La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado emitió este miércoles dictamen del proyecto que ratifica el Consenso Fiscal 2020, que otorga $ 70.000 millones a las provincias para reactivar sus economías, limita el aumento de la deuda púbica y suspende los procesos judiciales por la distribución de la coparticipación federal.

Se trata del acuerdo fiscal suscripto por el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales el 4 de diciembre pasado, en un acto que se realizó en la Casa Rosada, que podría ser debatido en las próximas semanas por el Senado, ya que se encuentra en el temario de convocatoria a extraordinarias.

Todas las provincias firmaron el acuerdo, excepto San Luis y La Pampa, que brindaron su apoyo pero no rubricaron el documento porque tampoco habían adherido al anterior pacto fiscal; y la Ciudad de Buenos Aires, enfrentada con el Gobierno nacional por la reasignación de fondos coparticipables.

Al iniciar el debate el presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Caserio (Frente de Todos), destacó que «el consenso es una herramienta muy importante en un año que seguirá siendo duro», y resaltó la importancia del fortalecimiento de la interrelación Provincias-Nación.

Caserio también puso de relieve, al cerrar el debate de la comisión, que el acuerdo contempla la posibilidad de que «las alícuotas tengan un máximo. Es una limitación a lo que cada provincia puede hacer».

Desde el radicalismo, el senador nacional Victor Zimmermann (Chaco), manifestó su «preocupación» porque en el texto, dijo, «no hay ninguna recomendación respecto al comportamiento del gasto».

«Es importante hablar de la calidad del gasto e inclusive hacer algunas recomendaciones para seguir fortaleciendo el sistema sanitario», consideró.

Por su parte, el senador Julio Martínez (UCR La Rioja), dijo que «durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos las provincias tuvieron superávit. Cuando asumimos había 14 provincias que no podían pagar aguinaldos y 17 en déficit, y cuando terminamos el gobierno la mayoría estaba en equilibrio» y cuestionó a las diferentes gestiones por «asfixiar» a los municipios como la capital riojana.

El acuerdo fiscal establece que en el 2021 las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera, respecto a los valores registrados al 31 de diciembre del 2020.

Esa medida no se aplicará para las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, o con acreedores institucionales siempre que estos últimos, otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros, en términos de repago y de destino de los fondos, entre otros.

Tampoco se aplicarán a los fondos obtenidos que se destinen a financiar obras de infraestructura o a reestructuración de servicios de deuda emitida con anterioridad al 31 de diciembre de 2020.

Otro punto central el acuerdo estará vinculado a las demandas judiciales y establece que por un año las provincias se abstendrán de iniciar procesos judiciales, y suspender los ya iniciados, relativos al régimen de coparticipación federal de impuestos.

La velocidad de esa recuperación dependerá de la normalización de las regulaciones en el mercado de trabajo, así como de incentivos concretos a la inversión, el crédito y una disminución de la presión fiscal al sector formal de la economía.

El ex intendente de Comodoro Rivadavia y actual presidente del PJ, Carlos Linares, se reunió ayer lunes con el intendente de Trelew, Adrián Maderna.

En este contexto, al término del encuentro dialogó con la prensas y allí se refirió a diversos temas, entre ellos al proyecto para habilitar la megaminería en Chubut que presentó el Gobierno provincial a la Legislatura.

Comenzó reiterando que “no fue cierta la tapa del diario”, en referencia a una publicación en la que se afirmaba que él “aportaría” al proyecto, luego de la reunión con el presidente Alberto Fernández.

Subrayó que con el Presidente “hablamos casi 3 horas y lo fui a ver como compañero peronista, no como funcionario”.

Reconoció que se conversó sobre la megaminería en Chubut y apuntó que desde el Gobierno provincial “lo quisieron vender como un pro minero -pero- él dijo que hay minería en el país, hace muchos años y en distintas provincias”.

“El ve, qué con un acuerdo social y marco regulatorio, podría llegar a haber en Chubut. Nada más que eso dijo, no dijo que va a imponer la minería”, sostuvo Linares, añadiendo que el Primer mandatario nacional “dijo que es una asignación que tenemos los chubutenses, de por sí o por no”.

Linares también remarcó que “la minería se puede hablar. Yo entiendo las posiciones, lo que tiene razón es en la manera en la que la quieren sacar”.

“Estoy en contra de la manera en que se la quiere sacar y se lo hicimos saber al Presidente. Entre gallos y medianoche no la vamos a acompañar –porque- ésta Ley es la más importante que vaya a votar la Legislatura de acá a 30 años”, añadió.

Sentenció que “por sí o por no, tenemos que estar seguros de lo que queremos hacer y más con la experiencia de 116 años de producción petrolera”.

