Cristian Blotta, presidente del Tribunal de Disciplina del Partido Justicialista de Chubut, brindó detalles en FM La Única sobre el procedimiento administrativo en marcha para evaluar el accionar de afiliados que compitieron electoralmente fuera del frente oficial en las últimas elecciones.

“El tribunal se conformó y hemos realizado la puesta en marcha del reglamento interno”, señaló Blotta. Explicó que comenzaron a recibir notas de distintos consejos de localidad solicitando que se actúe en relación a afiliados que participaron en listas ajenas al Frente Arriba Chubut. En base a estos pedidos, se inició el proceso administrativo, que incluye la notificación a los involucrados. “Es la puesta en marcha de todo un mecanismo administrativo que puede concluir con una sanción de índole administrativa que puede conllevar la desafiliación a posteriori”, agregó.

Blotta detalló que el tribunal está compuesto por cinco miembros —tres mujeres y dos varones—, y que las decisiones se toman por mayoría. “Si hay una diferencia dentro de la decisión, se estará definiendo por parte del Congreso Provincial”, explicó.

Consultado sobre los criterios para iniciar el análisis, Blotta precisó: “En esta primera etapa ha sido mediante las notas que hemos recibido. Nuestra obligación es notificar a todos aquellos y aquellas que participaron electoralmente en una boleta en contra del frente del peronismo”.

El proceso contempla que, una vez notificados, los afiliados tienen cinco días para presentar su descargo por escrito. Luego, el tribunal vuelve a reunirse para analizar cada caso. “Esto va a demandar un tiempo mucho más prolongado. Recién fueron las primeras cartas documento que se han enviado”, indicó.

En relación a los nombres incluidos en esta primera instancia, Blotta fue consultado por la situación del exintendente de Trelew, Adrián Maderna. “Maderna no participó él como figura dentro de ninguna lista. Por lo menos nosotros no lo teníamos en conocimiento de que haya salido ninguna carta documento para él”, aclaró.

Sí mencionó otros casos, entre ellos “Gustavo Mac Karthy, el actual diputado Loma Ávila y Leila Lois Jones”. No obstante, sostuvo: “Todos tienen el mismo nivel dentro del Partido Justicialista. Algunos tienen responsabilidades importantes que en su momento las han cumplido para el PJ y hoy las cumplen para otros partidos”.

Sobre la participación del Consejo de Localidad de Puerto Madryn, dijo que no recordaba puntualmente si hubo una presentación, pero destacó: “Están trabajando muy bien los compañeros y compañeras de Puerto Madryn. He compartido varias reuniones con la mesa del Consejo y la verdad que vienen trabajando muy bien”.

Por último, Blotta hizo mención a la coyuntura económica y social que atraviesa el país. “Hoy los problemas pasan por otro lado: la cantidad de personas desocupadas, la situación económica que no le alcanza a nadie, la cantidad de pymes que van cerrando”, sostuvo. “Esto forma parte de la vida interna del Partido Justicialista, pero los verdaderos problemas que atraviesan a la sociedad son otros”, concluyó.

El fiscal general Jorge Bugueño dialogó con FM La Única sobre el estado actual de la causa que investiga el siniestro vial en el que murió Diego Danese. Confirmó que se realizará una reconstrucción del hecho en el lugar donde ocurrió, con condiciones similares a las de aquella noche.

“Estamos en vísperas de hacer una reconstrucción del hecho, con un vehículo similar y una bicicleta de idénticas características. Por supuesto, en un horario nocturno para mantener las mismas condiciones en las que sucedió el siniestro”, indicó. Según explicó, la medida fue solicitada por la querella y servirá como base para una pericia accidentológica. “Se va a trabajar con distintas velocidades para que el perito pueda determinar causas primarias y secundarias, velocidad y posibilidad de evitar el hecho”, añadió.

