MÁS INTENDENTES SE OPONEN A LA IDEA DE MERINO

Para el organismo, que estudia el accionar represivo, el gobierno busca  amedrentar y ralear la convocatoria del 23.

Desde la Comisión Provincial de la Memoria consideran que el anuncio del presidente Javier Milei de aplicar el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich a la marcha en defensa de la universidad pública del martes 23 es impracticable y la declaración tiene intenciones disuasorias, para esmerilar la convocatoria.

Roberto Cipriano García, abogado graduado en la UNLP y miembro del secretariado de la CPM, sostiene que «la evidencia anterior demuestra que el protocolo es impracticable en marchas muy masivas, como la que se espera el martes, pero no es garantía de comportamiento futuro. 

García agrega que «los propios responsables de los operativos lo reconocen en privado. Acá lo que se ve es la intención del gobierno de bajarle el tono a una marcha que, parece, será histórica» y que «el motivo útimo parece ser el argumento del supuesto control de la calle, la foto para que Bullrich pueda exhibir como triunfo político».  

Monitoreo

La Comisión Provincial de la Memoria, en tanto integrante del Mecanismo de Prevención de la Tortura, cuenta con un área de Justicia y Seguridad Democrática, que monitorea el despliegue territorial de las fuerzas de seguridad y sus formas de intervención y represión sobre la protesta social.

En el ejercicio de esa función, sus integrantes estuvieron en la calle en cada instancia de protesta de estos últimos cuatro meses: durante la marcha piquetera del 20 de diciembre, por un nuevo aniversario de 2001, en la marcha conjuntamente organizada por la CGT y las CTA a Plaza Lavalle, una semana más tarde, en el paro nacional con movilización a congreso del 24 de enero, en la represión durante las protestas contra la ley ómnibus, el 31 de enero y 1ro de febrero.

También, más recientemente, en la marcha de las mujeres del 8 de marzo, en el aniversario del 24 de marzo y, finalmente, en la movilización frente al ministerio de Capital Humano, el pasado 10 de abril. En todos los casos, producen un informe, que luego entregan a los legisladores nacionales y funcionarios nacionales y provinciales. Más de una vez, esos informes terminan incorporados en procesos como prueba judicial o elevados a organismos internacionales.

“Lo que se observa como patrón o modus operandi, es una decisión de ir con todo contra los movimientos sociales. Cuando el actor que se moviliza es otro, la actitud cambia, es más bien expectante”, explican.

Cuando se aplica el protocolo, agrega García, «pasan dos cosas: una, es la propia policía la que termina cortando el tránsito o, dos, el tránsito circula pegado a la multitud, y esa situación de peligro puede generar un accidente en cualquier momento».

Otras fuentes consultadas imaginan que la marcha universitaria, además de ser muy masiva, lo que ya de por sí tiene un carácter disuasivo para los intentos represivos, tendrá una composición socioeconómica diversa. Por eso suponen que, más allá de las recientes declaraciones altisonantes del presidente, el comportamiento de las fuerzas sería similar al del 8 o 24 de marzo.

“En esos casos se dieron cuenta rápidamente que, por la cantidad de gente, lo de marchar por la vereda era absolutamente impracticable. Igual, hubo algunos hechos de represión aislados, especialmente a la hora de la desconcentración, cuando van quedando grupos sueltos”, relatan. «También se está repitiendo la infiltración de agentes de civil entre los manifestantes, con la intención de provocar o generar disturbios. 

“Anuncios de aplicación del protocolo, en casos como este, parecen más una expresión de enojo, una reacción emocional, y un intento de disuadir a algún sector de los que pensaban asistir, infundiendo temor o preocupación por una posible represión”, agregan.

La contracara de esta actitud es la represión a las movilizaciones de movimientos sociales, que se ha mostrado “sistemática” e “implacable”. La voluntad disciplinadora contra esos sectores ya se pudo observar el 20 de diciembre, cuando a los manifestantes no se les permitió bajar de la vereda y Edgardo Belliboni terminó detenido, mientras Milei y Bullrich observaban todo desde la sala de situación del departamento central de policía.

