La idea de que vivimos adentro de un «gran hermano» ya queda corta para describir el plan que la ministra Patricia Bullrich piensa implementar con la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial aplicada a la Seguridad (UIAAS). Una resolución publicada este lunes anuncia que patrullará «redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet, así como la llamada ‘internet profunda’ o ‘dark web» con la finalidad –señala– de «investigar delitos, identificar a sus autores», pero también anticipar «situaciones de riesgo grave para la seguridad», «detectar actividades sospechosas» incluso con cámaras y drones en tiempo real, y «crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos». 

Aunque nadie puede ser investigado sin una orden judicial, varios especialistas alertan que está todo dado para una mega excursión de pesca contraria a la Constitución Nacional, que pone en riesgo la libertad de todas las personas, su privacidad, su libre expresión y circulación entre otros tantos derechos. 

La publicación de esta nueva disposición coincide con dos hechos recientes. Uno es la creación de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE)  y la aprobación de una partida de 100.000 millones de pesos para gastos reservados, que representarán más del 70 por ciento de su presupuesto, y que incluye entre sus áreas pilares una Agencia de Ciberseguridad. El otro, del mes de mayo, es la publicación de un protocolo específico que habilitó el ciberpatrullaje en redes y sitios web de acceso público, también con la justificación de la persecución del delito. 

«Lo que se crea es una Unidad de Inteligencia, no artificial, ilegal. Es la maximización de una excursión de pesca», advierte Beatriz Busaniche, presidenta de la Fundación Vía Libre. «De la resolución surge que se pueden realizar perfiles de sospechosos de delitos a partir de las múltiples interacciones que realizamos en línea. Esto está en tensión con el estado de derecho y el debido proceso judicial que indica que nadie puede ser investigado por fuera de una investigación judicial en curso, se requiere una orden judicial y todas las garantías», explica a Página/12 la especialista en derechos y tecnologías digitales. «La idea puede sonar prometedora cuando uno desconoce el funcionamiento. Pero son sistemas estadísticos que infieren resultados a partir de grandes volúmenes de información –detalla Busaniche–. Esos procesos son opacos y es muy difícil explicar por qué razón un sistema dispone que alguien esté en determinado lugar. La opacidad del sistema es incompatible con cualquier investigación criminal. Los peligros son tantos que no hay manera de saber si el sistema no te puso en una base de datos de potenciales criminales por tus opiniones en línea o porque hiciste un chiste, que la IA no identifica, o porque publicaste una foto jugando con una pistola de paintball». 

La exministra de Seguridad, Sabina Frederic, señala que la resolución 720/2024 amplía “aquella sobre ciberpatrullaje” y marca “una coincidencia reciente”. «Hay un golpe de efecto ya que en los últimos días todos los usuarios de whatsapp vieron aparecer en su aplicación una Inteligencia Artificial (IA), nadie sabe cómo sacarla ni qué capacidad tiene de rastrear sus propios datos. No se conocen los límites de la IA y se convierte en una amenaza». Ella es partidaria de su uso en seguridad «sin violar las normas de protección de datos personales para cruzar información disponibles de hechos delictivos, personas condenadas, análisis de causas judiciales cerradas». El problema, agrega, es que la resolución deja pocas cosas en claro. «¿Qué aparatos van a usar? ¿Sobre qué datos? ¿Cómo se van a guardar esos datos? Amerita un pedido de acceso a la información», dice. Si llegaran a utilizar, ilustra, un sistema conocido como Pegasus «sería muy peligroso». «Es considerado el spyware o software espía más sofisticado del mundo. Es un programa de vigilancia de dispositivos móviles diseñado para infiltrase sin ser detectado en teléfonos con sistemas operativos iOS y Android«. 

Puntos polémicos y claves de un control social ilegal

Como tantas resoluciones y decretos del gobierno esta dice que está inspirada en «la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías» y todo en un contexto de «vigencia de las instituciones del sistema democrático». En el caso del Ministerio de Seguridad, se refiere a sus competencias en «seguridad interior». Cuando la analizan expertos ven rasgos alejados de la libertad y los derechos constitucionales.

