El exinterventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (Ycrt) Omar Zeidán fue procesado y embargado por el juez Luis Osvaldo Rodríguez, en el marco de la causa que investiga la presunta malversación de fondos de la empresa durante la gestión macrista, a partir de las irregularidades denunciadas por su sucesor en el cargo, el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, informaron fuentes judiciales.

La medida judicial dispuso el procesamiento -sin prisión preventiva- por «administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en carácter de autor»; y como «partícipe necesario y coautor» a otros dos integrantes de la conducción de la intervención en la cuenca carbonífera.

 

Los exfuncionarios de la gestión macrista Sergio Lumachi y Raúl Guimard, que también fueron alcanzados por la decisión de la justicia, tienen ahora un embargo preventivo de 45.000.000 de pesos al igual que Zeidán.

En noviembre de 2020, el entonces interventor de YCRT Aníbal Fernández había presentado una denuncia penal en el juzgado de Rodríguez contra Zeidán; al tiempo que despidió a más de 400 trabajadores que habían ingresado a la empresa a poco más de un mes del cambio de autoridades.

«Es patente que el Interventor (Omar Zeidán) ha dictado el acto en franca desviación de poder, por cuanto no asistimos a un simple error en la apreciación de la marcha de los negocios, sino que al momento del dictado del acto el establecimiento se encontraba virtualmente paralizado en virtud de diferentes medidas de fuerza», expresó Fernández en esa oportunidad.

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, se reunió en Buenos Aires con el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, a fin de evaluar el avance de obras escolares llevadas a cabo en la provincia y proyectar la ejecución de más infraestructura educativa para el próximo año.

El encuentro tuvo lugar en la sede del organismo nacional y sirvió como marco para la presentación oficial del ministro de Educación del Chubut, José María Grazzini, a un mes de su asunción al frente de la cartera.

Durante la reunión de la que también participó el secretario general de la Gobernación, Alejandro Sandilo, se abordó el grado de avance de las obras que se desarrollan en Chubut mediante financiamiento nacional y se evaluó la necesidad de aumentar la capacidad áulica de la provincia para el año 2023.

La Liga de Gobernadores propuso ayer viernes «una serie de medidas y acciones concretas” para bajar los niveles de inflación, apuntalar el crecimiento de la economía, mejorar los ingresos de los trabajadores y potenciar las oportunidades de empleo.

Los mandatarios o representantes de trece provincias se reunieron en la ciudad de La Plata y al término de las conversaciones emitieron una declaración en la que señalaron que “el futuro se presentará promisorio si somos capaces de transformar las restricciones del presente en oportunidades para todos y todas”.

«Unidad nacional, federalismo real y desarrollo económico con justicia social son los principios que nos unen», añadieron.

Los mandatarios comenzaron a llegar pasado el mediodía a la residencia del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien ofició de anfitrión con un asado, y se retiraron pasadas las 15.30 sin hacer declaraciones a la prensa.

Participantes

Del cónclave participaron Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Raul Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Rodríguez Saa (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Jorge Capitanich (Chaco), Sergio Uñac (San Juan), Rubén Dusso, vicegobernador de Catamarca en reemplazo de Raúl Jalil y Eugenio Quiroga, vicegobernador de Santa Cruz en reemplazo de Alicia Kirchner.

Antes del encuentro había trascendido que los gobernadores y gobernadoras analizarían las primeras medidas del ministro de Economía, Sergio Massa, su impacto en el presupuesto destinado a las provincias, las obras en ejecución y en el esquema de subsidios a la energía y el transporte.

En el documento difundido tras el encuentro, al que tuvo acceso Télam, se planteó la “necesidad de aunar esfuerzos y voluntades para reducir la inflación, sostener el crecimiento de la economía, potenciar el empleo productivo a través del desarrollo de las cadenas de valor en cada una de nuestras economías regionales y mejorar el ingreso disponible de las familias argentinas”.

