Juan Marino encabeza la presentación de la ampliación del pedido de juicio político contra el presidente, luego de que éste se expresara a favor de que el “modelo de la libertad” alcance los “últimos vestigios del comunismo”.

Un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria encabezados por Juan Marino presentaron una ampliación del pedido de juicio político contra el presidente Javier Milei, en el cual advierten sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo involucre materialmente a las Fuerzas Armadas argentinas en una agresión militar liderada por Estados Unidos contra la República de Cuba.

La presentación vincula las recientes declaraciones del jefe de Estado argentino en el Instituto Milken con las amenazas públicas de Donald Trump de «tomar el control» de Cuba. 

Milei expresó en Los Ángeles su expectativa de que el «modelo de la libertad» alcance los «últimos vestigios del comunismo», en referencia explícita a Cuba y a Venezuela.  

Estas declaraciones coinciden con el anuncio de Trump sobre el posible desplazamiento del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe y la ejecución del operativo «Lanza del Sur».  

Según el proyecto de resolución, «existe un riesgo concreto y verificable de colaboración material argentina con una eventual agresión a la República de Cuba, en virtud del DNU 264/2026, de la presencia presidencial a bordo del USS Nimitz, de la integración operacional argentina con el Estado Mayor Multinacional bajo mando estadounidense ya descripta y de los antecedentes de ofrecimiento público de ‘tropas y recursos’ formulados por el propio Presidente». 

«Este riesgo torna imperativo el ejercicio del control legislativo por la vía del juicio político, antes de que se consoliden hechos consumados de irreversible gravedad institucional», indica el proyecto de Marino.

«Los asuntos de la guerra y de la paz no pertenecen a la discrecionalidad personal del Presidente: son materia constitucionalmente regulada y sometida al control del Congreso de la Nación«, sostiene el texto de la iniciativa.__IP__

El proyecto lleva además las firmas de los diputados Pablo Todero, Lorena Pokoik, Sabrina Selva, Hilda Aguirre, Gabriela Pedrali y Jorge Araujo Hernández.

fuente noticias arg 

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois estuvo en Plaza de Mayo acompañando la cuarta Marcha Federal Universitaria.

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois estuvo hoy en Plaza de Mayo acompañando la cuarta Marcha Federal Universitaria y cargó duramente contra el Gobierno nacional, al que le pidió que se «deje de joder con la educación pública».

“Nosotros venimos con un pueblo consciente de sus derechos. Las universidades públicas son de lo mejor que tenemos, tienen las puertas abiertas al pueblo, sostienen hospitales donde van los más humildes y son la posibilidad y la perspectiva que tienen nuestros hijos y nuestros nietos y las tenemos que defender con uñas y dientes», arengó. 

En declaraciones televisivas, el líder de Patria Grande sostuvo que tiene «mucha expectativa» en que algo cambie en beneficio de la educación pública porque «siempre que la gente sale a la calle pasan cosas».

«Por eso acá, más allá de cualquier bandera política, todos por la universidad pública, por la salud pública, por una patria digna con educación para todos”, agitó Grabois.

“Es un gobierno muy cruel, muy sádico, que vinieron a mentir, saquear e irse. Yo tengo mucha expectativa porque siempre que la gente que sale a la calle pasan cosas. No tengo mucha expectativa en que se les conmueva el corazón a esta gente que nos gobierna”, aclaró.__IP__

Luego posteó una imagen de la inmensa movilización en el centro porteño y reclamó: «Cumplan la Ley de Financiamiento Universitario y déjense de joder con la educación pública».

fuente noticias arg 

La Justicia federal investiga una presunta red de corrupción en torno al Sistema SIRA, implementado durante la gestión de Matías Tombolini, mientras vuelven a surgir cuestionamientos por la designación ad honorem de su mujer en Comercio Interior.

La Justicia federal investiga una presunta red de corrupción vinculada al Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), implementado durante la gestión de Matías Tombolini en la Secretaría de Comercio Interior.

La causa está a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Franco Picardi, quienes analizan el supuesto pago de coimas para agilizar autorizaciones de importaciones y facilitar el acceso al dólar oficial en medio de las restricciones cambiarias vigentes durante 2022 y 2023.

La pesquisa apunta a una supuesta “gestoría paralela” mediante la cual empresarios habrían abonado sobornos equivalentes al 10% y 15% del valor de las operaciones para obtener aprobaciones rápidas. De acuerdo con la investigación, los montos bajo análisis podrían alcanzar cientos de millones de dólares y existen al menos cuatro operaciones concretas investigadas.

