En el encuentro se analizó la actual situación política, económica y social.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió hoy en La Plata con las conducciones nacionales y bonaerenses de la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, con el fin de analizar la actual situación política, económica y social. 

Del cónclave participaron Hugo Yasky, Secretario General de la CTA de los Trabajadores; Hugo «Cachorro» Godoy, Secretario General de la CTA Autónoma; y sus pares bonaerenses, Roberto Baradel y Oscar de Isasi. También estuvo presente el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa.

Además, durante el encuentro se informaron los contenidos del «proceso de unidad en el que están trabajando ambas centrales, fortaleciendo y promoviendo un plan de lucha contra el gobierno de Javier Milei», según se indicó en un comunicado.

En ese marco, «se expuso la necesidad de reclamar la restitución de los fondos que el gobierno nacional les quitó a las provincias» y que afectan severamente los ingresos de los 
trabajadores por la escasez de la obra pública, y la falta de respuestas a las necesidades en materia de salud y educación de las diversas provincias.

Asimismo, «se analizó el Presupuesto presentado por el gobierno nacional, que prioriza el pago de la deuda externa y el déficit cero y que amenaza con restringir aun más los recursos de las provincias y alienta el escenario de desindustrialización y pobreza».

Finalmente, se acordaron «dos presentaciones conjuntas exigiendo a la Secretaría de Trabajo la convocatoria inmediata del Consejo del Salario, y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, solicitando que trate la inconstitucionalidad del decreto 70/23», sobre libre competencia entre obras sociales y prepagas.

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Ocurrirá el 17 de noviembre, según informó José Emilio Neder, titular del PJ de esa provincia. 

Mientras que los medios hegemónicos ya anticiparon el fallo de Casación sobre la causa de Vialidad, pautado para este miércoles, Cristina Kirchner ya planifica su presidencia al frente del Partido Justicialista. La primera estación parece que será Santiago del Estero, en un acto que se realizará por el Día del Militante.

La información la confirmó José Emilio Neder, titular del PJ de esa provincia. El también senador afirmó que CFK participará del evento en el estadio de Quimsa, al igual que el gobernador santiagueño, Gerardo Zamora.

“Estamos contentos de acompañar a Cristina en esta tarea de ordenar, darle volumen político y recuperar fuerza militante en el peronismo de todo el país. Sabemos de su capacidad y compromiso, del cariño que tiene hacia ella el pueblo porque cuando gobernó lo hizo a favor de los trabajadores, de los estudiantes, de los jubilados, de las PyMes. Vamos hacia un PJ competitivo estando al lado de la gente, escuchando y construyendo sobre un escenario de acción permanente”, remarcó Neder.“También asistirá este amigo y compañero nuestro que es Gerardo Zamora, gran gobernador que tenemos los santiagueños, a quien le agradezco porque cada vez que el peronismo organiza un acto importante está presente. Militante que no tiene días ni horas para trabajar por la provincia, gestionando con inteligencia y pasión para que cada comprovinciano, viva en el lugar que vida del territorio, tenga dignidad, esperanza y futuro, Gerardo al igual que Cristina tienen como respaldo la realidad de los hechos”, puntualizó.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel se hizo eco de un caso policial que circuló en los medios en las últimas horas y remarcó que el gobierno de Javier Milei va a «combatir» la ideología de género y la sexualización de los niños.

«Esto es claro y simple, el que esté a favor de la ideología de género es un degenerado/a, y el que esté a favor de sexualizar a los niños es un pedófilo en potencia. Nuestro gobierno los va a combatir hasta que no nos quede sangre en el cuerpo», escribió Villarruel en la red social X. 

El comentario de la vicepresidenta estuvo acompañado de una noticia acerca de una persona estaba presa y que cambió de género, tras lo cual la trasladaron a un pabellón femenino y allí violó y embarazó a otra reclusa.

El hecho ocurrió en Córdoba y, según un nuevo fallo, «para brindar completitud a los derechos de la aquí imputada, se vulneraron o se pusieron en riesgo los derechos de 481 mujeres internas».

El acusado dejó el género masculino y pasó a llamarse Gabriela Nahir Fernández y con su nueva identidad fue trasladada de pabellón en la cárcel de Bouwer, donde ejerció violencia contra otras mujeres presas y dejó embarazada a una compañera.

Las palabras de Villarruel se conocieron además luego de otra polémica, en este caso por el programa de literatura que contiene libros con escenas sexuales explícitas que se distribuyen en los colegios de la provincia de Buenos Aires.

