Alan Vargas, secretario de Prensa de la Asociación de Trabajadores del Estado de la delegación Comodoro Rivadavia, indicó sobre el trabajo de los porteros mañana por la noche en las escuelas donde se vote, que se liberó la decisión a los propios auxiliares mediante el pago de horas extras y dos días de franco compensatorio.

“Estuvimos en contacto con la Delegación Regional para fijar nuestra postura. El jueves nos enteramos de esta circular a través de las supervisiones donde advertía que los auxiliares tenían que hacer presencia después del acto eleccionario para hacer la limpieza”.

Vargas reconoció la violación del Convenio Colectivo de Trabajo ya que “los compañeros tienen una carga horaria de 30 horas semanales donde están contemplados los fines de semana”. Y puso en debate la seguridad física debido a la falta de transporte y a las polémicas que podrían plantearse cuando no se termina en un horario conveniente tras el recuento de votos y la fiscalización de las mesas. “A veces se discute y se tarda más de la cuenta a la par del trabajo de los fiscales y autoridades de mesa”.

El vocero de ATE plantea que el personal recibiría el pago de horas extras y dos francos compensatorios a determinar con los directivos de los colegios. “No quisimos que se genere algo más grande y lo dejamos a voluntad de los auxiliares, que tienen voz y voto. Es su trabajo, lo dejamos como optativo y el compañero que quiera realizar ésta tarea está a merced de hacerlo. Pedimos el agregado de un franco compensatorio de dos días. Le solicitamos que las horas extras se paguen de inmediato ya que habitualmente se abonan después de tres meses, había problemas con las cargas y terminaba siendo muy engorroso”, dijo en Cadena Tiempo.

En cuanto a la falta de personal en los establecimientos, indicó que ATE presentó el proyecto para cumplir “horas extraordinarias”, un ítem diferencial que se paga en el orden de tres horas por día. “Hay muchos jubilados, fallecidos o con licencias de larga duración. Por eso los compañeros activos tienen la posibilidad de hacer éste régimen de cobertura en las instituciones que tengan ésta necesidad”.

Las licencias de larga data desde el sector de auxiliares, alcanzan unas 50 personas. “ATE trabaja para garantizar la estabilidad laboral de los compañeros, nos abrieron las puertas para negociar y no podemos quejarnos. Hemos tenido diálogo con el Gobierno aunque todo debería ser automático. A través de los años no se ha cumplimentado con los acuerdos por categorizaciones del convenio. Hoy tenemos un acuerdo paritario que confirma que se harán efectivas”.

Fuente: Diario Jornada

En horas de este mediodía se desarrolló en sala de oficina judicial de Trelew la audiencia de control de detención donde el Ministerio Público Fiscal representado por la fiscal general Julieta Gamarra dio a conocer la imputación que le cabe a Pablo Patricio Alarcón, al hallarlo involucrado en los hechos ocurridos el día 20 de julio pasado en el barrio Planta de Gas de esta ciudad, cuando se realizaba una movilización en relación a la campaña política con vistas a las próximas elecciones.

Cabe destacar que al momento del inicio de este evento fueron dos los imputados convocados para tal fin, ya que también está detenido Nicolás Ariel Avila, pero su defensor Abdón Manyauik solicitó tiempo necesario para poder actualizarse respecto de la causa, debido a la complejidad de la misma. Fue así que la Jueza Carolina Marín dispuso con el consentimiento del propio imputado que su situación sea revisada mañana a partir de las 8, por lo que fue trasladado a dependencias policiales nuevamente.

Hechos

La doctora Gamarra señaló que el 24 de julio la misma Jueza autorizó allanamientos y detenciones, procedimientos que se llevaron adelante al día siguiente lográndose el secuestro de elementos y la detención en este caso de Alarcón en una hora cercana a las 5, encontrándose acostado y con un arma calibre 9mm.

Describió la fiscal que el hecho sucedió el 20 de julio aproximadamente a las 16,30 en un sector del barrio Planta de Gas, cuando Juan Pablo Luque y Ricardo Sastre junto a otros dirigentes y militantes de su agrupación partidaria se disponían a recorrer el lugar con el fin de repartir boletas y conversar con los vecinos, pero se vieron obstaculizados por un grupo antagónico, por lo que decidieron redirigir la caminata, contándose con gran cantidad de personas participando de la misma. Así las cosas, en un momento Nicolás Avila, Pablo Alarcón y otra persona comenzaron a realizar numerosos disparos para impedir el traslado de la gente, a la vez que les pedían que se vayan. También utilizaron un motovehículo, donde dos de ellos circulaban efectuando disparos. Cuando Alarcón fue detenido, al momento de la irrupción del grupo Geop tenía entre sus manos el arma sin autorización legal con doce municiones y en condiciones de uso.

