El anuncio en cuestión se realizará este viernes, en ocasión de presentarse también los resultados del relevamiento educativo realizado en la provincia.

El Gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, acompañado por el ministro de Educación, José Luis Punta, encabezará este viernes la presentación de los resultados del relevamiento educativo provincial realizado durante los últimos meses. Además, durante el mismo acto se presentará también el Plan Provincial Integral de Alfabetización «Chubut Aprende», el cual está destinado a recuperar la calidad de enseñanza y aprendizaje en una provincia que durante los gobiernos anteriores atravesó la peor crisis educativa de su historia.

El anuncio en cuestión se realizará este viernes a las 12:00 horas, en la Escuela N° 196 de Trelew, y durante el mismo se darán a conocer los resultados de un informe sobre la situación educativa actual en Chubut. Este informe, realizado sobre un muestreo de 1235 alumnos de la provincia, evalúa el profundo impacto que ha tenido la crisis educativa en Chubut, dónde en los últimos seis años apenas si hubo un ciclo completo de clases.

 

Por su parte, el programa Plan Provincial Integral de Alfabetización «Chubut Aprende» propone ordenar y encuadrar diversas prácticas de enseñanza, poniendo la mirada sobre la alfabetización en Lengua y en Matemática, y tendrá en cuenta los resultados de las evaluaciones «Aprender» que se irán realizando durante el año.

Fuente: Diario Chubut

El exministro de Economía Sergio Massa, quien desde el balotaje que perdió frente a Javier Milei en noviembre pasado mantiene bajo perfil, publicó un informe que advierte en duros términos sobre la caída del salario que generaron las políticas económicas del ultraderechista: según el exfuncionario, el salario real volvió a valores similares a los de 2003.  

El informe que elaboró su espacio político, el Frente Renovador, revela que en los últimos meses se registró una fuerte baja del consumo que responde a la devaluación del tipo de cambio. 

«En diciembre de 2023, el gobierno entrante llevó adelante una histórica devaluación del tipo de cambio oficial subiendo el valor del dólar un 118% en tan solo un día. Esto generó una suba de precios tal que deprimió el salario real de los trabajadores hasta llevarlo a valores del 2003«, explicó.

El documento describe la baja del consumo sector por sector, siendo Electrodomésticos y artículos para el hogar el rubro más afectado -se deprimió un 38%– y las ventas mayoristas el menos perjudicado, con una baja del 8%.

La baja en supermercados, según este informe, acumula un saldo negativo mayor al 11% de enero a marzo. «La serie histórica de ventas en supermercados desestacionalizada se ubica en los niveles más bajos desde que se publica el índice. Más bajo que en los valores de la pandemia», detalló el estudio.

En el mismo período, la venta en shoppings muestra una baja aún mayor, del 17,5%. «Las ventas totales en centros de compras, a precios constantes, se posicionaron en valores del 2022. Desde diciembre a la fecha el indicador cayó 38%», puntualizó.

Las ventas de las empresas medianas, en tanto, promedia el -18,4% en lo que va del año. En este punto se destacó la baja de la categoría Farmacias, que retrocedió 31,3% y Alimentos y bebidas, que cayó 23,8%.

Además, entre enero y abril cayó 18% la venta de autos en comparación con el mismo período del año anterior, lo que representa «un golpe durísimo para la industria nacional», advirtió el Frente Renovador. 

«El gobierno llevó al salario promedio a sus peores niveles de los últimos 20 años. Menos salario es menos consumo y menos crecimiento. La Libertad sólo avanzó contra el salario y eso nos conduce a una depresión económica de difícil salida«, concluyó el espacio que lidera Massa.

Desde que dejó su oficina en el Ministerio de Economía en diciembre, Massa optó por mantener un perfil bajo: se lo vio unos días vacacionando en la costa en el verano, cerró el Congreso del Frente Renovador y participó junto a su hija y su esposa de la marcha en defensa de la educación pública, aunque nunca dejó de tejer encuentros políticos.

Fuente: Pag12

El flamante jefe de Gabinete participó de las negociaciones y logró convencer a algunos senadores. Ahora falta el dictamen del paquete fiscal.