La reconstrucción se realizará en el tramo comprendido entre la entrada del barrio Solana y la rotonda de Ruta 1 y calle Hansen, “donde no hay iluminación”, lo que reviste importancia para “ver a qué instancia puede visualizarse una bicicleta y cuál podría ser la maniobra de evasión”. Participarán fuerzas policiales y personal de tránsito, ya que será necesario liberar totalmente la calzada.

En relación con las denuncias de presuntas irregularidades por parte de la querella, Bugueño se refirió a la toma de muestras de sangre a la conductora imputada. “El test de alcoholemia dio un valor de 1,88. Para reforzar eso se solicitó una extracción sanguínea, pero al momento de hacerla el hospital informó que no tenía los insumos necesarios”, explicó. Indicó que se consultó a distintos especialistas del Cuerpo Médico Forense y bioquímicos externos, quienes consideraron que, tras más de doce horas del hecho, la muestra ya no sería útil para aportar certezas.

A pesar de ello, el fiscal remarcó: “El test de alcoholemia fue realizado con el consentimiento de la conductora, con presencia de un abogado y con un aparato homologado por el INCI. Entendemos que esta circunstancia está zanjada”.

También se refirió a la demora en la declaración de una testigo presencial, que declaró más de 30 días después del siniestro. “Cuando la fiscal llega al lugar, el personal policial le dice que la conductora venía sola. Entonces no podíamos citar a alguien que no figuraba en el acta”, señaló. Dijo que fue a partir del aporte de la querella que se comenzó a buscar a la posible acompañante, y finalmente se la ubicó e incorporó su testimonio a la causa.

Consultado sobre si esa demora afecta la investigación, Bugueño aclaró: “El testimonio importante es el que se da en juicio, bajo juramento. Puede tomarse una entrevista a las 24 horas o 50 días después, pero el valor lo tiene en el juicio”.

Respecto al avance del proceso, afirmó que por el momento no se ha modificado la imputación legal. “Sigue siendo homicidio culposo agravado, con una expectativa de pena de tres a seis años de prisión”, sostuvo. Sin embargo, señaló que no se descarta un cambio de carátula dependiendo de los resultados de las pericias accidentológicas. “La otra posibilidad es el homicidio con dolo eventual, que cae bajo la figura de homicidio simple, con una escala penal de 8 a 25 años”, concluyó.

Aldana Muñoz habría actuado con consciencia al momento de asesinar a Sofía y Dylan. La defensora insistió en que su clienta fue víctima de violencia de género.

Daniel Iván Favilla fue condenado por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

La rebaja impositiva anunciada para electrónicos altera los nervios en el país trasandino. ¿Qué dicen?

Ramiro Palma, abogado representante de la ONG Aprender a Volar, se refirió en FM La Única a la situación que enfrentan personas con discapacidad en Puerto Madryn debido a la exigencia de un carnet municipal adicional al Certificado Único de Discapacidad (CUD) para acceder al transporte urbano gratuito.

“El certificado único de discapacidad es un certificado suficiente para que una persona con discapacidad pueda obtener todos los derechos que la ley prevé”, explicó Palma, quien advirtió que en la ciudad “se está exigiendo un carnet extra que, además, se tramita en la oficina municipal de discapacidad”.

El abogado aseguró que esta exigencia “es ilegal, porque precisamente hay una ley nacional que dice que lo único que necesita una persona con discapacidad para gozar de los derechos es el certificado único”. Además, afirmó que esta situación “viola la pirámide jurídica”, ya que una ordenanza local no puede contradecir una ley nacional.

Palma indicó que “el argumento del municipio y de la empresa Ceferino del Sur es que hay una ordenanza que manda a crear este carnet”, pero que esa disposición “está firmada por un funcionario de la Agencia Municipal de Discapacidad”. Según señaló, “esto lo hace mucho más grave, porque es el municipio el que activamente crea un mecanismo para violar la ley”.

Frente a este panorama, desde la ONG están impulsando distintas acciones. “Compartimos esto con la comunidad, con ustedes, así que por esto gracias por el espacio, que las personas puedan conocer qué es lo que está pasando”, dijo Palma. Además, mencionó que trabajan en conjunto con el colectivo Cerrando Brechas y el taller Cereladi, desde donde enviaron una nota al intendente y a Ceferino del Sur “exigiendo que se cumpla la ley y se derogue este mecanismo ilegal”.