La UIAAS, anuncia la publicación en el Boletín Oficial, estará  integrada por las fuerzas policiales y de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria). Entre estas últimas el gobierno incluye también al Servicio Penitenciario Federal (SPF). El coordinador será el Director de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, Santiago González Bellengeri. Se inspira en la experiencia, según el texto, de «Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur, India, entre otros». 

Las claves de su futura acción están en las funciones establecidas en el artículo 4. 

* «Patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada ‘internet profunda’ o ‘Dark-Web'». Dice que es para investigar delitos e identificar autores, no aclara si es en investigaciones judiciales en curso. También apunta a detectar, agrega, «situaciones de riesgo grave para la seguridad».

* «Identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual». Los expertos/as dicen que esto podría estar reñido con el derecho a la privacidad y la protección de datos personales, ya que no se pueden usar imágenes de las personas sin causa. 

*»Analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento facial». Un dato que la resolución no contempla: en la Ciudad de Buenos Aires el sistema de identificación biométrica de prófugos está frenado por un fallo judicial, a partir de un amparo que cuestionó su uso poco transparente, la filtración de datos en forma masiva e incluso el criterio de construcción de perfiles supuestamente sospechosos discriminatorios por rasgos, lugar de residencia, entre otros. Busaniche cuenta que en Boston y San Francisco está prohibido el reconocimiento facial en el espacio público. 

* «Utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos». En la red social X, el investigador del Conicet Martín Becerra señaló sobre ese punto que «es algo en lo que explícitamente el uso de Inteligencia Artifiical ha fallado y que, por tanto, hay que evitar». «El órgano gubernamental creado para patrullar las redes sociales aplicaciones y sitios de Internet» «contradice varios artículos de la Constitución Nacional», dijo. 

*»Identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas antes de que se produzcan ataques. Esto incluye la identificación de malware, phishing y otras formas de ciberataque». 

*»Procesar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos». Busaniche advierte que el «profiling o perfilamento de personas es uno de los campos de más alto riesgo de las IAs porque no hay manera certera de saber en base a qué se construye un perfil determinado. Evaluar el riesgo de que un individuo cometa un delito está expresamente prohibido en las normas de IA de la Unión Europea, se considera una implementación de IA de riesgo inaceptable, un ataque directo a la libertad de expresión, la violación del estado de derecho ya que se va a hacer perfilamiento de las personas por su opinión y preferencias en redes sociales». 

*»Patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias». Así dicho, pareciera que puede haber seguimientos indiscriminados. 

*»Realización de tareas peligrosas, como la desactivación de explosivos» con «robots».

*»Mejorar la comunicación y coordinación entre diferentes fuerzas policiales y de seguridad» para compartir la «información crítica» en forma «rápida y eficiente». Es decir: es factible que datos privados, que el gobierno mete en su bolsa de sospechosos o cuestiones a investigar» circulen fácilmente. 

*«Analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios». Todos los especialistas ven en este punto una nueva amenaza a la protesta social, ya castigada por el gobierno de Javier Milei y las políticas del ministerio de seguridad a traves de sus protocolos: tanto contra la protesta como los que habilitan a agentes de seguridad a usar armas de fuego.

*»Detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales». No está claro cómo se aplicará este punto sin violar, por ejemplo, el secreto bancario. El órgano que concentra esa actividad es la Unidad de Información Financiera. 

