En el comienzo de la semana ingresó una nota del Consejo de Administración de la Cooperativa Servicoop al Concejo Deliberante de Puerto Madryn donde se informa que en base al resultado promedio del incremento del Valor Agregado de Distribución según los valores de la evolución de los índices para el período marzo – mayo 2024 los servicios de energía, agua y cloacas tendrán un incremento del 31%.
Tras ello, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, defendió la actualización de tarifas ya que la realidad del país marca que todo sigue aumentando. “En el mes de abril logramos frenar un aumento. La prestación de servicios se debe seguir llevando adelante y los costos cada vez son mayores para mantener la calidad de servicio”.
“Con Servicoop se ha realizado mucho ruido, pero no se ha escuchado a nadie hablar sobre las tarifas de gas que son exorbitantes e imposibles de pagar para las instituciones y las viviendas de particulares”, dijo Sastre.
El primer mandatario municipal agregó que “esto es un contexto nacional que está generando una situación muy difícil de llevar adelante. Se ha dicho que se suspendían los aumentos de gas y se ven facturas que superan los 100 mil pesos”.
“Los incrementos están en todos los servicios, no solo en Servicoop. Poco se escucha sobre las telefonías, las empresas de cable e internet. Son situaciones que se están dando e indudablemente una prestadora de servicio no puede quedar retrasada”, declaró.
Por último, reiteró que “algunos vivos aprovechan esto para sacar rédito político. A ellos no los vi haciendo ninguna manifestación en contra de Camuzzi o Movistar”.
Dos semanas atrás, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón informó que quería volver al país –después de tres años y medio prófugo. En estos días, el operador judicial cosechó buenas noticias. La última: la decisión de la Cámara Federal porteña de confirmar su sobreseimiento en la causa de la llamada “mesa judicial” macrista, que estuvo dedicada a apretar a jueces y fiscales. El otro gran beneficiado por el fallo fue el expresidente Mauricio Macri.
En noviembre pasado –días antes de que Javier Milei se impusiera en el balotaje–, la jueza María Eugenia Capuchetti desvinculó, entre gallos y medianoche, a todos los imputados de la mesa judicial. El fiscal Franco Picardi recurrió la decisión de la magistrada. Dijo que él había reclamado medidas como conocer con quién había hablado “Pepín” cuando, por ejemplo, se logró que la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó renunciara a su cargo.
El viernes último, la Sala I de la Cámara Federal desestimó los planteos de Picardi y convalidó la decisión de Capuchetti. La resolución salió con las firmas de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens. En su voto, Llorens habló de la mesa judicial del macrismo como una “ficción” de la política.
La investigación sobre la mesa judicial incluyó lo que pasó con Gils Carbó, la integrante de Casación Federal Ana Figueroa, la jueza de San Marín Martina Forns, la camarista civil Marcela Pérez Pardo, el camarista Eduardo Farah, el juez Alejo Ramos Padilla, el excamarista Eduardo Freiler y los magistrados laborales Enrique Arias Gibert, Graciela Marino, Luis Raffaghelli, Mirta González Burbridge, Diana Cañal, Dora Eva Temis y Néstor Rodríguez Brunengo.
Los imputados en la causa eran Macri, “Pepín”, el exministro de Justicia Germán Garavano, el exsecretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, Graciela Ocaña y el exministro de Trabajo Jorge Triaca, entre otros. Para la fiscalía, los aprietes consistieron en visitar a los jueces que tenían casos que le interesaban a la administración de Cambiemos, en desplegar estrategias comunicacionales para hostigar a magistrados díscolos y en la radicación de denuncias ante el Consejo de la Magistratura.
Bertuzzi y Bruglia sostuvieron que no había conductas con relevancia penal, que todos los funcionarios públicos están expuestos a la crítica y que las denuncias por mal desempeño son herramientas constitucionales. Agregaron, además, que ninguno de los magistrados hizo una denuncia, que no se vieron afectadas sus decisiones jurisdiccionales y que ninguno fue sancionado o destituido. En realidad, Freiler sí.
Llorens adhirió al voto de sus colegas pero arremetió contra el fiscal Picardi. Escribió que la hipótesis de la fiscalía era un “ejercicio de fantasía destinado a satisfacer una acción política de reacción frente a la acción, incompatible con un proceso penal” y que “en las arenas de los tribunales se libran combates que les son ajenos por completo”.
Los tres jueces que firmaron el fallo se integraron a la Cámara Federal durante el gobierno de Macri. Son los mismos magistrados que desvincularon al expresidente en la causa por el espionaje a los familiares del ARA San Juan, el submarino que se hundió en noviembre de 2017. Como había evidencia que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) había reunido información sobre los parientes, la Cámara Federal sostuvo que los espías estaban preservando la seguridad del Presidente y la seguridad interior.
Fuente:Pag12
Los intendentes radicales de la Provincia de Buenos Aires tendrán su tercer encuentro del año este miércoles. El Foro que los agrupa volverá a reunirse, esta vez en General Belgrano. Como se anunció al conformarse esta nueva presidencia colegiada, habrá un momento de debate sobre problemas de gestión, pero también habrá discusión política. La situación del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA), el pedido de reunión a Maximiliano Abad, la votación de la Ley Bases y un pedido que empieza a unificar criterios en las intendencias: que haya un solo bloque de diputados radicales en la Legislatura.
“Bloque radical hay uno sólo y eso quedó claro en la reunión que tuvimos con los intendentes: hay un sólo Foro y un sólo bloque”, marcan la cancha desde la vereda abadista de la Cámara de Diputados. “Si los que perdieron y se fueron deciden regresar son bienvenidos, porque 10 a 6 es una mayoría muy clara”, agregan ante la consulta de Buenos Aires/12 sobre una posible unidad.
La referencia númerica es por los diez legisladores con lo que cuenta la bancada abadista y los seis que tiene el manesismo en la Cámara Baja bonaerense.
Por el lado de la bancada que preside Claudio Frangul y responde al diputado nacional Facundo Manes, cuentan que siempre se buscó la unificación, pero que al momento de elegir las autoridades del bloque en diciembre de 2023 “no jugaron bien” y que ahí comenzó el quiebre. Luego, cuando llegó el turno de negociar la Ley Impositiva y el endeudamiento, excluyeron al bloque minoritario de las reuniones con el ministro de Economía, Pablo López, en otro mensaje que enfrió el vínculo.
Incluso, averiguó este medio, hace sólo unos días hubo un intento de parte de gente cercana a Abad, titular del Comité Provincia, de organizar un asado con todos los legisladores e intendentes radicales bonaerenses. Se cayó a pocas horas de consumarse y se pospuso, aparentemente, para junio. A último momento, dos legisladores de peso y absoluta cercanía con Abad «salieron del grupo de WhatsApp del encuentro».
