El Presidente adelantó que enviará el proyecto al Congreso con el objetivo de modificar el sistema electoral y endurecer los requisitos para competir en elecciones.

El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno enviará este miércoles al Congreso, un proyecto de reforma electoral que incluye la eliminación de las PASO, cambios en el financiamiento de la política y la implementación de Ficha Limpia para impedir candidaturas de personas con condenas por corrupción.

A través de un mensaje en redes sociales desde Israel, el mandatario sostuvo que la iniciativa busca “terminar con la impunidad” y cuestionó el actual sistema electoral al afirmar que “basta de obligar a los argentinos a pagar internas de la casta”. 

Además, planteó que el nuevo esquema de financiamiento apuntará a evitar que la política se sostenga con recursos públicos y remarcó que la reforma busca “terminar con los privilegios” en el ámbito político.

El mensaje de Milei

El oficialismo, especialmente el asesor Santiago Caputo y la secretaria Legal y Técnica, comenzó a trabajar en esta iniciativa hace meses. El objetivo final, para la Casa Rosada, es alinear los intereses de la sociedad con la política, dos esferas que hoy están separadas. 

Además, se tratará de eliminar las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) a toda costa aunque hay sectores del oficialismo que ven prudente suspenderlas como sucedió el año pasado.

Es que varios espacios políticos, algunos aliados al Gobierno, se resisten a eliminarlas porque, en medio del desorden partidario que atraviesan, necesitan de esta instancia para ordenar sus internasy poder definir las candidaturas.

“Va a ser muy revelador el voto de cada diputado y cada senador en este proyecto. Quienes se opongan van a dejar en evidencia que ven la política como un negocio”, sostuvo la diputada mileísta Lilia Lemoine en sus redes sociales.

El secretario de Comunicación, Javier Lanari, afirmó: “Ningún partido político de bien puede oponerse a esta agenda. No es año electoral. No hay excusas”.

El oficialismo ya había logrado avanzar con una parte de su idea de reforma electoral, cuando aprobó en el Congreso la BUP (Boleta Única de Papel) para las elecciones nacionales, teniendo su estreno en los comiicos legisaltivos del año pasado.__IP__

No obstante, todavía sigue en pie en la provincia de Buenos Aires el antiguo sistema de boletas múltiples, con las cuales el peronismo derrotó a La Libertad Avanza en las elecciones legislativas provinciales de septiembre del año pasado.

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La vicepresidenta decidió concurrir a la Iglesia María Auxiliadora del barrio de Caballito. Explosivas declaraciones contra el Gobierno.

Tras bajarse de la misa en la Basílica de Luján en homenaje por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco, la vicepresidenta Victoria Villarruel fue a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos del barrio porteño de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado, y explicó que decidió ausentarse de la ceremonia oficial porque allí se juntó “lo peor de la casta política”.

“Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios”, señaló la titular del Senado en declaraciones televisivas.

Tras denunciar una «politización» de la misa de Luján, Villarruel tomó distancia de la misa de Luján, al señalar que en esa ceremonia “estaba lo peor de la casta política”.

“Las ceremonia tenía un contenido que era el recuerdo al Papa. Era una ceremonia en la que estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis creencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas”, apuntó.

En la foto de Luján estuvieron en primera fila el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta acusaciones de corrupción, y también el ministro de Interior, Diego Santilli, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, entre otros altos dirigentes del oficialismo.

Algunas filas más atrás estuvieron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el senador Eduardo “Wado” de Pedro, y los intendentes Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo) y Mariel Fernández (Moreno), entre otros.

“Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos”, insistió Villarruel.__IP__

Con el presidente Javier Milei en Israel, Villarruel le tocó desempeñar la primera magistratura, y por eso se esperaba su presencia en la misa oficial de Luján en honor al Papa Francisco.

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El oficialismo aprieta el acelerador para tener sancionada esa ley en la primera semana de mayo.

