La proyección de un video con el testimonio del padre de una detenida desaparecida de la última dictadura militar reavivó el reclamo sobre «dónde están los cuerpos» por parte de los familiares de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, en el juicio que se sigue contra el represor Miguel Etchecolatz en el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata.

«Quiero decir que durante veintitrés años fui engañado, fui burlado, fui mentido con respuestas que me mantuvieron vivo, con momentos de esperanza a veces y de desazón otros, pero sin la certeza que después tuve. Ahora hay un quiebre, donde ya no estoy dispuesto a contestar sino que estoy dispuesto a preguntar. ¿Dónde están los restos?», se oyó a Dell’ Orto.

La filmación corresponde al primer juicio realizado tras la derogación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que tuvo sentado en el banquillo de los acusados, al igual que ahora, a Etchecolatz.

El hombre testimonió entonces sentado, con una gruesa carpeta sobre sus piernas, que contenía los hábeas corpus presentados para saber dónde estaba su hija Patricia, de 21 años al momento de ser secuestrada junto a su esposo Ambrosio Francisco De Marco.

El emotivo reclamo se escuchó otra vez este lunes al proyectarse su declaración en el marco del juicio a Etchecolatz y el exjefe policial Julio Garachico por los delitos cometidos contra 7 personas alojadas en el excentro clandestino de Pozo de Arana durante la última dictadura militar.

«Estoy empecinado en darle a mi familia y a Francisca, que tiene 15 días, la posibilidad de ver los restos de su abuela.Ese derecho a saber qué pasó con esos restos es lo que yo pido».

ALFONSO DELL’ ORTO

«Ellos se llevaron la vida y los cuerpos, pero los restos me pertenecen a mí, a mi esposa, a mis hijos, a mis nietos y también a mi bisnieta, que tiene todo el derecho del mundo a tener un lugar para llevarle flores a su abuela», continuó Dell Orto ante el TOF 1, presidido en el 2006 por el exjuez Carlos Rozanski.

Dell’ Orto dio detalles del secuestro de su hija y de su yerno, ocurrido en la madrugada del 5 de noviembre de 1976 cuando un grupo de tarea irrumpió en la casa de la localidad platense de City Bell, donde vivían todos, incluso la hija de la pareja desaparecida, de 5 meses entonces.

«Pensando en la vida de Patricia, me pregunto ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? ¿Por qué esa detención? ¿Qué ley habían alterado? ¿Cuál era el delito? ¿Cuál era la acusación?. Nunca me lo dijeron», dijo quebrándose en un sollozo.

La proyección de un video reavivó el reclamo sobre «dónde están los cuerpos».

Retomó el relato y dijo que a partir de ese momento se inició un «período de veintitrés años» y contó que en la carpeta que tenía sobre sus piernas estaban «los detalles de todas las búsquedas: destacamentos militares, departamento de policía, comisarías, embajadas, obispados, notas, entrevistas, habeas corpus y la visita de la OEA».

«En todos los casos la respuesta fue ‘no tenemos ninguna noticia, no están detenidos, no'», aseguró y recordó las falsas expectativas que sintió cuando fue citado a la Casa Rosada, donde un coronel de apellido «San Román» le dijo que se quedara «tranquilo» porque su hija era parte de una «juventud brillante y equivocada», que era mantenida en «campos de reeducación para reconquistar toda esa riqueza que tenía‘».

«Hasta que en el año 1999 tengo la certeza de que los mataron en Arana; yo no tenía ni idea de que habían estado ahí, ni de que eso existía. Sé que los mataron en el primer mes de detenidos. Quiere decir que durante veintitrés años fui engañado, fui burlado, fui mentido«, lamentó.

El hombre reveló que fue Jorge Julio López, el albañil y militante peronista desaparecido, quien en 1999 le reveló que había compartido cautiverio con los jóvenes en Arana y que había presenciado sus asesinatos.

«Estoy empecinado en darle a mi familia y a Francisca, que tiene 15 días, la posibilidad de ver los restos de su abuela. Ese derecho a saber qué pasó con esos restos es lo que yo pido» , insistió Dell’ Orto.

En esta audiencia se proyectó también el testimonio que en el 2012, en el marco del juicio al Circuito Camps, brindó María Cristina Gioglio, docente y militante del Partido Comunista Marxista Leninista, secuestrada el 6 de diciembre de 1977 en su casa de Ranelagh.

