La Corte Suprema en pleno no sólo rechazó la semana pasada pedidos de inconstitucionalidad y nulidad del DNU 70/2023 de Javier Milei alegando razones formales: este martes hizo lo mismo con un planteo del constitucionalista Andrés Gil Domínguez que reclamaba que los supremos le pusieran un plazo de 30 días al Congreso para que lo revise (apruebe o rechace), como establece la ley. En todos los casos, el tribunal usó el mismo argumento: afirmó que «no hay caso» ni «controversia». En ninguno se pronunció sobre la cuestión de fondo. Aun así, sus decisiones son favorables al Gobierno.   

El DNU de Javier Milei que vino a desregular la economía y cuyos estragos en el bolsillo de la ciudadanía son palpables, sigue vigente casi en su totalidad (las excepciones son el capítulo laboral, la derogación de la ley de tierras y las sociedades anónimas deportivas). La ley 26.122 que regula el trámite de los Decretos de Necesidad y Urgencia dispone que una vez publicados deben ser enviados al Congreso para su revisión. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene 10 días hábiles para expedirse y elevar su dictamen a las cámaras. Si no se pronuncia, «las Cámaras se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto», establece la Constitución (artículo 99º inciso 3 y artículo 82º). 

Asunto legislativo

Para que caiga un DNU deben rechazarlo ambas cámaras. Hasta ahora sólo el Senado lo hizo. La Cámara de Diputados mira hacia otro lado. Gil Domínguez hizo varias presentaciones vinculadas con el DNU. La que resolvió la Corte no tenía que ver con su contenido, sino con el cumplimiento del proceso parlamentario de revisión. El jurista sostuvo que como «integrante del pueblo argentino» le corresponde una  «‘porción de soberanía popular’ en igual condición que al resto de las personas para instar ante el Poder Judicial a que los representantes del pueblo deliberen en las condiciones establecidas por la Constitución para determinar la validez o invalidez de un decreto de necesidad y urgencia». Si esto no se reconoce, sostuvo, la soberanía popular sería «una mera entelequia». 

Los cuatro jueces de la Corte, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, argumentaron en cuatro páginas que Gil Domínguez no explica «cuál sería la afectación concreta y particularizada» que lo movió a hacer su petición y eso «resulta insuficiente para tener por configurado un caso o controversia». Para el máximo tribunal tampoco hay «gravedad institucional» porque eso «se refiere a situaciones que exceden el interés de las partes y atañen al de la comunidad». 

Después de que la Corte rechazara la semana pasada los planteos contra el DNU presentados por la provincia de La Rioja y el abogado Jorge Rizzo, con el mismo argumento de falta de caso, Gil Domínguez respondió que el concepto de «caso» o «controversia» cambió con la reforma constitucional de 1994 -de la que participaron Rosatti y Maqueda- con el artículo 99º inciso 3 de la Constitución que dice: ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable emitir disposiciones de carácter legislativo'». 

El especialista sostiene que «la nulidad absoluta puede ser peticionada por cualquier persona interesada o por el órgano público habilitado a tales efectos (Ministerio Público Fiscal o Defensor del Pueblo), no está sujeta a plazo de prescripción y puede ser declarada de oficio por un juez o jueza». «No solo tiene efectos normativos de invalidación de los actos emitidos, sino también constituye un principio jurídico ordenador que garantiza la vigencia del sistema democrático (…) defiende la voz del pueblo garantizando que su voluntad sea expresada a través de sus representantes en el Congreso (…) es un salvoconducto para el autoritarismo y una garantía para el sistema de derechos civiles, políticos, económicos, sociales culturales y ambientales», señala. Recuerda un fallo de la propia Corte («Consumidores argentinos») contra un DNU que postulaba la necesidad de frenar al «presidencialismo». 

¿Por qué ahora?

«La Corte Suprema se tiene que hacer cargo que con su postura habilitó la existencia de un sistema autocrático de gobierno mediante la instrumentación del dictado de DNUs y la sustitución de la función legislativa del Congreso por parte del Poder Ejecutivo, ante el cual el tribunal será un fiel acompañante», expresó Gil Domínguez. «Si nadie puede ir a la Justicia para controlar políticamente un DNU, habilitan un gobierno autócrata. En mi caso es mas grave porque ni siquiera pedí en este expediente que invaliden el DNU sino que le digan al Congreso que resuelva como dice la Constitución. No veo línea ni coherencia en la Corte Suprema», le dijo a Página/12. 