El expediente se desprende de una causa vinculada a maniobras con dólar blue e incluyó peritajes telefónicos que revelaron comunicaciones sobre presiones para destrabar permisos de importación. Entre los involucrados aparecen financistas, exfuncionarios del Banco Central y de la ex AFIP.

En paralelo, volvieron a surgir cuestionamientos por la designación de María Magdalena Stroman, esposa de Tombolini, como asesora ad honorem en la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno en abril de 2023. La resolución publicada en el Boletín Oficial estableció que la funcionaria no percibiría remuneración.

Stroman había integrado en 2019 la lista de candidatos a legisladores porteños de Consenso Federal junto a Tombolini. La designación se produjo en medio de críticas al funcionamiento del sistema SIRA y a las demoras para autorizar importaciones.__IP__

Fuentes cercanas al exfuncionario recordaron el sobreseimiento dictado en la causa previa y rechazaron irregularidades durante su gestión.

Fuente noticias arg 

El gobernador de Salta advirtió sobre la incertidumbre energética que enfrentan las provincias del NOA ante la llegada del invierno y cuestionó las restricciones en el suministro de gas. Además, alertó por el fuerte incremento de costos para las industrias tras el reemplazo del gas local por importaciones de GNL.

 El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, reclamó previsibilidad en el abastecimiento de gas para el norte argentino y cuestionó las restricciones energéticas que afectan a las provincias del NOA ante la llegada de las bajas temperaturas.

A través de sus redes sociales, el mandatario provincial sostuvo que “hace años que el norte argentino vive la misma incertidumbre del abastecimiento del gas” y recordó que Salta “fue durante décadas una provincia que le dio gas a toda la Argentina”.

“Desde nuestra tierra salió la energía para abastecer y hacer crecer el país. Por eso no podemos aceptar que hoy día tengamos que estar mendigando lo que durante décadas los salteños aportamos al país”, expresó Sáenz, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

El gobernador remarcó que cada año las provincias del norte enfrentan problemas de abastecimiento durante el invierno, situación que impacta en familias, comercios, industrias y productores de la región.

En ese contexto, Salta enfrenta en mayo de 2026 una situación crítica por el desabastecimiento de gas en el NOA, la paralización de obras en el Gasoducto Norte y el incremento de costos para el sector industrial.

La Unión Industrial de Salta advirtió que el valor del gas registró un aumento del 900% tras el reemplazo de fuentes locales por gas natural licuado importado. Según detallaron, el costo superó los 27 dólares por millón de BTU frente a los 3 dólares anteriores, escenario que calificaron como “inviable”.

Sáenz insistió en que el norte argentino necesita “previsibilidad, inversiones y respuestas definitivas” y sostuvo que las provincias de la región “merecen las mismas oportunidades y respuestas que cualquier otra región del país”.__IP__

El mandatario provincial afirmó además que continuará realizando gestiones para garantizar el abastecimiento energético y remarcó que el reclamo “no es un privilegio, es un derecho que le corresponde a toda nuestra gente y a todos los argentinos”.

Fuente noticias arg 

Karina Milei impulsa al armador bonaerense como titular de una comisión clave para el Gobierno. Chispas con el PRO por esa decisión.

 Bajo la atenta vigilancia de Karina Milei, La Libertad Avanza intentará este martes reunir los ocho votos que necesita para designar al diputado nacional Sebastián Pareja como presidente de la comisión bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y las Actividades de Inteligencia.

La comisión será constituirá mañana en la Cámara baja a partir de las 17.30 hs, y será integrada por cinco libertarios -los diputados Gabriel Bornoroni, Cesar Treffinger, Sebastián Pareja y los senadores Agustín Coto y Ezequiel Atauche-; tres de Unión por la Patria -los diputados Rodolfo Tailhade, Agustín Rossi y Ramiro Gutiérrez-; dos del PRO -el diputado Cristian Ritondo y el senador Martín Goerling-; el senador radical Maximiliano Abad; y las senadoras Carolina Moises y Edith Terenzi.

El sillón de la presidencia de ese cuerpo, que se ocupa de fiscalizar las actividades y el destino de los fondos reservados de la SIDE, es objeto una sórdida disputa desde hace meses entre el PRO y La Libertad Avanza.

El problema es que el oficialismo, con el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, a la cabeza, le había prometido ese cargo a Ritondo, pero al poco tiempo la secretaria general de la Presidencia, que ejerce poder de mando sobre el riojano, exigió reservar ese lugar para Pareja, que es alguien de su propio riñón político.

El viraje en la postura de Karina Milei se da en el marco de la escalada de la guerra fría de posiciones que mantiene con Santiago Caputo, quien controla la SIDE a través de su titular Cristian Auguadra, y del subsecretario administrativo, José Lago Rodríguez, a cargo de la caja del organismo. 