Más miradas

«Ni en la resolución anterior sobre ciberpatrullaje ni la nueva ofrecen claridad sobre los supuestos en los que podría desarrollarse la actividad, qué pautas, con qué sistemas automatizados, bajo qué controles, cómo cumplirían la ley de protección de datos personales», dice Victoria Darraoidou, Coordinadora de Seguridad Democrática del Centro de Estudios Legales y Sociales. «Nosotros –agregó– habíamos hecho un pedido de información al Ministerio de Seguridad en conjunto con otro grupo de organizaciones y el Ministerio de Seguridad todavía no respondió. Ahora no explican cómo van a utilizar la inteligencia Artificial, con qué controles, cuáles son las tareas de prevención, de qué se tratan, si los casos en los que se van a usar son casos que están bajo investigación judicial o no. No está claro cuáles son las coordenadas que le van a indicar a la IA y en ese sentido cuáles son las hipótesis criminales en concreto sobre las que tendría que intervenir la IA, cuáles son los sistemas de protección de la información y cómo se van a evitar las posibles filtraciones de datos que podrían incurrir con el uso de estas tecnologías». 

«Todo lo que se plantea es contrario al debido proceso, la intimidad de las personas, no pide autorización judicial para intervenir en las posibles comunicaciones de abogados con sus clientes, o periodistas y fuentes», alerta Rodrigo Iglesias, especialista en derecho informático. «Las redes sociales –sigue– no son fuentes abiertas para hacer inteligencia. Se habla de aplicaciones así que estamos ante la posibilidad de que puedan leer los correos electrónicos, no sabemos dónde se van a guardar o bajo que situaciones, así mismo los diferentes programas de mensajería (Telegram, Signal, Facebook, WhatsApp, instagram) además la potencial interceptación a ciudadanos comunes y corrientes sin saber sobre la finalidad de la investigación o el motivo que la funda».

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Luiz Inácio Lula da Silva dijo que seguirá «trabajando por la normalización del proceso político « en Venezuela durante la conversación que mantuvo con Joe Biden este martes, informó en el Palacio del Planalto. Durante el telefonema de poco más de treinta minutos el brasileño le contó a su colega estadounidense que envió a su consejero internacional, Celso Amorim, a Caracas donde fue recibido por por Nicolás Maduro.

Lula subrayó, además, que «es fundamental la divulgación de las actas electorales del pleito celebrado el último domingo. Biden concordó con la importancia de la divulgación de las actas», informa la nota de la Presidencia brasileña.

El comunicado

El texto oficial hizo un repaso escueto sobre lo planteado por Biden respecto de la crisis venezolana, pero consignó que fue el jefe de la Casa Blanca fue quien realizó la llamada telefónica a Lula. Y antes había sido quien propuso la conversación, a lo que el brasileño accedió de buen grado en razón de su interés en mantener todos los canales de diálogo abiertos y su afinidad con el veterano dirigente del Partido Demócrata, al cual felicitó por su «magnánima» decisión de desistir a la reelección en los comicios de noviembre frente al republicano Donald Trump, además de invitarlo a una cumbre de mandatarios progresistas dentro de tres meses en Nueva York, al margen de la Asamblea anual de la ONU.

Después del llamado no se publicó un comunicado conjunto, probablemente porque existen diferencias sobre qué respuesta dar en los próximos días frente al impasse caribeño: Lula parece más proclive que Biden a reconocer la victoria de Maduro.

Aunque de hecho todavía no lo hizo. Entre las discrepancias de fondo puede mencionarse que Brasil considera primordial poner fin a las sanciones económicas y financieras contra el gobierno bolivariano. Castigos que la Casa Blanca retomó recientemente y no parece dispuesto a alivianarlos, más bien lo contrario. De todos modos, y a pesar de de que Brasil no tiene una coincidencia amplia con Estados Unidos sobre la situación en Caracas – como sí la hay con Colombia y posiblemente con México – Lula y Biden deben mantener sus consultas frecuentes a través de sus funcionarios en los próximos días.

El contacto anterior del que se tiene noticia sucedió hace dos semanas cuando Celso Amorim fue recibido por el consejero de Seguridad Nacional de Biden, Jake Sullivan, en Washington.

Tranquilidad

La charla con Biden comenzó alrededor de las quince de hoy, casi a la misma hora que se conocieran las primeras declaraciones del presidente brasileño sobre los comicios venezolanos en los que Maduro obtuvo el 51 % contra el 32 % del opositor González Urrutia, según los números oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE).