“Tiene que ser un debate mucho más amplio y con un plazo más lejos que el que pretende el Gobierno”, cerró.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, recibió este martes en su despacho en Casa de Gobierno al director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, para diagramar el trabajo en conjunto entre Provincia y las fuerzas federales, y reforzar los protocolos en distintos aeropuertos provinciales. 

Luego del encuentro, el titular de la PSA, José Glinski sostuvo que “fue una reunión en donde trabajamos sobre la necesidad de articulación entre las fuerzas federales y la Provincia, particularmente con el Ministerio de Seguridad. Además,  el Gobernador me manifestó el agradecimiento por el rol que cumplimos en el marco de la pandemia que fue muy importante y lo sigue siendo, sobre todo en lo que tiene que ver con la tarea aeroportuaria, porque no es tan sencillo la vuelta a la normalidad”. 

“Me llevo algunas inquietudes para poder seguir trabajando con las fuerzas federales aquí en la provincia y además informamos el proyecto institucional que estamos implementando y lo que planificamos a futuro”, agregó Glinski. 

En esta línea, manifestó que “estamos trabajando en habilitar una Unidad Regional en comodoro Rivadavia, con lo cual vamos a tener que dotar de más personal y quizás a mitad de año ya esté disponible la base de la patagonia sur, que va a tener competencia en Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego”.

La diputada del bloque de la UCR en la Legislatura de Chubut, Andrea Aguilera, diálogo con ADNSUR de la crisis educativa que vive Chubut hace años y sostuvo que una de las soluciones pasaría por aprobar la ley de emergencia educativa para tratar de obtener fondos extraordinarios. Dijo que el inicio de clases debería ser la prioridad número uno del gobierno y que debe intervenir en esto la gestión nacional de Alberto Fernández a través de su ministro Nicolás Trotta.

Aguilera explicó que desde hace seis meses se viene planteando la Educación en Chubut: “presentamos el proyecto de ley que declara la emergencia educativa en la provincia, y a la Educación como esencial, que el ministro Trotta califica livianamente de falacia”, dijo.

Y además recordó que propusieron medidas concretas para avanzar con las trayectorias educativas de los alumnos, y la necesidad de aumentar la conectividad que permita la virtualidad de una manera real y cierta. “En muchos lugares donde no hay Internet ni energía eléctrica, es muy difícil que los chicos puedan cumplir con las trayectorias educativas de esa manera. A esto se suma que hace 2 años -por el conflicto entre el gobierno y el sector de la Educación- tampoco hubo clases”, puntualizó.

La diputada también indicó que hay pedidos de auxilio financiero al Gobierno nacional para poder hacer frente a la deuda que el Gobierno mantiene con los empleados del sector público. “Son 2 meses de salarios, parte del aguinaldo de junio y el aguinaldo de diciembre” dijo.

imismo destacó que se avanza en el pedido de una audiencia con el ministro de Educación de la Nación “para poder hacerle ver todos estos temas y la importancia que la Nación venga en auxilio de la provincia como garante conforme a la Ley Nacional de Educación, la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales. También, la visita de Trotta tiene que incluir a todas las partes y no sólo a las entidades gremiales. El ministro tiene que escuchar a los legisladores y a los padres organizados que se movilizan para solicitar el regreso a clases”.

LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ESCUELAS

Por otro lado, la legisladora señaló que otro de los puntos que solicitaron es la apertura de las escuelas para la limpieza y desinfección para un retorno a clases en Chubut. “Hasta el momento, son declamaciones vacías del ministerio de Educación y del resto de los actores del Gobierno. No se hace nada concreto”, afirmó. Mientras cuestionó, que el ministerio de Educación no puso en conocimiento de la ciudadanía sobre cuáles van a ser los protocolos concretos con los que se va a regresar a las clases.

“Si este proyecto de ‘emergencia educativa’ se hubiese transformado en una ley, el ministerio ya tendría fondos para empezar a resolver esta situación. No son necesarios grandes cantidades de fondos. Creo que hay un desinterés, falta de voluntad y un abandono para poder avanzar en políticas concretas que resuelvan la situación”, manifestó Aguilera

Y aseveró que «Para nosotros es un tema central y también debería serlo para el Gobierno que debería tener al retorno a clases en la provincia como el tema número 1 en su agenda. No hay ninguna posibilidad de hablar de otro tema ni de convocar a una sesión extraordinaria si no se pone –en primer lugar- a la emergencia educativa».

El presidente Alberto Fernández mantuvo hoy una comunicación de alrededor de 30 minutos con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en la que se abordó «la situación epidemiológica de los dos países, la negociación que mantiene la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en especial, la provisión de vacunas a la Argentina».

Según se informó oficialmente, Fernández agradeció al instituto Gamaleya y el Fondo Ruso «todo el esfuerzo para avanzar en la provisión de las vacunas Sputnik V, a la que calificó como de excelencia», y le comentó a Putin que «los resultados de la campaña de inmunización fueron excelentes, y sin efectos adversos».