Cuando se supo que la hermana del presidente se había puesto al hombro la tarea de romper el acuerdo de palabra con el PRO, Ritondo puso el grito en el cielo ante una humillación más de un historial plagado de ese tipo de desprecios en los últimos dos años y medio.

Llegar a la víspera de la conformación de una bicameral sin un acuerdo cerrado al 100% es un riesgo que ya le jugó una mala pasada al oficialismo en el 2024, cuando la oposición aprovechó las desinteligencias de los libertarios para ungir al entonces senador Martín Lousteau como presidente, a partir de un acuerdo sorpresivo entre peronistas y radicales.

Las demás bicamerales

Además de la de Inteligencia, este martes se estarán constituyendo las bicamerales de Trámite Legislativo (que trata la validez de los decretos de necesidad y urgencia), la del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la de Fiscalización de los Órganos de Seguridad Interior.

Será a las 14.30, 15.30 y 16.30 hs, respectivamente, en reuniones consecutivas que se desarrollarán en el Salón Illia del Senado. 

Al igual que lo sucedido en 2024 con la bicameral de Inteligencia, cuando la oposición impuso como presidente a Lousteau y marginó a Goerling del PRO, el año pasado el oficialismo quiso avanzar con el nombramiento de Nadia Márquez al frente de la comisión de Defensor del Niño, pero un acuerdo entre peronistas y radicales logró designar a la diputada jujeña Natalia Sarapura en ese lugar.__IP__

Esta comisión se encarga de supervisar el concurso para la elección del defensor del niño: el año pasado se designó a la funcionaria bonaerense María Paz Bertero como sucesora de la saliente Marisa Graham, pero el concurso fue impugnado por el oficialismo. 

Fuente noticias arg 

En la Casa Rosada creen que el autor del crítico documento fue Mauricio Macri.

 El Gobierno se dedicó a bajarle el precio a las críticas que emitió el PRO, plasmadas en un documento que emitió el domingo, y está convencido de que el autor fue Mauricio Macri. Así lo dejaron en claro fuentes libertarias que se mueven en Casa Rosada.

En Balcarce 50 leyeron el movimiento como un intento de parte del ex presidente de gestionar autonomía rumbo a 2027 y poder negociar mejores lugares en las listas. Aunque también hay integrantes del espacio amarillo que señalan que la paciencia del máximo referente del partido se está agotando y evalúa romper lazos definitivos con Javier Milei.

Por lo pronto, el oficialismo minimizó los cuestionamientos. De hecho, creen que no representa lo que piensan otros integrantes, como Cristian Ritondo (jefe del bloque en la Cámara de Diputados) y Jorge Macri (jefe de Gobierno de la Ciudad). Además, el alcalde planteó la semana pasada que podría existir una alianza electoral como la que alcanzaron con La Libertad Avanza para la elección nacional de octubre de 2027.__IP__

Es más: señalan que los votantes del PRO ya están identificados con la fuerza de Javier Milei y que Macri solo expresa la frustración de un espacio que no pudo concretar cambios profundos. Modificaciones que sí tuvieron avances con la presidencia del economista libertario. 

Fuente noticias arg 

La lista de delitos que se le imputan a la senadora de la UCR es larga: coacción, encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.

Un grupo de reconocidos profesionales de distintas disciplinas y referentes en Derechos Humanos presentó una denuncia contra la senadora nacional de la UCR Carolina Losada a raíz del proyecto de su autoría que apunta endurecer las penas por «falsas denuncias» y «falsos testimonios» en causas vinculadas a violencia de género, abuso sexual y violencia contra niños, niñas y adolescentes.

La presentación fue radicada en la Justicia Federal y es liderada por el ex juez de Cámara Federal Carlos Rozanski, la psicóloga y periodista Liliana Hendel y la profesora e investigadora Dora Barrancos. 

La senadora santafesina fue denunciada como presunta responsable de “un plan de coacción e intimidación a profesionales de la psicología y otras disciplinas para disuadirlas de atender a niñas, niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales de todo tipo (intrafamiliar, en un ámbito institucional, trata de personas, explotación sexual infantil y pornografía infantil)”. 

La lista de delitos que se le imputan es larga: además de coacción aparecen mencionados el encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y apología del crimen.

Según señalan, el proyecto de ley presentada por Losada carece de respaldo estadístico, ya que el fenómeno de las «falsas denuncias» y «falsos testimonios» tiene una incidencia muy marginal, según consignó un informe elaborado por el Observatorio de Violencia de Género de los Ministerios Públicos.

