El excandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, afirmó hoy que la muerte del papa Francisco le provoca “un dolor inmenso”, porque “fue mucho más que un Papa: fue la voz de los que no tienen voz”.

Para Massa, candidato en los comicios presidenciales de 2023, que perdió en balotaje frente a Javier Milei, Francisco era “el líder que, en un mundo cada vez más desigual, mantuvo en la agenda el drama de la desigualdad, la pobreza y el cuidado de la casa común”.

La muerte del Pontífice es para el titular del Frente Renovador  y exintendente de Tigre “la partida del argentino más importante de la historia” que “deja un vacío enorme”, y ante la cual expresa: “Gracias por tanto, Francisco”.

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El impacto por la muerte del Papa Francisco hizo recalcular los planes de la Cámara de Diputados, que a raíz de los acontecimientos en el Vaticano dedicará mañana una sesión especial para rendir homenaje al Sumo Pontífice fallecido este lunes a los 88 años. 

Con el acuerdo de todas las fuerzas políticas, tras una propuesta del diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés, la Cámara baja abrirá el recinto mañana a las 15 hs para recordar al Papa argentino y su legado.

En tanto, se acordó postergar al martes de la semana que viene la sesión convocada para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y a otros funcionarios del Poder Ejecutivo por el cripto escándalo $Libra.

En tanto, la reunión constitutiva de la comisión investigadora por Libra, que estaba fijada para este miércoles, también se retrasa una semana, al igual que el resto de las actividades de comisión programadas.

A su vez, se definió realizar una ceremonia interreligiosa en honor a Francisco, en día y horario a convenir.

Así se acordó en un encuentro cumbre que se llevó a cabo en la tarde de este lunes en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, con los jefes de los distintos bloques parlamentarios. 

La sensibilidad que genera en la sociedad la muerte de Francisco y el decreto de siete días de duelo nacional por parte del Gobierno obligó a aplazar toda la actividad de Diputados.

A la oposición, el deceso de Jorge Bergoglio le cambiaba la ecuación porque claramente en los próximos días la agenda de debate público iba a estar dominada por las noticias vinculadas al Vaticano, y cualquier otro foco temático quedaría eclipsado.

En ese sentido, el bloque de Unión por la Patria, por iniciativa de Valdés, pidió una sesión especial para este martes a fin de rendir homenaje al Papa Francisco.

En una reunión convocada de urgencia, el planteo del bloque peronista fue bien recibido por todo el arco parlamentario: se resolvió guardar las armas y deponer los enfrentamientos para izar la bandera blanca de la paz en torno a un tema que le escapa a la grieta política.    

“Argentino y vecino de la Ciudad de Buenos Aires, recordamos perfectamente el lugar y la hora cuando nos enteramos que Jorge Bergoglio había sido anunciado como nuevo Papa. Luego de 12 años de papado, de una vida basada en la solidaridad y la fraternidad y comprometida con la justicia social y la paz, lamentamos profundamente su partida”, señala la nota enviada a la Presidencia de la Cámara de Diputados.

“Si hay algo que conmueve del Papa Bergoglio, como lo llaman los vaticanólogos, fue su geopolítica pastoral. Fue un gran motivador para que las partes enfrentadas se sienten en una mesa. No es poca cosa. Lo hizo con Cuba y Estados Unidos. Lo hizo en Colombia. Realizó gestiones de paz entre Rusia y Ucrania, Armenia y Azerbaiyán; Armenia y Turquía, las dos Coreas, Israel y Palestina, con Irán y el G5 por el desarme nuclear”, destacó Valdés en el escrito.

Según expresó el diputado peronista, “el Papa soñaba con un mundo donde prime la fraternidad y el respeto por nuestras culturas, tradiciones y ciudadanías”,.»porque “o somos hermanos, o nos destruimos”.

“Por último, su encíclica Laudato Si´ nos interpela. Nos enseña que la tierra es nuestra casa común, nos convoca a comprometernos fraternalmente, y establece que el acceso a la tierra, al techo y al trabajo digno es un derecho universal”, concluyó.

