La cadena de electrodomésticos Garbarino se encuentra en una situación cada vez más complicada. La mayoría de los 105 locales están cerrados y continúan las demandas de sus trabajadores por la falta de pago de los salarios.
La empresa admitió que no puede hacer frente al pago a sus proveedores y la entrega de mercadería, con reclamos de los clientes que se multiplican en las redes sociales.
Este miércoles se llevará a cabo una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo, donde la empresa presentará algunas de sus propuestas para sostener el funcionamiento de la compañía, que hace un año pasó a manos del empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, pero no pudo reponerse de una situación crítica que arrastra desde hace varios años.
Desde hace cinco meses, los cerca de 3.800 empleados de la empresa no están cobrando sus salarios. Esto incluye a los trabajadores de las seis unidades del grupo: Garbarino, Garbarino Viajes, la cadena Compumundo, la financiera Fiden y las plantas Tecnosur y Digital Fueguina, ubicadas en Tierra del Fuego. Según indicaron desde el Ministerio de Trabajo, los trabajadores solo están recibiendo el pago del Repro II, que incluyó unos $170 millones en cinco meses.
Una gran parte de los 105 locales de la cadena de electrodomésticos permanecen cerrados o abiertos en forma irregular con un nivel de operación mínimo.
“No hay mercadería en ningún local ni en el depósito de La Tablada. No se hacen entregas de productos vendidos y la página web estuvo sin funcionar por 15 días. El pago de las cobranzas de los créditos lo migraron a Pago Fácil o Rapipago. Hace una semana que no hay sistema operativo en la empresa y por lo tanto no hay posibilidad de anular y reintegrar los valores de las compras”, señaló a Infobae uno de los empleados de la empresa que resguardó su nombre.
Desde la empresa, aseguran que la situación es muy complicada y que se agravó en abril y mayo de este año, con la segunda ola de covid, cuando las ventas cayeron entre 60% y 75%, con un desplome en el flujo de caja que colapsó el pasado mes de junio. El efecto cascada de la situación generó la falta de pago a los proveedores.
“Hace una semana que no hay sistema operativo en la empresa y por lo tanto no hay posibilidad de anular y reintegrar los valores de las compras”.
La compañía está trabajando en tres líneas para poder remontar el complejo escenario. Por un lado, esperan poder cobrar una deuda pendiente del Gobierno porteño que estiman en $438 millones y que les permitiría pagar salarios. Luego, apuestan a cerrar un acuerdo con la empresa Newsan, que podría contratar a sus dos plantas en el Sur del país para la fabricación de algunas de sus líneas de productos. Y por último, esperan formar un fideicomiso financiero, operado por terceros a través de un banco, que les permita volver a abastecer la demanda de productos.
Por otro lado, desde la empresas aseguran que están en negociaciones con dos posibles inversores que podrían incorporarse a la empresa, aunque aún están en el proceso donde los interesados requieren información sobre los números de la compañía.
Hace un mes, la empresa no pudo cerrar un acuerdo con un posible socio, de un grupo encabezado por el empresario Facundo Prado, porque consideraron que la propuesta era “inconsistente”, lo que aumentó la tensión dentro de la compañía. La intención era que un nuevo socio pudiera inyectar capital que le dé empuje a una posible reconversión de la empresa, con más foco en la venta online y locales como puntos de retiro de las compras, con el formato de pick-up, una tendencia que siguen todas las empresas del rubro.