En esa línea se mostraron e favor de “propiciar un amplio consenso para obtener la sanción del presupuesto 2023 con criterio federal e inclusivo, a los efectos de evitar que la Ley Fundamental de la Nación no sea objeto, una vez más, de disputas sectoriales ni especulaciones electorales”.

Además, indicaron que hay que “garantizar la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas con el objeto de dinamizar la actividad económica y facilitar el acceso de los derechos sociales de nuestra comunidad”.

“Promover la disponibilidad para nuestro pueblo de la producción de alimentos de buena calidad y precios accesibles, coordinando acciones entre los distintos niveles estatales (Nación, Provincias y Municipios) a través de redes de proveedores locales y mercados populares”, remarcaron.

En otro de los puntos propusieron también “fortalecer la articulación entre nuestras provincias de una red federal de laboratorios públicos y proveedores locales para reducir el precio de insumos y medicamentos genéricos”.

En este encuentro, también se discutió sobre la reconversión de planes sociales en trabajo genuino.

Al respecto, en el texto se afirma que se debe “desarrollar los mayores esfuerzos de coordinación para transformar planes sociales en empleos genuinos y, al mismo tiempo, proteger el ingreso de las familias mediante políticas tarifarias que contemplen principios esenciales de equidad y accesibilidad, en el sentido de preservar la estructura de ingresos y consumos”.

“Es necesario resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público y ratificar un sendero de tarifas energéticas compatibles con el mayor consumo en zonas específicas del país”, indicaron en el documento que adhirieron los trece representantes que participaron.

Los gobernadores, si bien admitieron que “no es fácil gobernar en este contexto internacional complejo”, destacaron que “este desafío nos debe unir más que nunca con una única bandera: la bandera argentina”.

“El futuro se presentará promisorio si somos capaces de transformar las restricciones del presente en oportunidades para todos y todas”, señalaron.

Por último, apuntaron que se necesitan “principios se traduzcan en acciones para construir nuevos tiempos que nos permitan unir sueños de generaciones en realidades tangibles”.

Después del encuentro en la capital bonaerense, los mandatarios provinciales mantuvieron una reunión con el presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, tras lo cual Kicillof posteó en sus redes sociales: «Veo ¿con sorpresa? que los medios opositores ‘interpretaron’ el comunicado de la Liga como una crítica al Gobierno o al ministro de Economía».

«Lean y no mientan. Estamos trabajando codo a codo y respaldando los esfuerzos para sacar adelante a la Argentina en este contexto tan complejo», publicó el mandatario en su cuenta oficial de la red social Twitter.

Del encuentro de este viernes, el tercero, no participaron Gustavo Sáenz (Salta), Mariano Arcioni (Chubut), ni Oscar Herrera Ahuad (Misiones).

El primero se desarrolló en Chaco, y el segundo estaba previsto en Bariloche, pero cambió de lugar sobre la hora.

En aquella oportunidad, a fin del mes pasado, el encuentro pasó al Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la ciudad de Buenos Aires, y ese mismo día los mandatarios fueron a un encuentro con Alberto Fernández en la Casa de Gobierno.

El presidente Alberto Fernández encabeza este viernes desde las 16 en Casa Rosada la reunión del Consejo Federal de la Hidrovía, para dar continuidad a los temas abordados en el último encuentro celebrado en Chaco el 24 de junio pasado.

En aquella oportunidad los gobernadores presentes acordaron elevar a la Nación un pedido unificado para la inclusión de las provincias del Nea y del Canal Magdalena a la vía navegable troncal.

Esto implica reformular el decreto que le da la concesión transitoria a la Administración General de Puertos, para poder ejecutar obras nuevas, ya que sólo habilita a realizar tareas de mantenimiento. 

Esas obras van desde los accesos portuarios a la ampliación de los límites de la vía navegable troncal para llegar a Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones e incluir al canal Magdalena.