Desde que fue publicado el DNU el 20 de diciembre de 2023, la Corte comenzó a recibir pedidos de nulidad, inconstitucionalidad y otros planteos. Algunos fueron por competencia originaria y otros llegaron por apelación. El recurso de Gil Domínguez que acaba de resolver era un per saltum. Hasta la semana pasada los supremos no habían resuelto nada relacionado con el decreto. El efecto fue la continuidad de su vigencia, a excepción de los puntos suspendidos por tribunales inferiores. Las resoluciones que comenzó a dictar no analizan la validez del DNU sino que son rechazos por tecnicismos: en esencia, no reconocen la legitimación a quienes reclaman. 

¿Es un guiño al Gobierno? Rosatti, presidente supremo, dijo días atrás que la Corte estaba dando tiempo a la política para que resuelva la pelea por el DNU. Luego Milei lanzó que al menos tres cortesanos «tienen una posición poco amigable» con este tema. Días antes había nominado para ocupar vacantes en el tribunal a candidatos no avalados por esa mayoría. Y después llegaron, cual desmentida, las primeras decisiones de la Corte inclinadas a favor de la administración libertaria. La relación Corte-Gobierno es visiblemente sinuosa y hay que tener en cuenta que los cortesanos tienen muchos reclamos sin resolver, no sólo sobre la constitucionalidad del DNU, sino demandas de varias provincias por los recortes de fondos. Todavía no sucedieron las más grandes jugadas palaciegas, ni se sabe si ocurrirán. 

La Unión Cívica Radical (UCR) provincial decidió posponer la elección de sus autoridades partidarias, inicialmente programada para el 19 de mayo, a solicitud de su Junta Electoral. La nueva fecha fijada para llevar a cabo este proceso interno será el 23 de junio.

Sastre se mostró dispuesto a apoyar cualquier iniciativa por parte del Gobierno provincial que beneficie a los chubutenses y expresó que al gobernador de la provincia «hay que respetarlo como tal y acompañarlo». Por otra parte, sobre las próximas elecciones del Partido Justicialista en la provincia, agregó que un partido con tanta trayectoria necesita de «caras nuevas» para ser «partícipes de una oposición constructiva». 

Ricardo Sastre habló sobre su relación con Nacho Torres y manifestó que «hoy es el gobernador y hay que respetarlo como tal. Hay que acompañarlo porque cuando uno le toca estar, pretende el acompañamiento de distintos sectores». Además, le deseó que le vaya bien «por el bien de todos los chubutenses»

 «Nunca voy a hacer ni oposición ni oficialismo que vaya en contra de los intereses de los chubutenses. Si desde el lugar que me toca estar puedo acompañar por el bienestar de todos, lo vamos a estar haciendo sin ningún tipo de duda», manifestó el ex vicegobernador. 

En cuanto a la posibilidad de que se conforme un espacio político provincial encabezado por Ignacio «Nacho» Torres, Ricardo Sastre expresó que «hay muestras que han sido exitosas» y agregó que depende «de la impronta que le dé cada uno». 

«Nosotros entendemos que los partidos pueden servir como herramientas electorales, pero la gente busca los nombres y las personas, las figuras, para poder acompañar», expresó.  

Sobre la vida política de la provincia, aclaró que no tiene ambiciones personales de ocupar cargos y reafirmó su compromiso de colaborar desde donde sea necesario «y apoyar cualquiera de las iniciativas que tenga el Gobierno tanto a nivel provincial como los municipios locales».

PJ CHUBUTENSE 

Ricardo Sastre expresó que el PJ tiene que darle lugar a las nuevas generaciones para que se renueve. El ex vicegobernador de la provincia precisó que «no hay que hacer que los cargos perduren tanto tiempo, porque no es bueno para la vida de ninguna institución». 

El madrynense agregó que el partido necesita de «caras nuevas» para ser «participes de una opinión constructiva que puedan aportar ideas, puedan debatir y expresar en un contexto democrático como el que todos pretendemos». Agregó que «hay cuadros jóvenes que muchas veces están ocultos o no trascienden porque están los nombres de siempre». 

Ricardo Sastre ofreció sus impresiones sobre la situación actual del PJ: «vemos que están en una situación en la cual ni retrocede ni avanza» y que eso perjudica a la «vida política de una provincia».

El ex vicegobernador desdramatizó la situación y expresó que no es nada «que no sea transitable y solucionable». Además, destacó la complejidad y la dinámica cambiante de la vida política en Argentina en tiempos recientes. Señaló cómo las autoridades nacionales han experimentado transformaciones significativas, con partidos que antes no tenían el mismo protagonismo que ahora se encuentran emergiendo como actores relevantes.