La mujer, ya fallecida, pasó por varios centros clandestinos hasta terminar como presa política en la cárcel de Devoto hasta 1981.

También en esta audiencia se proyectó el testimonio que brindó en el 2006 el sobreviviente Julio Mayor, pero el video no se transmitió por los canales online que difunden el juicio y solo estuvo destinado a las partes intervinientes.

Luego de su salida del Gabinete nacional, el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, rompió el silencio este domingo, y culpó a Alberto Fernández por el cierre de las escuelas.

“Durante toda esa semana previo a la decisión del presidente, desplegamos el camino que considerábamos correcto que implicaba no la suspensión, sino la restricción de la presencialidad porque la realidad epidemiológica era de gravedad”, aseguró en diálogo con Radio Mitre.

En ese sentido, consideró que «no era necesario suspender de manera total la presencialidad», pero que «el presidente manifestó una agenda distinta».

«Yo lo terminé conversando dos o tres días después: él me explicó sus razones. No era una decisión que le manifestaba como ministro de Educación, sino que tenía el acompañamiento de las referencias del campo epidemiológico. El presidente tomó una decisión que no compartí pero terminé acatando”, afirmó en ese sentido.

Respecto a su salida del ministerio, Trotta aseguró estar sorprendido por la decisión.

“Veníamos trabajando fuertemente con un equipo en lo que para nosotros era central, que era fortalecer el diálogo con todas las jurisdicciones educativas. En un país federal la respuesta de la agenda educativa se construye a partir de la concertación con las 24 jurisdicciones. Ya estábamos transitando, afortunadamente con la mejora de los indicadores sanitarios, el desafío de la presencialidad plena y luego todo el esfuerzo para recuperar las instancias de inversión prioritarias en nuestra escuela”, consideró el hoy ex minsitro.

Y cerró: “Para nosotros fue una sorpresa. Pero es una decisión del presidente en cuanto a la conformación de sus equipos de cara a lo que debe ser la agenda para los próximos dos años, que no debe estar exenta de complejidades, porque una vez que se retire la pandemia, que fue como un tsunami para nuestra sociedad, veremos el impacto, las cicatrices que dejó la pandemia y la prepandemia, porque Argentina venía transitando una situación de marcada recesión económica”.

El padrón de afiliados habilitados para votar incluye a 196 personas. Entre las tres listas hay 60 candidatos; a razón de 20 postulados por nómina. No habría inconvenientes con el escrutinio si el proceso se ejecuta a través de los mecanismos pertinentes.
Los empleados de Legislatura, de la Oficina Anticorrupción, de la Defensoría del Pueblo y Biblioteca son los habilitados para elegir a sus nuevos representantes.
Tres listas resulta una novedad para un gremio que hace 25 años, aproximadamente, es conducido por Angel Sierra, que en esta nueva oportunidad electoral será el candidato de la Lista Blanca. Lo secundará Santiago Baigorria.
En el caso de la Lista Azul el candidato a la secretaría General es Fernando Quiñonez, escoltado por Gustavo Chemin. Y por la nómina Naranja irán Adrián Ithamussu (secretario general), y Hugo Staniscia (secretario general adjunto).
La conducción actual está presidida por Angel Sierra, Irene Vega (exdiputada), y Diana Ramírez (en el gremio desde la década del ’80).

JUDICIALIZACION

Hace más de 8 años que APEL no convoca a elecciones, hubo episodios polémicos con intervención judicial que obligaron a suspender la convocatoria. Además de denuncias de fraude -durante el proceso electoral en 2013-, por parte de listas opositoras. Posterior a este suceso, se autoproclamaron los candidatos que en ese momento ostentaban la conducción.
En 2012, la Justicia suspendió las elecciones en el gremio legislativo al hacer lugar a una presentación efectuada en aquel momento por la lista opositora (la Celeste). En esa oportunidad, la Junta Electoral de APEL entendió que dos candidatos opositores no reunían las condiciones para participar del comicio. Hubo denuncias contra el organismo rector del gremio por considerarlo «muy parcial» en su resolución.
Un año más tarde (2013), la Justicia habilitó a la Lista Celeste a participar de la elección gremial, pero desarrollada la elección la oposición a Sierra denunció públicamente fraude. Hubo una presentación ante el Ministerio de Trabajo de Nación que no resolvió.
En 2017, las autoridades actuales se autoproclamaron -no hubo lista opositora- y continúan al frente de APEL.  

