Política

Se prolonga el conflicto por la coparticipación: Caputo pegó el faltazo a la reunión con Jorge Macri y «no hubo acuerdo»

23 - agosto - 2024

El jefe de Gobierno tenía previsto reunirse con el ministro de Economía en un encuentro que había sido convocado por la Corte Suprema.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió hoy con funcionarios del Ministerio de Economía para destrabar la negociación por la coparticipación de ese distrito, pero «no hubo acuerdo» y el conflicto sigue sin resolverse.

«Tuvimos una reunión, yo la considero una reunión relevante e importante para las instituciones de la República. Agradezco la convocatoria de la Corte Suprema para tratar de encontrar una solución a este conflicto que tenemos con Nación, pero no hubo acuerdo«, afirmó Jorge Macri al retirarse de la cita.

El alcalde porteño instó, una vez más, a que el Gobierno nacional «cumpla» con la medida cautelar que presentó la administración a su cargo.

El encuentro había sido convocado por la Corte Suprema para acercar posiciones entre ambas jurisdicciones con el objetivo de que el Ejecutivo nacional cumpla con el fallo que le obliga a pagar un 2,95% de coparticipación federal.

Jorge Macri sostuvo ante los medios presentes que durante la reunión «cada parte expuso sus posturas», pero eso no sirvió para llegar a un entendimiento.

«Son varias las discusiones. Nación decidió, a partir de la primera semana de agosto, empezar a pagar de manera discrecional. Para nosotros eso no es cumplir con el fallo de la Corte», explicó Macri.

A su vez, el alcalde porteño señaló que el máximo tribunal le ordenó al Gobierno nacional pagar «el 2,95 por goteo» y manifestó que «eso no se está cumpliendo«.      

«No es un dato menor porque, para nosotros, en una república, cumplir con los fallos, con las órdenes de la Corte, es central», consideró el jefe de Gobierno.

Además, Macri hizo referencia a la ausencia del ministro Caputo al cónclave para resolver un reclamo que lleva más de un año y medio sin encontrar una solución.

«Cada vez que me convoque la Corte, voy a venir. Vinimos con dos abogados. El Gobierno nacional vino con un equipo muy grande. No sé por qué no vino el ministro. Hubiera sido mejor que esté, pero debe haber tenido sus razones. Hay que preguntárselas a ellos«, recriminó Macri.

En tanto, fuentes del Ministerio de Economía bajaron el tono de la confrontación y justificaron la ausencia de Caputo bajo el argumento de que se trató únicamente de una «audiencia informativa» para tratar «temas jurídicos«.      

«Fueron los secretarios especializados en el tema«, explicaron desde el Palacio de Hacienda ante la consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

Además, cerca del titular de Economía sostuvieron que «en la audiencia con el Gobierno de la Ciudad quedó claro que la Nación sí está cumpliendo con el Fallo de la Corte«, esto es, el 2,95% de la coparticipación, y que «aunque parezca una paradoja, la queja de la Ciudad es que la Nación lo paga semanalmente por adelantado en lugar de por goteo diario».

Por su parte, en la reunión, los representantes de la Nación manifestaron su «desacuerdo» con el cálculo del 2,95%, ya que sostienen que ese porcentaje «debería ser sustancialmente menor» al que dispone el fallo de la Corte.      

«La Nación está cumpliendo con el fallo a pesar de que sus propios cálculos difieren«, destacaron desde el Ministerio de Economía.

El origen del reclamo de Ciudad se encuentra en la medida cautelar que la Corte emitió en diciembre de 2022 en favor de Uspallata para revertir una decisión que tomara el ex presidente Alberto Fernández.

El de este jueves no fue el primer encuentro entre funcionarios del gobierno del presidente Javier Milei y de la Ciudad de Buenos Aires, sino que desde enero vienen sucediendo reuniones para destrabar el conflicto.

El último encuentro que habían mantenido Macri y Caputo fue en julio, oportunidad en la que, a pesar de haber anunciado un principio de acuerdo, las diferencias persistieron.

Fuente: Noticias Arg

El Gobierno confirmó que vetará el proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento

23 - agosto - 2024

Así lo dio a conocer en un comunicado difundido a través de sus redes sociales. «El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional», remarcó

El Gobierno confirmó este jueves por la noche que el mandatario Javier Milei vetará la sanción del Senado del proyecto de ley que aumenta las jubilaciones en un 8,1 por ciento, ya que aseguró que esa norma aprobada «tiene como único objetivo destruir el programa económico».