Al respecto, la vicepresidenta le había pedido al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, que deje de «sexualizar a los chicos». «Los bonaerenses no merecen la degradación e inmoralidad que Kicillof les ofrece. Existen límites que nunca deben pasarse», disparó Villarruel en su cuenta de X, en la que citó fragmentos de uno de los libros. 

«¡Dejen de sexualizar a nuestros chicos, saquen de las aulas a los que promueven estas agendas nefastas y respeten la inocencia de los niños! ¡¡Con los chicos NO!!», agregó sobre el plan de lectura denominado «Identidades bonaerenses» que lanzó la Dirección General de Cultura y Educación.

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, mantuvo hoy una reunión en Washington D.C. con la subdirectora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, como parte de la gira que la funcionaria realiza en Washington y Nueva York.

Durante el encuentro, ambas conversaron sobre los problemas de Argentina como los «piquetes, bloqueos a empresas, subsidios sin control y un Estado ineficiente», informó la cartera que conduce Bullrich en un comunicado.

También se refirieron a las soluciones aplicadas, entre ellas, «el restablecimiento del orden público, el logro de la estabilidad macroeconómica, la reestructuración impositiva y la disminución de la tasa de homicidios en un 70% en la ciudad de Rosario».

La subdirectora del FMI señaló que los logros fueron «impresionantes» y que los resultados superaron las expectativas.

«El déficit cero y la cercanía del presidente Javier Milei con los problemas de la gente fueron cuestiones que se destacarron», consignó Seguridad.

En cuanto a aspectos políticos, dialogaron sobre la estrategia «exitosa» por parte del Gobierno para lograr que el Congreso aprobase leyes «claves» para alcanzar un «futuro próspero» para Argentina.

La agenda de Bullrich continuará con una exposición en la conferencia «Crimen en América Latina: Implicancias para los Responsables de Políticas Económicas», organizada por el FMI.   También asistirá a la reunión de Autoridades Nacionales en materia de Delincuencia Organizada Transnacional (RANDOT) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Durante el martes próximo Bullrich tendrá en Nueva York una reunión clave con altos funcionarios de Homeland Security, donde firmará un acuerdo de cooperación bilateral en temas de seguridad para reforzar la colaboración en la lucha contra el crimen organizado y las amenazas a la seguridad hemisférica.

Crimen en América Latina

Bullrich expuso hoy en la Conferencia Crimen en América Latina: Implicancias para los Responsables de Políticas Económicas, organizado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). 

La ministra expuso la estrategia que implementa Argentina desde el 10 de diciembre y destacó el papel central de la seguridad como pilar indispensable para la libertad y el desarrollo económico. 

“La trasnformación que hoy recorre el país se basa en un concepto que Hobbes señaló en el Leviatán: ‘la seguridad es una condición indispensable para la libertad’”, citó y destacó que “es esencial para garantizar los derechos y la prosperidad económica de los argentinos”. 

En este sentido comentó acerca de la implementación del protocolo anti-piquetes, a “las nuevas leyes y mecanismos para enfrentar a las organizaciones criminales, con resultados visibles, como la reducción de homicidios en Rosario en un 65% en los últimos diez meses; el aumento de las incautaciones con respecto al año pasado de cocaína en un 70%, de drogas sintéticas en un 19%, además de que hubo un 16% de los detenidos por narcotráfico» dijo y agregó: «Todo estos datos ponen a Argentina como ejemplo de la región, convirtiéndolo en el país más seguro de Sudamérica seguido por Uruguay y Chile, según el Global Peacce Index 2024”.

Por último, Bullrich propuso que la seguridad sea una prioridad en la agenda del FMI y del Banco Mundial. 

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   Los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria (UxP) y de Democracia para Siempre solicitaron una sesión para mañana a las 15, pero para realizar esa reunión deben reunir 129 diputados para habilitar el debate

 Bloques opositores insisten en que tienen los números para sesionar mañana a fin de reformar la ley de DNU y derogar el decreto de canje de deuda, pero el oficialismo no pierde la esperanza en que esa sesión especial no logre reunir el quórum reglamentario de 129 diputados.

Los bloques de Encuentro Federal, Unión por la Patria (UxP) y de Democracia para Siempre solicitaron una sesión para mañana a las 15, pero para realizar esa reunión deben reunir 129 diputados para habilitar el debate. 