De todas maneras, y a pesar de que perdió la conducción hegemónica del Foro, en las tropas de Abad afirman que el titular del partido en la Provincia mantiene un diálogo permanente con “todos” los intendentes.
Así las cosas, la unidad no se ve con claridad en el horizonte. Se charlará en la mesa porque, como bien ratifica un intendente consultado por este medio, el pedido de los jefes comunales al respecto es “unánime”.
La sede elegida para el encuentro del Foro es el Parque Termal de General Belgrano. Osvaldo Di Nápoli oficiará de anfitrión para que los 27 intendentes se congreguen a partir de las 11 de la mañana y conversen, entre otros temas, sobre el abanico de reuniones que mantuvieron desde la última reunión a fines de marzo en Adolfo Gonzáles Cháves.
De aquellos días a este miércoles, el presidente del Foro, Maximiliano Suescún, comandó un nutrido y diverso grupo de jefes comunales que se encontraron con Axel Kicillof, con Martín Lousteau y con ambas bancadas boinablancas de la Legislatura. No siempre fue el mismo grupo, pero el intendente de Rauch participó de todas.
Aún resta por materializar el mano a mano con Abad. Hasta el momento, el presidente de la UCR bonaerense y senador nacional, cuentan, mantuvo distintas reuniones con uno o dos jefes comunales a lo largo de las últimas semanas. “Es un formato que no va más”, condenaron desde el Foro. Si todo camina sobre ruedas, cuando termine el encuentro en General Belgrano habrá un pedido formal.
No pasará por alto la incertidumbre que genera la posible sanción de la Ley Bases en el Senado. Allí, Abad y Lousteau comparten bancada. Meses atrás, el presidente del partido a nivel nacional rechazó el tratamiento del DNU 70/2023. Abad se abstuvo. “Lo hizo para preservar la relación con Lousteau”, fue la excusa desde el abadismo por aquellos días.
Pero hoy el escenario es distinto. Con un Gobierno nacional que no pudo concretar su mentado Pacto de Mayo producto de la no sanción de la ex ley ómnibus, la expectativa de varios dirigentes provinciales del radicalismo es que se unifique la postura detrás de Lousteau. Esa visión predica que puede haber acompañamiento al proyecto oficialista si sólo se incorporan al texto de la ley el resguardo de las PyMEs, una mejoría en las jubilaciones y un fortalecimiento del presupuesto educativo. Difícil que los libertarios acepten.
Volviendo al punto de las reuniones, los intendentes lograron sentarse tanto con el bloque de Frangul como con el bloque que preside Diego Garciarena que responde a Abad. En ambos encuentros primaron los planteos sobre los problemas presupuestarios que padecen los municipios a la hora de mantener el servicio de salud y el inconcluso conflicto con el IOMA.
En este marco sanitario, habrá que ver si hay tiempo para charlar en este encuentro sobre las iniciativas legislativas de Kicillof que empezaron a ser discutidas en la Legislatura. Se trata de la creación de dos sociedades anónimas con mayoría accionaria estatal: una empresa de emergencias que centralice la información para mejorar la atención y traslados, y un laboratorio provincial para la fabricación de medicamentos.
Por las oficinas radicales de la Cámara de Diputados va ganando espacio la de acompañar. Pero siempre hay “peros”. Principalmente, en lo que respecta al IOMA. “No se puede crear algo nuevo cuando no se soluciona lo que hoy no funciona”, advierten, aunque desde el oficialismo señalan que el avance de los proyectos sanitarios favorecerían directamente al funcionamiento de la obra social provincial.
Los propios intendentes se volvieron un actor de peso en esta ecuación. “Es muy difícil ir a una reunión con el gobernador y no reconozca que el IOMA funciona mal”, apunta uno de los jefes comunales que asistió al encuentro con Kicillof.
A pesar de estas distancias, varios jefes comunales radicales participaron del Consejo de Salud Provincial liderado por el ministro Nicolás Kreplak. Desde allí, emitieron un documento afirmando su compromiso con la salud pública y confluyeron con el gobierno provincial en la idea de conformar una mesa de diálogo para solucionar los conflictos en la materia.
La lectura entre muchos intendentes radicales es que el próximo presidente del Comité Provincia debe ser uno de ellos. Incluso van por más: “Un intendente radical debe ser el próximo candidato a gobernador de la UCR en 2027”.
Estas afirmaciones, ya contadas por Buenos Aires/12, van de la mano de una postura que comenzó con el primer encuentro del Foro el 15 de febrero en Tandil y es la búsqueda de autonomía para decidir. Decidir para dentro y tener fuerza para decidir hacia afuera.
Con este panorama se llegó a la reunión con Lousteau en el Senado. El espacio liderado por el senador nacional ya cuenta con una intendenta propia. Se trata de Lucía Gómez que integra Evolución y gobierna Gonzáles Cháves. En aquel encuentro con Lousteau, los planteos de poder constituir y solidificar una identidad propia para el partido fueron puestos sobre la mesa.
El propio Manes ya lo proponía durante el 2023, pero la postura de Abad y el cierre con Patricia Bullrich primó dentro de la UCR. El planteo todavía está vigente ya que el neurocirujano es uno de los dirigentes radicales que desde el minuto cero se paró frente Milei, más allá de que en la última votación de la Ley Bases optó por la abstención y no por el rechazo como sí lo hizo en la primera edición de la ley ómnibus.
El abadismo habla de ser una “oposición reformista”. El manesismo y, aparentemente, el equipo de Lousteau, comulgan con una visión cada vez más antagónica respecto a La Libertad Avanza. De allí se desprende que, en Provincia, los legisladores de Frangul no quieran vincularse con el PRO al que ven cada vez más violeta.
De allí también se desprende que los dos diputados que responden a Evolución, tanto Belén Malaisi como Pablo Domenichini, empiecen a quedar bajo la lupa mientras sigan dentro del bloque de Abad.
A pesar del conglomerado de facciones radicales que transitan la Provincia, todos coinciden en apostar a la unidad. Con todas sus discusiones internas, el Foro resultó un ejemplo. En febrero, se quebró el orden de una presidencia que respondía al Comité Provincia. Desde entonces, Suescún está a la cabeza, secundando por Esteban Reino de Balcarce, que responde a Abad, y Martín Randazzo de General La Madrid, que todavía logra mantener su grado de independencia. Es esa estructura de conducción tambiéon se incorporaron otras dos correligionarias: la mencionada Gómez de Gonzáles Cháves y Sofía Gambier de Pellegrini.
Todos y todas se verán las caras este miércoles cuando el radicalismo con responsabilidades de gobierno en la provincia vuelvan a replantearse su rol en el futuro inmediato del partido centanario.
