La Procuración General de la Nación dictaminó que el máximo tribunal debe intervenir como instancia única en el reclamo contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferir los fondos para las jubilaciones provinciales.

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.

La procuradora adjunta Laura Monti se pronunció de esa manera en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Axel Kicillof ante la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.

«La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ´restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)´», explicó Monti.

A comienzos de semana, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, aseguró que la deuda total del Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a los 5,8 billones de pesos, lo que definió como «un plan deliberado y sistemático de asfixia financiera sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires».

En el detalle de esa deuda se desprenden más de 716 mil millones de pesos en concepto de transferencias de ANSES a Caja Provincial, es decir dinero para los jubilados bonaerenses que, según había afirmado semanas atrás el ministro de Economía provincial, Pablo López, son “el grupo social más perjudicado por Milei”.

“Los y las jubiladas son el principal factor de ajuste del gobierno nacional”, señaló entonces López que, tras advertir que “el 40% de los pasivos vive en territorio bonaerense”. “De cada 100 pesos de recorte real del Gobierno Nacional, las y los jubilados bonaerenses contribuyeron 20. Los adultos mayores de la Provincia son el grupo social más perjudicado por Milei, cargando con el 20% del ajuste total”, afirmó.

El reclamo

Los montos reclamados corresponden a «compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional», a valores actualizados. El régimen se implementó a fines de 1999, durante el gobierno de la Alianza, cuando se firmó el «Compromiso Federal», que luego fue ratificado por ley.

A partir de dicha norma, el Estado Nacional «se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales».

Se mantuvo durante todos los gobiernos posteriores, e incluso Mauricio Macri, con el objetivo de fortalecer la gestión de la gobernador María Eugenia Vidal, profundizó la medida en el año 2016, cuando dictó la ley de «Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados», que prorrogó Alberto Fernández y se mantuvo en vigencia.

Uno de los artículos de esa norma instruyó al Poder Ejecutivo «para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho».

Los fondos fueron previstos en el presupuesto 2023, que «estableció un crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas y, a su vez, dispuso una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-«, determinado por un decreto del gobierno de Macri.

Sin embargo, el Gobierno de Milei lo interrumpió mediante el DNU que «no se encuentran comprendidos en dicha prórroga» los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.

«Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia», opinó la procuradora adjunta. «En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal», resumió Monti.

Lo que viene

El pronunciamiento de la Procuración, según los funcionarios de la Provincia, no anticipa naturalmente ni el plazo del eventual fallo de la Corte Suprema ni su posible contenido si es que el máximo tribunal resuelve expedirse. Pero es un paso lógico en este tipo de reclamos, cada más habituales desde las provincias hacia el Estado nacional por los recortes que impuso el ministro de Economía Luis Caputo siguiendo el criterio de aplicación de motosierra del Presidente.

El gobierno de la Provincia, a través del fiscal de Estado Hernán Gómez, jefe de los abogados oficiales, hizo ya varias presentaciones ante la Corte Suprema demandando medidas de fondo contra los recortes presupuestarios y también disposiciones cautelares que vuelvan la situación hacia atrás hasta que esas medidas se adopten. 

Además del quite de las sumas correspondientes a las jubilaciones provinciales, un asunto clave en una Provincia que tiene cientos de miles de empleados entre docentes, policías y personal de salud, el Gobierno nacional restó fondos que antes iban a subsidios de transporte, fortalecimiento fiscal, alimentación escolar e incentivo docente. El incentivo se utilizaba para completar el sueldo de la docencia en sus diferentes niveles.

Una de las bases de las distintas presentaciones es el pedido de que se decrete la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia número 70 de 2023, entre otros motivos por deficiencias jurídicas en la explicación oficial de la necesidad y de la urgencia. Como varios de los recortes dispuestos utilizan como fundamento el DNU con el que viene gobernando Milei desde diciembre del año pasado, según Gómez y Kicillof ese instrumento sería el veneno originario que envenena los frutos, es decir las resoluciones que podan el presupuesto de la Provincia.

«Los jueces de la Corte Suprema son los que tienen que resolver el conflicto de la Provincia con Nación», dijo Kicillof en abril último. «En este caso no lo puede resolver la política», afirmó en la misma línea utilizada por sus ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque el último lunes: dijeron llevar seis meses sin ser siquiera atendidos por funcionarios del Gobierno nacional en su pedido de fondos para alimentos.