«Es normal que haya una pelea» entre oficialismo y oposición , declaró el líder del Partido de los Trabajadores en una entrevista al canal Centro América – una tevé de la región amazónica- reproducida parcialmente por el diario O Globo. En el reportaje Lula propuso que la forma de resolver el tembladeral venezolano es que el CNE «presente las actas» y si la oposición mantiene en pie sus cuestionamientos, el caso sea llevado a la justicia.

«Es un proceso normal, tranquilo» y si los magistrados confirman los números del organismo electoral «todos tendremos la obligación de reconocerlos», dijo Lula, repitiendo casi textualmente el argumento usado contra Jair Bolsonaro, quien enero de 2023 organizó un golpe de estado alegando que en las elecciones brasileñas de 2022 hubo un «fraude». Hasta el presente el referente de la extrema derecha se mantiene en sus reales al no reconocer el triunfo del petista.

En la entrevista Lula planteó que es necesario que en Venezuela «las personas que no están de acuerdo tengan derecho a expresarse y a aportar por qué no están de acuerdo, así como el gobierno tiene derecho a probar que tiene razón». Y cargó contra la cobertura de los medios que están tratando la crisis caribeña como «si fuera la tercera guerra mundial».

Influencia regional

La disparada de la tensión en Venezuela conspira contra una solución política de la crisis tanto como debilita los canales de negociación diplomática a los que apuesta Lula: el único líder que en menos de 24 horas fue capaz de mantener contacto directo con Biden e indirecto, este martes, y ayer a través de su consejero Celso Amorim, tener una reunión con Nicolás Maduro.

Para el brasileño lograr encauzar las aguas en Caracas es vital: es un requisito para garantizar la estabilidad de un subcontinente acechado por el avance de la extrema derecha y la precarización institucional. Venezuela pone a prueba el liderazgo del petista, uno de los nombres más prestigiosos del Sur Global, que deberá demostrar cuan influyente es en su propia región.

Por lo tanto Palacio del Planalto seguirá empeñándose en neutralizar a los actores más extremistas en Venezuela y atenuar la crispación entre los gobiernos, que en estos días se materializó en los ataques de Javier Milei contra Nicolás Maduro.

Nada de leones

Mientras el presidente argentino incitaba a los opositores venezolanos (llamándolos «leones» como si fueran parte de su fans club) a la sublevación contra el socialismo , la canciller , Diana Mondino, telefoneaba sin hacer mucho alarde al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. Para solicitarle a su colega, Mauro Vieira, que interceda por los dirigentes opositores venezolanos atrincheradas en la embajada argentina en Caracas, según informó este martes CNN Brasil. La situación en la misión diplomática argentina, cuyas autoridades fueron expulsadas al igual que las de otros países de la región, habría sido mencionada por Amorim en su reunión del lunes con Maduro en el Palacio Miraflores, siempre de acuerdo con las fuentes consultadas por CNN.

Luego de conversar por cerca de dos horas con el mandatario bolivariano el diplomático brasileño se reunió, el mismo lunes, con el candidato opositor, Edmundo González Urrutia. Siguiendo las instrucciones de Lula de mantener los canales de comunicación con todas las partes. Amorim no aceptó encontrarse con María Corina Machado, a quien se ve como una dirigente de extrema derecha embarcada en la estrategia de la tensión, al igual que Bolsonaro y Milei.

Reconocimiento del PT

Hasta el cierre de esta crónica Lula no se había pronunciado respecto del triunfo de Maduro. Posicionamiento que podría ocurrir en los próximos días al unísono con los presidentes Manuel López Obrador y Gustavo Petro ( la semana pasada se reunieron los cancilleres brasileño y colombiano para aunar posiciones sobre Venezuela).