«El presidente se comprometió con los argentinos a sostener el superávit fiscal a toda costa y así lo hará», indicó la administración de Milei en un comunicado difundido por redes sociales.

«El Congreso Nacional en un acto de populismo demagógico, sancionó un proyecto de ley irresponsable, ilegal e inconstitucional que establece gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que implica necesariamente que el Gobierno vuelva a caer en las viejas prácticas de la emisión monetaria, el aumento de impuestos o el endeudamiento, que son las mismas recetas que nos han llevado al fracaso durante los últimos 100 años», remarcó.

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Fuente: Noticias Arg

Petri defendió en Diputados la ley para que las FFAA intervengan ante actos terroristas

22 - agosto - 2024

La iniciativa, que plantea una reforma de la Ley de Seguridad Interior, genera rechazo en importantes sectores de la oposición que alertan sobre un «estado de sitio encubierto» para naturalizar la «represión» de las fuerzas armadas ante distintos conflictos internos.

El ministro de Defensa, Luis Petri, defendió hoy en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que habilita a las Fuerzas Armadas a intervenir dentro del territorio ante actos definidos por un comité de crisis como “terroristas”.

La iniciativa, que plantea una reforma del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior 24.059, genera rechazo en importantes sectores de la oposición que alertan sobre un «estado de sitio encubierto» para naturalizar la «represión» de las fuerzas armadas ante distintos conflictos internos. 

“Llegó el momento de garantizar que ante amenazas terroristas vamos a utilizar todo el poder y la potencia del Estado, y todos los instrumentos a disposición del Estado, entre ellos el instrumento militar”, subrayó Petri al participar de una reunión informativa de la comisión de Defensa.

Esta intervención podrá incluir operaciones de patrullaje, control de personas y vehículos, colaboración en puestos de control fijos o móviles, vigilancia de instalaciones inmuebles y detención en flagrancia.

El proyecto del Poder Ejecutivo incorpora una nueva opción de empleo militar a las dos ya existentes previstos en la Ley 24.059 de Seguridad Interior sancionada en 1991.

La primera hipótesis que habilita la actuación de fuerzas armadas en seguridad interior, contemplada en el artículo 27 de la mencionada ley, es la que establece las acciones de apoyo a las fuerzas de seguridad.

El segundo supuesto, previsto en el artículo 31, es cuando media la declaración de estado de sitio para el resguardo de la libertad, la vida y el patrimonio de las personas, así como los derechos, garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, cuando éste está en riesgo.

La iniciativa defendida por Petri incorpora una tercera opción de empleo militar al prever que, ante la presencia de acciones que aterroricen a la población y generen conmoción, un comité de crisis tendrá luz verde para solicitar al Ministerio de Defensa la intervención de las Fuerzas Armadas para el restablecimiento de la Seguridad Interior.

Según explicó el ministro, el estado de sitio establece la facultad de arresto, pero no dispone en ningún momento cuál es el sujeto o el órgano encargado de intervenir o de actuar» frente a esos hechos terroristas. 

“Tampoco se establecen cuáles son las facultades que van a tener las fuerzas armadas a la hora de ser empeñadas en el territorio ante amenazas o atentados terroristas que pongan en peligro la paz, la vida, la libertad y la integridad territorial», agregó. 

“Cuando definimos en la ley atentado terrorista lo hacemos conforme lo dice nuestro propio código penal en el artículo 41, y es todo acto destinado a aterrorizar a la población”, precisó Petri.

Al intervenir en la comisión de Defensa, el diputado Eduardo Toniolli (Unión por la Patria) empezó su alocución con vehemencia al reclamar que su par de La Libertad Avanza Beltrán Benedit se retirara de la sala por reivindicar explícitamente la dictadura militar.

Luego se centró directamente en las críticas al proyecto del Gobierno para modificar la ley de Seguridad Interior y denunció “sistemáticos gestos de alineamiento a las potencias occidentales y a la OTAN”.

Petri le contestó al legislador peronista al sostener que “Argentina es autónoma para definir sus hipótesis de conflicto” y no necesita “preguntarle a Estados Unidos para definir si en Argentina hay hipótesis de terrorismo”.

“Nos abrazamos con Occidente del cual somos parte y por eso hemos pedido ser socios globales de la OTAN”, resaltó, y se diferenció del kirchnerismo: “No nos aliamos con Cuba, con Nicaragua ni con Irán”.

“Esto no supone ninguna concesión, ni asumir doctrina, ni costos y ni comprometer obligaciones de movilización militar”, agregó.