  Fuentes de esas bancadas indicaron que tienen entre 132 y 135 votos asegurados, lo que le permitiría aprobar el dictamen de mayoría para reformar la ley de DNU, para el que se necesita una mayoría absoluta de 129 votos.  

 También confiaron que tendrán los votos para derogar el decreto 846/24, que permite reestructurar la deuda sin cumplir con los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera. 

En tanto, el PRO decidió que no dará quórum para esa sesión, al advertir que «no pondrán en riesgo la gobernabilidad». 

«Vamos a defender la institucionalidad. Por eso mañana no daremos quórum y, en el caso que se logre, no vamos a votar con el kirchnerismo», señaló el PRO después de una reunión de la Mesa Ejecutiva que encabezó el ex presidente Mauricio Macri.   

Solo se despegarán de esa estrategia del PRO los diputados larretistas Álvaro González y Héctor Baldassi, quienes ya rechazaron el veto a la ley de Universidades. 

La bancada de la UCR también tiene previsto reunirse en las próximas horas o mañana para definir qué postura tendrán en el recinto de sesiones, ya que en el caso de la reforma de la ley de DNU tiene un dictamen propio firmado por la legisladora Karina Banfi.   

Solo anticiparon que votaron con el Gobierno los «radicales con peluca« como Mariano Campero, Pablo Cervi, Luis Picat, Mariano Campero y Federico Tournier, aunque en esta ocasión se podría sumar Francisco Monti.  

Pero desde el oficialismo aún no pierden las esperanzas de evitar que se trate la derogación del canje de deuda: para el Gobierno es central es evitar el tratamiento del DNU en medio del canje de deuda que está buscando concretar, teniendo en cuenta que en el 2025 debe afrontar vencimientos por un monto estimado en 17 mil millones de dólares. 

Por ese motivo, desde La Libertad Avanza (LLA) salieron el jueves pasado a advertir que la caída del decreto de canje perjudicará las negociaciones para acordar los cambios en el Presupuesto 2025 y que eso perjudica a las provincias.

Los opositores confían en tener sentados en el recinto a 94 de los 99 diputados de UxP, 12 radicales de Democracia para Siempre, 12 de los 16 diputados de Encuentro Federal, los cinco de la izquierda, cinco de seis legisladores de la Coalición Cívica, dos larretistas del PRO, Álvaro González y Héctor Baldassi, y el santacruceño Sergio Acevedo.   

También respaldará el dictamen de mayoría el radical Julio Cobos, y los opositores confían en sumar a Fabio Quetglas, Martín Tetaz y Mario Barletta, quien conformó hace poco un monobloque.  

Por su parte, los legisladores de izquierda también están pidiendo incorporar a la sesión especial el decreto 70/2023, pero hasta ahora no tuvo respuesta de los legisladores que convocaron a esa deliberación del cuerpo legislativo. 

La sesión especial comenzará con el tratamiento del dictamen de mayoría impulsado por los opositores que busca cambiar la ley 26.122, aprobada a instancias de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, para que los DNU puedan confirmarse con el aval de una sola cámara.  

Con esta propuesta, los DNU caerán si una cámara del Congreso lo rechaza o si el Congreso no lo trata en 90 días, desde que el DNU fuera comunicado por el Poder Ejecutivo.  

Posteriormente, se tratará el DNU que permite al Gobierno renegociar la deuda sin contemplar los requisitos establecidos en la ley de Administración Financiera, que implican cumplir con dos de las tres condiciones, que son mejores plazos y menos intereses y capital.

 A criterio del oficialismo, los legisladores que responden a los gobernadores no acompañan a la oposición porque los mandatarios provinciales son conscientes de la importancia del decreto 846 para la estrategia financiera del Gobierno. .  

Pero desde Encuentro Federal y Democracia para Siempre refutan al Gobierno y dicen que la derogación del DNU no afectará a las provincias, sino que las beneficiará a los gobernadores para encarar sus negociaciones con el Gobierno central.  