«Milei manoteó fondos diciendo que eran fondos discrecionales, cuando no lo eran ni es legal hacer éso, o simplemente discontinuó el envío de hecho», cuestionó Kicillof.

Fuente_: pag12

Este plan de infraestructura fue acordado en una reunión que mantuvo el mandatario provincial con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, e incluye el traspaso y la reactivación de obras fundamentales para la provincia, las cuales además juegan un papel clave en la generación de fuentes de empleos para los chubutenses. 

El Gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, logró un significativo acuerdo con Nación para el traspaso y la reactivación de obras fundamentales en la provincia, por un monto superior a los 150 mil millones de pesos. 

La negociación en cuestión fue producto de una reunión que el titular del ejecutivo provincial mantuvo durante la tarde del miércoles, en Buenos Aires, con el nuevo jefe de Gabinete de Nación, Guillermo Francos, en el marco de la cual se avanzó en la firma de este importante convenio.

“En un país verdaderamente federal, la inversión en infraestructura es fundamental para poder exportar más y que la Argentina salga adelante”, sostuvo el mandatario provincial al término del encuentro mantenido con el jefe del Gabinete nacional.

 

 

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Al respecto, Torres detalló que el convenio alcanzado contempla una serie de obras indispensables para el desarrollo de Chubut, las cuales, además, generarán también miles de empleos directos e indirectos, impulsando de este modo la economía local y mejorando la calidad de vida de los chubutenses.

Asimismo, el gobernador del Chubut adelantó que el próximo viernes, en una conferencia de prensa que se realizará en Rawson, se detallará el número total de obras que serán reactivadas bajo este acuerdo. El evento en cuestión contará con la presencia de autoridades provinciales, así como también de representantes de diversos sectores involucrados en la ejecución de dichos proyectos.

Fuente: Diario Chubut

La Procuración General de la Nación dictaminó que el máximo tribunal debe intervenir como instancia única en el reclamo contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferir los fondos para las jubilaciones provinciales.

La Procuración General de la Nación dictaminó que la Corte Suprema debe intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el cual el gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.

La procuradora adjunta Laura Monti se pronunció de esa manera en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Axel Kicillof ante la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.

«La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ´restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)´», explicó Monti.

A comienzos de semana, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco, aseguró que la deuda total del Gobierno nacional con la provincia de Buenos Aires asciende a los 5,8 billones de pesos, lo que definió como «un plan deliberado y sistemático de asfixia financiera sobre el pueblo de la provincia de Buenos Aires».

En el detalle de esa deuda se desprenden más de 716 mil millones de pesos en concepto de transferencias de ANSES a Caja Provincial, es decir dinero para los jubilados bonaerenses que, según había afirmado semanas atrás el ministro de Economía provincial, Pablo López, son “el grupo social más perjudicado por Milei”.

“Los y las jubiladas son el principal factor de ajuste del gobierno nacional”, señaló entonces López que, tras advertir que “el 40% de los pasivos vive en territorio bonaerense”. “De cada 100 pesos de recorte real del Gobierno Nacional, las y los jubilados bonaerenses contribuyeron 20. Los adultos mayores de la Provincia son el grupo social más perjudicado por Milei, cargando con el 20% del ajuste total”, afirmó.

El reclamo

Los montos reclamados corresponden a «compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional», a valores actualizados. El régimen se implementó a fines de 1999, durante el gobierno de la Alianza, cuando se firmó el «Compromiso Federal», que luego fue ratificado por ley.

A partir de dicha norma, el Estado Nacional «se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales».

Se mantuvo durante todos los gobiernos posteriores, e incluso Mauricio Macri, con el objetivo de fortalecer la gestión de la gobernador María Eugenia Vidal, profundizó la medida en el año 2016, cuando dictó la ley de «Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados», que prorrogó Alberto Fernández y se mantuvo en vigencia.

Uno de los artículos de esa norma instruyó al Poder Ejecutivo «para que arribara a un acuerdo con las provincias que no hubieran transferido sus sistemas previsionales, para compensar las asimetrías con respecto a aquellas jurisdicciones que sí lo habían hecho».

Los fondos fueron previstos en el presupuesto 2023, que «estableció un crédito específico para las cajas previsionales provinciales transferidas y, a su vez, dispuso una metodología para que la ANSES abone mensualmente a las provincias que no transfirieron al Estado nacional sus regímenes previsionales, un monto en concepto de anticipo a cuenta, equivalente a una doceava parte del déficit -provisorio o definitivo-«, determinado por un decreto del gobierno de Macri.

