a construir un estudiantazo para enfrentar todo el plan contra la educación publica».

Violeta Alonso, dirigente de la agrupación estudiantil ¡Ya Basta! y secretaria de Lucha por el Presupuesto de la facultad, consideró que «la cursada está en peligro: el presupuesto asignado hasta ahora por el gobierno nacional a la UBA solo alcanza para mantenerla abierta hasta abril y una situación similar afecta a las demás universidades del país».

La dirigente estudiantil y organizadora del cacerolazo sostuvo que «los tarifazos brutales en el transporte y el ajuste en general harán más difícil para muchos estudiantes, especialmente para aquellos de familias trabajadoras, sostener los estudios universitarios».

 

 

«Al mismo tiempo, docentes y no docentes se encuentran sufriendo el plan de ajuste de Javier Milei con salarios de miseria y sin certezas sobre las paritarias de los próximos meses», agregó.

Por su parte, la dirigente del MAS, Manuela Castañeira, apuntó contra «la política de déficit cero del gobierno de Milei» que «se lleva adelante con profundos recortes a áreas sensibles y estratégicas del país, como por ejemplo la educación pública».

«Su plan fiscalista, cuyo principal objetivo es pagarle al FMI, implica el ahogo presupuestario de universidades, la eliminación de la paritaria nacional docente y el recorte del FONID, que compromete, por lo menos, a 10% del salario docente, entre otras medidas», afirmó.

Fuente: télam

La Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial de esta Capital ratificó la medida de la jueza Paula Hualde, quien había dispuesto en noviembre pasado dejar sin efecto el aumento del valor de la cuota del grupo familiar de una mujer de 70 años.

La Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial de esta capital ratificó este miércoles una medida cautelar para dejar sin efecto el incremento del valor de la cuota del servicio de medicina prepaga de una afiliada «en razón de la edad» de la persona.

Los camaristas de ese tribunal, Pablo Heredia y Juan Garibotto, ratificaron el dictamen de la jueza Paula Hualde de noviembre de 2023, tras la apelación interpuesta por la prepaga Medicus S.A., informó la web Fiscales.gob.ar.

Hualde había dejado sin efecto el aumento del valor de la cuota del grupo familiar dispuesto en razón de la edad de una mujer afiliada, que había cumplido los 70 años, hasta que la cuestión de fondo se resolviera.

Lo había hecho tras contemplar los argumentos que había presentado la fiscal general Gabriela Boquin, que había destacado que en ese caso «se encontraban en juego derechos fundamentales con jerarquía constitucional, que hacen a la dignidad de la persona humana y su protección, así como también a la sociedad jurídicamente organizada», como el derecho a la salud.

La representante del Ministerio Público Fiscal había entendido que resultaba necesario «preservar y garantizar la prestación del servicio de salud, lo que sin lugar a dudas implicaría dejar sin efecto los aumentos de cuotas por rango etario, hasta el eventual dictado de una sentencia de fondo en estos autos».

«Los aumentos injustificados y desproporcionados de la cuota del plan de medicina prepaga, sin dudas pueden devenir en la imposibilidad de cumplimiento de pago de la cuota por parte del afiliado, con su posterior suspensión o resolución del contrato», había considerado.

Sobre la medida cautelar, había destacado que se neutralizaba «provisoriamente las consecuencias de los mentados aumentos» para evitar un perjuicio por la situación financiera de la afiliada «en medio de un contexto de suma vulnerabilidad e incertidumbre».

En relación al supuesto agravio de la empresa, respecto a que «los aumentos habrían sido consentidos por los actores y que no habrían resultado ilegales, ni abusivos, al encontrarse autorizados por el Decreto 66/2019», Boquin argumentó que ello denotaba «una incorrecta aplicación de la normativa vigente y de los principios generales y específicos del derecho que rigen en materia de consumo», por lo que «se omite ponderar la vulnerabilidad de los adultos mayores».

Sostuvo que «resulta una realidad incontrastable que el usuario queda atrapado por la necesidad de contar la prestación básica de salud y adhiere a términos y condiciones que muchas veces ni los tiene a la vista, y aunque los tuviera, nada podría hacer para negociarlos».
La Sala D de la Cámara Nacional en lo Comercial de esta capital ratificó este miércoles una medida cautelar para dejar sin efecto el incremento del valor de la cuota del servicio de medicina prepaga de una afiliada «en razón de la edad» de la persona.

Los camaristas de ese tribunal, Pablo Heredia y Juan Garibotto, ratificaron el dictamen de la jueza Paula Hualde de noviembre de 2023, tras la apelación interpuesta por la prepaga Medicus S.A., informó la web Fiscales.gob.ar.

Hualde había dejado sin efecto el aumento del valor de la cuota del grupo familiar dispuesto en razón de la edad de una mujer afiliada, que había cumplido los 70 años, hasta que la cuestión de fondo se resolviera.