 El Senado busca dictaminar este miércoles sobre el proyecto para la regularización de la tenencia de armas de fuego, que se combina con la prórroga de un programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.

La Libertad Avanza quiere convertir en ley en la primera semana de mayo y por eso motivo el próximo miércoles 22 buscará firmar dictamen sobre esta iniciativa en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior, que presiden el libertario Gonzalo Guzmán Coraita y la radical Carolina Losada, según informaron fuentes parlamentarias a la agencia NA

Durante la reunión de comisión brindará un informe que brinde Juan Pablo Allan, Director Ejecutivo del Registro Nacional de Armas (RENAR).

La iniciativa fue enviada el 15 de mayo del 2024 por el Presidente Javier Milei, y la ex ministra y hoy jefa del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

El proyecto, que ya fue sancionado por la Cámara de Diputados en octubre del 2024, incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.

Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).

Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.

En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.

La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.

El usuario que quiera acceder a este programa debe en primer lugar ingresar al sistema de forma virtual con un número de serie.

El sistema permite detectar las armas que tienen pedido de secuestro y se ponen a disposición de la Justicia.

Una vez que el usuario comparece ante el organismo, el arma entregada es inutilizada de forma inmediata delante suyo y posteriormente es destruida en un horno de alta temperatura.__IP__

Desde la ANMaC aclararon que esta legislación se centra en la tenencia legítima de armas de fuego, pero no en la portación, que únicamente es admitida en personal de fuerzas de seguridad y personal autorizado de seguridad privada.}

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Desde la oposición denuncian que la liberalización absoluta de los precios de las prestaciones por Discapacidad conducirá a reducciones drásticas de coberturas.

Uno de los proyectos de ley que comenzará a tratarse en el Senado en el corto plazo es la iniciativa del Ministerio de Salud “contra el fraude de pensiones por invalidez” laboral, un eufemismo para depurar las listas de beneficiarios, pero que además avanza drásticamente en la flexibilización absoluta de los valores de las prestaciones para personas con discapacidad.

En la Cámara alta, el oficialismo cuenta con una mayoría cómoda para blindar la aprobación, pero el murmullo de algunos sectores aliados por el alcance regresivo de las reformas no pasó desapercibido y la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, garantizó un esquema de trabajo razonable, sin apurar los tiempos.

Por un lado, la revisión del régimen de pensiones no contributivas por invalidez le impone al Poder Ejecutivo un re empadronamiento de todos los beneficiarios en un plazo de 90 días hábiles, con una prórroga posible de 30 días adicionales.

En ese lapso, los titulares de las pensiones deberán completar el trámite para la actualización de datos médicos y socioeconómicos, caso contrario la autoridad de aplicación procederá a la suspensión inmediata del pago del beneficio hasta la regularización de la situación.

Si bien se mantiene el monto equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, el ahorro fiscal para el Gobierno se explica por el recorte sustancial en la cantidad de pensiones, a partir del endurecimiento de los requisitos respecto al grado de invalidez (que debe ser total y permanente) y la situación de vulnerabilidad económica del solicitante.

Sobre esto último, se establece la incompatibilidad entre tener trabajo formal (ya sea en relación de dependencia, monotributo o autónomos) y cobrar la pensión por invalidez.

El argumento del Poder Ejecutivo para avanzar en este ajuste es que desde el 2003 hasta el 2023 se multiplicó 16 veces la cantidad de pensiones pagadas por el Estado, pasando de 76 mil beneficiarios y 1.2 millones, incluyendo una gran cantidad de casos de fraude por incompatibilidad.

“Numerosas publicaciones han destacado que ni siquiera países que han atravesado guerras han tenido semejante incremento en su población de personas con invalidez«, se indica en los fundamentos del proyecto. 