El último informe

Más recientemente, la CPM publicó el informe sobre la represión de la protesta frente a la sede del ministerio de Capital Humano, el pasado 10 de diciembre. Allí señalan, entre otras cosas, que “la violencia represiva fue desplegada por los distintos cuerpos de la Policía de la Ciudad utilizando una combinación de ataques indiscriminados con disparos con postas de goma, camiones hidrantes, lanzamiento de gases químicos y golpes con tonfas contra las y los manifestantes, incluso cuando estaban de forma pacífica o retirándose”.

Y agregan que “como contrapartida, no se registró que las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal Argentina y Prefectura Naval Argentina) presentes en el lugar fueran parte de la represión. Estos hechos culminaron con 10 detenciones y al menos 36 personas heridas, entre ellas periodistas y personal sanitario que se encontraba en las postas de salud de las organizaciones”.

El párrafo mencionado da cuenta de las diferencias que suelen producirse entre las fuerzas federales, dependientes de Patricia Bullrich, y las de la ciudad de Buenos Aires, que responden a Diego Kravetz y Waldo Wolff. 

Por lo general, son Gendarmería, Prefectura y Policía Federal las fuerzas más celosas de la aplicación del protocolo de su jefa, que al menos en el discurso no admite excepciones. En simultáneo, el alcalde Jorge Macri garantizó que la marcha «ocurrirá de manera pacífica». Es difícil que ambos tengan razón.  

Una fuente que estaba en el terreno el 10 de abril sostiene que “cuando se inició la represión, los manifestantes apenas estaban cortando un carril y se podía circular en los restantes. La represión pareció más bien la respuesta a un reclamo mediático. Eran pocos, sin capacidad de respuesta, y los dispersaron en menos de diez minutos”.  

Fuente: Pag12

Fue una de las escenas icónicas de la pandemia de coronavirus. Durante una sesión de la Cámara de Diputados que se realizaba a distancia, por teleconferencia, el legislador nacional Juan Ameri apareció en la pantalla besándole los pechos a una mujer. Ahora fue condenado a un mes de prisión en suspenso, tras ser hallado culpable de cometer el delito de perturbación del ejercicio de funciones públicas.

El fallo fue dictado por el juez federal Ariel Lijo, uno de los candidatos de Javier Milei para integrar la Corte Suprema.

El hecho ocurrió el 24 de septiembre de 2020, cuando la Cámara baja debatía sobre el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional y la refinanciación de las deudas provinciales con Anses. Mientras hablaba el diputado Carlos Heller, el sistema mostraba, entre otras imágenes de los legisladores conectados a la sesión, Ameri con una mujer sentada sobre sus piernas, con un pecho descubierto que el diputado tocaba y besaba. Cuando otros diputados, e incluso el público que seguía la transmisión, advirtieron el asunto, se desató el consabido escándalo. El diputado del FdT salteño terminaría renunciando a su banca y enfrentando un juicio.

“Juan Emilio Ameri tenía conocimiento de las implicancias de las sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación de asistencia presencial y remota. Es decir, que se transmitía en vivo, que se grababa y que toda conducta que realizara frente a su cámara sería reproducida al resto de los asistentes», consideró el juez Lijo. «Es evidente que sabía que su conducta podía ser advertida por los representantes del pueblo, como así también por todas aquellas personas que estuvieran observando la transmisión en vivo del debate», agregó en su fallo.

Para el magistrado, el exdiputado «se representó la posibilidad de que su conducta de contenido sexual causara la perturbación de la sesión deliberativa, y sin perjuicio de ello desarrolló la acción que se le reprocha, la cual efectivamente concluyó en la interrupción del debate». Con esos argumentos, Lijo concluyó que Ameri incurrió en la figura que pena la perturbación del ejercicio de funciones públicas.

Fuente: Pag12

Se cortaron partidas destinadas a jubilados, docentes, estudiantes, empleados públicos, personas con enfermedades graves de salud, científicos y obreros.