Hasta el momento, según detalló, no hubo respuestas. “No hay noticias, ni informalmente. Esa negativa se configura con el silencio”, expresó.

Palma también se refirió al contexto nacional en materia de discapacidad. Mencionó que “hoy hay una emergencia nacional de discapacidad” y que el nomenclador que determina el valor de las prestaciones “no se actualiza desde diciembre”, lo cual “degrada el sistema y la atención”.

Por otra parte, el abogado remarcó que esta situación en Puerto Madryn “no es nueva” y que desde hace años insisten en el cumplimiento de la ley. “Vamos a seguir diciendo en todos lados que acá lo que se está haciendo es incumplir una ley, y eso lo hace ilegal”, afirmó.

El presidente del Consejo Municipal de Adultos Mayores de Puerto Madryn, Oscar Furci, informó a la prensa sobre las gestiones realizadas ante autoridades provinciales a raíz del anuncio del cierre del albergue pastoral. Según explicó, la preocupación surgió a partir de información recabada en el plenario de Esquel, donde se indicó que el espacio dejaría de funcionar.

“Nos preocupó, por eso nos pusimos en contacto con la secretaria de Salud de Provincia, la doctora Denise Acosta”, señaló Furci, quien mencionó que previamente habían recibido una respuesta parcial de la directora del hospital local que confirmaba el cierre, sin precisar si sería definitivo o temporal.

La doctora Acosta aclaró que el cierre se concretará una vez que se disponga de un nuevo lugar que cumpla las funciones del actual albergue pastoral. “Esto nos tranquilizó”, expresó Furci, aunque indicó que aprovecharon la reunión para plantear otras problemáticas que afectan a los afiliados de PAMI.

Entre las principales preocupaciones, el titular del Consejo mencionó la falta de odontólogos en PAMI. “El afiliado va a Prosate, de ahí lo derivan al hospital”, explicó, y agregó que también se registran derivaciones de pacientes sin cobertura debido a los altos co-seguros, lo que genera una saturación del sistema público. “Estamos haciendo un mal uso aquellos que tenemos obra social de la salud pública”, afirmó.

Furci también transmitió la necesidad de ampliar los consultorios del hospital, tema que fue abordado con la secretaria Acosta. Indicó que la funcionaria se llevó varios planteos para buscar respuestas, especialmente en lo relacionado con Prosate. “O sea, que haya venido la propia secretaria de Salud ya es un avance importante y significativo, por lo menos para escuchar y empezar a poder dar respuesta”, expresó.

Otro tema abordado fue el funcionamiento del hospital modular y los centros de salud barriales. “En un momento se dijo que iban a abrir para descentralizar la atención de Prosate”, recordó Furci, y sostuvo que seguirán trabajando para avanzar en estas cuestiones.

Respecto al servicio de ambulancias, Furci explicó que actualmente se utiliza un sistema a través de un 0800 con base en la ciudad de Trelew, operado por la empresa Sanos. “Cualquiera sabe que ante una emergencia esperar una ambulancia que venga de Trelew no es lo mejor”, sostuvo, y mencionó que solicitaron que el servicio cuente con una base en Puerto Madryn.

Consultado sobre declaraciones recientes que indicaban que un prestador local cubriría el 50% de la cápita, Furci aclaró: “El prestador local sigue teniendo una cápita mínima y dentro de ella están los afiliados a PAMI que están alojados en San Ignacio, en la clínica de la calle Reconquista. Eso es todo lo que tiene”.

Finalmente, el presidente del Consejo indicó que desde la administración de PAMI les informaron sobre la posibilidad de cambiar de prestador, opción que fue rechazada por el prestador anterior. “Nosotros pedimos un prestador, no decimos quién, pero que sea con base en Madryn. No queremos ser delegados del antiguo prestador”, concluyó.