Por su parte, Agustina Propato (UP) criticó que las Fuerzas Armadas se involucren en operativos de seguridad interna, y aseguró que esa reforma llevaría a “exponerlas”.

“Esto condena a Argentina a no tener un sistema de defensa”, sentenció la legisladora peronista.

La diputada del Frente de Izquierda Vanina Biasi también cuestionó la iniciativa y aseguró que “tiene la característica de desviar la atención de la población”.

“Busca generar la idea de que necesitamos muchos más instrumentos para cuidar la seguridad argentina cuando necesitamos que se vuelque el presupuesto de 100 mil millones de pesos que se le dio a Santiago Caputo para que se divierta haciendo espionaje”, remató.

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ATE marchó contra el gobierno de Milei y pidió un nuevo paro general de las tres centrales

22 - agosto - 2024

«Tenemos que seguir desgastándolos», dijo el líder del gremio, Rodolfo Aguiar.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretó hoy una jornada de protesta que incluyó una movilización al Congreso nacional, en rechazo al mega DNU del presidente Javier Milei y contra «las políticas de ajuste que recrudecen en el sector público».

«La medida de fuerza tuvo gran adhesión en todo el país y se convierte en la antesala de un paro general que tiene que llegar en las primeras semanas de septiembre», sostuvo el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

En esta ocasión, el sindicato de empleados públicos montó una carpa dentro del anexo del palacio legislativo con mesas para recolectar firmas por la anulación del DNU 70/23 «que significa una pérdida de derechos para trabajadores y jubilados». 

La protesta se dio en medio de una semana donde el Congreso trataba los proyectos de reformas laborales y sindicales, entre otros, «los cuales ponen en riesgo los derechos de los trabajadores», señaló el gremio.

Las medidas de fuerza se replicaron en todo el país con protestas frente a las legislaturas provinciales y concejos deliberantes locales.

«Tenemos que pensar en una profundización del plan de lucha que nos permita ponerle freno a un Gobierno que se ha decidido a atacar todos nuestros derechos y arrasar con la Constitución nacional», indicó Rodolfo Aguiar.

Sobre la posibilidad de lanzar la tercera medida de fuerza general de la era Milei en conjunto con todas las entidades gremiales, sostuvo: «Hay condiciones y sobran motivos para que todas las centrales obreras convoquen a una huelga». 

«Si nuestros sueldos mensuales fueran de 9 millones de pesos como el de los senadores, no pensaríamos en llevar adelante estas acciones», agregó.

Y cerró: «El plan económico del Gobierno no funciona ni va a funcionar. Además, los números cada vez le dan peor. Una gran mayoría de los que los respaldaron están decepcionados. Tenemos que seguir desgastándolos».

La lista de reclamos de ATE incluyó «denunciar la criminalización de la protesta social y exigir la liberación de los detenidos por luchar; repudiar todos los proyectos de reformas penales y laborales tratados en el Congreso; aumentos salariales por encima de la inflación y cese de las políticas de ajuste y desguace del Estado», entre otros.

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Villarruel prepara su venganza en el Senado: vía libre al tope para los sueldos del Ejecutivo

22 - agosto - 2024

Luego de que Milei estallara de furia y la responsabilizara sin nombrarla por el aumento de las dietas en la Cámara Alta, Villarruel aceptó dar de baja la medida. En la misma jugada, habilitó el debate para que también los salarios de los funcionarios del Gobierno y de la justicia tengan un tope. El proyecto es de Unión por la Patria y podría tratarse esta semana. La guerra fría en la cima del poder sigue escalando. 

El vínculo entre los hermanos Milei y Victoria Villarruel sigue en cortocircuito. El escándalo por el aumento de las dietas de los senadores, que se conoció el lunes por la noche, no hizo más que avivar el fuego de una interna que no da respiro. Las presiones que ejercieron desde la Casa Rosada después de que se conociera la noticia hicieron que, por la tarde, la vicepresidenta anuncie un llamado a sesión para el jueves, en el que se debatirá el tema. Sin embargo, Villarruel sumó su pizca de maldad: en el pedido de sesión, además de poner el proyecto de resolución que dejará sin efecto la resolución que habilitó el aumento, propuso tratar un proyecto del presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria, José Mayans, que dispone un tope máximo a la percepción de haberes «de las autoridades superiores de los tres poderes del Estado«, es decir, también del Poder Ejecutivo y el Judicial.