Por detrás del resultado fiscal superavitario del primer trimestre que el Gobierno celebra hay un ajuste de enorme proporciones que afecta a la sociedad argentina en general y en particular a jubilados, docentes, estudiantes, empleados públicos, personas que sufren enfermedades graves de salud, científicos y obreros.

El dato que festejan Javier Milei y Luis Caputo no se debe al impacto positivo de una expansión económica ni tampoco a un ajuste inteligente de los gastos. Básicamente, el Gobierno permitió que se licúen o directamente dejó de pagar una buena porción de sus obligaciones, algunas de ellas de enorme impacto social.

Motosierra y licuadora

El último informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) explica que a pesar de la caída de los ingresos del Tesoro en el primer trimestre en relación al mismo período del año pasado en términos reales, la merma de los gastos permitió que las cuentas dieran en positivo. Si no se toma en cuenta el pago de intereses de la deuda –que es lo único que creció–, la caída en términos reales del gasto primario del Estado es del 35,7 por ciento.

Así, al finalizar el primer trimestre de 2024, la Administración Nacional obtuvo un resultado financiero positivo de 0,7 billones de pesos, en contraste con un déficit de 1,4 billones de pesos obtenido en igual período de 2023. Se trata del cuarto mayor valor de la serie que comienza en 2010.

La clave para explicar ese resultado es que el Gobierno está aplicando un ajuste feroz sobre la población. La mayor parte se explica por la caída real de las transferencias a jubilados y pensionados, la baja de los subsidios a las tarifas y el derrumbe casi a cero de la obra pública. A continuación, algunas de las grandes partidas afectadas:

*Jubilaciones: la inflación le ganó por goleada a la fórmula de movilidad, con una merma de poder adquisitivo del 42 por ciento en el primer trimestre. Los bonos compensaron sólo en una parte menor esta retracción, con lo cual la caída fue del 31,4 por ciento.

*Obra pública: el informe de la OPC destaca que los gastos de capital reflejaron una retracción del 83,3 por ciento en términos reales, a partir del masivo recorte de transferencias de capital para las empresas públicas, a provincias y municipios y también en la inversión real directa.

*Subsidios: a pesar del fuerte tarifazo, que redujo la necesidad de subsidios, todavía persisten fuertes deudas del Estado con Cammesa, Enarsa y las empresas del Plan Gas.

*Salarios: la partida de gasto corriente en personal del Estado muestra una caída del 16,8 por ciento interanual.

*Programas sociales: ajuste en las partidas para el Potenciar Trabajo (-50 por ciento real), Becas Progresar (-45,7 por ciento), programa Acompañar (-80 por ciento), Políticas Alimentarias (-81 por ciento).

Más en detalle, de acuerdo al CEPA, «se detectaron fuertes ajustes en la Superintendencia de Servicios de Salud, ANMAT, hospitales nacionales e incluso en el Instituto Nacional del Cáncer y la Agencia Nacional de Discapacidad. En materia de salud existen programas críticos que están virtualmente paralizados por falta de fondos. Son los casos de ‘Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica, Respuesta al VIH’, ‘Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra’ y ‘Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles».

Sobresale la parálisis de los proyectos viales en todo el país y el ajuste en el equipamiento en el sector educativo en el marco del Conectar Igualdad, en el Fondo Nacional de Incentivo Docente y en partidas de Gestión Educativa. En materia científica, se dieron fuertes caídas en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y otros organismos del sector como la CONAE, CONICET y CONEAU.

Se destacan los recortes de partidas para el funcionamiento de la Anses, el INAES y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, así como también en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo, el SENASA, INTA e INTI.

En cambio, detalla el CEPA, se verificó un gran peso de los servicios de deuda pública dentro de la estructura de gastos, de tal forma que dicha función representó el 18,5 por ciento del total de gastos. De hecho, los Servicios de Deuda Pública es la única función presupuestaria que crece en términos reales respecto al mismo período de 2023.

Crisis

El combo de motosierra y licuación fue suficiente para absorber la caída de los ingresos fiscales como motivo de la crisis económica. La recaudación tributaria cayó en términos reales un 9,6 por ciento en el primer trimestre.