El juez federal de Dolores, Martín Bava, continuará esta semana con la ronda de indagatorias a los imputados por el supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en noviembre de 2017.

El jueves será el turno de un exdirector operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Martín Coste, quien deberá presentarse luego de que días pasados fue indagado su antecesor en el cargo, Diego Dalmau Pereyra.

Con la declaración de Coste concluirá la tanda de indagatorias, por lo que se espera de que el juez Bava resuelva la situación procesal de los imputados por estos hechos, entre los que se encuentran los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

El contenido de la declaración de Dalmau Pereyra aún no se conoce porque se mantiene bajo reserva, aunque sí se sabe de él que llegó a esta instancia procesado bajo la acusación de haber armado el equipo de expolicías porteños que pasaron a la AFI y desplegaron decenas de maniobras de espionaje ilegal.

En el caso de Coste, llega procesado por el espionaje contra la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria y en su departamento de Juncal y Uruguay, aunque ante la justicia aseguró haberse enterado de los hechos por televisión y se desentendió de haberlo organizado.

Una de las mayores diferencias entre ambos exfuncionarios de la AFI es que Coste se presentó ante la comisión bicameral del Congreso que ejerce funciones de control de organismos de inteligencia y denunció los supuestos desmanejos del macrismo.

En este expediente se investiga si desde la AFI se realizaron tareas de espionaje con el objetivo de evitarle contratiempos a Macri en sus contactos con parientes de los tripulantes del San Juan, como también en sus visitas a Mar del Plata, donde se desarrollaba el principal reclamo por la aparición del submarino.

La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la Justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el gobierno de Macri se los había espiado.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D’Alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases AMBA.

Si bien el expediente se inició en Mar del Plata, con activa intervención del fiscal federal Daniel Adler, luego pasó al juzgado de Dolores, donde también se investigan otras supuestas tareas de inteligencia prohibidas realizadas desde las bases AMBA que la AFI de Macri desplegó en la provincia de Buenos Aires.

El escribano Arribas aseguró en su indagatoria que se lo acusa por su responsabilidad objetiva como máxima autoridad de la AFI durante el Gobierno de Mauricio Macri pero negó que hubiera algún elemento que permita deducir que él impartió la orden de espiar a las familias de los tripulantes del San Juan o que recibió el producto de esas supuestas tareas de inteligencia ilegal, según pudo reconstruir esta agencia.

En el expediente hay elementos que acreditarían que en las base de Mar del Plata se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes, producidos sin autorización judicial ni justificación válida alguna, según indicó la agencia Telam.

La Red Ser Fiscal anunció este domingo el lanzamiento de la plataforma digital «Vota Informado», mediante la cual la ciudadanía podrá tener acceso a datos de centenares de candidatos a diputados y senadores nacionales de todas las fuerzas políticas que se postularán en las elecciones generales del próximo 14 de noviembre.

«Es una experiencia novedosa en la Argentina que con certeza será de alto impacto y representa una propuesta significativa para una mayor transparencia ética y calidad democrática», enfatizó la ONG.

En la presentación del sistema, al que desde mediados de octubre se podrá acceder a través de diversas plataformas informáticas vigentes, se explicó que la boleta para votación conocida como «lista sábana» solo permite «votar en bloque a todos los integrantes y en general conociendo únicamente a los dos o tres primeros integrantes» de la nómina «y muy poco sobre la procedencia del resto».

También se destacó que «es frecuente que los más reconocidos renuncien para ocupar un cargo ejecutivo o para ser candidato a otro cargo electivo o por razones personales, y por ello asumen los que los siguen».

«Atento a ello -agregó Ser Fiscal- consideramos que se debe reconocer la calidad, formación e ideas de todos los integrantes de una lista antes de decidir a quién se brindará el voto».

Por ello la plataforma permitirá conocer datos, trayectoria, declaraciones públicas y respuestas a los principales temas de interés general de los candidatos a diputados y senadores nacionales de todas las fuerzas políticas que participarán en las próximas elecciones del 14 de noviembre.

Ser Fiscal, explicó su mentor y coordinador nacional, Claudio Bargach, ha convocado «a todos los partidos políticos y alianzas que se presenten en las elecciones parlamentarias y que deseen participar de esta experiencia ciudadana para contar con su impulso y presencia fundamental para este proyecto».

También resaltó que «esto es a favor de la política, pues consideramos que hay muchos candidato que están preparados y que merecen ser conocidos por la sociedad».