 
 

El día empezó con los ánimos caldeados en el oficialismo. El Presidente, la noche anterior, había publicado un extenso tuit en el que decía en tono indignado: “Expreso mi máximo repudio al vergonzoso aumento de sueldo que acaba de ocurrir en la Cámara de Senadores”, y adelantaba «no sé quién fue el responsable de semejante burla, pero quienes han avalado estos atropellos a los trabajadores sufrirán las consecuencias«. La vice salió a responder mediante historias de Instagram en las que intentó aclarar: «Es facultad de los senadores desengancharse o no de las paritarias de los trabajadores. Yo solo decido sobre las paritarias a los empleados». 

El debate, sin embargo, no quedó ahí. En Casa Rosada estaban enfurecidos porque el aumento de las dietas en el Senado, en un contexto de brutal ajuste que están sufriendo las clases medias y bajas, no hizo más que caldear el clima social y generar insultos y enojo por parte, incluso, de muchos votantes de La Libertad Avanza que creyeron que el ajuste no lo iban a pagar ellos, sino «la casta». 

 

Además, el aumento hizo que Villarruel vuelva a meter el dedo en la llaga y traiga a la memoria del Presidente la pelea que había tenido con ella por este mismo tema en abril de este año. En la reunión de gabinete que Milei encabezó el martes a la mañana en Casa de Gobierno, ella no estuvo. Tampoco en la foto posterior que el mandatario se sacó con sus ministros y secretarios en el balcón presidencial.

El vocero presidencial Manuel Adorni, muy cercano al mandatario y a Karina Milei, tras la reunión de gabinete dio una conferencia de prensa y se encargó de poner en palabras la postura del gobierno. «La doctora Villarruel tendrá sus razones para haber impulsado o no, en mayor o menor medida, el freno para que esto no se lleve adelante hoy o en abril. Para el Presidente fue un horror en abril y lo es hoy. No hay un hecho puntual que haya molestado más», dijo. 

 

Luego, Adorni agregó: «La vicepresidente cobra un sueldo del Ejecutivo. El sueldo de ella, no importa lo que haga, está congelado de acuerdo a lo que rige para nuestros sueldos». Por último, disparó: «Si la doctora Villarruel podría haber hablado, o no, con los 72 senadores con los que convive todos los días de su vida es un tema que le tienen que preguntar a ella. Hay que preguntarle a ella por qué no se pudo frenar o evitar este escándalo. Entendemos la posición en su calidad de presidenta del senado y la convivencia que tiene que tener con el resto de los senadores, pero es una respuesta que tiene que dar ella».

Minutos más tarde, Villarruel publicó un tweet que decía: «Como Presidente del Senado convoqué a sesión especial el jueves a las 10 para que los senadores debatan sobre el aumento de sus sueldos. De frente y en forma pública. Nominalmente y exponiendo sus posiciones. Así terminamos con las sobreactuaciones que parasitan a la política argentina en todos los órdenes y que nos tiene angustiados a los argentinos».

 

En un almuerzo en el Colegio de Abogados de Capital Federal, en tanto, Villarruel dio un discurso en el que aclaró que tiene «desacuerdos y diferencias» con el Presidente, pero que igual es su vicepresidenta y el apoyo «es total». Cerca del mandatario mascullan bronca y esperan que en algún momento ella les clave un puñal de manera definitiva. En ese mismo discurso ya dio señales: cuestionó la candidatura de Ariel Lijo para que sea Juez de la Corte Suprema, el candidato que eligieron Milei y su entorno. 

El clima de la pelea interna también subió temperatura por el enojo que causó en Rosada la designación de Martín Lousteau como presidente de la comisión bicameral de Inteligencia. Mientras en el oficialismo discutían si el que tenía que ocupar ese lugar era el senador Edgardo Kueider, como quería Santiago Caputo, o Enrique Martín Goerling Lara, muy cercano a Villarruel y a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, entraron a jugar en tándem el radicalismo y UxP y se quedaron con la presidencia de esa comisión, que será clave para controlar los fondos reservados que Caputo consiguió para la SIDE.

 

La batalla, mientras tanto, también sigue en las redes sociales. Un terreno en el que LLA siempre se sintió cómodo, pero que, en el último tiempo, viene teniendo problemas. En medio de la interna entre Karina y la vicepresidenta, son varios los usuarios que se rebelaron y discuten la postura oficial de Casa Rosada. Critican sin piedad a la secretaria general de la presidencia y a su entorno, para defender a Villarruel.