A oscuras y con gran parte de los senadores ya ausentes del Palacio, el gobierno nacional consiguió finalmente las firmas para dictaminar su Ley Bases y paquete fiscal. Fue una odisea de altibajos que comenzó con la concesión a los patagónicos para subir el piso de Ganancias –que destrabó el paquete fiscal–, continuó con la negativa del radical Martín Lousteau y José Carambia (Alianza por Santa Cruz) a firmar dictamen –que dejó a La Libertad Avanza sin número para dictaminar Ley Bases– y finalizó tarde a la noche con la visita de Guillermo Francos. El flamante jefe de Gabinete arribó con los puños llenos promesas y nuevas ofertas que lograron terciar la voluntad de Carambia y, así, generar un efecto dominó sobre las voluntades restantes. Solo los radicales Lousteau y Maximiliano Abad, además de los senadores peronistas, no acompañaron el dictamen de mayoría del oficialismo.

«Les dicen abecedario a ustedes, muchachos. Porque no tienen número», le gritó, risueño, un senador peronista a uno radical cuando se cruzaron en el pasillo minutos antes de que comenzara el plenario de comisiones del Senado. La incertidumbre era absoluta: el gobierno estaba empecinado en dictaminar aquel día y ya había enviado a circular el dictamen de Ley Bases para su firma. Habían incluido la mayoría de los cambios pedidos por la UCR y el reclamo de los patagónicos por Ganancias, pero el número no estaba. «Ojalá tengan la generosidad de acompañarnos. El que gana gobierna, el que pierde acompaña», deslizó Bartolomé Abdala, presidente de la comisión Legislación General (y presidente provisional del Senado), ante la mirada atónita de Guadalupe Tagliaferri (PRO), que se reía y negaba con la cabeza.

El gobierno tenía un problema: Martín Lousteau y el santacruceño José Carambia habían definido que presentarían sus propios dictámenes de minoría, pero no todavía, sino en unos días. Así, al dejar abierta la fecha de presentación del despacho, los senadores habían hundido las esperanzas del oficialismo de conseguir el número necesario para cerrar la jornada con un dictamen. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba tener 9 firmas en la comisión de Legislación General, 9 firmas en Presupuesto y 10 en Asuntos Constitucionales. Es decir la mitad más uno de cada comisión. No importaba para qué dictamen fuera la firma –podía ser del oficialismo, pero también un dictamen de rechazo–, pero las firmas tenían que estar. Atentos a esta matemática, UxP no había firmado nada y el gobierno necesitaba sí o sí del acompañamiento de Carambia, Lousteau, Tagliaferri, Abad y Edgardo Kueider. Podían darse el lujo de perder una, pero no dos.

Como faltaban esas dos firmas, el acompañamiento del resto de los indecisos se había vuelto «irrelevante» –como calificaron ellos mismos–, por lo que ni Abad ni Tagliaferri ni Kueider querían firmar, con disidencias, el dictamen del oficialismo. La única excepción fue el fueguino radical, Pablo Blanco, que terminó ordenándose detrás del resto de la bancada radical y firmó el dictamen de la Ley Bases. A cambio había conseguido que Tierra del Fuego continuase sin pagar Ganancias.

Ante la ausencia de firmas, Abdala pidió convocar a un cuarto intermedio para continuar negociando. El titular del bloque de LLA, Ezequiel Atauche, llevó a rastras a Carambia a un despacho oficialista a reunirse con el vice jefe de Gabinete, José Rolandi. El santacruceño estaba de buen humor: reclamaba que modificaran la Ley de Minería de forma tal de aumentar las regalías para las provincias (él pedía subirlas del 3 a 15 por ciento, pero con un 5 por ciento cerraba). Este cambio, sin embargo, tenía que incluirse en el paquete fiscal que se debatía en la comisión de Presupuesto, a la que él no pertenecía. Pero era la llave para poder dictaminar Ley Bases y el oficialismo terminó concediéndosela. 

Atauche volvió al Salón Azul para presidir la comisión de Presupuesto y anunció que el paquete fiscal recibiría nuevos cambios. No fue sutil. Minutos antes había llegado Guillermo Francos para supervisar las negociaciones y había dado su visto bueno: Carambia tendría el aumento de las regalías mineras. El jefe de Gabinete le prometió a Tagliaferri, además, que los cambios que se acordasen en el Senado no serían desactivados luego en Diputados. Así cerró con Carambia y Tagliaferri, y ya después de esto, las firmas restantes fueron cayendo por inercia. Las comisiones habían sido convocadas a cuarto intermedio, pero la Secretaría Parlamentaria las iba recibiendo en silencio: Carambia, Tagliaferri, Kueider estaban ahí. Solo faltaban dos: Lousteau y Abad. Pero, como los senadores radicales integraban dos comisiones distintas del plenario, no impedían que el oficialismo pudiera dar la buena nueva: había acuerdo de dictamen para Ley Bases.