Noticia en desarrollo.

El ministro de Salud, Ginés González García, expondrá el próximo miércoles ante una comisión de la Cámara de Diputados sobre el plan de vacunación contra el coronavirus diseñado por el Gobierno nacional.

La reunión de la comisión de Salud -que preside el diputado del Frente de Todos Pablo Yedlin- se realizará desde las 17.

“Hay mucha expectativa por la visita de Ginés, además de que iniciamos la actividad de las sesiones extraordinarias del Congreso con esta reunión», aseveró hoy Yedlin en declaraciones a El Destape, en las que destacó que esa comisión «ha tenido toda la información que ha necesitado».

González García explicará la política de esa cartera para afrontar la pandemia de la Covid-19 y detallará los acuerdos alcanzados con las empresas que fabrican las vacunas; y también hablará sobre como serán los cronogramas de vacunación que apuntan a lograr la inmunización de la población.

Asistirán también los presidentes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Manuel Limeres; y de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), Mirta Roses.

En torno a la dinámica de la reunión, el diputado del Frente de Todos por Tucumán precisó: “Queremos que nos cuenten cómo se está previendo el tema de la vacuna. Sabemos que China tiene posibilidad de concretar un contrato con Argentina” para la provisión vacunas a la empresa estatal Sinopharm.

“Va a haber preguntas sobre la preparación para la segunda ola”, aseveró Yedlin en torno al encuentro, al afirmar que “pese a lo que se dijo nunca hemos tenido tanta comunicación entre la comisión de Salud y el Ministerio como el año pasado. Hemos tenido toda la información que hemos necesitado».

Asimismo, el diputado del Frente de Todos recordó que los legisladores de Juntos por el Cambio no asistieron a la reunión que mantuvieron a mediados de enero integrantes de la comisión con González García en la sede de la cartera de Salud, y precisó que el encuentro de mañana será a «agenda abierta. Pueden preguntar lo que quieran”.

Consultado sobre la posibilidad de vacunar en los próximos meses a los diputados, Yedlin sostuvo que «sería un planteo interesante vacunar a los diputados de riesgo. Me parece que es una inversión pequeña para el volumen de vacunas cuando lleguen cantidad suficiente”.

Por otro lado, en torno a la actitud de la oposición, Yedlin consideró que «el uso que ha hecho la oposición para intentar manejar la Cámara ha sido escandaloso» y dijo que «querer imponer una mayoría que no tenemos a través de la excusa que las sesiones remotas no son reglamentarias es una búsqueda del reglamento compleja».

«El sistema remoto no ha tenido ningún problema. Es el cuento de la buena pipa que detrás esconde dos miradas: una la de querer manejar la agenda y otra de no entender que el sistema remoto ha llegado para quedarse. Argentina es un país muy extenso».

Y agregó: «Piden presencialidad pero la mitad de ellos se la pasan en programas de televisión».

En los últimos meses se han generado al menos otros cuatro fallos que hacen lugar a recursos de amparo presentados por magistrados chubutenses que se valen del artículo constitucional que protege la intangibilidad salarial, lo que derivó en la orden al Ministerio de Economía de pagar inmediatamente los sueldos atrasados a los beneficiarios, además de abonar en adelante en tiempo y forma, con la consecuencia de que esto debe contemplarse incluso antes de que cobren el resto de los empleados públicos activos y pasivos.

Fuentes del Ejecutivo confirmaron el dato a ADNSUR, y confiaron que se va a seguir dando prioridad a la orden que emana de un artículo legal, pero que el peligro es que «va a llegar un día en que vamos a pagar primero al Poder Judicial y después vendrán los otros, jubilados, enfermeros, policías, docentes». Según se explicó este funcionario, esto obliga a una «contabilidad paralela» porque hay que hacer una liquidación especial para este grupo, porque son los primeros que cobran, haya o no fondos.

Hay que recordar que el primero de estos fallos se conoció hacia fines de agosto, ante la presentación de una magistrada del área de Familia de la ciudad de Trelew, y luego fueron ingresando presentaciones similares que lograron casi por «goteo» resoluciones favorables, dispuestas en todos los casos por conjueces -son abogados que reemplazan a los jueces que se ven inhabilitados de intervenir-.

Si bien desde Fiscalía de Estado se había apelado el primero de los fallos porque había emanado de un abogado residente en Mar del Plata, después se sumaron otros amparos de conjueces de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia que quedaron firmes, por lo que se generó un precedente que marca un camino para otros magistrados que quieran recurrir al artículo 170 de la Constitución Provincial al considerar que el Estado de alguna manera violó la norma que establece que sus ingresos salariales son intocables. 