«De este modo, la magnitud de la situación descripta ha generado una inevitable sospecha sobre las condiciones en que dichos beneficios fueron otorgados; sospecha que ha sido confirmada a partir de diversas investigaciones realizadas -incluso judiciales- que han detectado una gran cantidad de pensiones otorgadas sin cumplir con los requisitos legales. Los procesos de auditoría y verificación implementados por esta Administración, han permitido identificar un conjunto significativo de irregularidades en el acceso y percepción de dichas prestaciones, incluyendo situaciones de domicilios inexistentes, así como también casos en los que no se verifican los requisitos legales y médicos exigidos, lo que pone en evidencia la existencia de desvíos que afectan la correcta asignación de los recursos», se agrega.

Según señalaron fuentes parlamentarias de Unión por la Patria a la Agencia Noticias Argentinas, el planteo oficialista a favor de depurar las listas de beneficiarios de pensiones por invalidez, es un “caballo de troya” que esconde un objetivo “perverso”: la liberalización absoluta de los precios de las prestaciones por Discapacidad, lo que podría provocar reducciones drásticas de coberturas al servicio de la recomposición de la renta de empresas de medicina prepaga.

Hasta ahora, es la Superintendencia de Servicios de Salud el organismo encargado de fijar aranceles universales para cada tipo de prestación por Discapacidad.

Las obras sociales y prepagas no pueden pagar a las instituciones médicas cualquier arancel por las prácticas que proveen ya que los precios están atados al nomenclador.

Con la reforma propuesta, se terminan los precios fijos y habilitaría a cada prepaga u obra social a eventualmente congelar aranceles, lo que podría traer aparejado la repetición traumática de la crisis que vivió el sector de discapacidad el año pasado, con la paralización de coberturas.__IP__

El desencadenante de aquel conflicto fue el congelamiento de las prestaciones desde octubre del 2024, situación que la ley de emergencia en Discapacidad aprobada con mayoría opositora vino a corregir con un mecanismo de compensación e indexación automática. 

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Desde la madrugada se registran manifestaciones en Bariloche y El Calafate. En Buenos Aires habrá concentración y conferencia de prensa.

En el marco del Paro Nacional convocado por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que registra un alto nivel de adhesión en todo el país, comenzaron este martes las primeras protestas en los aeropuertos de Bariloche, en Río Negro, y El Calafate, en Santa Cruz.

La medida de fuerza tiene como eje central el reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias de la Administración Pública Nacional, con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los salarios estatales, deteriorado en los últimos dos años.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ATE concentrará a partir de las 11 en la zona de Costa Salguero, sobre la avenida Costanera Rafael Obligado y Jerónimo Salguero. Además, el sindicato brindará una conferencia de prensa desde las 12 en el Aeroparque Jorge Newbery, donde se espera la presencia de dirigentes nacionales para fijar la posición del gremio frente a la política salarial del Gobierno.

La jornada de protesta se extenderá también a otros organismos estratégicos del Estado. Desde las 10 de la mañana se realizarán manifestaciones en el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y en distintos entes de ciencia y tecnología, entre ellos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

En este último organismo, la protesta estará dirigida contra el anuncio del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sobre la eliminación de más de 900 funciones consideradas vitales por los trabajadores.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que el contexto social comienza a respaldar los reclamos del sector. “Tenemos que aprovechar este momento porque la sociedad nos empieza a dar la razón. Quedaron atrás la campaña de desprestigio y la estigmatización sobre el empleo público. Ya todos se dieron cuenta de que no había ñoquis y que los recortes sobre el Estado no beneficiaron a nadie, sino que se tradujeron en una fenomenal pérdida de derechos para toda la sociedad”, afirmó el dirigente.

En un tono crítico hacia el Ejecutivo, Aguiar cuestionó la agenda presidencial en medio del conflicto. “Mientras los trabajadores estamos en el país esperando respuestas y un aumento salarial, el presidente se hace el cantante en Israel. Ya no soportamos más las payasadas y los papelones de Milei. Se terminó”, expresó. Además, advirtió que, de no haber respuestas, el conflicto podría profundizarse: “Si no hay plata para los trabajadores, no habrá paz para el Gobierno. La conflictividad va a escalar y no será nuestra responsabilidad”.