Uno de esos usuarios, por ejemplo, escribió: «A Karina nadie la votó ni la banca y se mete para desplazar a la vice que todos votamos y es la más querida por la gente». Luego, subió una foto de Adorni y Karina Milei con el nuevo perro de raza Boyero de Berna en Casa Rosada y opinó: «¿Cómo no voy a bancar a Victoria? esta escena es patética mientras un millón de niños no cenan». En Balcarce 50 dicen que esas cuentas están siendo pagadas por alguien que los quiere perjudicar y que no se trata de votantes de Milei frustrados.

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Expertos de la ONU instan al gobierno de Milei a evitar episodios de negacionismo

22 - agosto - 2024

Tres relatores especiales expresaron su «grave preocupación» por el desmantelamiento de los equipos de relevamiento del Ministerio de Defensa que aportaban pruebas a las causas. Recordaron que el Estado tiene el deber de investigar.

Tres relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) hicieron saber su preocupación por la decisión de Luis Petri de desarmar los equipos de civiles que relevaban archivos de las Fuerzas Armadas para aportar a las causas por crímenes de lesa humanidad. Los expertos internacionales también instaron al gobierno a prevenir todo episodio de negacionismo y revisionismo.

El 28 de marzo pasado, Petri despidió a diez de los trece expertos que analizaban la documentación burocrática en poder de las fuerzas. En ese momento, los acusó de ser un grupo “parajudicial” que hacía “macartismo” contra los militares.

 

La medida fue denunciada por grupos de derechos humanos como una política tendiente a obstaculizar el avance de las causas por crímenes cometidos durante los años del terrorismo de EstadoTreinta y seis fiscales le pidieron al ministro que diera marcha atrás con su decisión. Sin embargo, Petri finalmente derogó la resolución que había creado los equipos en 2010 y continuó con los despidos.

 

Los que expresaron su “grave preocupación” fueron Bernard Duhaime –relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición–, Aua Baldé –presidenta y relatora del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias– y Morris Tidball-Binz –relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

Recordamos que el derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación del Estado argentino de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos, establecer la verdad sobre las circunstancias en las que se produjeron dichas violaciones y, en el caso de las desapariciones forzadas de personas, sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, de preservar la memoria histórica, los archivos y la evidencia de tales violaciones, y de evitar que surjan tesis revisionistas, relativistas y negacionistas respecto de ellas”, señalaron.

 

“Recordamos, a su vez, que el incumplimiento de estas obligaciones por parte de las entidades y autoridades estatales pertinentes está en condiciones de comprometer la responsabilidad del Estado argentino”, añadieron.

Los relatores también le pidieron al Estado argentino que preserve el acervo documental de las Fuerzas Armadas –en la misma línea que se pronunció el mes pasado el juez federal de la Plata Ernesto Kreplak, que ordenó que no se altere ni se destruya la documentación.

La comunicación de la ONU llegó el 2 de mayo pasado, pero no había trascendido hasta ahora. El 2 de julio pasado, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó también la respuesta que dio el gobierno argentino. 

 

Defensa contestó que había echado a los expertos a causa de la “catastrófica situación económica en la que se encontró el país” porque los gobiernos anteriores utilizaron al Estado como “botín político y económico de una ‘casta política’”. También dijo que había otras áreas del Estado, como el Programa Verdad y Justicia, que podrían llevar adelante las funciones de quienes analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas.

La presentación ante la ONU había sido motorizada por organismos de derechos humanos y por la legisladora porteña Victoria Montenegro. A raíz del reclamo de sobrevivientes y familiares de las víctimas de la dictadura, la Cámara Federal de Casación encomendó la semana pasada la preservación de los archivos y de los lugares donde se cometieron los crímenes.

La semana pasada, el gobierno de Javier Milei dio un paso más en su embestida contra las políticas de memoria, verdad y justicia al eliminar la unidad especial de investigación (UEI) que funcionaba dentro de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), el organismo que busca a los bebés robados durante la dictadura.

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Alberto Fernández denunció a Fabiola Yañez por la difusión de videos de índole privada

22 - agosto - 2024

Luego de haber solicitado que la Justicia prohibiera la publicación de fotos y videos íntimos, el expresidente responsabilizó a su exesposa, que lo acusa por violencia de género, de extraer «información privada de mi persona y de terceros ajenos al proceso» a través del celular que tenía su hijo Francisco.

Solo un día después de solicitarle a la Justicia que prohíba la difusión de imágenes de índole privada, el expresidente Alberto Fernández denunció a su exesposa Fabiola Yañez por haber tomado y hecho circular material de esas características en medios de comunicación y redes sociales, a través de terceros.