Sin embargo, el Gobierno de Milei lo interrumpió mediante el DNU que «no se encuentran comprendidos en dicha prórroga» los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.

«Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia», opinó la procuradora adjunta. «En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal», resumió Monti.

Lo que viene

El pronunciamiento de la Procuración, según los funcionarios de la Provincia, no anticipa naturalmente ni el plazo del eventual fallo de la Corte Suprema ni su posible contenido si es que el máximo tribunal resuelve expedirse. Pero es un paso lógico en este tipo de reclamos, cada más habituales desde las provincias hacia el Estado nacional por los recortes que impuso el ministro de Economía Luis Caputo siguiendo el criterio de aplicación de motosierra del Presidente.

El gobierno de la Provincia, a través del fiscal de Estado Hernán Gómez, jefe de los abogados oficiales, hizo ya varias presentaciones ante la Corte Suprema demandando medidas de fondo contra los recortes presupuestarios y también disposiciones cautelares que vuelvan la situación hacia atrás hasta que esas medidas se adopten. 

Además del quite de las sumas correspondientes a las jubilaciones provinciales, un asunto clave en una Provincia que tiene cientos de miles de empleados entre docentes, policías y personal de salud, el Gobierno nacional restó fondos que antes iban a subsidios de transporte, fortalecimiento fiscal, alimentación escolar e incentivo docente. El incentivo se utilizaba para completar el sueldo de la docencia en sus diferentes niveles.

Una de las bases de las distintas presentaciones es el pedido de que se decrete la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia número 70 de 2023, entre otros motivos por deficiencias jurídicas en la explicación oficial de la necesidad y de la urgencia. Como varios de los recortes dispuestos utilizan como fundamento el DNU con el que viene gobernando Milei desde diciembre del año pasado, según Gómez y Kicillof ese instrumento sería el veneno originario que envenena los frutos, es decir las resoluciones que podan el presupuesto de la Provincia.

«Los jueces de la Corte Suprema son los que tienen que resolver el conflicto de la Provincia con Nación», dijo Kicillof en abril último. «En este caso no lo puede resolver la política», afirmó en la misma línea utilizada por sus ministros Carlos Bianco y Andrés Larroque el último lunes: dijeron llevar seis meses sin ser siquiera atendidos por funcionarios del Gobierno nacional en su pedido de fondos para alimentos.

«Milei manoteó fondos diciendo que eran fondos discrecionales, cuando no lo eran ni es legal hacer éso, o simplemente discontinuó el envío de hecho», cuestionó Kicillof.

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La organización de juristas alertó sobre las consecuencias para el país del blanqueo y del RIGI impulsados por el Gobierno. En un informe dirigido al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Raja Kumar, reclamaron efectúe de inmediato “las recomendaciones y observaciones pertinentes” para evitar que se sancionen.

El régimen de blanqueo de activos previsto en el paquete fiscal y el de “incentivo para grandes inversiones” (RIGI) incluido en la ley Bases, que el Senado deberá tratar la próxima semana, podrían convertir a la Argentina en el corto plazo “en una suerte de ‘paraíso’ –o más bien guarida– para el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional”. La advertencia la realizó la Asociación Americana de Juristas (AAJ) en un informe dirigido al presidente del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Raja Kumar, a quien reclaman que como “organismo rector en la materia” efectúe de inmediato “las recomendaciones y observaciones pertinentes” para evitar que se sancionen e implementen ambas iniciativas del gobierno de Javier Milei.

El documento que firman la presidenta de la AAJ, Vanessa Ramos, y su secretario general, Luis Carlos Moro, comienza con un análisis del “Régimen de Regularización de Activos” (blanqueo) incluido en el paquete fiscal que tiene media sanción de Diputados. El proyecto propone una amnistía para evasores de impuestos que, a cambio de declarar su riqueza oculta, serían eximidos de causas judiciales y del pago de multas. La AAJ advierte la cuestionable eficacia impositiva de las “amnistías fiscales” y la opinión unánime a nivel internacional de que en todo caso debe implementarse “en el marco de un gran acuerdo fiscal” que incluya “una reforma integral del sistema impositivo, una mejora de los sistemas de control y mayores penas para la evasión”, todo lo contrario de lo que predica Milei, que llegó a llamar “héroes” a los grandes fugadores de divisas. El régimen propuesto beneficiaría a quienes blanqueen activos de hasta 100.000 dólares, y también a quienes superen esa cifra si la invierten en el país antes de diciembre de 2025. Incluye a no residentes con bienes en el país e inclusive a quienes se radicaron en el exterior para evadir cargas tributarias.