Fuente: Diario Madryn
Desde Córdoba
Sin sorpresas, Córdoba se prepara para el Acto de Mayo del sábado. Aunque era algo que se veía venir a partir de los sucesos del Congreso, donde la Ley Bases navega en el mar de la incertidumbre, el faltazo general y el nuevo error no forzado del gobierno nacional no tomó desprevenida a la plana mayor del gobierno cordobés.
Mientras se aguardaba la confirmación oficial, desde la Municipalidad se adelantaron y comenzaron con los movimientos informales de cara al acondicionamiento del Cabildo Histórico de la ciudad donde se desarrollará la actividad convocada por Javier Milei.
“Vinieron de protocolo y recorrieron el lugar. No sabemos más nada”, fue la escueta respuesta vertida ante la consulta de Página 12. Nada nuevo bajo el sol, que viene asomando muy lento de cara al sábado. De hecho, tampoco está del todo confirmado que el discurso de Milei sea en el propio Cabildo, porque tampoco se descarta un escenario en la explanada. ¿Horario? Por ahora a las 15.
El acto ya tiene dos obvias presencias confirmadas y una ausencia de peso. Se trata de los dueños de casa, el gobernador Martín Llaryora y el intendente de la capital, Daniel Passerini. En ambos casos, quedó comprometida la participación del acto en carácter institucional.
El faltazo lo protagonizará Mauricio Macri, quien era uno de los invitados como expresidente. Sin embargo, al promediar el día, se conoció que el flamante jefe del PRO no estará en Córdoba, una provincia que lo considera uno más.
Ni el banquito le dejan a Milei.
Como ya se anticipó en este diario, el mandatario provincial avisó que el grueso de la celebración por el primer gobierno patrio será por la mañana en la estratégica ciudad de Río Cuarto, que se encuentra en plena campaña electoral para las elecciones para Intendencia, a realizarse el mes próximo.
En tanto, Passerini llegará con lo justo al convite proveniente de una gira que lo llevará el jueves a reunirse con el papa Francisco. El mandatario municipal viajó el lunes a Roma para participar del Encuentro Mundial del Sentido que organiza Scholas Occurrentes. “El retorno está previsto para el viernes al mediodía y por la medianoche estará en el cambio de guardia. Va a estar el sábado”, afirmaron desde el Palacio 6 de Julio. Y poco más. Sólo contactos entre los equipos protocolares respecto de la logística del acto, por lo que queda claro que ambos mandatarios serán convidados de piedra en “condición de local”.
En términos políticos, el amperímetro no se modifica. Desde el Panal se escudan de la marcada institucionalidad que tendrá la actividad. A punto tal que el gobernador Llaryora confirmó que acompañará al presidente a las actividades previstas. Habrá fotos, pero con ese marco de contexto. Quedará por saber cuál será el rédito político que tendrá en una de las provincias que más apoyó a Milei y que, sin embargo, tiene a un gobernador que busca re-pavimentar la avenida del centro político.
No obstante, lo que sí avanza es la organización de la serie de actividades por parte de las distintas organizaciones gremiales y sociales que se movilizarán el mismo sábado. En ese marco, se espera una confluencia de manifestantes de la CGT y las dos vertientes de la CTA. Mientras tanto, mañana estará en la ciudad el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán, quien podría quedarse hasta el sábado.
Por su parte, el Frente Sindical de Universidades Nacionales ratificó la convocatoria para el paro del próximo jueves. Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ratificó la intención de manifestarse en tierras cordobesas con protestas en las rutas. “El Presidente tiene que saber que los estatales lo vamos a estar esperando”, apuntó.
La frutilla del postre era la visita de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de AFA, al Cabildo Abierto en contra de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Sin embargo, el encuentro fue pospuesto para el próximo 29 de mayo.
Por la ubicación del Cabildo Histórico, se prevé que el centro de Córdoba estará, por la puesta en marcha del dispositivo de seguridad, prácticamente blindado para las manifestaciones.
La sede elegida por la Presidencia tiene mucha historia por detrás. Erigido en 1610, fue sede del gobierno colonial, de la policía y en la actualidad es sede de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad.
Sin embargo, la marca más fuerte está a su lado. En el pasaje Santa Catalina funcionó el siniestro Departamento de Informaciones de la Policía (D2) durante la última dictadura cívico-militar. Hoy el sitio es sede de Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos.
Al frente del Cabildo, que funciona como museo y no recibe actos políticos, se encuentra la emblemática plaza San Martín, mientras que a su lado está la Catedral de Córdoba, primera sede (fallida) del Tedeum de Mayo.
Vale aclarar que esta información está sujeta a cambios o con fecha de vencimiento. Con Milei nunca se sabe.
Fuente: pag12
Ni el anuncio del vocero presidencial sobre el arribo a un acuerdo con los rectores de las universidades nacionales, logró evitar que la oposición saliera a marcarle la cancha al gobierno por el presupuesto universitario.
En una sesión tensa, marcada por las acusaciones de traición entre el radicalismo y el PRO, la oposición logró emplazar las comisiones de Presupuesto y Educación para dictaminar un proyecto de financiamiento universitario. Fue gracias a un acuerdo entre la UCR, Unión por la Patria, la Coalición Cívica y Hacemos Coalición Federal (HCF) que se logró llevar a la Cámara de Diputados no solo la demanda por las partidas para las universidades, sino la prórroga del Fonid: un tema que el gobierno ha buscado sepultar desde hace meses. Minutos después, Javier Milei advertía que iba a vetar todos los proyectos del Congreso que «rompan el equilibrio fiscal», lo hizo en el cierre del Congreso Anual del IAEF (ve aparte).
El oficialismo, que buscó desactivar la sesión hasta último momento, sí logro evitar que le aprobaran sobre tablas un proyecto que proponía ajustar mensualmente por IPC las partidas destinadas a las universidades. No estaban los dos tercios para aprobarlo, pero el jueves la oposición buscará dictaminar la iniciativa y llevarla al recinto en junio. En el peronismo sacaban pecho: la oposición había logrado sumar unas 152 voluntades para emplazar las comisiones y podría volver a sumar el mismo número para otras iniciativas en el futuro. En La Libertad Avanza y el PRO, mientras tanto, rumiaban bronca y apuntaban los cañones contra Rodrigo de Loredo, impulsor de la sesión. «Rodrigo está muerto», deslizó, furioso, un importante dirigente del PRO.