Una pista sobre cual podría ser la postura de Lula -salvo que algún hecho altere por completo el cuadro de situación- está en la nota de la mesa ejecutiva del PT, que reconoce el triunfo del presidente venezolano. «Es importante que el presidente Nicolás Maduro, ahora reelecto, continúe el diálogo con la oposición, para poder superar os graves problemas de Venezuela, en gran medida causados por sanciones ilegales», sostiene el pronunciamiento que probablemente tuvo la aprobación de Lula.

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Apenas terminado el acto, Carrió lanzó en sus redes el reclamo por las retenciones. «Basta de mentiras –disparó– si quieren desarrollo tienen que eliminar las retenciones». Y antes, había dicho que compartía un tramo del discurso del Presidente. «Yo comparto que el Estado expropia al campo el 70 por ciento del precio, si esto es así, las retenciones más ganancias son absolutamente confiscatorias», dijo. Advirtió que no hay política económica que esté por encima de la Constitución, que se necesita «bajar retenciones o eliminar ganancias» y que «todo otro discurso es populista e inconstitucional y esto lo digo hace 20 años, basta de mentiras».

Desde el ala rural del peronismo respondió Francisco Echarren, intendente de Castelli. “Cada vez que la Rural ovacionó a un presidente –dijo–, el país sufrió las peores crisis económicas de su historia. Esta vez no será la excepción. El campo celebró los anuncios del ´Presidente´ dicen los medios. Ni un solo anuncio hizo, ni uno. Blindaje mediático se llama», espetó.

El diputado Leopoldo Moreau, alfonsinista y UxP recordó las conspiraciones contra los presidentes populares. “Conmovedora compresión de la SRA. Mira si la hubieran tenido con Arturo Illa derrocado por una conspiración ideada en la casa de Faustino Fano, presidente de la SRA, o cuando silbaron a Alfonsin porque las retenciones eran del 8 por ciento o con CFK en la que pueblo también había depositado su esperanza y venía de desendeudar al campo», dijo. «Vamos muchachos digan la verdad. Ustedes son ´tolerantes´con una ideología aunque de poco le sirva a la producción».

Leandro Santoro arremetió «defiende mucho al campo», pero si no era por nosotros que lo impedimos, «les subía las retenciones a las economías regionales con la Ley Bases». En esa línea también avanzó el «Topo» Alejandro Rodríguez. “El Presidente le juró al campo que terminará con las retenciones y el campo lo aplaudió. Hace sólo seis meses, Milei y Toto Caputo enviaron al Congreso un proyecto para aumentar retenciones. Pretendían subirlas del 12 al 15 por ciento en trigo y maíz; del 9 al 15 en carne vacuna; del 31 al 33 en aceite y harina de soja», enumeró y dijo: «Nadie, en La Rural, recordó que finalmente los libertarios -contra su voluntad- se vieron obligados a dar marcha atrás con el aumento de retenciones».

Al regreso de su gira por Silicon Valley, el presidente Javier Milei prometió inversiones de los gigantes en Inteligencia Artificial y la utilización de esa tecnología para reducir el empleo público, pero la primera en aplicarla será la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (Uiaas). La unidad operará dentro de la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos y tendrá entre sus tareas «patrullar la redes sociales abiertas», algo en lo que Bullrich tiene atencedentes de operativos y detenciones irrisorias tanto en la actual gestión como en la de Mauricio Macri. La nueva patrulla se suma a la fuerza de choque mileista que amenaza por redes.  

La Resolución 710/2024, publicada este lunes en el Boletín Oficial, destaca a la Inteligencia Artificial como «uno de los cambios socio-tecnológicos más relevantes para la población en general» y pone como ejemplos en la aplicación de esta tecnología a Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur e India. 

«Estos países están a la vanguardia en la integración de tecnologías de inteligencia artificial para fortalecer la seguridad y protección de sus ciudadanos, mejorando su eficiencia y efectividad», valora la resolución firmada por Bullrich y considera que «resulta indispensable aplicar la Inteligencia Artificial en la prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones».

La resolución destaca la utilización de IA para tareas de «reconocimiento facial», una tecnología aplicada por el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, con denuncias y sentencias de inconstitucionalidad por parte del Poder Judicial, y avanza en la posibilidad de «analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real». Además, crea como tarea de la Uiaas la de «patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias».

