El riesgo de esperar unas semanas más es que el Gobierno pueda recomponer los lazos con los gobernadores.
Tras el jueves negro en el Senado, en la que se aprobaron proyectos de la oposición y los gobernadores que ponen en jaque el plan fiscal, el presidente Javier Milei explotó y acusó a los mandatarios provinciales de querer “destruir” al Gobierno.
Con los rayos de la crisis entre la Casa Rosada y los gobernadores como tormenta de fondo, la oposición analiza acelerar el llamado a sesión especial, sin esperar a que pase el receso invernal, que era el plan original.
La idea es utilizar el viento de cola a favor que significa el triunfo en el Senado y aprobar en el recinto tanto los emplazamientos de comisiones de los proyectos de los gobernadores (ATN e impuesto a los combustibles) como los dictámenes de financiamiento universitario y emergencia de la salud pediátrica.
Incluso se podría incorporar a esta agenda los vetos a las leyes jubilatorias y discapacidad, aunque el Gobierno ya anticipó que primero judicializará la sesión del Senado, que considera inválida.
En esta hipotética sesión de Diputados, que podría realizarse el miércoles 30 de julio, el paso de los emplazamientos incluso podría evitarse si se juntara una mayoría especial agravada para tratar el tema sobre tablas.
En cuanto a los dictámenes sobre universidades y Hospital Garrahan, el objetivo de máxima es amalgamar una mayoría superior a los dos tercios para blindar las leyes de futuros vetos presidenciales.
El riesgo de esperar unas semanas más es que el Gobierno pueda recomponer los lazos con los gobernadores y así reconstruir el muro de «87 héroes».
En la Cámara alta, no solamente se abroqueló en su contra el kirchnerismo y algunos sectores dialoguistas que habían sido pilares para la construcción de la ley Bases el año pasado, sino que la autopsia de la derrota muestra a otros actores que se pasaron de bando.
Entre ellos aparecen gobernadores aliados como Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco), Nacho Torres (Chubut) y Hugo Passalacqua (Misiones).
¿Qué es lo que pasó para que esos gobernadores se pasaron de bando, al menos de manera temporal, y aunque esa rebeldía se exprese de forma intermitente?
Los mandatarios aliados entienden que el megajuste fiscal era necesario en la Argentina pero que ya se llegó a un límite de tolerencia social, y que las provincias no deben ser los patos de la boda ni seguir desahuciadas financieramente.
En el Senado, quedó ratificado que los gobernadores van dos dos cajas. Junto a UP y algunos díscolos juntaron mayoría para aprobar el proyecto que dispone un reparto equitativo y automático de los ATN, y otro para que los recursos percibidos por el Impuesto al Combustible, que tenía un fideicomiso o asignación específica para la Dirección de Vialidad, ahora vaya repartido a las provincias.
Consumados los hechos, en lugar de apelar a la diplomacia para morigerar daños, el presidente respondió fiel a su estilo, al límite.
No sólo anunció que vetará las leyes jubilatorias y discapacidad, sino que además señaló que hará lo propio con los dos proyectos de los gobernadores, a quienes acusó de querer destruir al «Gobierno» y a los logros fiscales del Gobierno.
El presidente encuadró su reacción en la batalla cultural «nosotros frente a la casta» y agitó el «principio de revelación«. La apuesta de fondo es que las urnas en octubre lo plebisciten, lo revaliden.
Pero esta retórica incendiaria dejó descolocada al ala más política, especialmente al ministro de Interior, Guillermo Francos, y su vice, Lisandro Catalán, que tienen la tarea de reconstruir los vínculos con los gobernadores para evitar que la oposición consiga los dos tercios para bloquear el veto.
De todos modos, hay una instancia previa al veto que es la judicialización, porque el oficialismo sostiene que la sesión fue inválida. Por eso, el Gobierno está demorando hasta el límite de lo legal el veto.
Según señalan, los dictámenes incluidos en el temario de la sesión eran irregulares y también la convocatoria a la misma sesión, que en el Senado tiene que ser hecha por su titular, en este caso la vicepresidenta Victoria Villarruel, algo que no sucedió.
Pero el reglamento habilita a que las fuerzas políticas puedan autoconvocarse a sesionar en los días y horarios estipulados para sesiones ordinarias (no especiales).
El jefe del interbloque de Unión por la Patria, José Mayans, estuvo astuto y juntó quórum para sesionar.
Por eso a Villarruel no le quedó más remedio que habilitar la sesión, como explicó en sus redes sociales.
Si ella no la presidía, como le cayeron con inusitada furia los trolls libertarios y la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, le hubiera tocado presidir al presidente provisional del Senado.
Si Villarruel dejaba su estrado vacío, nada hubiera cambiado en los hechos pero habría sido una señal fuerte en lo simbólico que la vicepresidenta desconociera la sesión.
Eso explica el reproche durísimo de Patricia Bullrich. Lo que sorprendió fue la respuesta de Villarruel a un usuario libertario que la cruzó.
Casi emulando los argumentos de la oposición, la titular del Senado apuntó contra el Gobierno al señalar que no tienen plata para discapacitados y jubilados pero sí para los viajes al exterior y la SIDE, por lo que reclamó que empiecen ahorrando en esos ítems.
Esa respuesta rotunda terminó de dinaminar la relación con el presidente y con La Libertad Avanza.
Ahora la pelota pasa a Diputados, donde la oposición debe decidir cuando abrir el recinto.
“Todavía no hay hay claridad de sobre la fecha de la sesión. Nosotros desde la oposición estamos firmes, pero no vemos a los gobernadores empujando aún en Diputados. Las conversaciones de esta semana podrán dar claridad sobre la próxima sesión”, señaló un influyente diputado dialoguista a la Agencia Noticias Argentinas.
Como los proyectos de los gobernadores no tienen dictamen, la idea es emplazar a la comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por su celoso guardián José Luis Espert.
El polémico economista siempre cierra la comisión con candado la comisión cuando se trata de proyectos que intranquilizan al Poder Ejecutivo.
En ese sentido, la única llave que existe para abrir el candado es el emplazamiento.
Frente a este desafío que le presenta la oposición, el oficialismo -en franca minoría- necesita recuperar su anillo de aliados, y lo intentará con su ala dialoguista, a pesar de los gritos de Milei.
En la mira están el MID, los radicales peluca de Liga del Interior, los misioneros y salteños de Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo y algunos legisladores sueltos ligados a gobernadores que le soltaron la mano, como Santa Cruz, Neuquén y Río Negro.
El Gobierno también debe apostar a recuperar a los diputados ligados a Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y a Carlos Sadir (Jujuy) repartidos entre la UCR y Democracia para Siempre.
Pero además necesita un apoyo más homogéneo del PRO y de una parte sustancial de la UCR.
Con el PRO puede contribuir a la causa el cierre electoral que selló el titular del bloque, Christian Ritondo, con el armador libertario Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires.
No obstante, quedaron macristas disconformes por la asimetría e indignidad de un acuerdo cuyos términos fueron impuestos por los libertarios y aceptados por Ritondo sin chistar.
Y los dos larretistas, Álvaro González y Héctor Baldassi, ya se dan por perdidos: están jugando otro partido, mucho más cerca de la avenida del medio que agrupa a Facundo Manes, Juan Schiaretti, Florencio Randazzo, Emilio Monzó, Margarita Stolbizer y al radicalismo bonaerense.
fuente noticias arg