Hay que recordar que el primero de estos fallos se conoció hacia fines de agosto, ante la presentación de una magistrada del área de Familia de la ciudad de Trelew, y luego fueron ingresando presentaciones similares que lograron casi por «goteo» resoluciones favorables, dispuestas en todos los casos por conjueces -son abogados que reemplazan a los jueces que se ven inhabilitados de intervenir-.

Si bien desde Fiscalía de Estado se había apelado el primero de los fallos porque había emanado de un abogado residente en Mar del Plata, después se sumaron otros amparos de conjueces de Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia que quedaron firmes, por lo que se generó un precedente que marca un camino para otros magistrados que quieran recurrir al artículo 170 de la Constitución Provincial al considerar que el Estado de alguna manera violó la norma que establece que sus ingresos salariales son intocables. 

Este lunes comenzó el primer paro provincial del año de los trabajadores de la Salud en reclamo de una regularización de la situación salarial en la que se encuentran.

Desde el SiSaP, el titular Carlos Sepúlveda en diálogo con Radio 3, reiteró que tienen la voluntad del diálogo, poniendo como ejemplo de ello el anuncio del paro hecho el 11 de enero.

“Siempre hemos demostrado que queremos dialogar. En enero volvimos a mostrar una gran posibilidad de apertura al diálogo, para sentarnos en un marco forma pero eso no sucedió, solo hubo una reunión informal”, repasó Sepúlveda.

Añadió que en aquel encuentro “se recibió una contestación a los 11 puntos que planteábamos pero la cuestión central, la salarial, no estaba contemplada”.

El titular del SiSaP enfatizó que además del paro se realizaron manifestaciones en los diferentes centros sanitarios de la Provincia y anticipó que “no descartamos seguir” con las medidas de fuerzas.

Enfatizó que esto se decidirá “si no hay respuesta a la deuda salarial, ni siquiera pedimos paritarias en esta primera instancia”. Desde el sector “reclamamos deuda: de aguinaldo, de sueldos, de retroactivos y de categorías”.

Sepúlveda sentenció que “esos son los reclamos y si no tenemos respuestas vamos a avanzar en febrero y en marzo”, insistió.

En esta línea, aclaró que el depósito de una masa salarial la semana próxima no es suficiente ya que “no cambia la situación. Vienen retrasados y no es el fin de la deuda que mantienen con todos los trabajadores”.

Concluyó subrayando que esperan una convocatoria, porque “es necesario que el Ministerio de Salud se ponga a disposición y haya una audiencia de partes donde esté Economía sobre todas las cosas”.

“Necesitamos que se aborde la situación y se eche un poco de luz al reclamo. Ponemos mucha voluntad pero en gran medida depende de la voluntad política de ellos”, consideró.

El senador nacional Mariano Recalde (FdT-CABA) dijo esta mañana no tener dudas de que las clases «tienen que arrancar», aunque reafirmó que «lo que tiene que ocurrir es que esa presencialidad vaya acompañada de medidas y tiene que contar con Estado presente».

Recalde declaró que «el Gobierno de la Ciudad ha hecho anuncios marketineros pero redujo el presupuesto» del área y aseguró que se detectaron 54 escuelas «que decían que habían abierto y que no existían».

«La verdad es que es un reclamo de la sociedad que abran escuelas», afirmó en declaraciones a FM La Patriada, pero advirtió que «hay 20 mil niños sin vacantes».

En respuesta, el senador Martín Lousteau (JxC-CABA), sostuvo que no conoce «a ningún ministro que diga ‘mi área no es importante’ y ese es (Nicolás) Trotta».

«Cuando miramos el fracaso de la Argentina es porque el Estado se rapiñó y eso está claro con la educación», consideró Lousteau, y añadió que «la educación dejó de ser una agenda colectiva para ser de algunos grupos».

Lousteau, durante una entrevista en TV por el canal América, señaló que «se sindicalizó el debate de la educación» y que «los docentes tienen todo el derecho a saber cómo va a ser (el retorno a clases) pero es un gran problema que no estemos pensando que la educación es fundamental».

Por su parte, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, planteó ayer que «es una discusión falaz decir que la educación debe ser un servicio esencial», como proponen algunos referentes de Juntos por el Cambio, y consideró que ese planteo «tiene como objetivo poner a los docentes como parte del problema y no de la solución».

Trotta remarcó que que «los cuatro años de (la gestión del expresidente Mauricio) Macri se caracterizaron en una caída de la inversión educativa hasta el 4,9%», al tiempo que abogó por un regreso a las aulas «cuidado» y «seguro».

En tanto, el senador Pablo Blanco (JxC-Tierra del Fuego), autor de un proyecto de ley que busca declarar a la educación como servicio esencial, respondió que «lo falaz es esconder la propia responsabilidad mirando hacia atrás o hacia el costado y no afrontar la verdad que es que la sociedad quiere que comiencen las clases con los chicos en las aulas».