El radicalismo amaneció inquieto. La tarde anterior, Martín Menem había convocado a un plenario de comisiones de Presupuesto y Educación para tratar los proyectos de financiamiento universitario: el objetivo era desactivar la sesión convocada por la UCR que tenía como objetivo forzar esa convocatoria (ya que no contaban con los dos tercios para aprobar los proyectos sobre tablas). Apenas se supo de la citación del plenario, sin embargo, UxP jugó rápido y anunció en sus redes que daría quórum para la sesión. La UCR había quedado expuesta: no podía no dar quórum –de nuevo– a una sesión por temas educativos que, encima, había convocado. Pero fue el anuncio de Manuel Adorni que habría un incremento del 270 por ciento en los gastos de financiamiento de las 60 universidades nacionales lo que terminó desatando la crisis interna radical.
Rodrigo de Loredo no quería dar de baja la sesión. El argumento era que no confiaba en que el gobierno nacional fuese a concretar ese aumento presupuestario. «La resolución del aumento de fondos no está y no sabemos si se va a materializar», explicaban en su entorno. Los diputados de Evolución, sin embargo, le recriminaban que avanzar con la sesión echaría por tierra el acuerdo que los rectores habían alcanzado con el gobierno. Y, por lo bajo, agregaban: «Está buscando exponer a Yacobitti por lo de los fondos de la UBA». Era una pelea interna entre De Loredo/Alfredo Cornejo y Emiliano Yacobitti/Martín Lousteau.
Pese a las objeciones internas, De Loredo logró convencer a casi todo el bloque de bajar a la sesión. Allí los esperaban los diputados de UxP y la izquierda. HCF, mientras tanto, manifestaba su irritación: De Loredo nunca se había molestado en convocarlos para conseguir el quórum y se quejaban de «tener que seguirle el juego a la interna radical». Todos, menos Miguel Angel Pichetto (que estaba furioso con De Loredo), terminaron dando quórum, sin embargo: ninguno quería quedar expuesto. Agustín Domingo (Juntos Somos Río Negro) y Osvaldo Llancafilo (Movimiento Popular Neuquino) también participarían de la sesión, junto a la Coalición Cívica. En cambio, Innovación Federal (IF), La Libertad Avanza y el PRO no bajaron al recinto hasta que, con un quórum de 138 presentes, la sesión comenzó.
Fue una sesión extensa, atravesada por discusiones reglamentarias y cuestiones de privilegio que los diputados se iban tirando mutuamente por la cabeza. Los libertarios – que no suelen tener mucho protagonismo en el recinto – defendieron las declaraciones que Javier Milei había esbozado en España contra Pedro Sánchez y su esposa. Cecilia Moreau (UxP), mientras tanto, pidió un apartamiento de reglamento para repudiar los dichos del secretario de Culto, Francisco Sánchez, quien se había manifestado en contra del divorcio, el matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo. No llegó, sin embargo, a los tres cuartos del recinto necesarios: hubo 140 votos afirmativos y 71 negativos. El PRO – todos excepto Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal -, LLA, Oscar Agost Carreño (HCF), Nicolás Massot (HCF) y el radical Francisco Monti salieron en defensa de Sánchez.
Hubo, además, un pedido de apartamiento de reglamento de Lospennato contra el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, procesado por abuso sexual. Aunque tampoco llegó a los tres cuartos para su aprobación.
Mientras todo esto sucedía, los alfiles de la UCR, UxP, HCF y la izquierda iban moviéndose de una banca a la otra. Germán Martínez conversaba con De Loredo, Blanca Osuna y Paula Penacca (UxP) discutían con Nicolás Massot y el cordobés Ignacio García Aresca. Se sumarían a la cumbre, después, la salteña Pamela Calletti y el misionero Carlos Fernández (IF). El objetivo era definir la forma final que tendrían las mociones para emplazar las comisiones de Presupuesto y Educación para tratar el financiamiento universitario, por un lado, y el FONID, por otro. No era sencillo: UxP quería que votaran las dos al mismo tiempo, de modo de garantizarse que se aprobaría también el tratamiento del FONID, mientras que el PRO buscaba negociar con la UCR para separar los temas y dejar solo al peronismo con el FONID.
Finalmente se definió incluir los dos emplazamientos en una sola moción (es decir, predominó el acuerdo UCR-UxP): el jueves a las 14 se reuniría el plenario de comisiones para emitir dictamen del proyecto que busca actualizar mensualmente por inflación las partidas destinadas a las universidades; el jueves en el mismo horario se debatiría la prórroga del FONID y el martes 28 se dictaminaría. Esta moción fue aprobada por 152 votos a favor y 82 en contra. Minutos antes, sin embargo, se había rechazado el intento opositor de tratar los proyectos sobre tablas debido a la oposición de HCF.
En el PRO echaban chispas. Alejandro Finocchiaro, titular de la comisión de Educación, acusó públicamente a De Loredo de haber faltado a su palabra: «Quién sabe qué culpas tiene que lavar De Loredo para habernos metido en esto», le asestó. A lo que el radical le respondió que había sido un ministro de Educación «de bajo nivel». El vínculo UCR-PRO estaba detonado.
Fuente: Pag12
Sea cual fuere la lectura política del conflicto entre el Presidente Javier Milei y su par de España, Pedro Sánchez -que no parece desescalar-, el escándalo va en paralelo a un tema que es central para Argentina y que el mandatario argentino parece no estar comprendiendo de la manera en la que lo ven los sectores empresarios españoles. Si Sánchez precisa contrastar con Vox y los libertarios vía Milei, Milei precisa dólares como agua en el desierto, y el choque no hace más que poner a las empresas españolas –que tiene en Argentina inversiones por casi 21.500 millones de dólares el año pasado, un 15 por ciento del total global- en un nivel inédito de cautela y preocupadas por la estabilidad política que afecta a sus negocios.
Página I12 recorrió el espinel de varias de esas empresas, con contactos a nivel local y extranjero, y sobre todo con armadores que trabajan gestando encuentros con diferentes gobiernos. La información que surge de esas charlas es que, de cara a una nueva visita de Milei a España el 21 de junio -para recibir un premio de otro think tank libertario, el Instituo Juan de Mariana-, las empresas no quieren “caer en la misma situación de tensión”, porque entienden que “esas visitas no son de Estado”. Pero, sobre todo, la escalada con España genera preocupación por lo que entienden como “un clima de mucha confrontación”, lo que “afecta a los negocios”. A decir verdad, no es nada diferente a lo que dice el Fondo Monetario (FMI) cuando viene al país: ambos advierten que la recesión no puede tener un plus de conflicto todo el tiempo, porque es la base de lo que el establishment llama “falta de seguridad jurídica”.