A esto se suma que desde hace dos semanas no se trata el proyecto de Presupuesto 2025 y en la oposición creen que el Gobierno prefiere volver a prorrogar el Presupuesto 2023 para manejar la distribución de partidas con mayor discrecionalidad

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El titular del INDEC insiste en que la canasta del 2004 no representa, hoy, el costo de vida real. El Ejecutivo traba la actualización porque, de avanzar, la suba de precios sería mayor y la caída del poder adquisitivo, aún más significativa

En pocas horas, el INDEC dará a conocer la inflación del mes de octubre, que mostrará, una vez más, una desaceleración respecto al período previo. En ese escenario, mientras el Gobierno celebra el fenómeno, se amplía cada vez más el debate de por qué a la gente sigue sin alcanzarle el dinero, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) es hasta tres veces menor que el de noviembre del 2023. Esta tensión que se da en los bolsillos y se conversa abiertamente en la política y los medios empezó a reflejarse, también, en la interna del Gobierno: según supo Página I12, hay una negativa manifiesta de la Casa Rosada a actualizar la canasta que se toma para calcular el IPC, que ya tiene 20 años de antiguedad y no es representativa del costo de vida de las familias, hoy muy centrado en servicios y tarifas. ¿Por qué? porque de hacerlo, habría una suba mayor en el inflación y, además, se vería aún más fuerte la pérdida de poder de compra de los salarios. 

Lo que está pasando es que el titular del INDEC, Marco Lavagna, viene insistiendo en la necesidad de trabajar en una nueva medición, dado que la de hoy está centrada en consumos de los años 2004 y 2005, donde el gasto familiar era mayormente enfocado a los alimentos y bebidas. Hace unos meses, fue el propio Lavagna quien admitió, en una entrevista radial, el problema de la medición. Vale aclarar que, técnicamente, la misma no es iregular, pero la no actualización empezó a explicar casi la totalidad de la desinflación. «Decile que se busque otro tema», fue la frase que usó un alto dirigente del ministerio de Hacienda al enterarse que el jefe del INDEC sigue insistiendo en reformar la canasta. 

Naturalmente, el tema se recalienta porque el IPC pasó de 12,3 por ciento con la gestión de Sergio Massa a la posibilidad de que octubre, dato que se conocerá hoy, de por debajo de los 3 puntos. Desaceleración que debería verse en consumos básicos, que están cayendo arriba de los 20 puntos. En este contexto, como los alimentos ponderan más alto que servicios, estos últimos precios que vienen duplicando la inflación anual, el IPC refleja una desaceleración que es real, pero está exagerada en el número promedio. 

Es justo decir, en este marco, que cuando la tendencia es a la baja, la tendencia no se discute, pero los volúmenes son muy relevantes. Un recálculo del peso de los Regulados (tarifas, naftas, prepagas, etc) dejaría en evidencia no sólo el peso específico del rubro en los costos fijos de las familias, sino que además pondría en evidencia la decisión oficial de liberar precios de servicios sin topes ni límites. Hasta ahora, el Gobierno venía regulando el valor de los alimentos en base a la recesión y el golpe de los salarios, aprovechando que la canasta del 2004 pondera más esos precios. Con el rubro subieron por debajo del IPC General, hacía equilibrio y podía autorizar más subas a empresas de energía sin alterar el IPC. Si la canasta se actualizara, ese experimento sería imposible o, al menos, muy visible. 

Tanto es así que, en lo que va del año, las tarifas de luz, gas, agua, vivienda y naftas ya llevan una suba de precios superior al 200 por ciento, lo que duplica la inflación general que midió el mismo INDEC. Esa misma ecuación se da, por caso, en la medicina prepaga. Además, para el Gobierno es vital que el IPC no ceda ni siquiera décimas. El objetivo de Luis Caputo es que, ante la ausencia de dólares, la inflación se calque con crawling peg, las microdevaluaciones mensuales que aún corren al 2 por ciento. Por eso, nadie quiere arriesgar. 

Qué dan los cálculos actualizados

Ahora bien, ¿qué pasa si para comparar de manera más justa la evolución de los ingresos, se toman canastas más representativas? Un trabajo de la consultora Vectorial explicó, días atrás, que para el cálculo del salario real se utilizan los valores del IPC calculados por el INDEC sobre la base de patrones de consumo exhibidos en la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) del 2004-2005, destaca Vectorial. Pero especifican que, no obstante, «si se recalcula la inflación con los ponderadores de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares más reciente (2017-2018), la inflación crece sensiblemente y, con ello, profundiza aún más la calamitosa situación del poder adquisitivo del salario».

El trabajo de la consultora de Haroldo Montagú afirma, también, «que las diferencias entre los ponderadores de una y otra canasta son significativas. Particularmente, para el caso de los servicios públicos con precios regulados (luz, agua, energía, telefonía, educación, transporte y comunicaciones), el aumento en el peso dentro de la canasta de consumo total entre la ENGHO de 2004-2005 y la de 2017-2018 es de 8,5 puntos porcentuales».