La acusación que por el momento se conoce a través de distintos medios fue presentada en el marco de la causa que lo acusa a él por violencia de género contra Yañez, aunque tramita en un juzgado de otro fuero.

 

En el texto, Fernández aduce que su exesposa fue quien hizo circular los videos y fotografías que circularon durante las últimas semanas en medio del escándalo. Según su versión, varias de esas imágenes y filmaciones son parte del contenido al que se podría haber accedido mediante un teléfono que él le había regalado a su hijo Francisco “para su esparcimiento”.

 

La hipótesis es que Yañez pudo obtener a través de ese dispositivo el material que el expresidente guardaba en la nube. “Se lo di a mi hijo, un nene de dos años de edad que no puede comprender la forma de acceder a esta información privada y mucho menos difundirla”, dijo en su descargo y apuntó contra su exesposa y denunciante.

Por eso, afirmó: “Acuso a su madre, una persona adulta y con pleno conocimiento para acceder a mi información privada y que hemos visto desfilando mediáticamente en forma profusa”, de extraer “información privada de mi persona y de terceros ajenos al proceso”.

El exmandatario denunciado por violencia de género responsabilizó a la exprimera dama de “filtración de datos”, algo que solo horas atrás había advertido a través de su pedido de prohibición de contenidos de índole personal.

 

Este martes, Fernández pidió taxativamente que no se difunda ese material en medios de comunicación ni a través de las empresas Google, Facebook, X y Yahoo. Se refirió tanto a los que ya circularon como a los que podrían circular. El expresidente se presentó “por derecho propio” y en representación de Francisco, su hijo menor, y solicitó que se dicte una medida cautelar para responder a una situación de “urgencia extrema”.

“Hay una flagrante amenaza de difundir supuestas imágenes o supuestos videos que tienen como única finalidad ofender, agredir, vulnerar, menoscabar y afectar” su “nombre, honor, imagen, intimidad y/o integridad” afectando “directamente” a sus hijes y familiares, adujo.

En su planteo de hoy contra su denunciante, Alberto Fernández habla de “violación de secreto y su difusión, como así también del acceso ilegítimo a mi nube de Google”.

 

Se refirió también a la “enorme filtración de datos de la causa en los medios de comunicación masiva” y al “escarnio público” del cual es protagonista desde que se conocieron los testimonios de Yañez sobre insultos, violencia física y verbal, y hostigamiento.

 

En su defensa, sostuvo que “es malicioso y evidente que se ha lanzado una campaña de desprestigio sobre mi persona haciendo correr versiones falsas que me dañan, afectan también a mis hijos, hermanos y a terceras personas”.

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No solo es La Libertad Avanza la que arde: el PRO volvió a quedar en el medio del fuego entre Bullrich y Macri

22 - agosto - 2024

La votación en la Cámara baja volvió a servir de parteaguas al interior del partido amarillo: quiénes están con Macri y quienes responden a la ministra de Seguridad. «Inconsciente», la acusación de Bullrich al propio Macri. 

«Terroristas», «narcos» y «mafias». Esos tres grupos  son los que Patricia Bullrich emparentó con los diputados de su propio espacio que rechazaron el DNU que asignaba fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia (SIDE). De esa manera, la interna en el PRO vuelve a tomar calor, apenas eclipsada por el incendio de sus aliados oficialistas, que terminaron con una reunión de bloque en el que no faltaron los gritos, los llantos y hasta una denuncia penal por violencia. Se trata de una nueva pelea entre Bullrich y Macri, ahora acentuada por la decisión del expresidente de comandar la «renovación del partido».

«El DNU de fondos para la SIDE es para cuidar a los argentinos», dijo Bullrich en un tuit inmediatamente posterior a la votación en Diputados. «Los diputados que votaron junto al kirchnerismo su rechazo, eligieron ponerse del lado de las mafias, los narcos y el terrorismo. ¡Ahora deberán hacerse cargo!», expresó Bullrich en redes sociales.

 
 
 

Para la funcionaria, «la importancia de este decreto radica, además, en que nutre de fondos fundamentales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y así garantizar mayor seguridad a los argentinos». «El rechazo al DNU lo celebran los criminales», completó la ministra.