Se detalló que hay 831 candidatos para ocupar 127 bancas de diputados nacionales en los 24 distritos del país y 24 escaños de senadores nacionales en ocho provincias.

En caso de que haya partidos políticos que no aporten la información, los datos surgirán de «fuentes complementarias», se explicó. Toda la información será corroborada y avalada por un Comité de Honor integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad.

El proyecto, indicaron sus responsables, tiene antecedente en experiencias en Europa, por ejemplo en Rumania, donde «tuvo mucho éxito en las elecciones de 2019, por lo que contamos con el aporte de sus creadores en materia tecnológica y con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad (FNF)» de Alemania.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantendrá la próxima semana una reunión con los jefes de bloques parlamentarios para detalles de los principales lineamientos del proyecto de Presupuesto 2022, en un encuentro que será previo al inicio formal de la discusión de esa iniciativa que comenzará en la primera semana de octubre, informaron fuentes parlamentarias

El análisis de la ley de gastos y recursos tendrá un tratamiento diferente este año: Guzmán será quien cierre el debate que se llevará a cabo en plenarios de comisiones de la Cámara baja, que podrían extenderse incluso luego del 14 de noviembre, fecha de la elección de medio término, con el fin de poder aprobarla antes del cierre de sesiones ordinarias del 30 de noviembre o en la primera semana de diciembre, antes del recambio parlamentario..

Por lo pronto, el primer paso de cara a la discusión del Presupuesto 2022 será un encuentro entre Guzmán con los jefes de los distintos bloques parlamentarias y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Carlos Heller.

El presupuesto del año entrante contempla un gasto total de más de 13 billones de dólares, crecimiento del 4% del PBI, inflación del 33% y dólar a $131,1

El objetivo de ese encuentro, que podría realizarse el martes o el miércoles próximo, es tener un intercambio entre Guzmán y los jefes de los bloques sobre los puntos centrales del proyecto que estima los gastos y recursos que tendrá la administración del presidente Alberto Fernández en 2022.

La iniciativa contempla un gasto total de más de 13 billones de dólares, un crecimiento del 4% del PBI, una inflación del 33% y un dólar a $131,1, y una fuerte inversión en obras públicas, y destinar más de la mitad de los recursos a gastos sociales.

En la reunión con el ministro, los jefes de bloques pedirán detalles sobre las negociaciones con el FMI y el Club de París, ya que el gobierno contempla alcanzar un acuerdo en torno a nuevo programa de financiamiento que permita también diferir el pago de capital sobre los subsidios energéticos y al transporte.

La reunión fue acordada el miércoles pasado entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los jefes de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y del Interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien concurrió acompañado por el titular de la Coalición Cívica, Juan Manuel López.

La idea del oficialismo es poder avanzar en octubre en forma virtual en las reuniones informativas con la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional

Previo al inicio del tratamiento formal, el oficialismo y la oposición también deberán acordar si se habilitará la posibilidad realizar las reuniones de comisión en forma virtual, ya que en épocas de campaña electoral la mayoría de los legisladores no viaja a Buenos Aires y se queda en sus provincias.

La idea del oficialismo es poder avanzar en octubre en forma virtual en las reuniones informativas con la presencia de los funcionarios del Gobierno nacional. En ese contexto, los primeros que concurrirán a exponer serán el viceministro de Economía, Fernando Morra, y los secretarios de Finanzas, Mariano Sardi; y de Hacienda, Raúl Rigo.

Por eso la redacción final del dictamen se dejaría para las semana posterior a los comicios, debido a que para ese momento existirían mas precisiones sobre los cambios que se incluirán en la ley de gastos y recursos, debido a que el proyecto original siempre sufre modificaciones, como ha sucedido en los últimos años.

Desde el oficialismo, Heller estimó que los anuncios económicos y sociales que está realizando el Gobierno «van a tener impacto presupuestario más allá de diciembre» y por eso «probablemente el Poder Ejecutivo haga algunos ajustes sobre la base de las medidas que instrumentará el Gobierno nacional».