El pedido de sesión especial encabezado por Valdés es acompañado con las firmas de Victoria Tolosa Paz, Ana Carolina Gaillard, Pablo Todero, Roxana Monzón, Santiago Cafiero, María Eugenia Alianiello, Sabrina Selva, Mónica Litza, Jorge Ricardo Herrera, Eduardo Toniolli, Nancy Sand, Jorge Romero, Lorena Pokoik, Daniel Gollan, María Graciela Parola, Martin Aveiro, Carolina Yutrovic y Ernesto Alí.

A las 7.35 hora de Italia y 2:35 de la Argentina, el Papa Francisco dejó este mundo luego un derrame cerebral sufrido en la residencia de Santa Marta y un día después de Pascua, cuando se mostró por última vez desde la Basílica de San Pedro.

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La vicepresidenta Victoria Villaruel fue abucheada e insultada a la salida de la misa en homenaje al Papa Francisco, que se desarrolló esta tarde en la Basílica de San José de Flores.

Al canto de «Olé olé, olé olá, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar», Villaruel fue despedida por un grupo de personas que se apostaban en las escalinatas de la iglesia.

La ceremonia se llevó a cabo en la Basílica donde Jorge Mario Bergoglio se crió y en la que, además, tuvo la revelación que lo hizo convertirse en sacerdote. 

La misma fue encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien destacó a Francisco por «no tapar los problemas» del mundo sino por «ponerlos sobre la mesa para generar debate y discusión». 

Además, llamó a «vivir su legado» mediante «la unidad que tanto necesitamos».

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El Gobierno ya había avisado que las personas con discapacidad serían una de las variables del ajuste fiscal, pero lo que se trae entre manos es algo mucho más profundo. Según pudo saber Página/12 de fuentes oficiales, las autoridades del área calculan que para fines de este año habrán recortado alrededor de 400 mil pensiones por invalidez laboral, el doble de lo que habían proyectado meses atrás y un tercio del total de los beneficiarios actuales. Semejante poda les servirá para alcanzar la meta de un «ahorro» para las arcas del Estado de unos 900 mil millones de pesos. Las bajas se decretarán a partir de los resultados de la auditoría que puso en marcha el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, el mismo funcionario que firmó la resolución que contenía insultos como «idiota» y «retardados» para referirse al colectivo. En ese marco, la Ong Alapa, que apoya a pacientes con enfermedades poco frecuentes, presentó un recurso de amparo para frenar el proceso y denunció que «degrada la dignidad humana». 

El primer indicio de que el ajuste será brutal lo dio la semana pasada el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, durante su informe de gestión ante el Congreso. El ministro coordinador reconoció que casi el 50 por ciento de las personas con discapacidad que están siendo auditadas nunca fueron debidamente notificadas del proceso. Se trata de un universo inicial de más de 200 mil hombres y mujeres sordas, ciegas o con discapacidad motriz o intelectual de todo el país que no recibieron en tiempo y forma la carta documento enviada por los funcionarios libertarios. Es decir, quedaron en un limbo: no tienen forma de hacerse los estudios médicos ni de presentar la documentación que se les exige para no perder el beneficio porque, básicamente, nunca se enteraron de qué va el asunto. En la mayoría de los casos, según fuentes oficiales, el problema fue el domicilio declarado. Pero lejos de buscar una solución alternativa, la decisión -al menos por ahora-, será suspenderles el cobro.

Concretamente, Francos expuso en su informe que al menos hasta abril la Andis envió unas 470 mil cartas documento para notificar a los beneficiarios de pensiones que estaban siendo auditados, de las cuales 222.607 nunca llegaron a destino, lo que equivale a casi el 50 por ciento del total. 

Esas 470 mil cartas ya enviadas representan apenas una primera parte del proceso, que estará terminado cuando sean auditadas las poco más de 1,2 millones personas que en todo el país cobran una pensión no contributiva. La Andis está enviando unas 300 mil notificaciones por mes (en abril estaban en «proceso de envío» unas 231 mil más), por lo que espera completar la tarea en los próximos meses. Las cartas son enviadas por la empresa de correos privada Andreani, que ganó a principios de año una licitación bestial de 13 mil millones de pesos por el servicio. 