Hacia el interior de los ingresos fiscales, se observa un derrumbe de los tributos asociados al mercado interno. La recaudación del impuesto a las Ganancias cayó 38,8 por ciento interanual, mientras que el IVA se redujo un 1 por ciento; Débitos y Créditos, un 10,8 por ciento y Seguridad Social, 23,3 por ciento. En cambio, el Impuesto PAIS creció un 304,1 por ciento en base a la devaluación y a la ampliación de la base imponible que aplicó esta gestión, junto al avance del 109,9 por ciento en los derechos de exportación.

Fuente: Pag12

Luego de volver a regular a las prepagas, el jefe de Hacienda avisó que “haremos todo el kirchnerismo que sea necesario” para llevar la inflación a 3 puntos, presionando sobre sectores y pisando precios. Cree que, sin dólares, es la única manera de que el plan no fracase y termine en devaluación. En la otra esquina, el asesor estrella del Presidente, entró en cólera con el viraje y sostiene que hay que mantener la desregulación sobre todos los sectores. En la Rosada resisten la intervención económica, pero Milei compró la idea de que combatir a empresas lo beneficia. En el fondo, la pelea es por el sillón y el manejo futuro del Palacio. 

La rendición de Javier Milei ante el libre mercado, que operó esta semana con la reinstauración de controles a los aumentos récord de la medicina prepaga, se extiende como una crisis de identidad en todo el Gobierno, pero particularmente está generando discusiones muy estructurales en el Palacio de Haciendo y aledaños. Forzado por las circunstancias y tratando de garantizar su puesto de trabajo en el corto plazo, el ministro de Economía, Luis Caputo, entró en un proceso de reconsideración de la liberalización de la economía que choca de frente con la idea de soltar precios y controles que Federico Sturzenegger, el asesor estrella del presidente e ideólogo del DNU que desregula todo, le vendió a Milei desde antes de llegar a la Casa Rosada. En el fondo, en este nuevo chispazo entre ambos, que no es el primero ni será el último, se juega la disputa no sólo por la línea económica, por el programa, sino por el sillón de mando en el Quinto Piso de Yrigoyen 250.

La historia de cómo Caputo y sus laderos analizan y ejecutan el giro es curiosa. En una de las últimas reuniones que mantuvo con Juan Pazo, el viceministro en las sombras y encargado de Industria; Pablo Quirno, el secretario de Finanzas; y Federico Furiase, el joven asesor que está en la diaria, el ministro expresó que “si la inflación no va por debajo del 5, más cerca del 3 por ciento, el plan económico se complica”. Como Caputo no logró conseguir dólares ni del agro ni del FMI, entiende que no sólo un ajuste furibundo del Estado alcanzará para frenar la dinámica de precios. Por eso, hace unas semanas, les puso techo a las paritarias y empezó a mirar con cariño acuerdos de precios. 

En este escenario, Caputo dejó una frase fuerte que lo muestra cambiando, a la fuerza, algunos conceptos para evitar la disparada de precios. «Haremos todo el kirchnerismo que sea necesario. Pegarles a las empresas, confrontar con los sectores…”, dijo, para resultar gráfico, en varias reuniones. Como casi todo lo que diagnostica el Gobierno, la frase de Caputo es por lo menos contradictoria: por un lado, busca demonizar el rol del Estado y, a la vez, blanquea que utilizar las herramientas de regulación estatal es casi la única salida que hay para contener la embestida del mercado que el mismo Milei opta por desregular. A decir verdad, ya había algunas señales de que esto se estaba produciendo. Dos indicios: pisar las homologaciones de paritarias privadas por sobre la inflación, como en Camioneros y, en paralelo, posponer actualizaciones tarifas en la energía y el transporte para que no peguen sobre el IPC. A eso se sumó un ruego a los laboratorios, que aceptaron congelar unos los remedios unos meses luego de haberlos subido a valores récord en 4 meses. 

