Los sectores público y privado deben trabajar en forma conjunta para garantizar un desarrollo sostenible, uno de los objetivos planteados por la Ley Yolanda de planes de capacitación a funcionarios, coincidieron referentes de las áreas productivas, científico-académicas y públicas.

«Con especial énfasis en cambio climático y desarrollo sostenible, la capacitación (prevista en la ley) busca interpelar las formas de intervenir desde las políticas públicas desarrollando capacidades para la toma de decisiones informadas y ambientalmente responsables», explicaron a Télam desde el Ministerio de Ambiente de la Nación.

La Ley Yolanda -sancionada a fines de 2020- está destinada a todas y todos los funcionarios y empleados que se desempeñan en la función pública del Estado Nacional, en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Para garantizar su cumplimiento, indicaron las fuentes, la cartera que conduce Juan Cabandié -como autoridad de aplicación- es responsable de «capacitar a las máximas autoridades nacionales y de certificar la calidad de las capacitaciones que elabore e implemente cada organismo».

«Nos encontramos terminando el proceso de consulta para la construcción de los lineamientos generales, con una amplia participación y validación de las instituciones científico académicas y de organizaciones de la sociedad civil que realizaron sus aportes y sugerencias desde sus singulares trayectorias y perspectivas consolidando el documento de base que guiará a las diversas capacitaciones que se realicen», completaron.

En ese sentido, esta semana representantes del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) expresaron a Cabandié su preocupación sobre los «ejes epistemológicos» presentados por la cartera para implementar la norma.

«Meter al ambiente en los negocios no es un costo mayor sino diferente, que se comparte entre lo público y lo privado, y cambia la lógica del sistema productivo»

DANIEL TOMASINI

En diálogo con Télam, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y vocero del CAA, explicó que la preocupación se centró en «algunas palabras que hablaban de reemplazar los actuales sistemas de trabajo que tiene la agricultura argentina, que podían dar a entender que había una ideologización de los sistemas de protección al medio ambiente».

Según Martins, Cabandié aclaró que «de ninguna manera se pretende reemplazar los actuales sistemas a sabiendas que un buen sistema de agricultura es necesario para generar alimentación, divisas, empleo; sí tenemos que trabajar en conjunto para que no haya excesos ni daños al medio ambiente».

Consultado por Télam, el profesor de Economía Ambiental de la Facultad de Agronomía de la UBA (Fauba) Daniel Tomasini consideró que la iniciativa ha sido una «evolución» que «costó muchos años» y fue fruto de «una pelea muy fuerte».

Para Tomasini, «antes nadie quería plantear el tema porque veía que se venían restricciones, pero el tema del cambio climático provocó un giro importante» en la discusión, «amalgamó a todo el mundo».

Según Martins, la idea de «ir hacia un tipo de agricultura que sea complementaria y que tenga que ver con alguna de las demandas mundiales de productos orgánicos hay que atenderla».

Pero, aclaró, ese tipo de demandas «son mínimas y que requieren mucha inversión», y es importante «tener reglas de juego claras, estables en el tiempo, sostenibles», para hacer frente a ese tipo de planteos y satisfacer esa demanda que «no siempre paga las primas necesarias para cubrir los costos» que implica una agricultura de ese tipo.

En ese aspecto, Tomasini consideró que «lo que pueda estar haciendo para optimizar económica o productivamente cada sector, también hay que pensarlo desde el punto de vista ambiental».

«Hay una inequidad en el tema ambiental muy grande, que desafía a las empresas y sectores a ver cómo producir sin impacto ambiental o reducir ese impacto; no tenemos alternativas», señaló el catedrático.

Además, afirmó, «meter al ambiente en los negocios no es un costo mayor sino diferente, que se comparte entre lo público y lo privado, y cambia la lógica del sistema productivo».

