Juntos por el Cambio se opuso a discutir una ley que beneficia a los pueblos originarios
29 - septiembre - 2021
Senadores del oficialismo y de la oposición exhibieron desacuerdos sobre el mantenimiento de las sesiones remotas, que rigen en el Senado desde que comenzó la pandemia de coronavirus, durante un plenario de comisiones en el que se aprobó una prórroga dela Ley 26.160, que declara la Emergencia Territorial de las Comunidades Indígenas.
Ante un planteo de legisladores de Juntos por el Cambio, el jefe de los senadores del Frente de Todos, José Mayans, reiteró que llegarían «a un acuerdo» con los jefes de las bancadas del Senado para retomar el funcionamiento presencial pero aclaró que restan detalles sobre el protocolo para terminar de «ponerse de acuerdo».
«El recinto de sesiones es demasiado chico y está muy próxima una banca a la otra, si bien casi todos estamos vacunados pero vamos a tomar controles, como de temperatura y demás», explicó durante una reunión de la comisión de Presupuesto en la que se acordó firmar dictamen para prorrogar la ley de emergencia territorial indígena.
«El recinto de sesiones es demasiado chico y está muy próxima una banca a la otra, si bien casi todos estamos vacunados pero vamos a tomar controles, como de temperatura y demás»
JOSÉ MAYANS
El jefe del bloque PRO, Humberto Schiavoni, había manifestado su desacuerdo con continuar funcionando de manera virtual en las comisiones en un contexto, dijo, en el que la mayoría de las restricciones impuestas por la pandemia han sido levantadas a nivel nacional.
«Nuestro interbloque no va a participar (de la reunión de este martes) porque entendemos que el protocolo de sesiones remotas está vencido y no ha habido un nuevo protocolo que se haya tratado con números reglamentarios», adelantó el senador por Misiones, al avisar que se retirarían de la videoconferencia.
«Entendemos que el protocolo de sesiones remotas está vencido y no ha habido un nuevo protocolo que se haya tratado con números reglamentarios»
HUMBERTO SCHIAVONI
Schiavoni aclaró que su espacio no está «en contra de preservar los derechos de los pueblos originarios», pero consideró que el debate debía hacerse de manera presencial y en conjunto con la comisión de Población y Desarrollo, que preside su par María Belén Tapia.
Para el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Caserio, la posición de Juntos por el Cambio es «incoherente» ya que en una reunión previa en la que se había tratado la creación de un nuevo parque nacional en Río Negro, los legisladores de la oposición accedieron a participar.
Caserio criticó a la oposición al señalar que «en vez de estar unidos ayudando a la gente están viendo de qué modo ponen un palito en la rueda para trabar la gestión» y los acusó de «trabajar para que fracase» el Gobierno.
Mayans, por su parte, intentó poner paños fríos a la disputa al sostener que llegarían a «un acuerdo», tal como lo aseguró la semana pasada, pidió no dejar caer la ley que preserva los derechos de los pueblos originarios y dijo que «no tiene nada que ver con lo electoral» sino que se trata de «un tema de estricta justicia social».
«Hay decretos que fueron ratificados en el recinto y tenemos una prórroga hasta el 1 de noviembre, seguramente lo vamos a ratificar en la próxima sesión como lo hacemos siempre y ahora estamos en conversaciones con los jefes de bancadas», contó.
Mayans se reunió la semana pasada con el jefe del interbloque de JxC, Luis Naidenoff, con quien tenía previsto una segunda reunión esta semana pero el legislador radical debió mantenerse aislado por resultar positivo de Covid por lo que el encuentro fue pospuesto hasta la semana próxima.
El jefe de los senadores del oficialismo declaró que «la pandemia no se terminó todavía y todos sufren sus efectos».
«Estuve charlando con Naidenoff y Schiavoni y lo vamos a hacer, vamos a llegar a un acuerdo. No me gustaría que se tomen medidas extremas sobre todo ahora en tiempos electorales», dijo sobre la postura de la oposición.
Previamente, la senadora Nora del Valle Giménez había argumentado la necesidad de prorrogar la ley de emergencia de tierras indígenas y de destinar un monto de 290 millones de pesos al fondo previsto en esa legislación para evitar «un aumento de conflictividad social».
«La urgencia es porque su vencimiento opera el 23 de noviembre y nos vamos a quedar sin ningún instrumento legal que permita evitar los desalojos de todas esas tierras que han sido relevadas pero no entregadas», señaló la senadora del FdT que pidió una prórroga de la emergencia hasta 2025.