Fuentes radicadas en España contaron a este diario que ya en la visita que pasó, las empresas habían tomado algunas previsiones. Es que el tema ya venía raro. La reunión con empresas no se gestionó entre Estados, que es lo habitual, sino que las armó “un operador de Milei que viajó en la comitiva oficial”. El embajador Roberto Bosch, que puso su residencia en Madrid, casi no puso los dedos en los llamados para ese mitin. Esa es una de las razones por las cuales a ese encuentro asistieron muchas segundas líneas y directivos de Latinoamérica: los dos gigantes que primero evitaron la reunión fueron Ana Botín, la histórica titular del Banco Santander; Florentino Pérez, el dueño del Real Madrid y accionista mayoritario de Abertis, la empresa que opera las autopistas de AUSOL en Argentina en sociedad con la familia Benetton; y el jefe de Telefónica, José María Álvarez Pallette. Naturgy, la energética que en el país distribuye gas en la zona oeste y norte del Conurbano, llevó a Pedro Larrea Paguaga, el Director General de Redes.
El supermercado Día mandó al ceo argentino, lo mismo que ocurrió con el BBVA, que llevó a Jorge Azcánaga, el jefe de LATAM. Lo que más llamó la atención en los expertos en estas gestiones internacionales fue el faltazo de Botín, que se reunión con todos los presidentes, desde Cristina Fernández y Mauricio Macri hasta Alberto Fernández.
Lo movida de cautela de los que no fueron al convite quedó expuesta un rato después, cuando tras el cruce con Sánchez, las empresas españolas hicieron un comunicado criticando las maneras y el fondo de Milei. Eso sí lo firmaron los “dueños”, entre ellos. Un empresario que tiene contactos históricos con empresas españolas explicó a este diario que, «muchas veces, para los argentinos es dificil interpretar que en las potencias mundiales suele haber un alineamiento estratégico entre el interés de los Estados y el del sector privado». Ese mismo ceo detalló que «es lo mismo que pasa con Estados Unidos, donde puede haber alguna mínima diferencia, pero que no hace al fondo de la cuestión. Nunca vas a ver una empresa española o estadounidense manifestarse contra su país, y menos en un conflicto como el que dispara Milei».
De hecho, según supo este diario, el comunicado de las empresas en rechazo a Milei fue consensuado por el gobierno español y las empresas. Además, los ceos ibéricos ya conocían la estrategia de Sánchez de sacar a su embajadora en el país. Este último caso es curioso: la embajadora María Jesús Alonso Jiménez se fue del país «sin equipaje». Salió «lo más rápido que se podía», lo que muestra es que la situación de tensión entre Milei y España es algo más que un choque simple. El diagnóstico del Gobierno, en este escenario, sigue siendo erróneo: una persona de su entorno contó que «una cosa son los ataques personales y otra países». Y citó una anécdota increíble: relató que «esto es como cuando (Francisco, el dictador) Franco era atacado por el Presidente de México, en los años 70. Y un periodista le preguntó por el tema. Franco le contestó que ´mientras me agreda a mi y no a España, no hay problema». El Gobierno de Milei suele trastocar la historia. En 1975, Luis Echeverría, el presidente de México, fue la cabeza de una dialéctica muy fuerte contra Francisco Franco, que tenía como objetivo ser parte de un plan para ayudar a terminar con la dictadura en España. En ese momento, intervino incluso la ONU, porque Franco estaba en un proceso de ejecuciones y fusilamientos de magnitudes. No es lo mismo.
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Martes 28 de mayo. Es la fecha elegida finalmente por el Gobierno de Pedro Sánchez para que España reconozca el Estado de Palestina. Lo ha anunciado el propio presidente en el Congreso durante su comparecencia de este miércoles. La iniciativa está coordinada con otros países europeos como Irlanda y Noruega.
Será el Consejo de Ministros quien apruebe la declaración sobre Palestina. Sánchez culminará la semana que viene un proceso que ha sido progresivo desde el pasado mes de octubre. España siempre ha defendido la solución de los «dos Estados» para poner fin al conflicto entre Israel y Palestina. Pero había postergado dar los pasos necesarios para reconocer el Estado palestino.
La potestad en España para reconocer un Estado la tiene, aparte del Consejo de Ministros, el propio presidente de manera individual. También el Jefe de Estado, Felipe VI, y el ministro de Asuntos Exteriores. La última vez que se realizó el reconocimiento de un Estado por parte de España fue con Sudán del Sur en el año 2011.
Realmente, el Congreso ya aprobó en el año 2014 instar al Gobierno, entonces liderado por Mariano Rajoy, a «promover de manera coordinada en el seno de la Unión Europea dicho reconocimiento del Estado palestino como Estado soberano». Lo hizo además casi por unanimidad. La moción fue impulsada por el PSOE. A esa votación ha hecho este miércoles referencia el propio Sánchez.
Los socialistas llevan poniendo este asunto encima de la mesa desde la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la terrible escalada de violencia ejercida por el Gobierno de Benjamin Netanyahu contra el pueblo palestino, tras los ataques de Hamás, han propiciado el paso dado por Sánchez.
Hasta llegar al 28 de mayo, el líder del Ejecutivo ha dado muchos pasos. En un primer momento, allá por el mes de octubre, desde el Gobierno alegaban que lo ideal era que ese reconocimiento se produjera de forma consensuada dentro de la UE. Poco a poco fue deslizando que si eso no era posible, España tomaría su decisión de manera independiente. Mientras tanto, sus socios de Sumar apremiaban a que diera el paso sin más demoras.
Las palabras de Sánchez sobre el Estado de Palestina soliviantaron a Netanyahu. Israel llegó a llamar a consultas a su embajadora en España tras el viaje del líder socialista a su país y a Palestina, donde acudió al paso de Rafah para ver in situ la crisis de personas refugiadas creada tras los ataques israelíes. El mandatario israelí ha tomado la misma decisión este miércoles tras conocer el anuncio de Sánchez.
Desde aquella visita, que fue la primera gira internacional de Sánchez tras ser investido presidente de nuevo, los contactos con otros países han sido incesantes. Tanto de manera telefónica como presencial. El presidente del Gobierno ha viajado a países árabes, claves en Oriente Medio, como Jordania, Arabia Saudí y Catar. En el territorio europeo, ha viajado a Noruega, Irlanda, Bélgica o Eslovenia con el fin principal de coordinar las iniciativas sobre Palestina.
España también ha jugado un papel destacado en la ONU. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, defendió en el Consejo de Seguridad la inclusión de Palestina como miembro de pleno derecho. Una medida que fue vetada por EEUU. Posteriormente defendió también la misma posición en el marco de la Asamblea General de la ONU, donde la votación respaldó de manera abrumadora a Palestina.
«Quiero comunicarles que, tras haber consensuado la decisión entre los dos partidos que formamos la coalición del Gobierno progresista y haciéndonos eco del sentir mayoritario del pueblo español, el próximo martes 28 de mayo España aprobará en su Consejo de Ministros el reconocimiento del Estado de Palestina». De esta manera ha anunciado Sánchez en el Congreso su decisión.