Durante la medida de fuerza, solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores, según informaron desde el gremio en un comunicado, sin embargo, fuentes del PAMI señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que el organismo funciona normalmente en todo el pais, y que tanto la atención en los hospitales como las guardias, “están funcionando todo al 100%”. 

También, indicaron desde el gremio que se ven afectados numerosos servicios, entre ellos la recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, brigadas de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y el mantenimiento de plantas nucleares.

La medida fue resuelta en la reunión del Consejo Directivo Nacional de ATE realizada el 9 de abril, con la participación de los 24 secretarios generales provinciales. El gremio anticipó que las protestas se multiplicarán en los distintos organismos estatales mediante asambleas, radios abiertas y ruidazos, entre otras modalidades.

ATE recordó que el período paritario del Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, que abarca de junio de 2025 a mayo de 2026, cerró con aumentos salariales acordados por el Gobierno nacional con la firma de UPCN que ya se ubican 5,4 puntos por debajo de la inflación, a la espera de conocer el índice de los últimos dos meses. De este modo, los trabajadores estatales acumulan una pérdida superior al 44% de su poder adquisitivo durante la gestión de Javier Milei.__IP__

En ese contexto, un estudio elaborado por el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que integran más de 140 organizaciones gremiales de distintas centrales obreras, estimó que cada trabajador perdió en promedio 11.917.049 pesos en el sector público y 2.274.545 pesos en el sector privado en los últimos dos años. Según el informe, la pérdida total de los asalariados asciende a 58 billones de pesos durante el actual gobierno.

Finalmente, desde ATE adelantaron que el sindicato evaluará un nuevo plan de acción frente a eventuales intentos del Ejecutivo de profundizar el ajuste, desfinanciar áreas del Estado, avanzar en el desguace de organismos y promover despidos en los distintos niveles de la administración pública. 

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Pettovello, Sturzenegger, Bullrich y Bausili, entre otros, representaron al oficialismo en el encuentro

Bajo el lema “Crecer o crecer”, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizó esta noche su tradicional cena anual, un evento que se consolidó como uno de los principales puntos de encuentro entre la dirigencia política, empresarial y social de la Argentina.

La velada contó con la participación de gobernadores, funcionarios nacionales, legisladores de diversos arcos políticos, así como destacados referentes del sector privado y representantes de la sociedad civil.

Entre los funcionarios nacionales que asistieron estuvieron la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenneger; y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

Además, participaron la jefa del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; el gobernador de Chubut, Ignacio Torres; y diputados y senadores nacionales del oficialismo y la oposición.

Durante el encuentro, se discutieron ejes centrales para la agenda pública, haciendo especial hincapié en la necesidad de generar consensos a largo plazo para enfrentar los desafíos económicos y fortalecer las instituciones democráticas.

En su discurso, las autoridades del CIPPEC destacaron la importancia de basar las decisiones de Estado en evidencia y datos concretos, subrayando que la cooperación público-privada es fundamental para construir una hoja de ruta que permita superar los obstáculos estructurales que afectan al crecimiento sostenible.

El director ejecutivo de CIPPEC, Luciano Laspina, expresó: “Crecer o crecer es lo que necesitamos los argentinos después de una década de estancamiento”.

“El país necesita una alianza entre el sector privado y el Estado. No solo el nacional, sino el provincial y municipal. Nuestro anhelo es que esa nueva economía no se construya sobre ruinas, sino que se puede establecer sobre nuevos cimientos”, consideró el ex diputado nacional.__IP__

La cena de este año también sirvió como marco para presentar diversas iniciativas orientadas a la transformación educativa y la modernización del Estado, temas que los asistentes consideraron prioritarios para los próximos meses. Con una asistencia masiva, el evento reafirmó su rol como un espacio clave para el diálogo plural en un año de significativos desafíos para el país. 

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