Esa decisión coincide con la anunciada por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, quien la semana pasada avanzó con el decreto 663/2024 de desregulación aérea para «promover y desregular el uso de drones como ya se hace en muchos países del mundo, crea un marco oportuno para el desarrollo de estas tecnologías y de inteligencia artificial». La resolución firmada por Bullrich sostiene que «la presente medida no implica erogación presupuestaria alguna». 

El patrullaje de redes sociales

Entre los puntos de tareas encomendadas a la Uiass se destaca la de «patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet» y la de «analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios»; en las que Bullrich tiene experiencias irrisorias. 

En marzo pasado, el Ministerio de Seguridad ordenó el allanamiento de la vivienda de un joven en el barrio porteño de Chacarita tras analizar una discusión que mantuvo en la red social Instagram; en la que amenazaba «con un disparo en la cabeza» del presidente. Para argumentar la peligrosidad del detenido y solicitó a la Justicia Federal el allanamiento, la cartera de Bullrich indicó que  «mediante el relevamiento de sus redes sociales, se determinó que demostraba tener un pensamiento ideológico muy apegado a la propaganda política de la ex Unión Soviética, contando con vínculos comunistas que podrían llegar a realizar acciones que atenten contra el orden público».

Poco despupes, en abril, un hombre de 42 años fue detenido en la provincia de Chubut, acusado de amenazar de muerte al presidente y escribir mensajes intimidatorios contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

A principio de año, la ministra también anunció que las fuerzas de seguridad habían frenado un atentado que estaban preparando tres individuos sirio-libaneses, pero la operación fue desarmada por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que dejó en libertad a los sospechosos: un peluquero de Avellaneda, un jugador de ping pong y un usuario de redes sociales que decía ser mercenario.

Durante la gestión macrista, la ministra de Seguridad también realizó detenciones por amenazas contra el entonces presidente a través de redes sociales. En julio de 2016, Bullrich ordenó la detención de dos jóvenes de 21 años que habían creado una cuenta falsa en Twitter para hacer amenazas de falsos atentados, con comunicados en árabe e imágenes de la Casa Rosada o lugares públicos como el Shopping Abasto.

La duda es cómo actuará la Uiass frente a la fuerza de choque que el gobierno de Javier Milei fogonea a través de las redes sociales para amenazar a quienes disienten con las políticas de gobierno. 

«Una resolución problemática», advierte una especialista

«Es una resolución problemática por donde uno la mire, porque supone que la IA (Inteligencia Artificial) tiene capacidades que realmente no tiene«, planteó la activista y presidenta de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche, especializada en derechos y tecnologías digitales.

«Hay una confusión enorme entre qué cosas se pueden hacer con IA, qué cosas no y qué cosas bajo ninguna circunstancia se deben hacer. Esta moda de ponerle IA a todo nos está llevando por un camino que puede terminar muy mal, y esta resolución del Gobierno es elocuente del mal uso de la IA», agregó Busaniche, entrevistada en la 750.

«Los sistemas de IA se entrenan con grandes volúmenes de información y a partir de eso los volúmenes identifican ciertos patrones y hacen diferencias estadísticas. Es decir, confiarle a un sistema de este tipo decisiones que afectan la vida de las personas es absolutamente problemático», enfatizó. 

«Ni hablar cuando esas decisiones tienen que ver con la aplicación del derecho penal, la identificación de potenciales delitos y el perfilamiento de las personas. De hecho, si miramos algunas de las regulaciones a nivel internacional —una de las principales que hemos visto últimamente que es la de la Unión Europea—, el perfilamiento de las personas es uno de los elementos que se identifica como inadmisible, de riesgo inaceptable en la utilización de IA. Bueno, eso es lo que Bullrich, con una resolución de rango juridico, resuelve hoy», agregó Busaniche.