«Ese costo mayor que pueda tener ese productor o empresa tendría que estar apuntalada por el resto de la sociedad, es decir por el Estado. a través de normas, restricciones, subsidios, incentivos, desincentivos, bonos verdes, hay miles de instrumentos, no hace falta que sea con plata», indicó.

Finalmente, Tomasini aseguró que «es un momento para discutir este tema, que se capacite la gente, trabajar con un criterio ambiental y socialmente justo; el ambiente no es gratis, tenemos que estar dispuestos a pagar por él».

«Quedamos en trabajar en conjunto; seguir intercambiando información; lo positivo es que este diálogo nos permite -si hay barreras- tratar de ir corriéndolas, porque lo que necesita el país -en eso estuvo de acuerdo el ministro Cabandié- es crecer en valor agregado a través de exportación, permitir un mayor ingreso de divisas y, sobre todo, generar trabajo en el interior del país», completó Martins.

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió ayer martes la inscripción para acceder en 43 localidades del país a los lotes con servicios creados a través del Plan Nacional de Suelo Urbano (Pnasu) y de Procrear II, que se complementarán con créditos para construcción.

En esta ocasión, los sorteos comprenderán a lotes ubicados en los municipios bonarenses de Benito Juárez, Berazategui, Carmen de Areco, Coronel Suárez, Exaltación de la Cruz, Guamini, Las Flores, Mar Chiquita, Moreno, Pila, Tres Lomas, Villa Gesell, Luján, Hurlingham.

También forman parte las localidades de Adolfo Alsina, Bahía Blanca, Gral. Villegas, La Plata, Lobería, Lobos, Mar del Plata, Olavarría, Pergamino, Saladillo, San Miguel del Monte, San Nicolás de Los Arroyos, Tandil, Trenque Lauquen, Campana y Chacabuco.

Además, la inscripción comprenderá a lotes en San Fernando del Valle, provincia de Catamarca; Puerto Madryn, Chubut; Villa María, Córdoba; Gualeguaychú, Entre Ríos; en la capital de Formosa; San Martín de los Andes y Centenario, Neuquén; Río Gallegos, Santa Cruz; y Esperanza, Santa Fe.

Por otra parte, este martes el ministro de la cartera, Jorge Ferraresi, encabezó la entrega de lotes y créditos en la localidad de Berazategui para que familias puedan construir sus primeras viviendas.

En Berazategui, son en total 168 los lotes con servicios y ya fueron entregados 91, en un proyecto que demandó una inversión por parte del Estado Nacional superior a los $ 16 millones, informó el Ministerio en un comunicado.

En la ocasión, Ferraresi destacó que «por medio de estas políticas públicas impulsadas por el presidente Alberto Fernández, los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país están teniendo la oportunidad de desarrollarse y proyectar un futuro mejor en el lugar al que pertenecen. La casa propia es un sueño posible”.

Al igual que todos los créditos hipotecarios Procrear II, esta nueva instancia para adquirir lotes y créditos para construcción incorpora la fórmula Hog.Ar, una modalidad de actualización crediticia que, al vincularse con la evolución de los salarios, brinda mayor previsibilidad a las familias adjudicatarias.

Tres jóvenes fueron declarados este martes culpables del crimen de Micaela Romero, la integrante de la Policía Federal Argentina (PFA) asesinada por «motochorros» que la asaltaron en agosto de 2020 en el partido bonaerense de Quilmes, y como eran menores de edad al momento del hecho, la Justicia recién fijará el monto de la pena que deberán cumplir en prisión dentro de un año.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 2 quilmeño adelantó la lectura del veredicto, que resultó condenatorio para los imputados, dos de 18 años y uno de 17, quienes seguirán detenidos en un instituto de seguridad en 2022.

«Me siento con un aire de decepción«, escribió María Constante, la madre de la víctima, en la página de Facebook «Justicia por Micaela Romero», y si bien sostuvo que el hecho de que los declararon culpables a los acusados eran una de sus «metas», el fallo le deja un «sabor amargo».