Y concluyen que, en agosto de este año, «los ingresos reales del privado registrado, medidos con la inflación publicada por el INDEC, sólo estarían un 1,8% debajo de los valores del mes de referencia (último periodo del Gobierno Nacional saliente)». En la otra esquina, aclaran que «si se utiliza la inflación corregida por la ENGHO más reciente, esta caída llega al 6,9%. A nivel general, también hay importantes brechas, en donde se observa que el índice de salarios reales con la inflación del INDEC tiene una retracción del 6,8% respecto a noviembre mientras que la presentada en estas líneas conlleva una baja del 11,7%»

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El triunfo de Trump tras 4 años lejos del poder abre una nueva etapa en la oposición, que empieza a mirar la escena con otros ojos. La ex vicepresidenta sigue priorizando el contacto cara a cara en sus recorridas, cada vez más intensas. 

Javier Milei no fue el único que se vio reflejado en la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Cristina Fernández de Kirchner, quien viene denunciando que la Justicia puede proscribirla en cualquier momento, acusó recibo del triunfo del magnate republicano, que perdió una elección y fue condenado y, sin embargo, logró erigirse victorioso con más votos que antes. El peronismo no está para otro operativo clamor -el último terminó terminó en la candidatura de Sergio Massa y la derrota-, pero la proclamación de CFK como presidenta del PJ abre un nuevo escenario. Un escenario en el que todo es posible para hacerle frente a Milei. Axel Kicillof, candidato natural para 2027, fue el primero que lo entendió, y fue así que se precipitó una batalla interna que podría haber esperado unos tres años. Los contendientes, de momento, depusieron las armas, pero CFK ya empieza a dar señales que se mueve por el conurbano como si estuviera en campaña. 

Un recorrido por una fábrica en Avellaneda, una visita a un centro infantil en Lanús, una charla con recicladores de una cooperativa de Lomas de Zamora, un encuentro en la parroquia de La Matanza. Hace semanas que CFK viene encabezando encuentros en el conurbano, retomando el contacto cara a cara en el principal bastión electoral del peronismo. Unión por la Patria necesita hacer una buena elección en Provincia de Buenos Aires en 2025: es allí donde se asienta la fuerza electoral del kirchnerismo y es allí donde CFK espera sumar la mayor cantidad de diputados nacionales que resistan a las políticas libertarias. Por eso recorre y charla y se reúne, recogiendo testimonios y ensayando los ejes programáticos con los que considera que habrá hacerle frente a Milei en las elecciones del año que viene.

Algunos ya los viene deslizando en sus cartas: las nuevas relaciones laborales, la necesidad de una reforma de la Educación pública, el avance del narco, la ineficacia burocrática del Estado, entre otras. «Acá el desafío no es solo Milei, sino que muchas personas piensan como él. Y el partido es el mejor lugar para discutir estas cosas», explica un dirigente  que insiste en que la única persona que tiene el capital político para avanzar en este sentido es CFK. CFK como presidenta del PJ, CFK como ordenadora del peronismo y CFK como candidata.

CFK candidata

En 2023, CFK incentivó los operativos clamor «Cristina presidenta» para acumular poder para designar al candidato a presidente, pero no para ella. El espejo de entonces era Lula da Silva, quien había sido condenado y preso poco antes de las elecciones por la Justicia brasilera para evitar que fuera electo presidente. La condena en la causa Vialidad, sumado al intento de asesinato, incentivó el discurso de que era momento de que la «generación diezmada» tomara el «bastón de mariscal». «Y sabemos como terminó. Ella intentó conducir sin ser candidata y no funcionó. No hay manera de conducir si no se expresa algún potencial de representar», explica un dirigente bonaerense con asiento en La Plata, y remata: «Si no te querés ir a tu casa pero tampoco pudiste hacer un trasvasamiento generacional, entonces tenés que despertar la expectativa de que vas a ser candidata».

En el peronismo predomina la convicción de que el doble comando que se intentó, primero, con Alberto Fernández y, después, con Sergio Massa, ya demostró sus fallas. «No quiere que Axel agarre el bastón pero tampoco lo agarra ella», se quejan, hace tiempo, varias de las víctimas kirchneristas de la guerra entre Kicillof y CFK. El proceso de emancipación del gobernador bonaerense, sin embargo, fue un catalizador para la propia CFK. Se retoalimentaban mutuamente. La distancia de Kicillof generaba una respuesta tan revulsiva en La Cámpora que potenciaba, aún más, la independización del gobernador. Y, en simultáneo, la autonomía de Kicillof representaba, para CFK, una amenaza que la forzaba a intentar asir mayor centralidad para no perder la jefatura política.