En esa línea, y consultada por si el Gobierno nacional, a través de esta iniciativa, estaría «autohabilitándose» para investigar sin orden judicial, Busaniche sostuvo: «Es exactamente eso».

Y explicó: «Habilitan que sistemas automatizados estén haciendo un barrido permanente sobre todo lo que se habla en línea. A partir de eso, que identifiquen ciertos patrones, que habrá qué ver qué es lo que buscan. Y hay otra cosa: en la cuestión de ciberpatrullaje vemos que van a usar sistemas de procesamiento de lenguaje natural, es decir interpretación de texto, levantan texto en lenguaje humano. Pero este tipo de sistemas no identifica una broma, una ironía o una metáfora, son absolutamente lineales y estadísticos«.

Además, resaltó que una de las claves es que esta resolución habilita negocios de todo tipo. «En cada ítem tenés un negocio de compra de distinto tipo de tecnología.

Las tareas de la nueva unidad que creó el Gobierno

De acuerdo  a la Resolución 710/2024, las tareas de la Uiass serán las siguientes:  

• Patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de Internet, así como la llamada “Internet profunda” o “Dark-Web”, en orden a la investigación de delitos e identificación de sus autores, así como la detección de situaciones de riesgo grave para la seguridad, en el marco de la Constitución Nacional y legislación vigente.
• Identificar y comparar imágenes en soporte físico o virtual.
• Analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento fácil.
• Utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos.
• Identificar patrones inusuales en las redes informáticas y detectar amenazas cibernéticas antes de que se produzcan ataques. Esto incluye la identificación de malware, phishing y otras formas de ciberataque.
• Procesar grandes volúmenes de datos de diversas fuentes para extraer información útil y crear perfiles de sospechosos o identificar vínculos entre diferentes casos.
• Patrullar mediante drones áreas extensas, proporcionar vigilancia aérea y responder a emergencias.
• Realización de tareas peligrosas, como la desactivación de explosivos, mediante robots.
• Mejorar la comunicación y coordinación entre diferentes Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales y asegurar así que la información crítica se comparta de manera rápida y eficiente.
• Analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios.
• Detectar transacciones financieras sospechosas o comportamientos anómalos que podrían indicar actividades ilegales.

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Como era de prever, buena parte de los gobiernos de derecha llamaron directamente a desconocer los resultados, a tono con el triunfalismo opositor y con las narrativas de fraude que venían circulando incluso desde antes de que las mesas de votación fueran instaladas. Así lo había anticipado ya un comunicado conjunto de las Cancillerías de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Sin embargo, los posicionamientos más estridentes llegaron de parte del gobierno de Milei y sus aliados: el propio presidente en funciones, pero también Mauricio Macri, se refirieron a datos no especificados, que habrían dado a la oposición una “victoria aplastante”, mientras que ambos convocaron, en un hecho con pocos antecedentes, a la rebelión militar de las fuerzas armadas venezolanas.

También se sumaron al coro figuras como los expresidentes colombianos Álvaro Uribe y Andrés Pastrana. Éste último, por ejemplo, no dudó en sindicar a Maduro de “narco-presidente”. El prsidente de El Salvador, Nayib Bukele, se tomó unas horas para postear enfáticamente: «Lo que vimos ayer en Venezuela no tiene otro nombre más que fraude. Una “elección” donde el resultado oficial no tiene relación con la realidad. Algo evidente para cualquiera». 

Del otro lado del espectro, las felicitaciones y el reconocimiento explícito de los resultados llegaron rápidamente desde la Bolivia de Luis Arce, la Honduras de Xiomara Castro, la Cuba de Miguel Díaz-Canel y la Nicaragua de Daniel Ortega, y a nivel global también desde China, Rusia e Irán y, en general, desde los BRICS.

Por estas horas se espera con suma atención cuál será la opinión del Panel de Expertos de las Naciones Unidas, el Centro Carter, la CELAC, la CARICOM y otros organismos, regionales y globales, que monitorearon el proceso electoral en el marco de los Acuerdos de Barbados suscritos en 2023.

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