Lo había hecho tras contemplar los argumentos que había presentado la fiscal general Gabriela Boquin, que había destacado que en ese caso «se encontraban en juego derechos fundamentales con jerarquía constitucional, que hacen a la dignidad de la persona humana y su protección, así como también a la sociedad jurídicamente organizada», como el derecho a la salud.

La representante del Ministerio Público Fiscal había entendido que resultaba necesario «preservar y garantizar la prestación del servicio de salud, lo que sin lugar a dudas implicaría dejar sin efecto los aumentos de cuotas por rango etario, hasta el eventual dictado de una sentencia de fondo en estos autos».

«Los aumentos injustificados y desproporcionados de la cuota del plan de medicina prepaga, sin dudas pueden devenir en la imposibilidad de cumplimiento de pago de la cuota por parte del afiliado, con su posterior suspensión o resolución del contrato», había considerado.

Sobre la medida cautelar, había destacado que se neutralizaba «provisoriamente las consecuencias de los mentados aumentos» para evitar un perjuicio por la situación financiera de la afiliada «en medio de un contexto de suma vulnerabilidad e incertidumbre».

En relación al supuesto agravio de la empresa, respecto a que «los aumentos habrían sido consentidos por los actores y que no habrían resultado ilegales, ni abusivos, al encontrarse autorizados por el Decreto 66/2019», Boquin argumentó que ello denotaba «una incorrecta aplicación de la normativa vigente y de los principios generales y específicos del derecho que rigen en materia de consumo», por lo que «se omite ponderar la vulnerabilidad de los adultos mayores».

Sostuvo que «resulta una realidad incontrastable que el usuario queda atrapado por la necesidad de contar la prestación básica de salud y adhiere a términos y condiciones que muchas veces ni los tiene a la vista, y aunque los tuviera, nada podría hacer para negociarlos».

Fuente; Télam

A través del vocero presidencial, Manuel Adorni, se informó que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Secretaría de Transformación del Estado culminaron el informe y descubrieron deudas de «casi tres billones de pesos».

El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó este miércoles que la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y la Secretaría de Transformación del Estado «culminaron el informe con la situación de cada una de las reparticiones del Estado» y señaló que hay deudas de «casi tres billones de pesos».

«La Sigen y la Secretaría de Transformación del Estado han culminado el informe con la situación de cada una de las reparticiones del Estado al asumir la presidencia Javier Milei», indicó Adorni en su cuenta de X.

En esta misma línea, el portavoz sostuvo: «Es la primera vez que se realiza un informe de estas características, transversal a todas las reparticiones nacionales (114 en total)».

Sobre el estado de situación, el vocero dijo que se encontraron «contrataciones anómalas y deudas millonarias».

«El monto adeudado asciende hasta los casi tres billones de pesos», cerró Adorni.

En declaraciones a LN+, el funcionario nacional precisó que «el informe está terminado, es un informe que está hecho por la SIGEN, es un informe que atraviesa 114 reparticiones del estado y muestra lo que han dejado en el nivel nacional».

«Solamente en pauta se deben 11 mil millones de pesos», ejemplificó.

Fuente: télam

La operación comprende la compra al BCRA de los Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses Step Up 35 (AL35) emitidos en 2020 por un valor nominal original de US$ 7.595.881.596 a un precio de $ 38.850 por cada US$ 100.

Las secretarías de Finanzas y de Hacienda del Ministerio de Economía aprobaron una operación de compra que involucra la recompra al Banco Central (BCRA) de los bonos AL35, por un valor de US$ 7.595.881.596, lo cual permitirá liberar compromisos internacionales a futuro, a través de la resolución conjunta 13/2024 publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La operación comprende la compra al BCRA de los Bonos de la República Argentina en Dólares Estadounidenses Step Up 35 (AL35) emitidos en 2020 por un valor nominal original de US$ 7.595.881.596 a un precio de $ 38.850 por cada US$ 100.

Como consecuencia, los títulos serán dados de baja de los registros de deuda pública.

La liquidación de la operación se dio este martes, según indica la resolución, al precio de mercado informado por Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA).

«El equilibrio fiscal financiero del Tesoro Nacional elimina la necesidad de tomar nueva deuda. Por esta razón, el financiamiento obtenido por encima de los vencimientos será utilizado para recomprar el bono soberano AL35 en cartera del BCRA por aproximadamente el 30% de la base monetaria», comunicó el Ministerio de Economía el viernes pasado al colocar $ 4,9 billones en títulos en pesos ajustados por inflación.

Ese mismo día, Economía informó que el Sector Público Nacional (SPN) registró en enero un superávit financiero de $ 518.408 millones, producto de un superávit primario de $ 2,01 billones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intra-sector público, que alcanzó los $ 1,49 billones.

«Lo que esta haciendo el Gobierno recomprando su deuda es que, al ver que un activo está barato en el mercado y al tener ciertos dólares para comprarlos, los adquiere y los retira del mercado, liberando compromisos internacionales de cara al futuro», explicó el director general de la consultora Latam Advisors, Sebastián Maril.