El Presupuesto 2022 también estima que habrá aumentos en el consumo privado del 4,6%, del consumo público del 3,1%, de la inversión del 6,6%, y una mejora de las exportaciones del 7,5%

Desde la oposición, en un informe elaborado por los diputados de Juntos por el Cambio (JxC) Víctor Hugo Romero y Alejandro Cacacce, se afirma que «las inconsistencias que notamos en el presupuesto 2021 se vuelven a repetir en el enviado para el 2022. Para este año se planteó una inflación del 29% y terminaremos el 2021 con un porcentaje del 47% según las expectativas del Banco Central, y peor aún: el mismo Gobierno es quien corrige y proyecta un cierre del 2021 con un 45% doce meses después. Ahora el presupuesto plantea un 33% para el año que viene y ninguna estimación de mercado está viendo una inflación menor al 44%».

El Presupuesto 2022 también estima que habrá aumentos en el consumo privado del 4,6%, del consumo público del 3,1%, de la inversión del 6,6%, con una mejora de las exportaciones del 7,5% y de las importaciones del 9,4% para un saldo comercial de US$ 9.300 millones y con un tipo de cambio nominal de $131,1 por dólar para diciembre 2022.

En cuanto a la evolución de los salarios formales, el Gobierno entiende que el salario real continuará recuperándose en 2021 y apuntan a un crecimiento real del 4% interanual para 2022, entendiendo que habrá aún dificultades con los ingresos informales afectados por la heterogeneidad de la recuperación.

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, junto al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, inauguró este jueves la textil KM TEX, anunció financiamiento por hasta $710 millones para las pymes locales y casi $10 millones para los emprendedores, y presentó la “Estrategia Productiva Federal para la Reconstrucción Argentina”.

La fábrica textil KM TEX, que demandó una inversión de $50 millones y generará 60 puestos de trabajo este año (y proyecta llegar a 120 trabajadores en 2022), se dedica a la producción y confección de Indumentaria deportiva y casual, con licencias y bajo auditorías de marcas internacionales.

“Estamos pagando la deuda social, que es la primera que hay que pagar; esto es generar empleo, volver a recuperar en cada familia, en cada hogar, la dignidad y la posibilidad de llevar el pan a ese hogar. Porque estamos produciendo y así mejoramos la sostenibilidad macroeconómica”, afirmó Kulfas en la inauguración.

«Si hay políticas industriales pero no hay un gobierno en la provincia que genere las condiciones, que busque los proyectos, a los empresarios, que dice ‘acá están las oportunidades’, que dice ‘vamos a mejorar el parque industrial’, esas oportunidades después no se generan”, completó.

Kulfas estuvo acompañado por el secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, Ariel Schale; y el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y de los Emprendedores, Guillermo Merediz.

Acompañaron a Quintela su jefe de Gabinete, Juan Luna Corzo; el ministro de Trabajo, Empleo e Industria provincial, Federico Bazán; y la secretaria de Industria, PyME y Comercio local, Julieta Calderón; y el ministro de Industria, Comercio y Empleo de Catamarca, Lisandro Álvarez.

Posteriormente, visitaron la hilandera Enod -del grupo de capitales 100% nacionales Claad, que con inversiones por más de US$ 38 millones prevé generar 359 puestos de trabajo directos hasta febrero de 2022, y donde se construye una nueva nave de 10.000 m2- y las fábricas Vidrios Riojanos y Cerámica Riojana.

Asimismo, Kulfas y Quintela firmaron un acta de intención para impulsar el acceso a crédito de PyMEs provinciales por hasta $710 millones, fortalecer el entramado productivo y la generación de puestos de trabajo de calidad.

Mediante el Fondo Nacional para el Desarrollo Productivo (Fondep), se otorgará un préstamo de hasta $500 millones al Agente Financiero de la Provincia, para que cuente con la capacidad de otorgar financiamiento a MiPyMEs riojanas con tasas competitivas; y hasta $210 millones para capitalizar su sistema de garantías.

También, la cartera productiva otorgó un Aporte No Reembolsable por casi $10 millones para la Red Para Emprender de La Rioja, integrada por el Ministerio de Trabajo, Empleo e Industria local, la Universidad Tecnológica Nacional, la Unión de Industrias Riojanas, el Banco Rioja y el Fondo de Garantías Público de La Rioja (Fogaplar).

Con esta agenda, la cartera productiva nacional se propone fortalecer la articulación territorial de sus políticas para la reactivación productiva junto con los gobiernos provinciales y municipales, y con las organizaciones gremiales empresarias y de trabajadores.

El ministerio cuenta con más de 150 acciones de política pública destinadas a MiPyMEs, monotributistas, cooperativas, emprendedores y grandes empresas, entre ellas más de 30 líneas de financiamiento, recordó la cartera productiva.