Altísimas fuentes de Hacienda contaron a Página I12 que la obsesión de Caputo y Milei por llevar la inflación a 3 puntos a como dé lugar puede ser leída como una meta apurada, a esta altura cuestionable si se mira la destrucción récord de los niveles de actividad. Pero que tiene una justificación técnica de peso: la inexistencia de divisas hizo que vuelvan las presiones privadas para devaluar. El ministro no tiene barricada de contención en dólares para soportar la embestida, que es inexorable en este escenario. En cambio, si enfría la economía y el consumo para que nadie compre nada y la inflación se acerque a los 3 puntos, lograría que las micro-devaluaciones (crawling peg) del 2 por ciento mensual, tuvieran sentido efectivo para desarmar la idea de una devaluación brusca. Todo esto lo sabe el sector privado y es la herramienta que usa Caputo para decirles que hará lo imposible para intentar evitar una devaluación. Incluso destruir la economía a niveles récord. 

Lo pirotécnica versus Sturzenegger

Por otro lado, se juega lo simbólico del giro estatista, lo gestual, la pirotécnica diaria que sale de la factoría de asesores que manejan los trolls en redes y la comunicación grande, la política, la que importa, no la que a diario intentan hacer el secretario de Comunicación, Eduardo Serenelini, y hasta el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Los chicos son inteligentes, cuentan los que los frecuentan, y casi los únicos que la ven en el Gobierno. Son los que generaron los mensajes de spam contra el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, una estrategia que funcionó. En la usinas comunicacionales pensaron, acertadamente, que era apropiado disfrazar la intervención sobre los precios de las prepagas de una batalla con el CEO emblema de los aumentos, el que confesó que se juntaban para subir los precios. En la Argentina hay tres prepagas muy grandes, Osde, Galeno y Swiss Medical, pero el único personaje reconocible es el dueño de esta última. Hacia allí fueron, incluso linkeándolo a la política de Sergio Massa, y consiguieron rédito: Belocopitt debió renunciar a su cargo de presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), la entidad de lobby sectorial, buscó salir de las redes por la embestida en su contra y prácticamente no atiende llamadas en su teléfono sino a través de intermediarios. 

No es este el único logro del grupo en este sentido. Fueron los mismos que le recomendaron a Milei tomar distancia de Mauricio Macri, el político con peor imágen del país, y evitar a la vez alianzas directas con el PRO. Respecto a prepagas, además, lo convencieron a Milei de que las acciones de control sobre sectores económicos «le suben la popularidad». El Presidente, a su manera, compró. En el Foro Llao Llao habló del tema de la intevención pero su incosciente lo obligó a decir que no será un método repetido. 

En este mar de reformulaciones, Sturzenegger quedó entre enojado y desconcertado. Fueron días dificiles para el ex BCRA, que habla del tema de manera permanente con dos asesores fieles: Shunko Rojas, ex subsecretario de Comercio Exterior en la era Macri; y Lucas Llach, su ladero en aquel Banco Central. El personaje en cuestión no sólo es el autor del DNU de desregulación, sino que es el hombre de Milei que va por el sector privado garantizado la libertad de precios y la caída de las regulaciones. Ya la entrevista de Caputo en TN, donde el ministro habló mal de las prepagas, le pareció una bomba y vio atrás de ello la mano de los ingenieros del discurso libertario. 

Sturzenegger asegura que la desinflación es importante, pero más relevante es consumar la promesa de un cambio de paradigma, la idea del fin del Estado que tanto pregonó Milei. Hoy, esa posición choca, sobre todo, con el instinto de supervivencia de Caputo, que para sostenerse en el cargo sin dólares debe moderar el proceso de apertura. Sturzenegger quiso, quiere y querrá ser el ministro de Economía. Hoy, el Presidente banca a Caputo sin fecha de vencimiento, y la señal con las prepagas parece haber dejado varios pasos atrás al que espera en el banco de suplentes. Cerca del ex BCRA admiten, de todos modos, que se viene tiempos muy dificiles por la recesión y que el escenario político es incierto. No parecen errar: más temprano que tarde, Milei, un inexperto en la política, apelará a la quema de fusibles en plena crisis. 

Fuente: Pag12