«Entonces me pregunto yo: ¿Hemos ganado o hemos perdido? ¡Yo lo único que sé que a mi hija no la tengo más y eso no se cura con nada! ¡Leyes de Argentina para menores que matan deben cambiar!», señaló.

En los alegatos de la semana pasada, la fiscal María Julia Botasso y el particular damnificado coincidieron con el pedido de 25 años para todos los acusados.

Condenaron a tres jóvenes por el crimen de la policía Micaela Romero.

Según las fuentes, la instructora judicial pidió que se condene a los acusados por el delito de «homicidio en ocasión de robo doblemente agravado«.

Sin embargo, los jueces Alejandro Paccioretti, Gladys Krasuk y Analía Consolo resolvieron cambiar la calificación a «homicidio agravado en concurso real con robo con arma»

Por su parte, la defensa había requerido la absolución, mientras que en sus «últimas palabras», los tres acusados dijeron ser inocentes.

«Me siento con un aire de decepción»,

MARÍA CONSTANTE, MADRE DE LA VÍCTIMA

Las fuentes judiciales añadieron que a partir del fallo de este martes, los culpables serán evaluados por diferentes peritos en su lugar de encierro y en base a esos estudios, entre otros dictámenes, en julio de 2022 se fijará el monto de la pena que podría ser de entre 10 y 25 años.

El juicio comenzó el lunes de la semana pasada con la declaración de testigos propuestos por las partes acusadoras y la reproducción de las escuchas telefónicas realizadas durante la instrucción de la causa.

Las fuentes judiciales indicaron a Télam que uno de los testigos presenciales colocó a uno de los dos acusados de 18 años en la escena del crimen.

Micaela Romero tenía de 23 años, era madre de una nena de 2 y tenía un año de antigüedad en la fuerza, donde se desempeñaba en la División Protección Residencia Presidencial de Olivos y Operaciones de la PFA, aunque estaba de licencia médica cuando fue asesinada.

Actualmente, la hija de Micaela vive con su padre en una casa que el hombre construyó junto a la mujer asesinada en la parte de atrás del terreno donde se ubica también la vivienda de la madre de la víctima, en el barrio Kolinos, de Quilmes.

El crimen de Micaela fue cometido cerca de las 7 del domingo 16 de agosto del año pasado, cuando se celebraba el Día del Niño.

La policía, que estaba vestida de civil y no llevaba su arma, fue junto a un amigo a comprar cigarrillos a un comercio ubicado en calle 395 y avenida Carlos Pellegrini, de La Cañada, Quilmes, cuando ambos fueron abordados por varios delincuentes que iban en moto.

De acuerdo con lo determinado luego, los asaltantes le robaron las zapatillas y el celular al amigo de Romero y cuando Micaela se negó a entregar su teléfono se dieron cuenta de que era policía y le efectuaron un disparo en el pecho.

«Tirale que es cobani. Tirale que es cobani», le dijo uno de los delincuentes a otro al momento del robo y al reconocer a Romero.

Los investigadores dijeron que la oficial recibió un disparo a la altura del tórax, mientras que los delincuentes alcanzaron a sacarle el celular para luego escapar.

Tras el ataque, Romero fue trasladada en grave estado por un grupo de vecinos al Hospital El Cruce, de Florencio Varela, donde ingresó inconsciente y falleció a los pocos minutos producto de la herida sufrida.

A un mes y medio del hecho, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se reunió en su despacho del Senado con la mamá de la víctima y la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, para acompañar el pedido de justicia de la familia.

Pocos días después, la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, recibió a los padres de Romero y les expresó su «pesar y compromiso» por contribuir al esclarecimiento del caso.

Distintas jurisdicciones del país implementan programas de gestión menstrual, con provisión gratuita de kits de protección e higiene, y de acceso a las copas menstruales, un dispositivo «más económico y sustentable».