El pedido elevado a Presidencia busca promover así un plan de obras de balizamiento, señalización y dragado de la vía navegable principal, conjuntamente con las vías navegables secundarias y sus respectivos accesos.

«Pretendemos fortalecer los puertos fluviales de nuestras provincias para fortalecer el desenvolvimiento de nuestras economías regionales con el objeto de tener una logística integrada de base competitiva», sostuvo el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, en aquella oportunidad.

Con la presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto, el director general de Aduanas (DGA), Guillermo Michel, y su par de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA), Jaime Borgiani, se firmó este jueves un acuerdo para facilitar el comercio global.

El objetivo de este acuerdo es fortalecer la cooperación y la lucha contra ilícitos aduaneros entre ambos países, mediante el reconocimiento mutuo de imágenes de escáner.

«El reconocimiento mutuo de imágenes permitirá a los funcionarios aduaneros asegurar la integridad de la carga y los contenedores, a través del intercambio de mensajes armonizados e interoperables en sistemas informáticos desarrollados por las Administraciones de Aduanas de ambos países», sostuvo el comunicado oficial difundido por la DGA.

 

A su vez, esta unión se enmarca en los estándares del Marco Normativo SAFE, que aseguran y facilitan el comercio global de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

En este sentido, la conformidad posiciona a ambas administraciones «a la vanguardia de las prácticas de las aduanas inteligentes», para explotar el Internet de las Cosas mediante el seguimiento y la comunicación de los datos.

Por último, se prevé en cuanto resulte técnicamente factible, «armonizar la transmisión de imágenes en los sistemas Sintia e Indira para su uso en la gestión del riesgo aduanero», concluye el comunicado.

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, recibió ayer jueves al embajador de Qatar, Battal Meajeb Al Dosar, en la Planta Potabilizadora ubicada en Tigre, para promover el desarrollo en conjunto de proyectos en torno al cuidado del agua y la reducción del impacto ambiental.

«Fue una reunión amena y productiva, estuvimos conversando acerca de la posibilidad de la colaboración de Qatar con algunas de las obras que AySA necesita llevar adelante para seguir avanzando en este desafío de la universalización del servicio», expresó la presidenta de AySA.

Durante el encuentro, se establecieron diferentes mecanismos de cooperación y colaboración institucional, y se destacaron temas de interés en común, como la búsqueda de fuentes alternativas de agua, el cambio climático, la reutilización del agua y la desalinización.

Por su parte, el embajador Al Dosari declaró que en Qatar utilizan las más modernas formas y metodologías de potabilización del agua y saneamiento, «teniendo en cuenta que nos rodea el agua desde tres frentes geográficos o puntos cardinales».

En la misma línea, el director de Relaciones Internacionales, Gonzalo Meschengieser expresó que uno de los focos de este intercambio fue la posibilidad de acceder a agua potable de fuentes superficiales.

También mencionó el interés por parte del embajador en la política de Galmarini, la cual implica «la universalización del servicio con proyectos de envergadura, que requieren de inversiones muy grandes», puntualizó el director.

Por último, la titular de Aysa adelantó que el embajador se reunirá este viernes con el ministro de Economía, Sergio Massa, «para seguir trabajando en esta posibilidad de firmar apoyos financieros y de intercambio de información, conocimiento y tecnología», concluyó la presidenta de AySA.

De este encuentro, también participó Fernando Mantelli, vicepresidente del Concejo Deliberante de la municipalidad de Tigre y parte del equipo técnico de la Dirección de Agua de AySA y de la planta potabilizadora.

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó un planteo de la defensa del legislador porteño y exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, que había pedido que se declare la nulidad respecto del secuestro y la extracción de información de su teléfono celular en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal durante la gestión de Juntos por el Cambio (JxC).

La decisión fue adoptada por la sala IV del máximo tribunal penal, que declaró «inadmisible» el planteo tras considerar en «los argumentos de la parte se observa una mera disconformidad con la solución adoptada» por los jueces de la causa, según surge del fallo al que accedió Télam.