Quienes conocen a CFK aseguran que ella ya dejó en claro que no tiene interés en volver a ser presidenta. Pero el escenario cambió. «Decían también que Cristina nunca iba a ser presidenta del PJ, y acá la tenés», ironiza un dirigente de diálogo cotidiano con CFK que admite que 2024 es muy distinto a 2023. Por un lado, el ascenso de Milei, con su estilo estridente y violento, pateó el tablero político y tienen a todos los partidos recalculando. Pero también porque cambió el escenario internacional. Trump dio un batacazo en Estados Unidos arrastrando una condena y cuatro causas pendientes en su contra. Y Lula da Silva – ese espejo en el que CFK se veía antes reflejada – fue absuelto por la Corte Suprema y, luego de pasar una temporada en prisión, fue electo presidente por tercera vez. 

Las especulaciones en torno a una candidatura presidencial son, sin embargo, eso: especulaciones. Distintas son las proyecciones para 2025, en las cuales varios dirigentes peronistas coinciden en que CFK debería encabezar la lista de diputados nacionales de PBA. «Ahora con la Boleta Única necesitas figuras fuertes en las listas y CFK es la única que crece en la Provincia», analiza una dirigenta bonaerense con terminales en La Cámpora y el massimo. Existe, sin embargo, un obstáculo que está más presente ahora de lo que nunca estuvo en 2023: la posibilidad de que CFK vaya presa.

CFK contra Comodoro Py

El miércoles 13, Casación Penal anunciará si ratifica la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra CFK en el marco de la causa Vialidad. En el kirchnerismo no tienen dudas: el fallo va a ser condenatorio. «Van a intentar proscribirla y meterla presa antes de fin de año», aseguró el senador Oscar Parrilli, en diálogo con la AM750. 

La decisión de la Cámara Federal de anunciar el fallo a tan solo cuatro días de las elecciones partidarias fue una provocación que, en parte, motivó la decisión de CFK a postularse a ser presidenta del PJ. «No es lo mismo condenar a una ex presidenta que condenar a la principal líder de la oposición», reflexionan en las líneas cristinistas, que están organizando, para el miércoles, una «clase pública» titulada «CFK, el poder real y la mafia judicial: un caso de estudio de lawfare». La actividad está siendo organizada por el líder de Patria Grande, Juan Grabois, con el que CFK se reunió hace un par de días, así como por el ministro de Justicia bonaerense, Juan Martín Menna. El propio Lula enviará una enviada: la periodista y dirigenta brasilera, Manuela Dávila.

«Ella eligió no esperar la sentencia sentada en el Instituto Patria, sino caminando por la Provincia como presidenta del PJ. Yo creo que ella, ahora, está dispuesta para ir para adelante. Que si la tienen que proscribir la tienen que proscribir», profetiza un dirigente de peso en el PJ que, sin embargo, no es cristinista. 

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El vocero presidencial lo dijo mediante un breve comunicado en sus redes sociales.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció esta noche que el Gobierno desregulará el servicio de correos, a través de su cuenta de X.

“El Gobierno ha tomado la decisión de desregular el servicio de correos. Con esta medida lograremos más competencia, mayor digitalización y mejor seguridad en materia postal. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”, expresó Adorni.

Los objetivos del decreto, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, son fomentar la transparencia, simplificación, digitalización y mayor seguridad del servicio. Esta importante reforma se trabajó en forma conjunta entre el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación.

Para ser operador postal las personas jurídicas deberán inscribirse ante la autoridad de aplicación de manera simple, electrónica, gratuita y declarativa. La inscripción se realizará una sola vez al inicio de la actividad y podrán iniciar automáticamente sus actividades a partir de los 5 días desde la fecha de su inscripción. Dicha inscripción constituirá habilitación suficiente para desarrollar la actividad.

Los operadores postales que desarrollen actividades en el mercado postal local e internacional podrán fijar con total libertad la dotación de personal, la modalidad, los tipos de servicios prestados, los equipos, medios de transporte y locales que requieran para su actividad.

La medida tomada por el Ejecutivo no innova ni altera las disposiciones sobre secreto postal ni en materia de seguridad.