Calificación y riesgos procesales

El Ministerio Público Fiscal calificó lo ocurrido como el delito de coacciones agravadas por el uso de arma de fuego en concurso ideal con abuso de armas y en concurso real con tenencia de arma de guerra en calidad de autor. Expuso además sobre la materialidad y autoría, de acuerdo al artículo 220 y la existencia de los riesgos de fuga y entorpecimiento, artículos 221 y 222 del código.

En tal sentido, se explayó sobre las actuaciones policiales y enumeró fotografías y videos, en algunos de los cuales los imputados se mostraban con armas y ufanándose de haber sacado corriendo a los camioneros. Consideró la fiscal la gravedad de lo sucedido, ya que se debe analizar el contexto, con gran cantidad de personas movilizadas y siendo un lugar sumamente poblado. Así y todo efectuaron disparos de armas de fuego y si bien se secuestraron en el sitio seis balas servidas, los testigos dan cuenta que fueron mas de una docena de estallidos. Se indicó que la pena es de tres a doce años de prisión, la que seguramente se despegará del mínimo. Por otra parte aseveró que Alarcón demuestra un no sometimiento a derecho, ya que tiene rebeldías impuestas en noviembre de 2020 por no presentarse a una audiencia preliminar, en febrero de 2021 una rebeldía y pedido de captura y en septiembre de 2022 otra declaración de rebeldía.

Respecto al entorpecimiento, dio a conocer que hay mucha gente que reside en el lugar donde viven los imputados, el mismo donde sucedieron los hechos por lo que los testigos no se atreven a hablar debido al temor que imponen. Tanto en redes sociales como en sus estados demuestran el poder que tienen y el manejo de armas de fuego. Por todo esto solicitó la prisión preventiva por seis meses, además de la apertura de investigación por el mismo plazo legal.

Defensa

A su turno, el defensor Custodio Gómez, acompañado por Alejandro García, manifestó su oposición y rechazo respecto de la posible autoría de su cliente, a la vez que sugirió la no existencia de los peligros procesales para pedir la libertad de Alarcón o subsidiariamente se impongan medidas sustitutivas consistentes en la firma en oficina de ejecución.

Apertura y preventiva

Luego de un cuarto intermedio, la Jueza Carolina Marín resolvió la apertura de investigación por el plazo legal de seis meses. En cuanto a la medida de coerción consideró lo valorado por el Ministerio Público Fiscal para indicar que se encuentran presentes los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento. Dijo que más allá del estado preliminar de la causa, los elementos colectado por la fiscalía la llevaban a presumir sobre la participación de Alarcón en los hechos, reafirmando las evidencias expuestas por la doctora Gamarra y decidiendo finalmente la prisión preventiva por el lapso de tres meses para Pablo Patricio Alarcón, término en el cuál se revisará la situación de acuerdo a la marcha de la investigación que queda a cargo del fiscal Fabián Moyano.

Fuente: Diario Jornada

Este jueves, la Administración Portuaria de Puerto Madryn (APPM) recibió cuatro nuevos vehículos para renovar e incrementar su flota vehicular, lo que permitirá mantener los estándares de idoneidad y calidad en los servicios que se brindan a diario en las instalaciones portuarias.

La entrega se realizó durante la mañana, con la presencia del titular de la APPM, Enrique Calvo, el vicegobernador Ricardo Sastre, el jefe de la prefectura local, prefecto Christian Leonel Mirabete, el consejero representante de la CAMAD Pablo Tedesco, y los directores de la Administración Portuaria.

 

Los nuevos vehículos son dos camionetas doble cabina 4×2, una camioneta doble cabina 4×4 y un vehículo segmento SUV. Para la adquisición de los mismos se realizó el Concurso Público de Precios Nº 02/2023. Serán destinados a diferentes áreas administrativas y operativas de acuerdo a los requerimientos y exigencias actuales de ambos muelles.

De esta manera la Administración Portuaria sigue apostando a la mejora continua, en este caso, dotando al personal de herramientas necesarias que permitan brindar una respuesta superadora en las tareas cotidianas, renovando el compromiso existente entre ambas partes y confiando en el buen uso y utilización de los mismos.

Ante los presentes, el administrador portuario Calvo agradeció a los sectores que participaron en todos y cada uno de los procesos que permitieron que hoy se cuente con estos cuatro nuevos vehículos disponibles y listos para rodar.

Fuente: Diario Jornada

El líder mapuche Facundo Jones Huala recibió un primer revés en el juicio de extradición, en el que le negaron el pedido de nulidad del proceso que había solicitado su defensa.