El planteo formulado por la defensa de Nieto, a cargo del abogado Gervasio Caviglione Fraga, cuestionaba la cadena de custodia del celular del otrora secretario privado de Macri y aseguraba que el teléfono fue manipulado cuando ya no estaba en manos de su defendido.

El teléfono celular de Nieto fue secuestrado el 25 de junio del 2020 y al día siguiente fue derivado desde la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional hacia la División Apoyo Tecnológico Judicial de la Policía Federal Argentina para efectuar una copia forense de la información que contenía.

El 29 de junio de 2020, el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, encomendó a Gendarmería Nacional una nueva extracción «física» de ese mismo celular.

«En efecto, en los argumentos de la parte se observa una mera disconformidad con la solución adoptada por el a quo, careciendo sus planteos de aptitud suficiente para habilitar esta instancia revisora toda vez que la ausencia de un auténtico caso de naturaleza federal impide someter la decisión recurrida a la Cámara Federal de Casación Penal»

La defensa de Nieto había remarcado que entre las dos extracciones de información se detectó una diferencia que consistió en la apertura de una ventana de diálogo de la aplicación whatsapp entre los usuarios Darío Nieto y Silvia Majdalani, que se encontraba vacía.

Cuando el planteo de Nieto fue rechazado por Villena y luego por la Cámara Federal de La Plata se indicó que la defensa no había logrado demostrar el agravio y se señaló, además, que de los estudios comparativos de la información surgida en el expediente podía evidenciarse que no existió alteración alguna.

En el fallo de este jueves, los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo sostuvieron que «los planteos concretos en los que la defensa sustenta el recurso interpuesto se basan en una discrepancia con la realidad que arrojan las circunstancias antes evaluadas y que fueron fundadamente valoradas por el a quo».

«En efecto, en los argumentos de la parte se observa una mera disconformidad con la solución adoptada por el a quo, careciendo sus planteos de aptitud suficiente para habilitar esta instancia revisora toda vez que la ausencia de un auténtico caso de naturaleza federal impide someter la decisión recurrida a la Cámara Federal de Casación Penal», agregaron.

«La defensa no ha logrado demostrar en su presentación recursiva de qué modo se han visto vulneradas las prescripciones establecidas en nuestra norma fundamental, limitándose a relatar su propia versión de los hechos sin evaluar fehacientemente de qué forma el modo en el que fueron realizados los procedimientos cuestionados importó un perjuicio concreto al encausado», concluyeron.

En la causa por supuesto espionaje ilegal Nieto fue beneficiado con la falta de mérito toda vez que no surgieron del expediente elementos que permitieran atribuirle responsabilidad en los hechos investigados.

La abogada Magdalena Odarda renunció a la presidencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) por razones de salud y en su lugar fue designada Analía Noriega, licenciada en Trabajo Social, Coordinadora nacional del programa de Relevamiento Territorial y Miembro fundadora de la fundación Napalpi, donde actualmente es secretaria, se informó oficialmente.

En un comunicado de la oficina de la Portavoz de la Presidencia de la Nación, se indicó que Odarda «presentó su renuncia al cargo de presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por razones personales, tal como hizo saber en el texto dirigido al Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria».

Se añadió que en la dimisión expresó: «Mi renuncia está motivada en mi salud que se ha visto deteriorada estos últimos años, sobre todo por no haber tomado ni un solo día de vacaciones en varios años, ni haber realizado un solo viaje al exterior en pos de la búsqueda de la austeridad que ha caracterizado a nuestra gestión».

«La presidencia del INAI será asumida por Analía Noriega, Licenciada en Trabajo Social, Coordinadora nacional del programa de Relevamiento Territorial Ley 26160 y Miembro fundadora de la fundación Napalpi donde actualmente es secretaria», informó la dependencia a cargo de Gabriela Cerruti.

Y destacó que «el ministro agradece a Magdalena Odarda por la labor desempeñada».

El presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Economía, Sergio Massa, firmaron el viernes el decreto 484/2022, que se publicará en el Boletín Oficial el martes próximo, por medio del cual se reglamenta el funcionamiento del Régimen de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo (Radpip) como también un esquema de promoción similar para el gas, informaron fuentes oficiales.

Tanto el régimen de promoción del petróleo como el referido al gas habían sido creados por el decreto 277/22, que estableció «un nuevo marco normativo apropiado para que las productoras de hidrocarburos cuenten con reglas de acceso a divisas necesarias para impulsar la inversión en el sector», aunque faltaba su reglamentación, que se resolvió con el decreto 484.

Según el artículo 1° de la nueva normativa, los beneficiarios del acceso a divisas para incrementar la producción podrán presentarse junto a posibles terceros asociados que cumplan con los recaudos del decreto, entre ellos acreditar un vínculo contractual con la beneficiaria «de al menos 12 meses, con una inversión mínima efectivizada de U$S 50 millones».

Quienes queden encuadrados en el flamante régimen de disponibilidad de divisas para incrementar la producción de petróleo y gas «podrán solicitar el reconocimiento de los beneficios correspondientes a partir del tercer trimestre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos y dentro de los plazos que establezca la Secretaría de Energía», añade el decreto 484 en su artículo 2.

Para cumplir ese paso, «deberán solicitarlo dentro del plazo perentorio de 15 días hábiles y posteriores a la finalización de cada trimestre», en una gestión que incluirá medidas complementarias de la Secretaría de Energía y de la AFIP.

Una vez aceptada la solicitud, «la Secretaría de Energía expedirá un certificado que será notificado por nota a las beneficiarias o beneficiarios, a la AFIP y al BCRA».

Las empresas productoras de petróleo y gas natural que accedan a los regímenes especiales de disponibilidad de divisas tendrán que presentar información en carácter de declaración jurada, por lo que «en caso de omisión, falsedad o inconsistencia les será de aplicación lo dispuesto en el artículo 29 del decreto 277/22» y, en paralelo, «la Secretaría de Energía podrá suspenderles el beneficio o descontar automáticamente de futuros beneficios los certificados emitidos con datos falseados u omitidos».

En el resto de los 28 artículos del decreto 484 se establecen los parámetros técnicos para definir cuál será la Línea Base correspondiente al Registro de Acceso a Divisas para la Producción Incremental de Petróleo, como la producción de petróleo crudo de enero a diciembre de 2021 que provenga de áreas de titularidad de cada beneficiario que hayan sido reconocidas oficialmente por la Secretaría de Energía.

En cuanto a la valuación del volumen de producción incremental beneficiado a partir de este régimen, se utilizará «la cotización FOB promedio de los últimos 12 meses precedentes del ‘ice Brent primera línea’, neto de derechos de exportación» (artículo 11, decreto 484).

Para el caso de las empresas del sector gasífero que ingresen al Régimen de Acceso de Divisas para la Producción Incremental de Gas Natural (Radpign), se considerará como línea base del esquema a «los volúmenes definidos en el primer párrafo del artículo 12 del decreto 277/22 correspondientes al período de enero a diciembre de 2021», según el artículo 13 de la misma norma.

 

La reglamentación de los regímenes que establecen ventajas competitivas para acceder a divisas siempre que se amplíe la producción de petróleo y gas natural había sido anunciada el jueves por el propio Massa durante su discurso en la exposición Argentina Oil & Gas (AOG) Patagonia, en Neuquén, bajo el criterio de permitir la libre disponibilidad a aquellos que inviertan para hacer crecer la producción.

«Avanzamos en la reglamentación del decreto (por el 277/22) que le da a partir del 1° de enero al sector una enorme cantidad de ventajas competitivas sobre el crecimiento de la producción, que presume la libre disponibilidad de divisas para aquellos que invierten en la medida que haya crecimiento de la producción», señaló Massa en ese foro.