En ese sentido, agregó que «hay que saber hacer los cambios y dar los golpes de timón a tiempo como para poder revertirlo». 

Fuente: Diario Chubut

Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia los ataques a la clase trabajadora y sus representantes ha sido una constante. Las centrales sindicales, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, han confrontada unidas y por separado con el gobierno nacional. Ayer, en las masivas marchas que se realizaron por todo el país en defensa de la educación y la universidad pública hubo una fuerte presencia de los sectores sindicales que, junto con la comunidad educativa de cada ciudad de la Argentina, convocaron a la movilización que tuvo, en la ciudad de Buenos Aires la expresión mayoritaria en cuanto a cantidad de participantes, pero el impacto político de este hecho todavía está determinarse.

La CGT, por ser la central sindical más importante en cuanto a cantidad y diversidad de gremios, encabezó desde un primer momento la protesta contra las políticas económicas libertarias. El paro y movilización del 24 de enero fue una prueba de ello. En ese contexto y ante la profundización de las políticas de la Rosada, la CGT se sumó a la marcha organizada por las universidades de todo el país. 

«Nos movilizamos para defender un pilar fundamental de nuestra sociedad, la Universidad Pública. Garantizar el acceso a la educación para todxs por igual que brinda oportunidades para el futuro e impulsa el progreso de nuestra Patria», escribió en sus redes sociales Héctor Daer, triunviro de la CGT que, junto con el camionero Pablo Moyano portaron una bandera junto a otros dirigentes del consejo directivo como Rodolfo Daer (Alimentación), Luis Cáceres de ladrilleros, Sergio Palazzo de la Bancaria y Sergio Romero de la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

Romero, a su turno, resaltó que la marcha «está dejando un mensaje muy profundo y por más que el gobierno se niegue, lo va a tener que analizar”. En ese sentido, se preguntó “¿cómo se debe (Milei) sentir bajándole el salario a los trabajadores de la educación, no sé si pueden dormir de noche?».

En otro sector de Plaza de Mayo, Abel Furlán encabezó la columna de la UOM. «Este es un mensaje muy fuerte para el gobierno que atacó la educación pública y la sociedad en su conjunto reaccionó con esta impresionante movilización que se repite en todas las ciudades del país», aseguró a Página/12 mientras recibía imágenes y videos de la participación de las regionales de la CGT en sus respectivas provincias. Las marchas en Córdoba, Mendoza, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Bariloche y otras tantas ciudades contaron con la presencia de los gremios de la CGT.

Las dos CTA

El secretario general de la CTA de los Trabajadores y diputado nacional, Hugo Yasky, aseguró que se sabía que la marcha iba a ser multitudinaria y destacó que marcó además «la convergencia pluralista de distintos sectores y también de distintas expresiones de la sociedad, porque junto a los estudiantes universitarios y los profesores iban a estar los trabajadores y representantes de los movimientos sociales».

En esa línea, Yasky señaló que «el mundo pudo ver que en la Argentina la educación pública es un bien que el pueblo no está dispuesto a entregar. El que va a la Universidad, incluso a una privada que también depende en parte del presupuesto nacional, sabe que ese es un bien absolutamente imprescindible para que en la Argentina haya movilidad social ascendente». Por último indicó que le parece deplorable que «en un país que tuvo cinco premios Nobel salidos de la universidad pública tengamos un presidente que tenga esa enorme dimensión de ignorancia».

Por su parte, Daniel «Tano» Catalano, titular de ATE Capital dijo que todos los trabajadores saben lo que significa la educación pública y por eso «las calles desbordaron de gente en todo el país, porque aunque el gobierno intente sembrar odio y amenazar con su protocolo anti cortes de calles, no van a poder. No pudieron. Hoy fuimos parte de una masiva movilización que desbordó las calles. La universidad le mejoró la vida al Pueblo. Esta histórica movilización es una muestra de todo lo que podemos hacer para enfrentar a este gobierno que le da la espalda a los más necesitados para beneficiar a los mismos de siempre».

El secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy aseguró que la masiva movilización permite estar orgulloso del pueblo argentino «que sale a la calle en unidad porque cuando defendemos la universidad pública estamos defendiendo la posibilidad de un país soberano e integrado. Necesitamos que se derogue el DNU que permite desfinanciar la educación pública, bajar los salarios, aumentar los alquileres, este pueblo está marcando un camino para seguir luchando con orgullo y satisfacción”.

Por último destacó que “fuimos miles y miles de estudiantes y trabajadores que nos movilizamos masivamente en todo el país para decirle al presidente Milei que no puede seguir gobernando por decreto, ajustando y empobreciendo a millones de argentinos y argentinas».