Fue la primera jornada del juicio de extradición a Chile, mientras el reclamó cumplir el resto de la condena en la Argentina y ratificó su apoyo a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

«Ojalá estuviésemos armados», dijo Jones Hualacuando tomó la palabra en la audiencia, en la quereivindicó los métodos de la RAM para enfrentar «a la clase dominante».

 

«No me van a doblegar, soy una persona, un hombre mapuche de las clases populares», aseguró.

El proceso tuvo lugar en el Escuadrón 36 de Gendarmería, en la ciudad de Esquel, y la primera acción fue el rechazo al planteo de nulidad del proceso expresado por la defensa.

Durante la audiencia en la que se trata el pedido del país trasandino, del que se profugó, Jones Huala fue consultado por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Villanueva, sobre si daba su consentimiento para ser extraditado a Chile, respondió: «No. En principio, pedí terminar la condena acá».

«¡Marichiweu! ¡Que viva la RAM!», agregó el líder mapuche, antes de dejar el micrófono y volver a sentarse.
«Soy combativo y revolucionario, y no me arrepiento. Estoy orgulloso de serlo» dijo Jones Huala.

 

Previamente, su abogado, Eduardo Soarez, había planteado que se rechazara «in limine la extradición porque el Estado requiriente no cumplió con un requisito determinante».

«La ley le ordena al juez que no conceda la extradición si elEstado requiriente no diere garantías específicas de que va adescontar el tiempo que Facundo lleva acá en una eventual condena», había manifestado el letrado.

En diálogo con TN, Soarez se había quejado de que el juez «decidió aceptar todas las pruebas de la Fiscalía y rechazar todas las de la defensa: eso está afectando el derecho a defensa en juicio».

«A Facundo se le violaron derechos de la propia Constitución chilena y del propio proceso», había agregado el abogado, quien había aclarado que si se tiene en cuenta el tiempo que pasó detenido desde su recaptura, a Jones Huala le quedan cumplir «once meses» de prisión.

Fuente: Diario Jornada

El juez federal de Rawson, Gustavo Lleral, confirmó que «se tomó el testimonio de los nueve tripulantes» del barco pesquero Nuevo Viento que arribaron a Puerto Madryn, además de que se secuestraron todos sus teléfonos celulares y se aguarda un «informe completo» de la Prefectura Naval Argentina, en el marco de la investigación por la desaparición del marinero José Gabriel Ferreyra.

El magistrado agregó que «por ahora no hay ninguna persona imputada por la desaparición del tripulante» en la causa caratulada como «averiguación de paradero».

Lleral ratificó además que «la búsqueda sigue por parte de la Prefectura Naval Argentina y se dispuso un rastrillaje también terrestre por la costa, a pedido de los familiares, con quienes me reuní».

El pesquero «Nuevo Viento» desde donde desapareció el marinero Ferreyra el sábado 15 de Julio, amarró el jueves de la semana pasada en el sitio 5 del muelle Almirante Storni de Puerto Madryn por una expresa directiva del juez Lleral que ordenó el repliegue.

Ni bien tomó amarras fue sometido a una exhaustiva inspección por parte de efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA).

«La embarcación fue sometida a una rigurosa inspección de Prefectura para descartar cualquier suspicacia, por ejemplo que haya algún indicio de que el buscado haya desaparecido por alguna pelea, cosa que se descartó», sostuvo el juez federal de Rawson.

Fuentes judiciales consultadas por Télam agregaron que si bien la investigación está en pleno desarrollo, por los elementos recogidos hasta el momento la hipótesis más firme es que el marinero salió a cubierta y cayó al mar sacudido por un «golpe de agua», en un lugar ubicado a una distancia estimada en 170 kilómetros de la costa, a la altura de Punta Ninfas, sobre el noreste del Chubut.

La inspección de Prefectura también incluyó las condiciones generales de la embarcación que serán parte del informe que espera el juez.

Por ahora y hasta nuevo aviso el buque «Nuevo Viento» no puede salir nuevamente a su actividad pesquera, aunque los tripulantes están liberados para volver al trabajo en alta mar si así lo desean en otros embarcaciones, ya que es «su trabajo y único sustento de sus familias».

Los familiares del marinero desaparecido, oriundo de la ciudad bonaerense de Necochea, cuestionan a la investigación, aunque el juez prefirió no emitir ninguna opinión al respecto. «Se hace todo lo necesario para esclarecer el hecho, pero entendemos el dolor de los familiares con quienes me reuní y lo haré cuando así lo requieran», precisó el magistrado.

Fuente: Diario Jornada