El paquete fiscal, en cambio, se resolvería este jueves por la mañana. Todavía faltaban las firmas de la chubutense Andrea Cristina, la rionegrina Mónica Silva y el radical Flavio Flama. El acuerdo con la mayoría estaba, pero faltaba un llamado al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para alinear a Cristina. El oficialismo, entre agotado y exultante, ya hablaba de sesionar dentro de dos semanas.

Los cambios

La novela de las modificaciones contrarreloj había comenzado temprano. Ya el martes a la noche, el gobierno nacional había hecho circular un nuevo borrador que incluía varios de los pedidos de cambios solicitados por el radicalismo la semana anterior. En la Ley Bases, se había concedido ampliar el listado de organismos públicos que no podían ser eliminados por el Ejecutivo: se había incluido el Banco Nacional de Datos Genéticos, el INTA y el SENASA. Sin embargo, como advirtieron varios senadores en el debate, el blindaje de los organismos frente a la motosierra Milei es débil: el Ejecutivo todavía puede intervenirlos, transformar su estructura jurídica e, incluso, eliminar sus funciones. A pedido de la UCR, a su vez, se modificó el capítulo laboral de forma tal de incluir a los bloqueos de las empresas como causa justa de despido.  

En el capítulo del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el gobierno ratificó la autonomía de las provincias respecto a decidir si adherirse o no. Incluyó, además, todo un articulado referido a la protección de la industria local frente a la competencia desleal que podría generar el RIGI, pero sin muchos detalles. Incorporó, por ejemplo, la obligación de que todas las empresas que adhirieran al RIGI tuvieran que proponer un «plan de desarrollo de proveedores locales», pero sin brindar precisiones sobre su alcance. «Son cambios cosméticos, no hay ningún cambio en profundidad», cuestionó Lousteau durante el debate, quien, por otro lado, denunció que no se incluyera ninguna restricción a las importaciones de bienes de capital (que el RIGI habilita para los proveedores).

El cambio de último momento que terminó destrabando el debate al comienzo de la jornada, sin embargo, fue el aumento del piso de Ganancias para la zona patagónica. Pese a la resistencia original de Milei, el gobierno terminó cediendo al reclamo de la Patagonia y habilitó incrementar un 22 por ciento el mínimo no imponible para todas las provincias del Sur. Tierra del Fuego, mientras tanto, continuará no pagando Ganancias. Solo así el gobierno se aseguró que el paquete fiscal, que incluye también el blanqueo de capitales y una deducción de Bienes Personales, pudiera conseguir el número para dictaminar.

En el caso de blanqueo, el gobierno sumó a los hermanos de los funcionarios entre las figuras que no pueden sumarse al régimen. Tampoco podrán hacerlo las personas que hayan ocupado cargos en la función pública en los últimos 10 años. 

Fuente: Pag12

Los trabajadores del Congreso recibirán un incremento del 9% y el mismo porcentaje iba a los senadores. Los bloques, salvo el PRO, pidieron a Villarruel que no se aplique.

Las autoridades del Congreso de la Nación acordaron un incremento salarial para la planta de trabajadores. Como marca la regla del uso y costumbre, ese porcentaje de aumento se solía trasladar a las dietas de senadores y diputados. Para este mes corresponde que los trabajadores del parlamento reciban una suba del 9 por ciento que debía impactar en las sueldos de los senadores. El cálculo estimativo daba que los legisladores de la Cámara alta recibirían en mano unos 5 millones de pesos. Ante esta posibilidad, los presidentes de los bloques le enviaron una nota a la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, solicitándole que no aplique ese incremento a las dietas de los legisladores. 

Desde el entorno de Villarruel se defendían y explicaban que ella no autorizó el aumento, sino que se trata de una negociación paritaria. «Es una paritaria que firmaron en Diputados y el Senado en conjunto para todos los empleados», argumentaban y detallaban que «los senadores, en abril, cuando se aprobaron el aumento anterior, volvieron a engancharse al aumento de los módulos de los empleados«. Eso, según indicaban, produce que, cuando aumentan los módulos para los empleados, también lo hacen las dietas de los senadores.