Con esta decisión se eliminan todos los vestigios de predominio postal y las exclusividades otorgadas a empresas de correo estatales referidas al envío de cartas documento, de telegramas y encomiendas de hasta 50 kilos, al abrir la competencia y facilitar el acceso de otros operadores.

En un inicio, el correo formó parte de la primera lista de empresas estatales que la gestión de Milei presentó en la Ley Bases para privatizar. Sin embargo, fue excluida de la última norma sancionada, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.

El Correo Argentino cuenta con el Estado Nacional como único accionista y se compone una red de 1400 sucursales y postales. Tuvo un déficit de $71.322 millones en 2023 y Nación le envió más de $90.000 millones en 2024 para avanzar con el plan de retiros voluntarios.

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Se definen las causas en su contra.

Si la Cámara de Casación Penal ratifica la condena a Cristina Fernández de Kirchner, podría ser enviada a prisión. Hoy su libertad y su futuro político penden de un frágil tejido de alianzas que ¿incluyen al propio Javier Milei? Los antecedentes de Menem y Lula, el rol de la Corte Suprema y un sistema político cada vez más resquebrajado.

Cristina Fernández de Kirchner es una empresaria argentina que trabajó de política toda su vida en el Estado y pudo construir una fortuna difícil de calcular junto a su marido, Néstor Kirchner.

Ahora, esta abogada que ocupó dos veces la presidencia de la Argentina, una vez la vicepresidencia y fue legisladora nacional y provincial enfrenta una sentencia que podría llevarla a prisión en el corto o mediano plazo. La llamada “Causa Vialidad”, por la que fue condenada por el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, avanza de manera lenta, aunque en un sentido que pone a Cristina Kirchner más cerca de convertirse en una “persona privada de libertad”.

Para evitar el encierro, Cristina Kirchner promueve su vuelta a la centralidad de la política y el poder merced a los buenos oficios del presidente Javier Milei. El presidente es consciente de los movimientos (gente cercana lo dice). En tanto que otros les recuerdan a los consejeros del Primer Piso de la Casa Rosada que a Mauricio Macri no le fue bien con ese plan estratégico. “No traigan un muerto a la fiesta”, resumen. Son crueles.

“A mí me absolvió la historia. Y a ustedes seguramente los va a condenar la historia. ¿Preguntas? Preguntas tienen que contestar ustedes, no yo”, fue la estocada verbal de la vice electa en ese momento antes de conocer la resolución judicial. Ella, que venía de urdir la trama del poder para que Alberto Fernández sea presidente, ganaba tiempo. Ahora, el reloj de arena vuelve a ponerse en movimiento.

Cristina y “el Javo” se admiran mutuamente. Los puntos en común son muchos. A los fanáticos de cada segmento, sea kirchnerista que quiere todo Estado o sea libertario, que no quiere nada de Estado, hoy injustamente se los llama “termos”. En público, la expresidenta elogió a Milei porque mantuvo actualizada la Asignación Universal por Hijo. Milei ataca a la prensa; ella disfruta.

El 13 de noviembre, casi dos años después que el Tribunal Oral dictara sentencia contra Cristina Kirchner por “administración fraudulenta”, con una pena de 6 años de prisión, el máximo tribunal penal del país (la Cámara de Casación Penal) ofrecerá a los ciudadanos una audiencia de «lectura de sentencia».

En esta oportunidad, los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, integrantes de la sala IV, darán a conocer su fallo.

OPCIONES DE LA SALA IV

¿Qué podrían decidir los camaristas?

1- Revocar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 que la consideró autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

2- Modificar la sentencia a 6 años de prisión contra la exmandataria, al igual que su decisión referida a las penas impuestas a otros acusados. Y agregar la figura de “asociación ilícita”, además de inhabilitación para ocupar cargos públicos con un castigo de 12 años.

3- Ratificar la condena a Cristina Kirchner de 6 años de cárcel, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

En los pasillos de Tribunales y lugares sofisticados donde merienda la política, la opción número 3 asoma. Los camaristas Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky tienen entre sus manos una decisión vital para la República Argentina. Ya hubo un vicepresidente condenado y en prisión: estamos hablando de Amado Boudou. El fallo de un tribunal colegiado necesita de mayoría, es decir, al menos dos votos en un sentido. Hornos cree en la línea de trabajo de la fiscalía, pero Borinsky no tributaría a ese pensamiento de más pena.