«No podemos permitirlo. Los países que defendemos los derechos humanos y el orden internacional basado en reglas estamos obligados a actuar sin dobles raseros en Ucrania y Palestina. Obligados a hacer cuanto esté en nuestra mano. No vamos a permitir que se destruya por la fuerza la solución de dos Estados», ha destacado Sánchez.
El líder del Ejecutivo ha señalado que «por muchos pueblos que se bombardeen, Palestina seguirá existiendo en nuestros corazones y en la legalidad internacional». «Ha llegado la hora de pasar de las palabras a la acción«, ha dicho. «De decirles a los millones de palestinos que sufren que estamos con ellos y que hay esperanza».
En el Gobierno confían en que la declaración, que será formal la próxima semana, genere «conciencia internacional». Oriente Medio ha sido un tema de enfrentamiento también entre el PSOE y el PP de Alberto Núñez Feijóo. Los socialistas han presionado a los populares para que se posicionen de manera clara. Especialmente frente a posturas como la del expresidente José María Aznar o la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
«Palestina es un Estado, por mucho que lo niegue Aznar. Por justicia, por coherencia y por la paz, España reconocerá la existencia del Estado de Palestina el próximo 28 de mayo», ha insistido Sánchez en la Cámara Baja.
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Con un fuerte mensaje a la gestión nacional, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, inauguró este lunes un espacio permanente de intercambio de información que se celebrará cada lunes en el Salón Dorado bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el de Salud, Nicolás Kreplak; y el de Economía, Pablo López, fueron los encargados de abrir el juego en una conferencia en la que repasaron las medidas más actuales según sus competencias.
«Ante un Estado nacional que deserta, este Gobierno provincial redobla sus esfuerzos para seguir garantizando la educación, la salud, la obra pública y los derechos de las y los bonaerenses», resumió Axel Kicillof en hilo en el que celebró la iniciativa a través de su cuenta oficial de X.
Antes de desandar el detalle de las acciones ministerio por ministerio, y a partir de su reflexión sobre el plenario de la militancia celebrado el sábado en Florencio Varela, que contó con la presencia de más de 35 mil personas, el ministro Bianco subrayó que «las políticas del Gobierno nacional no han sido elegidas por la población bonaerense, ni en las PASO, ni en las elecciones generales, ni en el ballotage». «Nuestra fuerza política ganó en las tres, y la plataforma que presentó nuestro gobernador Axel Kicillof está en las antípodas de lo que sucede a nivel nacional», señaló y pidió «el apoyo de los bonaerenses para seguir trabajando, para reforzar los derechos, asegurarlos, e incrementar la salud pública, la educación, y darle prioridad a la producción y la generación de empleo».
«Las políticas del Gobierno nacional no tienen nada que ver con eso», aseguró Bianco que proponiendo una mirada «hacia adelante» detalló que en el plenario del fin de semana, militantes y dirigentes debatieron de manera co9njunta posición unificada que la Provincia debe asumir en su reclamo. «Kicillof tomó el pedido de las bases, y el clamor generalizado del sábado indica que este Gobierno nacional tiene que entender qué está pasando y cuál es la situación en materia de actividad y producción«, dijo el ministro.
En referencia a la participación del gobernador y parte del gabinete, Bianco consideró que «el clamor principal y la orientación del discurso del gobernador Kicillof es para que, quienes integran el Gobierno nacional, entiendan que debe cambiar su plan económico, sus prioridades y que entienda que es un Gobierno que no funciona aislado de la sociedad, de los territorios, las provincias y los municipios, sino que tiene responsabilidades constitucionales sobre esos territorios y la población argentina.»
El minitro de Gobierno dijo que la administración provincial releva a diario un mapa social en el que «muchas empresas y fábricas a lo largo y a lo ancho de la Provincia que están llevando adelante despidos y suspensiones, a la vez que aumenta la pobreza y la indigencia». «Esta situación social, económica y productiva de total emergencia es producto de las medidas de este Gobierno nacional, que no puede culpar al gobierno anterior por los indicadores sociales y económicos», consideró Bianco que aseguró que «con este nivel de recesión la inflación debería ser muchísimo menor». «Lo que estamos viviendo no se ha visto en ningún lugar del mundo», se lamentó.
En los temas referidos al ministerio de Gobierno, Bianco repasó la firma de los convenios para la segunda cuota del Fondo de Fortalecimiento Municipal. Primero focalizó en el reordenamiento urbano y territorial, «que son de vital importancia tanto para los municipios como para la Provincia para darle otra tónica y otra forma de trabajo a un tema que, en la medida que se expanden los barrios del conurbano, necesitan mayor planificación y coordinación», explicó el ministro.
Recordó que desde 1977 está vigente el decreto ley 8.912, que es el que establece la normativa general en materia de ordenamiento urbano y territorial bonaerense. El funcionario destacó que es un decreto de la dictadura militar, que apareció en su momento en el plexo de un marco normativo que tenía como eje central la erradicación de las villas en la capital federal y la población de los erradicados en territorio provincial. Bianco explicó que merece revisión «por ilegitimidad de origen pero también porque es un marco normativo que quedó sin respuesta a muchos de los fenómenos urbanos actuales».
Dicha revisión se hará junto a los municipios y la sociedad, por lo que el plexo será analizado por la sociedad civil, los municipios, las organizaciones del pueblo y las universidades. El ministro lo encuadro como «importantísimo», ya que hoy en día, quienes tienen la competencia del ordenamiento urbano son los municipios, pero este debe ser validado por la Provincia, sobre lineamientos generales «que han quedado fuera de moda», según Bianco.
Y agregó: «Debemos hacerlo para que los nuevos espacios de urbanización no sean definidos por la lógica del mercado. En el espacio periurbano bonaerense las urbanizaciones tienen que ver con lugares cerrados que están seguidos de barrios populares, que son creados sin la planificación necesaria».
Vinculado a eso y a las capacidades de los municipios a la hora de llevar adelante sus planteamientos urbanos, desde el Gobierno bonaerense firmaron un convenio con el Consejo Federal de Inversiones que se pondrá a disposición de los distritos, para que estos puedan llevar adelante sus códigos de ordenamiento urbano. Además, el ministro indicó que el Estado provincial dispondrá, desde el Instituto Provincial de Administración Pública, una serie de cursos específicos para los trabajadores municipales que se encargan de esas tareas.