Estos planes, así como la presentación de proyectos en las legislaturas provinciales, tuvieron su mayor impulso durante la pandemia de coronavirus cuando, según la directora de Economía, Igualdad y Género de la Nación, Mercedes D’Alessandro, las autoridades detectaron que «a las mujeres les costó más acceder a los productos de gestión menstrual».

«Si una mujer no tiene dinero suficiente para gestionar de manera digna algo tan básico como su menstruación, menos podemos hablar de empoderamiento o de cerrar brechas de género», advirtió días atrás la funcionaria cuando disertó en la Universidad Nacional del Nordeste, en Chaco.

«Si una mujer no tiene dinero suficiente para gestionar de manera digna algo tan básico como su menstruación, menos podemos hablar de empoderamiento o de cerrar brechas de género»

MERCEDES D’ALESSANDRO

El informe del gobierno nacional «Justicia Menstrual: Igualdad de género y gestión menstrual sostenible», presentado en mayo, señaló que el costo anual de las toallitas y tampones incorporados al programa Precios Cuidados equivale al 46% del ingreso mensual promedio de una persona.

Y, alertó que para quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, el costo anual se eleva al 52% de su ingreso mensual, es decir que, al año, destinan más de una AUH en comprar estos productos.

Ante ello, D’Alessandro sostiene que esta problemática es parte «de la agenda económica y social del Gobierno Nacional» que busca «elaborar políticas de producción amigables con el medio ambiente, de empleo, empoderamiento y autonomía económica de las mujeres».

En el caso de Buenos Aires, el gobierno bonaerense entregó junto a la fundación Banco Provincia a municipios y cárceles de mujeres más de tres mil copas menstruales y para ello se hizo «una capacitación previa de sensibilización porque en algunas compañeras todavía genera desconfianza su uso», explicó a Télam, Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia.

En junio último, se entregaron copas menstruales en la unidad carcelaria número 8 de Los Hornos, con el programa Gestión de la Higiene Menstrual en Contexto de Encierro que además promueve la gestión sustentable de la higiene menstrual a través de talleres y la producción de toallitas higiénicas.

«La Copa menstrual te da autonomía, no hay que ir a comprar toallitas y además del costo tiene un beneficio ambiental»

LUCÍA PORTOS

«La Copa menstrual te da autonomía, no hay que ir a comprar toallitas y además del costo tiene un beneficio ambiental, ya que es un dispositivo mucho más cuidadoso con el medio ambiente, más que las toallitas desechables y para muchas usuarias es mucho más cómodo, no produce alergias, no hay que cambiarlas tan seguido», explicó Portos.

Y, agregó que «una contra que tiene la copa menstrual y es algo que hay que pensar antes de entregarlas, es que se requiere que en la vivienda haya agua potable».

La funcionaria dijo que se realiza «un seguimiento para saber si funcionó o no» y resaltó que «la copa menstrual es bien recibida y hay voluntad de utilizarla» porque, dijo, «es un tema que tiene mucha demanda, no necesitamos incentivarla».

Incluso, señaló, «hay muchas concejalas que han presentado proyectos en sus Concejos Deliberantes para que el municipio se haga cargo de la compra».

El intendente de San Martín, Fernando Moreira, quien el 2 de julio recibió esas donaciones dijo a Télam que «es muy importante porque nos permite llegar a muchísimas más mujeres y personas menstruantes a través de una política de Estado que busca achicar las brechas de la desigualdad».

Lucía Portos: «La Copa menstrual te da autonomía, no hay que ir a comprar toallitas y además del costo tiene un beneficio ambiental».

En Santa Fe, la Cámara de Diputados dio en agosto de 2020 media sanción a un proyecto de ley que garantiza el derecho al acceso a los productos necesarios para una gestión de higiene menstrual «segura, eficaz y digna».

El texto reconoce a la gestión de la higiene menstrual como «una de derechos humanos» y en su artículo 3 menciona, entre los elementos aptos, a la copa menstrual, por lo que impulsa su suministro efectivo, gratuito e irrestricto, como el de otros implementos.