Ahora, en esta serie de acciones directas que han convocado las centrales sindicales está la movilización del 1º de mayo y el paro nacional del 9. Todos mensajes para uno solo destinatario: Javier Milei.

Fuente: Pag12

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se asomó al balcón del Instituto Patria con un buzo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) -la institución donde cursó sus estudios en Derecho- en apoyo a la Marcha Federal Universitaria. 

Luego, en su cuenta de Tik Tok publicó otro video, en el que se relata la historia del buzo: se trata de un emprendimiento de dos estudiantes universitarias, quienes diseñan prendas con logos universitarios del país. CFK recibió a las diseñadoras en el Instituto Patria y destacó la importancia del nivel superior de educación como eje de la movilidad ascendente.

«Educación pública para la igualdad de oportunidades»

Más temprano, la exmandataria había compartido un tuit sobre la importancia de invertir en la educación pública. «Nuestras fichas de la Universidad Nacional de La Plata y nosotros dos en el verano del 75’-76’, todavía estudiantes. ¿Quién podía imaginar que 27 años después íbamos a presidir una Argentina en la cual creamos e inauguramos 16 nuevas universidades públicas logrando que, por primera vez, todas las provincias tengan una universidad pública?», dice el tuit.

«Lo pudimos hacer cuando revertimos la relación entre los recursos afectados a la educación y al pago de la deuda externa. En el 2003: 3% del PBI para educación y 5% para deuda externa. En el 2015, al cabo de los tres períodos de gobierno: 6,3% del PBI para educación y 1,5% para deuda pública. No fue magia. Educación pública para la igualdad de oportunidades«, concluye.

Fuente: Pag12

La marcha gigantesca con réplicas en buena parte de la Argentina volvió impracticable el protocolo que establece marchar por las veredas para facilitar el tránsito vehicular.

La masividad de la imponente marcha de estudiantes en defensa de la universidad pública dejó hecha añicos la implementación del protocolo antipiquetes del gobierno nacional. Menos de 24 horas atrás, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anticipado la intención de llevarlo a la práctica.

«El protocolo tiene que ver con la realidad de la gente que va», manifestó la funcionaria en declaraciones televisivas. «Yo ya conozco más o menos el número de gente que va ir, hay un elenco estable de gente que se moviliza», había dicho horas antes de la movilización. 

No se quedó ahí y dijo que pensaba que podía haber una «provocación» en base a que se sumaran la CGT, la CTA y la izquierda. Y que esa «provocación» podría ser buscada «para movilizarse de aquí a la eternidad».

Lo cierto es que una marcha gigantesca con réplicas en buena parte de la Argentina volvió impracticable el protocolo, que establece marchar por las veredas para facilitar el tránsito vehicular. Algo imposible por la cantidad de manifestantes. De hecho, hay testimonios de bocinazos de automovilistas en favor de la convocatoria universitaria.

En la ciudad de Buenos Aires, la seguridad corresponde a las autoridades porteñas. Bullrich coordinó con su par, Waldo Wolff, pero al final de cuentas se aplicó una máxima liberal, las del laissez faire («dejar hacer») y la marcha se desarrolla con normalidad. 

Fuente: Pag12

La vicepresidenta Victoria Villarruel usó Twitter para intentar burlarse de la convocatoria universitaria a Plaza de Mayo. Connotada apologista del terrorismo de Estado, buscó llevar agua a su molino al compartir un fragmento del discurso de Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora en el que trató de burlarse de la muerte de Hebe de Bonafini.

Más temprano, la vice había celebrado la decisión del Ministerio de Justicia que encabeza Mariano Cúneo Libarona de revisar las indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado y volvió a referirse a las políticas de derechos humanos como un «curro». «Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DDHH. Auditar el curro de los DDHH que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cuneo Libarona y del presidente @JMilei», manifestó Villarruel en redes sociales.

La vice hizo referencia al anuncio que realizó el lunes Cúneo Libarona en relación a que el Ejecutivo llevará adelante una auditoría integral de todos los pedidos realizados en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar.

El comunicado difundido por el titular de la cartera de Justicia argumenta que la iniciativa tiene que ver con irregularidades «en la tramitación, otorgamiento y/o pago» del beneficio para las personas que fueron sometidas a crímenes de lesa humanidad.

La revisión que impulsa el Gobierno tiene que ver con los crímenes perpetrados entre 1976 y 1983 por las Fuerzas Armadas, por las desapariciones, torturas y asesinatos de personas en el marco del terrorismo de Estado.

Fuente: Pag12