En su exposición, Bianco recordó que desde la subsecretaría de Gobierno Digital trabajarán un programa piloto con cinco municipios para instalar el sistema operativo de gestión documental electrónica, con el fin de erradicar el trabajo con expedientes de papel en la provincia de Buenos Aires. El ministro explicó que muchos municipios ya tienen su propio sistema de gestión documental electrónica, pero que estos no son interoperables con el de la Provincia, y que no es suficientemente seguros.
Antes de cederle la palabra a López, Bianco se refirió al relanzamiento del Programa Puentes, y advirtió que junto al ministro de Economía coordinaron para «fondear» la política de educación terciaria y terminar este año los 18 centros universitarios que están en construcción, además de lanzar 27 nuevas carreras universitarias. «Es una política de Estado para nosotros», remarcó Bianco.
El Puentes ya se desplegó por 56 municipios, dicta 101 carreras y cuenta con 4.500 alumnos. Bianco agregó: «Más que nunca nos parece totalmente necesario, en un contexto donde el Gobierno nacional está asfixiando presupuestariamente a todas las universidades. Desde la Provincia reforzamos la posibilidad de que nuestros jóvenes puedan estudiar en cualquier distrito, porque todos tienen derecho a cursar una carrera universitaria».
Al tomar la palabra, el ministro de Economía se refirió al acuerdo paritario que alcanzó el Gobierno provincial junto a los representantes de los trabajadores estatales bonaerenses, que llegó a un 7,5 por ciento para el salario de mayo. Según explicó el ministro, el incremento salarial que se percibe en principios de junio impacta en el aguinaldo. López agregó: «Los incrementos buscan evitar las sumas no remunerativas, lo cual es un dato no menor y súper importante, porque implica un esfuerzo de la Provincia pero impacta en los jubilados del IPS».
«Es importante recordar que estamos en el quinto mes del año y es el quinto aumento salarial que se otorga», subrayó López, que tildó al marco paritario como «una institución importante y un lugar para dialogar» sobre las cuestiones referentes al salario y a las condiciones de trabajo. «Está claro cuál es el compromiso de este Gobierno provincial con los trabajadores y ellos lo saben, al igual que los gremios, siempre trabajamos para solucionar los problemas», agregó.
Al hablar del contexto actual, el ministro de Economía aseguró que «en lo que va del año la Provincia perdió más de un billón de pesos en recursos», y enumeró:
«Estamos viviendo una situación muy preocupante en términos económicos. Eso genera un desafío para la Provincia, porque no sólo estamos tratando de defender el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que mantenemos el compromiso con la educación, la salud, la seguridad y la obra pública», afirmó López.
El ministro de Salud recordó que, en San Nicolás, la Provincia, IOMA y el municipio firmaron un acuerdo para «ponerle fin a una situación problemática respecto a la cobertura sanitaria de los trabajadores municipales», según describió Kreplak. De los 18.300 trabajadores municipales que tienen IOMA, los 1440 de San Nicolás se habían ido de la obra social por decisión del Consejo Deliberante, y había comenzado un litigio por parte de aquellas personas que ya estaban bajo tratamientos de alto costo.
El ministro de Salud aseguró que «se trabajó mucho para recuperar la confianza de la ciudadanía en la obra social», y explicó que el acuerdo es para que todos los trabajadores vuelvan a contar con la cobertura de la obra social, «lo cual fue muy festejado».
Contó Kreplak que además se reunió con proveedores de salud de la región norte de la Provincia, y mediante un convenio, acordaron un aumento en la capacidad de la oferta sanitaria, que permita «mejorar la cobertura de salud y la atención para la población». Y agregó: «En un ajuste económico muy grande, una obra social solidaria es la única posibilidad de que la población de bajos ingresos con enfermedades de altos costos puedan tener cobertura, viendo que el sector privado está en una situación de quebranto muy cercana».
Por otra parte, explicó que durante diciembre y enero se produjo un aumento «muy potente» de los medicamentos, debido a la decisión del Gobierno nacional, que dejó de controlar los precios. En las pantallas del Salón Dorado, mostraron un gráfico que ilustraba cómo la cobertura de medicamentos crónicos de IOMA, que debe oscilar al rededor del 60 por ciento para garantizar el tratamiento de enfermedades, en febrero disminuyó al 15 por ciento.
Sin embargo, Kreplak destacó que aumentaron el aporte de la obra social en la cobertura de medicamentos, y que para fines de mayo esperan recuperar una cobertura cercana al 60 por ciento, que es lo que permitirá garantizar la accesibilidad a la salud en la población.
Al referirse al acuerdo firmado en Chubut, donde Kicillof y el gobernador Ignacio Torres acordaron la cesión en comodato de 15 ambulancias, Kreplak recordó que este «tiene que ver con una idea que es la solidaridad entre las provincias». Destacó que las ambulancias «serán restituidas en cero kilómetros en un plazo no mayor a un año», y subrayó que además firmaron un convenio de formación de posgrado y especialización con la Universidad provincial de Chubut.
El titular de la cartera sanitaria bonaerense indicó también que, durante los primeros días de junio, junto con el incremento que anunció el ministro López, se pagará la primera cuota de la jerarquización de la calidad de los trabajadores sanitarios bonaerenses. «Se pagará el primer paso de un proceso de fortalecimiento de aquellos que tengan la residencia completa, es la mejor formación de posgrado y queremos estimularlo para que la mayor parte de los trabajadores hagan su residencia», indicó el ministro. Los trabajadores cobrarán un 10 por ciento más sobre su sueldo básico y tendrán cuatro cuotas más durante los próximos meses, que alcanzarán una suba del 40 por ciento.
A su vez, además de contar que iniciaron ocho diplomaturas de especialización para profesiones de distintos campos de la salud, Kreplak celebró el comienzo del proceso de pase a planta permanente de todos aquellos que terminan la residencia y que están dentro de las especialidades prioritarias, que son clínica médica, pediatría, medicina general, neonatología, terapia intensiva y psiquiatría.
Además, el ministro indicó que hay 50 especialidades que no están colegiadas y que se matriculan dentro del ministerio de Salud provincial, pero advirtió que «para incorporar más profesionales y darle oportunidades laborales a los jóvenes», el Gobierno bonaerense decidió que a partir de mayo no se cobrará la matriculación, por lo que el inicio laboral será gratuito.
Con el frío comienzan las enfermedades transmisibles, pero este año, por primera vez, Buenos Aires tiene a disposición una vacuna para cuidarse del virus sincicial respiratorio, que es el que genera la mayoría de las bronquiolitis, que es la enfermedad principal del invierno. Kreplak indicó que a nivel nacional la bronquiolitits produce 200 mil internaciones infantiles, y que es la primera causa de muerte infantil pos neonatal, por lo que «tener una vacuna es grandioso, ya que es un trabajo de muchísimos años y Argentina es uno de los primeros países que la incorpora».