Recordemos lo que dijo el fiscal Diego Luciani: “Condenarla a 12 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla autora penalmente responsable del delito de asociación ilícita agravado por su calidad de jefa, y del delito de administración fraudulenta agravado por haber sido cometido en perjuicio de una Administración Pública, que concurren de manera real”.

ACUERDOS

En la campaña electoral de 2019 los consultores jugaron a tres bandas. Los jóvenes aprendieron de los gordos de la CGT; siempre uno tiene la capacidad de abrir una puerta. La mesa de los consultores tejió relaciones. Ese tipo de relaciones que un “termo” no aprobaría. La comunicación entre el mileismo y el kirchnerismo funciona. Un libertario ya apartado del poder hizo trascender en una larga noche en Palermo que incluso “ellos” intercambian mensajes. Un iluso preguntó: “¿Ellos?”. El despechado respondió con un mohín: “Cristina y Javier”.

Las conexiones arrojan un resultado: el kirchnerismo no fue atacado. Y son invitados a conversar. Por ejemplo, a tallar una futura Suprema Corte de Justicia. Ariel Lijo no avanza y sí avanza una mujer. El último mensaje no encriptado. La doctora Graciana Peñafort, arquitecta legal de Cristina Kirchner en el Senado.

Graciana se olvidó de su San Juan natal y se hizo porteña; tan porteña que en 2023 logró integrar la lista de diputados metropolitanos y hoy es parte de la bancada de Unión por la Patria.

Qué hubiera dicho Cristina si al frente de la Dirección General de Aduana (DGA) de la gestión Milei designaran a una persona que ella conoció. La misma persona que en el actual poder institucional mantiene la zona Franca en Santa Cruz y renovó por un año más la “Zona Operativa Aduanera Río Gallegos”.

ESTRATEGIA

La defensa judicial de Cristina Kirchner es llevada adelante por Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, ambos conocedores del mundo judicial. Saben que la sentencia será apelable y que no se encontrará firme hasta que la Corte Suprema la trate. También es cierto que los tiempos de definición corren con la política y sus sentimientos.

El fallo condenatorio del Tribunal Oral contra Cristina Kirchner, además de la pena, dispuso el decomiso de los efectos del delito de ochenta y cuatro mil ochocientos treinta y cinco millones, doscientos veintisiete mil trescientos setenta y ocho pesos con cuatro centavos ($84.835.227.378,04). Los bienes de la expresidenta hoy declarados son el piso en la Recoleta, la casa en El Calafate y un automóvil. El resto de la fortuna la entregó a sus hijos en partes iguales.

La historia reciente trae el clip en el que un juez federal, de nombre y apellido Jorge Urso, dictó la prisión de un expresidente. Carlos Menem purgó una de las penas y más tarde continuó su carrera política hasta sus últimas horas.

Cristina Kirchner, por edad, podría solicitar cumplir la pena en domiciliaria o tobillera. También podría insistir con la teoría del lawfare y los poderes que van contra ella desde el momento que Barack Obama decidió no recibirla en la Casa Blanca. Suspicacias. Versiones.

En el “operativo víctima” que preparan los fans K surgió una idea que dejaron rodar. Si el fallo ratifica la condena, realizarán denuncias internacionales para emular a Lula Da Silva – que dicho sea de paso, estuvo acusado, juzgado, preso y volvió a la presidencia de Brasil-, y hasta no descartan abandonar una apelación en la que Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz deberían resolver. Juan Carlos Maqueda se queda hasta diciembre por la edad y decisión del Poder Ejecutivo.

Mercedes, Provincia de Buenos Aires. Un municipio gobernado por La Cámpora. El senador Wado De Pedro es el referente. Claro que con esta apuesta a la victimización por la condena, también perjudicaría, una presentación por un cargo electoral. Cristina Kirchner, a lo Menem, podría tener condena y buscar una banca con fueros. Menem lo hizo.

Axel Kicillof, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, realizó una movida de independencia. Dice prescindir de la interna peronista por las autoridades. ¿Alguien imaginó semejante acto de Axel hacia Cristina Kirchner? El gobernador estuvo agobiado por el hijo de Cristina y Néstor, Máximo Kirchner. En un momento intervino la gestión bonaerense ubicando a Martín Insarralde en la Jefatura de Gabinete. El resultado fue el paseo en el yate “Bandido” con Sofía. El reinado de Cristina Kirchner comienza a tornarse poroso. Falta el veredicto justo de la Justicia. ¡Será Justicia!

Por Jorge García

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