El especialista en finanzas destacó que este tipo de medidas «son bien vistas por el mercado» y «ayudan a bajar el riesgo país», el cual ya descendió a un rango cercano a los 17.000 puntos.

«El riesgo país baja porque, hacia el futuro, Argentina está mostrando cierta responsabilidad fiscal que ayudaría a mejorar los perfiles de vencimientos y la solidez de las arcas del Banco Central», indicó a CNN Radio.

A su vez, recordó que una baja del riesgo país implicaría un menor costo de financiamiento internacional para Argentina.

«Los compromisos internacionales con privados son de US$ 4.500 millones para este año y los pagamos casi todos en enero. Pero el año que viene se complica con pagos cercanos a los US$ 10.000 millones. Así que ayuda todo lo que muestre ingreso de divisas, fortalecimiento de reservas y llegada de inversiones para evitar que haya una nueva reestructuración o default», remarcó Maril.

Fuente: Télam

«Vinimos a cambiar la Argentina y lo vamos a hacer más temprano que tarde», dijo el secretario de Energía, que sostuvo que la aprobación de la iniciativa «significaría más empleo genuino, crecimiento, jubilaciones sostenibles y más».

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, advirtió que «sin Ley Bases», la Argentina «pierde más de US$ 80.000 millones» por exportaciones e inversiones en el sector hidrocarburífero, lo cual, enfatizó, «significaría más empleo genuino, crecimiento, jubilaciones sostenibles y más».

«Sin Ley Bases, Argentina se pierde más de US$ 80.000 millones por exportaciones e inversiones en gas, combustibles y biocombustibles», subrayó Rodríguez Chirillo en X, en referencia al trunco proyecto de Ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Acompañando el texto, el funcionario compartió una imagen en donde se precisa cómo evolucionarían las cifras de esas exportaciones e inversiones hasta llegar al total de US$ 80.940 millones en 2027.

Para 2024, se estimaban ingresos por US$ 7.214 millones; para 2025, US$ 16.382 millones; en 2026, US$ 23.813 millones; y en 2027, US$ 33.531 millones.

Rodríguez Chirillo además sostuvo que la aprobación de la iniciativa «significaría más empleo genuino, crecimiento, jubilaciones sostenibles y más».

«Vinimos a cambiar la Argentina y lo vamos a hacer más temprano que tarde», concluyó el funcionario.

Fuente: télam

«El jueves tenemos congreso de Ctera, estamos exigiendo la paritaria nacional y la transferencia de los fondos. Si no, vamos a analizar con todas las provincias medidas de acción», advirtió Roberto Baradel, secretario adjunto de Ctera y titular del gremio de docentes bonaerenses.

El secretario adjunto de Ctera y titular del gremio de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, sostuvo que están analizando «medidas de acción» en las provincias a días del inicio del ciclo lectivo ante la falta de convocatoria a una mesa paritaria nacional y el recorte en la transferencia de fondos, y criticó que hubo «varias idas y vueltas» por parte del Gobierno.

El jueves «tenemos congreso de Ctera, estamos exigiendo la paritaria nacional y la transferencia de los fondos. Si no, vamos a analizar con todas las provincias medidas de acción», afirmó Baradel en declaraciones a AM 530.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) -integrante de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- tendrá el jueves su congreso nacional para definir eventuales medidas de fuerza.

Por su parte, los cuatro sindicatos docentes enrolados en la CGT -el Sadop, la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) y el Sindicato Argentino de Docentes Particulares (SADOP)- también acordaron avanzar este jueves con una medida de fuerza conjunta si el Gobierno nacional no realiza la convocatoria a una paritaria.

En este marco, Baradel sostuvo que «falta la convocatoria a nivel nacional para fijar el piso salarial» y que esto se dio entre «varias idas y vueltas al interior del Gobierno».

«Hasta el miércoles mismo a nosotros nos decían que la convocatoria iba a estar. Se suponía que nos iban a convocar para este jueves, finalmente nos confirmaron que no nos iban a convocar», reveló el dirigente gremial.

Además, advirtió que «en marzo los docentes de todo el país van a sufrir un recorte de por lo menos el 10% en su salario» sin la transferencia del Fonid y aseguró que «es la primera vez que un gobierno decide eliminarlo».

«El fondo de compensación salarial tampoco lo están girando, que es el que asiste a las provincias cuando no pueden pagar el piso salarial nacional acordado en paritarias», añadió.

En tanto, recordó que «la justicia resolvió una cautelar» que impide que la educación sea declarada un servicio esencial y dijo que esta propuesta no es «novedosa».

«En su momento (el expresidente, Fernando) de la Rúa declaró la educación como servicio esencial con un DNU y se determinó que era inconstitucional», apuntó.

Fuente: Télam