En Chubut dos municipalidades implementan la entrega de copas menstruales gratuitas. La pionera en la materia fue Dolavon, una pequeña comuna ubicada en el valle inferior del río Chubut, con un «plan municipal de gestión menstrual» dirigido a «las mujeres de bajos recursos» que además de la entrega de las copas menstruales brindó charlas de ginecólogas.

La ciudad de Comodoro Rivadavia, la más poblada de la provincia, también implementó «el Programa de Accesibilidad a productos de Gestión Menstrual Sustentable» en mayo para impulsar «un plan de estudios médicos y acceso a copas menstruales en un trabajo articulado entre las secretarías de Mujer, Género, Juventud y Diversidad con el área de Salud».

En Misiones, la comisión de Salud y Seguridad Social de la Legislatura provincial aprobó en marzo la implementación de la Campaña de Gestión Menstrual en la provincia, en el marco del Mes de la Mujer.

La diputada provincial Anazul Centeno, integrante de la comisión, señaló a Télam que «se logró distribuir a partir del 8 de marzo y en toda la provincia unas 2.500 copas menstruales, que sirvieron para informar y enseñar sobre su uso».

Además, la Legislatura tiene pendiente el tratamiento de dos proyectos de ley que establecen la creación del Programa de Provisión Gratuita de Elementos de Gestión Menstrual, destinado a todas las personas carentes de recursos para proveerlas de toallas higiénicas (descartables o reutilizables), tampones o copas menstruales.

En Chubut dos municipalidades implementan la entrega de copas menstruales gratuitas.

En Catamarca, tres municipios aprobaron ordenanzas para abordar la Gestión Menstrual como Derecho.

En marzo, el Concejo Deliberantes de San Fernando del Valle aprobó una ordenanza que establece «la entrega gratuita y obligatoria, a niñas, adolescentes y mujeres que se encuentren entre la menarca y el climaterio, de productos higiénicos que forme parte de los elementos necesarios para la gestión menstrual» para «asegurar un marco igualitario, protectorio y asistencial para el desarrollo y el cuidado de la salud».

Luego, se sumaron a esta iniciativa el municipio de Valle Viejo y el de Saujil.

La organización política TRIBU, que representa a mujeres y diversidades en pos de disminuir desigualdades, lleva adelante en la provincia la Campaña de Gestión Menstrual Como Derecho.

Las consignas a favor de la gestión menstrual, en la campaña por el aborto legal.

En Mendoza, la Dirección Provincial de Género y Diversidad que depende de la Secretaría de Desarrollo Social confirmó que ha comprado una partida de copas menstruales para entregar en los refugios de mujeres víctimas de violencia de género y al colectivo LGTBQ.

En Tierra del Fuego, el municipio de Ushuaia ya aplica una ordenanza sancionada en julio de 2020 por el Concejo Deliberante que estipula la distribución gratuita de elementos para la gestión menstrual a niñas, adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa, que entiende a la salud menstrual como «un derecho básico», contempla la realización de un relevamiento para «conocer la composición familiar de quienes requieran los insumos», a la vez que garantiza la difusión del proyecto a través de los medios de comunicación.

En San Luis, la Secretaría de la Mujer, Diversidad e Igualdad, lanzó en abril el programa de gestión menstrual sostenible «Yo Menstrúo», que apunta a la capacitación, sensibilización, acompañamiento y entrega de kits menstruales a niñas y adolescentes de la provincia.

«Esta política aporta a la educación sexual, ayuda al medio ambiente frente a la utilización de materiales reutilizables y disminuir desechos sanitarios, y también la economía familiar», expresó la secretaria de la Mujer provincial, Ayelén Mazzina.

El programa estima llegar a 40.000 sanluiseñas en los próximos tres años y comenzó a aplicarse en pueblos y parajes del interior, para luego llegar a los grandes centros urbanos.