La Provincia inició una campaña de vacunación destinada a las gestantes que se encuentran entre la semana 32 y 37 del embarazo. El objetivo es alcanzar 86.515 mujeres, o sea un 36, 5 por ciento, pero hasta el momento la cobertura alcanzada fue del 21 por ciento. Kreplak dijo que «es fundamental la promoción de la vacuna». Además, la cobertura general antigripal está baja en todos los aspectos. Otro de los gráficos expuestos demostró que, salvo en el personal de salud, que supera la meta propuesta por las autoridades, los mayores de 65 años, las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo, los niños de 6 meses a 2 años y las gestantes, se encuentran muy por debajo del objetivo provincial.
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El gobernador Axel Kicillof y el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, firmaron el convenio por el cual los trabajadores del municipio vuelven a aportar solidariamente a IOMA y a recibir su cobertura. Se cierra así un conflicto de un año, en el que las cosas no salieron como los Passaglia esperaban.
Kicillof fue a San Nicolás a poner en funcionamiento la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), un grupo de elite de la policía bonaerense inspirado en el grupo Halcón de la federal. Lo acompañó el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, que firmó un convenio con el Grupo Oroño para ampliar la cobertura de IOMA en la región.
Grupo Oroño es el prestador de salud más importante de Santa Fe y el norte bonaerense, que viene de protagonizar un conflicto de 20 días con el gigante OSDE. Tras verse obligada a devolver a los socios el dinero cobrado de más, la empresa que preside Martín Pochat, dueño de Car One y Burgwagon entre otras agencias de autos, intentó rebajar unilateralmente los honorarios de las clínicas. La respuesta fue un lock out de casi tres semanas, del que los santafesinos salieron victoriosos.
En la madrugada del 4 de marzo de 2023, la mayoría automática del oficialismo local votó la desadhesión del convenio que unía a los trabajadores con IOMA. Los concejales de UxP denunciaron en ese momento que la medida no había sido tratada en comisiones y que habían recibido el orden del día apenas minutos antes de la sesión.
Ya entonces, Buenos Aires/12 daba cuenta de los análisis que advertían que la ordenanza era nula, porque el convenio en cuestión tiene rango de ley provincial, de manera que sólo podía anularse con otro instrumento de igual jerarquía, es decir, otra ley provincial. De hecho, existe un fallo del tribunal de cuentas provincial, que data de 2005, sobre una cuestión similar planteada en Pinamar.
La medida del entonces intendente, Manuel Passaglia, fue saludada en medios y redes sociales por distintas figuras del PRO, incluyendo al expresidente Mauricio Macri y a la entonces candidata presidencial, Patricia Bullrich.
Fue, además, el inicio de una bola de nieve: varios intendentes de esa misma fuerza anunciaron que lo imitarían. La respuesta de IOMA fue una nota formal pidiendo la ratificación por escrito de esas declaraciones, paso que ninguno de los díscolos se atrevió a dar.
Desde el inicio del conflicto, Passaglia se topó con la oposición del Sindicato de Trabajadores Municipales (STM), que conduce Rodolfo Cecchi, y está afiliado a la Fesimubo de Rubén “Cholo” García. Cecchi movilizó al Concejo Deliberante y explicó el riesgo que la medida significaba, especialmente para las casi 300 familias que tenían pacientes con dolencias crónicas, entre cardíacos, diabéticos, con movilidad reducida o seropositivos.
Como represalia por su tarea sindical, Cecchi fue trasladado a la delegación de Conesa, a una hora y media de viaje de su domicilio. A pesar de que todas las instancias judiciales fallaron a su favor, aún no fue devuelto a su puesto original, en la terminal de ómnibus de la ciudad.
En junio se oficializaron las candidaturas. Passaglia, que ansiaba ser ungido como compañero de fórmula del precandidato a gobernador de Bullrich, Néstor Grindetti, y trabajaba para ocupar ese lugar, a pesar de la histórica amistad de su familia con los Santilli, sufrió un revés cuando anunciaron en ese lugar a Miguel Fernández, el intendente radical de Trenque Lauquen.
IOMA judicializó y el tema fue escalando hasta llegar a la suprema corte. A fines de julio, el municipio anunció que, como resultado de una licitación cuyos pliegos nadie vio, habían resuelto contratar con la prepaga Avalian, nombre comercial de la ex Ospaca, que no contaba con infraestructura a nivel local.
Sin embargo, como la ley nacional les otorga a las empresas el derecho de admisión o de cobrar aranceles diferenciales a los pacientes crónicos, estos se vieron obligados a recontratar IOMA en calidad de socios individuales, abonando de su bolsillo una cuota mucho más onerosa.
La “solución” que encontró el municipio fue copiada de Capitán Sarmiento, donde el intendente Javier Iguacel había resuelto algo similar en 2021 y se había visto obligado a pagar con fondos públicos los diferenciales de cuota, para evitar una catarata de juicios en su contra.
Mientras esto ocurría, con el objetivo de reducir ese costo, el área de Recursos Humanos empezó a ofrecer a esos trabajadores planes de retiros voluntarios, de hasta dos veces lo que les correspondía por ley, y a presionarlos para aceptar. A pesar de la agresiva estrategia, que consistía en ir a verlos a sus casas sin aviso previo, con el convenio impreso, lograron muy pocas firmas.
Si había disconformidad con el servicio prestado por IOMA, resultaba por lo menos absurdo imaginar que, con esos mismos recursos, pero con una escala mucho menor, elemento central en los sistemas de salud, y con la expectativa de obtener además rentabilidad, una empresa comercial pudiera ofrecer mejores servicios que el instituto provincial.
En diciembre, Manuel Passaglia fue remplazado en el cargo por su hermano Santiago. Fuentes cercanas al clan caracterizan al primero como el impulsivo y al segundo como el cerebral. Ismael, padre de ambos y jefe del clan, habría dispuesto que Manuel no integrara ni siquiera la lista de concejales, como resultado de sus decisiones apresuradas.
Durante los primeros meses de este año, los Passaglia especularon con que Patricia Bullrich les pagara los servicios prestados durante el año electoral con un cargo en Seguridad de la nación para Manuel. Pero los meses pasaron y la expectativa se fue cayendo. En marzo, Milei estuvo en San Nicolás para participar de Expoagro. El intendente hizo todo a su alcance por evitar la foto.
Fuentes nicoleñas sostienen que Passaglia se apuró a retrotraer la decisión de su hermano para evitar un sonoro revés judicial y como paso previo para revisar su política de alianzas provincial y nacional. “Queda claro que lo nuestro no era una discusión ideológica ni política“, aclaró, en el marco de la firma, el Passaglia más reflexivo. La respuesta fue un piadoso silencio.
Fuente: Pag12