A última hora del miércoles, sin embargo, los presidentes de todos los bloques: Juan Carlos Romero (Cambio Federal), Juliana Di Tullio de Unidad Ciudadana, Eduardo Vischi de la UCR, Carlos Espínola (Unidad Federal), Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social), Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza) y José Mayans (Frente Nacional y Popular), firmaron un documento en el que explicaban que: «con fecha 18/04/24 se aprobó en el recinto el Proyecto de Resolución 615/24 a través del cual se estableció una modificación de las dietas a percibir por parte de los Sres. Senadores y Senadoras Nacionales a partir del mes de mayo; expresando claramente que en esta oportunidad no se modifique la dieta establecida mediante el régimen antes mencionado, hasta tanto se determine un nuevo sistema de liquidación en función de los varios proyectos que se encuentran pendientes de tratamiento en relación a este asunto». En esa línea, solicitaron que «la liquidación sea tal cual la realizada el mes anterior, sin contemplar los incrementos brindados al personal del Senado de la Nación». 

Los trabajadores del Congreso tendrán un incremento en mayo de 9 por ciento –teniendo en cuenta un dos por ciento retroactivo a abril y siete por ciento de mayo–, y es por eso que los sueldos de todos los senadores iba a pasar a $8 millones en bruto a partir del mes que viene. El mes pasado habían cobrado en mano $ 4,5 millones y, con los nuevos aumentos, en junio iban a superar los 5 millones de pesos.

El tema ya había sido un motivo de conflicto entre los representantes de La Libertad Avanza que están en el Congreso y los que están en la Casa Rosada. En marzo, en medio de los discursos de Milei anti casta y a favor del ajuste y del achicamiento casi a su mínima expresión del Estado, se conoció que Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, habían otorgado a los legisladores nacionales los mismos aumentos que a los trabajadores legislativos: 16 por ciento en enero y un 12 por ciento en febrero. 

Eso generó críticas por parte de algunos sectores de la sociedad y Milei ordenó retrotraer las dietas a diciembre sin los aumentos. El titular de la Cámara de Diputados hizo caso de inmediato, pero Villarruel dilató la decisión y la terminó aceptando, pero no del todo porque mantuvo el aumento del tramo del 16 por ciento de enero, que los senadores cobraron a diferencia de los diputados. 

En la sesión que hubo en el Senado el 18 de abril, Villarruel permitió una jugada –al no aclarar qué tema se votaría– para que los senadores aumentaran sus sueldos de 1,9 a 4,5 millones de pesos. La votación fue a mano alzada y al final de la sesión. El que rubricó su firma en la propuesta había sido Juan Carlos Romero, aliado de Villarruel, aunque también firmaron Lucila Crexell (Comunidad Neuquén) y Pablo Blanco (UCR). En esa ocasión, los legisladores libertarios, si bien no levantaron sus manos, tampoco pidieron aclaraciones ni que la votación sea nominal. 

En diputados, en tanto, ante el reclamo de los legisladores, Menem prometió que se encargaría del tema después del primero de mayo, pero aún no lo hizo. Los diputados de distintos bloques presentaron proyectos para intentar solucionar esta cuestión. Oscar Agost Carreño, de Hacemos Coalición Federal, propuso equiparar los salarios de las cabezas del poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, mientras que María Eugenia Vidal del Pro propuso atarlos a los aumentos que tengan los jubilados. 

El senador Martín Lousteau, en tanto, propuso que un senador cobre lo mismo que un director de escuela primaria de máxima antigüedad en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde funciona el Senado. En su cuenta de X explicó también que «es de vital importancia garantizar que los senadores del interior del país cuenten con los recursos para desempeñar su tarea en el Congreso, pero los gastos de traslado y hospedaje deben estar debidamente justificados y alineados en relación a su función». Por último, contó que establecieron en el proyecto que haya un descuento en la dieta para los senadores que falten a las sesiones o a reuniones de comisión y que, quienes entren a trabajar con los senadores como planta transitoria, deberán irse cuando ese senador finalice su mandato.

El sábado pasado, frente a Milei y distintos funcionarios del gobierno que participaron del Tedeum que se hizo en la Catedral metropolitana por el 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, les había pedido a funcionarios y legisladores que «no se aumenten los sueldos». Argumentó que la Argentina se encuentra atravesando «tiempos muy complicados» y que la sociedad está «haciendo un esfuerzo gigante». «Hagámoslo todos muchachos, por favor, no se aumenten los sueldos. ¡Hagámoslo todos!», manifestó.

Fuente: Pag12

El Intendente dispuso de elementos vinculados al Ecocentro Pampa Azul que servirán para el dictado de clases para personas que están en situación de encierro, en un trabajo articulado con el Gobierno Provincial