Este estudio se realizó sobre la base de un relevamiento de  más de 8 millones de casos penales correspondientes a 17 provincias del país entre el 2023 y el 2025. 

De acuerdo al informe, durante esos tres años se iniciaron 7.517 investigaciones por supuestas «falsas denuncias», lo que representa apenas el 0,09% del total de 8.254.672 casos penales, y arroja un promedio de una cada 1.098 causas.

En el caso de los «falsos testimonios», la tasa es del 0.025% del total, es decir, uno cada 3.940 causas.

«Este dato refuta empíricamente la premisa central del proyecto de ley: no existe evidencia de una proliferación de falsas denuncias que justifique una reforma penal», apuntan los autores de la denuncia contra Losada. 

Por otra parte, el 86% de las falsas denuncias corresponde a conflictos de otra índole, como patrimoniales o laborales, y no se asocian a violencia de género o intrafamiliar, que es el núcleo que despertó el interés de la senadora radical para presentar su proyecto de ley.

La denuncia también lleva la firma de un importante número de referentes de distintos ámbitos de los Derechos Humanos como Nora Schulman, Nelly Minyersky, Taty Almeyda, Francisco “Paco” Olveira, Mónica Macha, Susana Toporosi, Diana Maffia y Alberto Kornblihtt.

El proyecto de Losada

La iniciativa busca endurecer penas para figuras que ya existen en el Código Penal, que son la denuncia falsa, establecida en el artículo 245, y el falso testimonio, previsto por el artículo 275, únicamente cuando estén vinculadas a denuncias sobre violencia de género, abuso sexual o violencia contra niños.

En el caso de denuncias falsas sobre violencia de género, el proyecto propone aumentar la pena que actualmente tiene un rango de 2 meses a 1 año a una escala de 3 a 6 años, convirtiendo al delito en no excarcelable. 

En el caso de falso testimonio, que puede alcanzar a testigos y peritos, se propone pasar de la escala actual de 1 mes a 4 años a otra de 3 a 8 años.

El argumento de Losada para justificar su proyecto es que se está produciendo una proliferación de medidas judiciales en causas de violencia de género o intrafamiliar o contra la niñez sin pruebas suficientes, que conllevan consecuencias graves para las personas denunciadas. 

Según advierten los denunciantes, endurecer las penas en este tipo de causas puede producir un efecto inhibidor sobre víctimas a la hora de denunciar a sus agresores. __IP__

El argumento es que si una mujer o una víctima de abuso piensa que una denuncia puede derivar en una persecución penal en contra, muchas desistirán de hacer efectivo el auxilio a la Justicia, y no habrá ningún tipo de reparación.}

Fuente noticias arg 

La Cámara Federal de Casación Penal ratificó que las juezas Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello continúen en el expediente por presunto incumplimiento de deberes y abuso de autoridad

 La Cámara Federal de Casación Penal rechazó la impugnación presentada por la defensa del juez federal Gastón Salmain y confirmó que las juezas de la Cámara Federal de Rosario, Elida Isabel Vidal y Silvina María Andalaf Casiello, seguirán interviniendo en la investigación en su contra.

La resolución, firmada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky, declaró inadmisible el planteo de los defensores de Salmain contra la decisión del Colegio de Revisión de Rosario.

La defensa había cuestionado la continuidad de las magistradas al sostener que ambas habían perdido imparcialidad tras suscribir la Acordada 129/25, mediante la cual se elevó al Consejo de la Magistratura un informe con presuntas irregularidades en el juzgado de Salmain. También alegaron que las juezas se habían excusado de intervenir, pero esa excusa fue rechazada por el Colegio de Revisión.

La Casación consideró que ese tipo de resoluciones, por regla general, no son susceptibles de impugnación ante esa instancia, ya que no encuadran en las decisiones previstas en el artículo 356 del Código Procesal Penal Federal.

El tribunal sostuvo además que el Colegio de Revisión de Rosario entendió que la Acordada 129/2025 constituyó un acto administrativo de superintendencia y no una denuncia en los términos del artículo 60 inciso f) del CPPF, por lo que no configuró una causal objetiva de apartamiento.

En igual sentido, los magistrados descartaron la existencia de enemistad manifiesta respecto de la jueza Andalaf Casiello, al considerar que no se acreditaron los requisitos para esa causal subjetiva, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

La Cámara también señaló que la defensa no logró demostrar una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Casación como tribunal intermedio, conforme a la doctrina de los precedentes “Di Nunzio”, “Chacón” y el plenario “Ruiz”.__IP__

Con esta decisión quedó firme que las juezas Vidal y Andalaf Casiello continuarán actuando en el proceso seguido contra Salmain por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

fuente noticias arg