Pero no fueron los únicos dardos que tiró la ministra de Seguridad. Luego de hacer público su postura, emitió un comunicado en el que calificó de «inconsciente» al ex presidente Mauricio Macri por no haber respaldado la iniciativa del presidente Javier Milei. «El PRO tomó una decisión que no toma en cuenta los riesgos que trae frente a los peligros y amenazas del financiamiento al narcoterrorismo en la Triple Frontera, y las actividades narcoterroristas en la ciudad de Rosario y en otros puntos del país». Se sabe que la mayoría del PRO decidió votar a favor de rechazar el DNU 659/24, mientras que un puñado (entre ellos, Damián Arabia y Fernando Iglesias) rechazaron la iniciativa o bien, se abstuvieron.

 

«Es absolutamente inconsciente e irresponsable decir que es un gasto sin información, ya que la Comisión Bicameral de Inteligencia es la única habilitada para recibir dicha información, no el Congreso en su conjunto», explicó.

Respuestas

El PRO salió a cruzar al Gobierno, sin incluir a Bullrich, pero deseando dar un tiro por elevación. «Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más). Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que ‘no hay plata’, y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio«, cuestionaron desde el PRO.

 

El texto del espacio que conduce Macri cierra advirtiendo que «el progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero», e insiste que «en el PRO esos valores son innegociables«.

El legislador de la Coalición Cívica Juan Manuel López, que fue uno de los que votó por el rechazo, también salió a contestar los dichos de Bullrich y le señaló a la funcionaria que ella «hubiera votado» del mismo modo. «Vení al Congreso cuando quieras a explicar lo que los organismos que dependen de tu ministerio necesitan en materia presupuestaria».

Otro que cruzó a Bullrich fue el presidente de la Convención Nacional de la UCR Gastón Manes, quien tildó de «disparate» el posteo de la funcionaria contra los legisladores que rechazaron el decreto. «No es así, Ministra. Me extraña que alguien con tan pocos caracteres diga semejante cantidad de disparates«, aseguró Manes. Y agregó: «Son los diputados que votaron en contra del DNU de la SIDE los que están cuidando las prioridades de los argentinos, para reordenar los gastos de un Estado loco que quiere sacarle plata a las universidades para ponerla en una institución —al menos— cuestionada».

 

«Las mafias, los narcos y el terrorismo se combaten con un ministerio de Seguridad inteligente y capaz. De eso ustedes tendría que hacerse cargo, ¿no?», interrogó Manes.

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Villarruel, lapidaria sobre Lijo: «No cuenta con los pergaminos para ser juez de la Corte»

21 - agosto - 2024

Así lo expresó en un almuerzo en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, afirmó que el juez federal Ariel Lijo no tiene los «pergaminos necesarios» para integrar la Corte Suprema de Justicia y reafirmó su malestar por su candidatura, que fue promovida por el presidente Javier Milei. 

«Mi opinión sobre Lijo es pública. No estoy de acuerdo con su candidatura», lanzó Villarruel en un almuerzo en el Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires. 

Para la vicepresidenta, Lijo «es un juez que su candidatura ha partido mucho a la sociedad, entre los que están a favor y en contra». 

«Es un juez controversial que no contaría con los pergaminos necesarios para ser juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», resaltó. 

Otro de los argumentos que esgrimió Villarruel fue que Lijo ocuparía el asiento que dejó Elena Highton: «Está reemplazando la banca de una mujer. Me hubiera gustado que ese lugar lo ocupará una mujer, y lo dice alguien que no es feminista sino que desde un lugar de justicia». 

No es la primera vez que la abogada se pronuncia sobre Lijo. Lo hizo también en marzo pasado al sostener que no le «gustaba» el integrante de los juzgados federales de Comodoro Py. 

Mañana, desde la 10, Lijo defenderá su postulación para integrar el máximo tribunal ante la Comisión de Acuerdos del Senado. 

Fuente; Noticias Arg

Diputados profundizó el análisis de los proyectos que buscan bajar la edad de imputabilidad

21 - agosto - 2024

En un plenario de comisiones, los autores de las distintas iniciativas expusieron sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrolló una nueva ronda con especialistas invitados.

La Cámara de Diputados profundizó hoy el análisis de los proyectos de ley en torno a la creación de un nuevo régimen penal juvenil que como eje central plantea la baja de la edad de imputabilidad. 

A fines de julio, el Poder Ejecutivo anunció un proyecto de ley que propone bajar la edad de imputabilidad a los 13 años y establece una pena máxima de 20 años para adolescentes menores de 18 años. 

En un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Familias, Justicia y Presupuesto, los autores de las distintas iniciativas expusieron sobre los lineamientos centrales de las propuestas y también se desarrolló una nueva ronda con especialistas invitados.

