El radicalismo presentó al Gobierno su propuesta de reforma laboral, tras semanas de negociación para incorporar el tema en la nueva Ley Ómnibus, luego de que el Poder Judicial frenara la modificación exprés que el presidente Javier Milei intentó vía el DNU 70/2023. La presentación de la UCR ocurrió en paralelo con el anunció de la CGT de un nuevo paro general para el 9 de mayo, tras una poco fructífera reunión con el Gobierno en Casa Rosada, donde las diferencias sobre este punto quedaron marcadas.
La propuesta del radicalismo avanza en una reducción de las contribuciones patronales, modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, y sobre la libertad sindical. También propone incorporar a la Educación como «servicio esencial» para limitar las medidas de fuerza, además de apuntar contra la «litigiosidad» laboral. En este último punto, la propuesta radical propone la modificación del sistema de indeminización por un «fondo de cese laboral» o «seguro de desempleo»; y la extensión de los periodos de prueba a 6 meses, sin derecho a indemnización.
Se trata de «cambios estructurales en la legislación laboral argentina, enfocándose en la actualización y simplificación del marco normativo para enfrentar los desafíos del mercado laboral contemporáneo», sostiene la propuesta del bloque presidido por el cordobés Rodrigo de Loredo; que mantiene su interna y diferencias de posición con los legisladores referenciados con Facundo Manes.
El bloque radical considera que las modificaciones propuestas aportarán a combatir la «alta tasa de informalidad laboral, desempleo, precarización laboral, y pérdida del poder adquisitivo de los salarios». Entre las propuestas ensayadas en un borrador de 44 artículos, el radicalismo dispone, con el objetivo de reducir la informalidad, la reducción de las contribuciones patronales, atándolas a al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y no a una evolución del índice de precios como en el artículado actual, en empresas de hasta 5 empleados.
En otro orden, respecto de la libertad sindical propone «eliminar las contribuciones obligatorias emanadas de los convenios colectivos (llamadas contribuciones de solidaridad)», un punto en el que no está de acuerdo la CGT y que puso sobre la mesa de negociaciones con el Gobierno el miércoles en Casa Rosada.
En ese tono, la UCR también avanza en un viejo anhelo de la coalición Cambiemos, que no logró conseguir durante la gestión de Mauricio Macri: establecer la Educación como «servicio estratégico esencial» en todos los ciclos de escolaridad obligatoria para «limitar los conflictos colectivos de trabajo que pongan en riesgo este derecho».
En otro capítulo, titulado «Reducción de la litigiosidad», el bloque presidido por el ex titular de ARSAT propone «la derogación de artículos y leyes que complejizan el marco laboral actual y fomentan la litigiosidad» y la reducción de las multas para los empleadores, un pedido hecho por las cámaras pymes que acompañaron la primera propuesta del gobierno de Milei.
Entre las leyes a las que la UCR busca derogarles artículos o eliminarlas por completo están:
- La Ley de Empleo (N° 24.013)
- Ley de Reforma laboral (N° 25.013)
- Ley de Indemnizaciones laborales (N° 25.323)
«Esta medida tiene como objetivo reducir la litigiosidad y disminuir la incertidumbre sobre los costos de contratación y despido que produce la determinación en juicio de la indemnización», sostiene la propuesta radical.
En ese sentido, el documento expresa una de las ideas que había circulado públicamente respecto de aplicar el «sistema Uocra», o sea, establecer por convenio colectivo un fondo de cese laboral a cargo del empleador (con un aporte de hasta 8% de la remuneración) y dar la opción a un sistema de capitalización o seguro para solventar la indemnización.
En paralelo, agrega una «carga» para los empleadores con una «protección contra el despido por discriminación», con un agravamiento de hasta 100 por ciento del monto indemnizatoria en caso de despido motivado por un acto discriminatorio por motivos de etnia, raza, nacionalidad, sexo, identidad de género, orientación sexual, religión, ideología, u opinión política.
Además, los radicales proponen una actualización del sistema de registro laboral, que sea «simplificado y electrónico» y la extención del «periodo de prueba» hasta seis meses, con posibilidad de terminación de la relación laboral sin derecho a indemnización, pero con obligación de preaviso.
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