Junto con otros cambios a normas vigentes, el blanqueo tal como está formulado “afecta directamente al sistema de prevención en materia de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”. De consolidarse convertiría a la Argentina “en una guarida para la inversión y el blanqueo de fondos provenientes de actividades ilícitas”, advierte la AAJ. Más adelante repasa las distintas recomendaciones efectuadas por el GAFI a la hora de implementar programas de “cumplimiento voluntario tributario” para evitar “que los delincuentes abusen” de los mismos y para minimizar el “riesgo potencial de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo”.

En la misma línea de decisiones que deterioran el sistema para prevenir el lavado y el financiamiento del terrorismo, la AAJ enumera las resoluciones del gobierno para suprimir normativas de la Inspección General de Justicia (IGJ) que apuntaban a evitar el uso fraudulento de sociedades comerciales, fideicomisos y otras estructuras jurídicas. En base a un informe de la fundación La Alameda, denuncia además el “desmantelamiento de todas las políticas de prevención, asistencia y persecución del delito de trata de personas”, y el impulso del proyecto de libre portación de armas promovido por la ministra Patricia Bullrich.

Por último se refiere a los riesgos y afectaciones que se derivan de la ley Bases. El RIGI “refleja una falta de exigencias reales de licitud del origen y trazabilidad de los fondos, que conlleva un alto riesgo de ingresos de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes, armas y personas, entre otras conductas criminales precedentes del delito de lavado”, alerta. La ley “no prevé el rechazo ante la presunta ilegalidad de los fondos declarados” y tampoco “la individualización y la necesidad de información adecuada, precisa y oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas” que podrían adherir al régimen.

En las conclusiones, la AAJ sostiene que la “degradación socioeconómica” en curso “resulta el marco más propicio para las actividades ilícitas precedentes al lavado de dinero”. Si se le suman las deficiencias para hacerle frente y se propicia un blanqueo como el que propone el gobierno, la Argentina se convertirá “a corto plazo en una suerte de ‘paraíso’ –o más bien guarida– para el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo internacional”. Y si encima se implementa un régimen como el RIGI se corre el “riesgo cierto de trasladar el poder económico –que debe detentar el gobierno, el sistema productivo y los ciudadanos– a manos de organizaciones criminales y/o terroristas, que en el caso de la Argentina puede incluir la posesión de recursos estratégicos, tanto naturales como geopolíticos, toda vez que la ‘Ley Bases’ también incluye un inédito y amplio plan de privatización de empresas y bienes del Estado”.

Fuente: Pag12

El Intendente de Puerto Madryn lanzó dicha iniciativa, la cual se pondrá en marcha inmediatamente. El Jefe Comunal puso en valor la continuidad de políticas impulsadas conjuntamente entre el sector público y el privado

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, encabezó hoy el lanzamiento del primer relevamiento municipal de calificación laboral, acto que se llevó a cabo en las instalaciones del Teatro del Muelle y que contó con la presencia de representantes de distintas instituciones educativas, cámaras, autoridades provinciales, asociaciones sindicales y demás entidades.

Con el objetivo de mejorar las políticas públicas basadas en las necesidades de la comunidad, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Secretaría de Producción, Innovación y Empleo, lanzó un relevamiento integral que permitirá visualizar aspectos fundamentales sobre la demanda de calificación laboral para la toma de decisiones presente y futura.

Este relevamiento tiene varios objetivos y busca promover la transparencia y la seguridad de los datos recogidos, proporcionando información constantemente actualizada sobre los perfiles de recursos humanos en distintos sectores industriales de nuestra ciudad. Además, se recogerán otros aspectos relevantes que el sector privado necesite comunicar para un mejor entendimiento del mercado laboral local.

 

 

 

Trabajo conjunto

Al respecto, el Intendente dijo: “Hoy presentamos el primer relevamiento de calificación laboral, a través del cual obtendremos datos para visualizar aspectos fundamentales sobre la demanda que existe en nuestra ciudad y para la toma de decisiones actuales y futuras”.

“En estos tiempos complejos, entendemos que la forma de salir adelante es fortaleciendo la sinergia entre el sector público y el privado, tal como venimos haciendo desde hace años en Puerto Madryn. Esto nos va a permitir formar mano de obra calificada, que podrá incluirse en el mercado laboral actual, atendiendo a las demandas de las principales industrias de nuestra ciudad”, agregó el Jefe Comunal.