Uno de los autores, Ricardo López Murphy (Encuentro Federal) defendió su proyecto para reducir la edad de imputabilidad a los 13 años y recordó que solamente dos países de Latinoamérica, Argentina y Cuba, sostienen regímenes penales de minoridad con un piso de responsabilidad penal en los 16 años.

«Esos países no consideran lo indicado en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobado por la Asamblea de las Naciones Unidas en noviembre de 1989 que fue ratificada por ley en 1990», resaltó.

Si bien el economista defendió la idea de bajar la edad de imputabilidad, sostuvo que «no es verdad que se busque bajar la edad de imputabilidad para poner presos a los menores». 

«Al contrario, lo que se busca es que el Estado puede intervenir y contener al menor que se encuentra en conflicto con la ley», aclaró López Murphy.

«El adolescente se encuentra en una etapa de evolución por lo que corresponde frente a un conflicto con la ley penal que el Estado brinde alternativas suficientes en camino a su reinserción», enfatizó.  

Para el diputado de Encuentro Federal, los menores de entre 14 y 16 años «no pueden ser sometido a un régimen asimilable al del adulto pero tampoco quedar sin la posibilidad de proteger la seguridad pública».

A su turno, el autor de otra de las iniciativas, Diego Santilli (PRO), defendió su propuesta para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años, y hizo un repaso de estadísticas delictuales que respaldan esta noción.  

Según cifras del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia de Buenos Aires, «el año pasado hubo 23.846 causas penales iniciadas contra menores de edad».

Además hubo «casi 200 homicidios en los que están involucrados menores de 15 años», lo que representa un «aumento de más del 8% respecto del 2022».

Santilli también detalló que de acuerdo a la misma fuente, los robos agravados en manos de jóvenes crecieron un 31% y los hurtos un 14%.

Por último, puntualizó que en 2023 «hubo 300 causas por portación de arma», un «18% más que el año anterior».

«El modus operandi del crimen organizado que levan a utilizar mano de obra joven para perpetrar delitos y mantener la impunidad de sus organizaciones», describió el diputado macrista. 

Además de bajar la edad de imputabilidad a 15 años, el proyecto de Santilli establece que la condena de la justicia no puede tardar más de 2 años y prevé que la pena máxima sea de 10 años de prisión, salvo los casos de homicidios y abuso sexual agravado que tienen pena máxima de 15 años.

Por su parte, Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) expuso sobre el proyecto que plantea reducir el piso de la responsabilidad penal a los 14 años, aunque explicó que según UNICEF «no hay evidencia que la baja de la edad de imputabilidad impacte favorablemente en una mayor seguridad de la población». 

«De hecho, en Latinoamérica los países con tasas de homicidios más elevados son los que han fijado la edad de imputabilidad penal más bajo», puntualizó.

Campagnoli citó un informe de jueces penales de la provincia de Buenos Aires Aires del cual se desprende que durante el 2023 «solo el 2,2% del total de los delitos fueron cometidos por menores». 

«¿Vale la pena cambiar todo un sistema por un porcentaje tan menor?», se preguntó la diputada cercana a Elisa Carrió, que además indicó que en 2022 el porcentaje de delitos cometidos por menores fue de 4,3%, lo cual da la pauta de que existe una tendencia a la baja en los delitos cometidos por menores.

«El proyecto de la Coalición establece solamente dos meses de prisión preventiva. Se busca una clara reinserción y no una mera 
privación de la libertad como en el proyecto del oficialismo», contrastó.

«Debemos abogar por la aplicación de sanciones que si bien sean ejemplificadoras no resulten perjudiciales para las generaciones venideras», finalizó.

A continuación, Roxana Reyes (UCR) justificó la necesidad de bajar la edad de imputabilidad porque a su entender la «falta de responsabilidad penal» en menores de 16 años «no solamente afecta la victima y a la sociedad sino también a estos chicos que pueden empezar tempranamente una carrera criminal». 

Luego de la exposición de los autores de proyectos, disertaron en el plenario de comisiones el presidente del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, Germán Onco; la jueza de Cámara Tribunal Oral Federal Nro. 2 de Córdoba, María Noel Costa; la jueza de Control, Niñez y Adolescencia, María Licia Tulián; la abogada de la Asociación Argentina de Juristas Cynthia Britez; y el ex secretario de Niñez, Adolescencia y Familia Gabriel Lerner. 

Fuente: Noticias Arg