En paralelo a las bajas decretadas a la partir de las cartas que no llegan a destino, la poda se completará con aquellos que sí logran ser auditados pero no pasan el filtro de los exámenes médicos de la ANDIS o no logran acreditar que no tienen trabajo y siguen necesitando la pensión. En el Gobierno dicen que la auditoría echará luz sobre las supuestas «irregularidades» en la entrega del beneficio durante la gestión anterior, pero hasta ahora sólo pudo mostrar un puñado de casos, que no llegan a justificar las miles de bajas que están planificadas de antemano. 

Pese a todo, a cada caso puntual de esas «irregularidades» le da mucha publicidad: personas fallecidas, presos comunes y prófugos de la justicia que seguían cobrando son la carta pública de la Andis para demostrar los «excesos» que según Spagnuolo “generaron un gasto significativo e injustificado”. El primero de todos y el más publicitado terminó siendo una fake news: el julio del año pasado, cuando anunció el inicio de la auditoría, el vocero Manuel Adorni ejemplificó la supuesta corrupción en la entrega de pensiones mostrando la radiografía trucha de la cadera de un perro, que se había utilizado para pedir el beneficio; pero más tarde se comprobó que los médicos del organismo habían detectado la trampa y habían rechazado entregar esa pensión. 

Al final del camino, entre «irregularidades» y la propia impericia de los funcionarios, la auditoría servirá para dar de baja unas 400 mil pensiones, que es la proyección final que manejan en el Gobierno. El tamaño del ajuste duplicaría a las estimaciones iniciales, dado que en el proyecto de presupuesto 2025 el Gobierno había anticipado un recorte de unas 200 mil. Y de concretarse, superaría ampliamente el que intentó Mauricio Macri en 2017, cuando dio de baja a unos 170 mil beneficiarios, lo que derivó en un amparo colectivo que llegó hasta la Corte Suprema.

Para el diputado Daniel Arroyo está claro la ANDIS recibió una pauta de ajuste de la Rosada e intenta llegar a ese número llevándose todo por delante. «Todo parte de que le dan la pauta de ajuste a la ANDIS. Pero el problema es que es imposible de cumplir con las auditorías. No pueden llegar a esa pauta. Arrancaron por identificar situaciones irregulares, que sin dudas las hay, pero de ninguna manera alcanza para la magnitud del recorte que les piden, así que tienen que inventarlas», le dijo a Página/12. «Lo más lógico hubiera sido que los médicos de la institución evalúe caso por caso las pensiones mal otorgadas, pero no poner a 1,2 millones de personas en estado de desesperación. Esto es cruel e innecesario», agregó. 

Como presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara baja, Arroyo es uno de los impulsores del proyecto de ley que busca declarar la emergencia en el área. El texto propone reasignar partidas y se centra no solo en las pensiones, sino sobretodo en los prestadores de servicios de salud, transporte, educación y rehabilitación, que están siendo asfixiados por el ajuste y quedaron, en muchos casos, al borde del cierre. La oposición logró emplazar el proyecto a la comisión de Presupuesto y está cerca del dictamen definitivo, que podría llegar este miércoles. Ese mismo día, se espera una marcha de prestadores y familias frente al Congreso, para exigir la aprobación del proyecto. 

Una cautelar contra la crueldad

Tal como adelantó Página/12, desde el año pasado las organizaciones civiles vinculadas a la discapacidad vienen denunciando que la auditoría impulsada por ANDIS se convirtió en un trastorno para miles de personas en todo el país, que son obligadas a completar formularios de todo tipo y realizar largas filas en centros médicos para justificar su condición y no perder la pensión. 

Por ese motivo, la Ong ALAPA presentó una medida cautelar para «adecuar» el procedimiento a las necesidades y posibilidades del colectivo. La principal objeción de ALAPA es que la auditoría no contempla ningún protocolo de actuación» y, en cambio, contiene múltiples «barreras» para que personas con distintas discapacidades puedan cumplir con los requisitos que se les impone. 

Además, ALAPA señala que, salvo por la licitación millonaria que ganó Andreani, hasta ahora la ANDIS «no publicó un solo acto administrativo o norma alguna» que diga qué precauciones o consideraciones especiales deberían tener tanto las cartas documentos como los exámenes médicos presenciales. Todo se hizo a las apuras, sin aceptar recomendaciones de las familias y de las organizaciones civiles, a las que ni siquiera se convocó para incidir en el proceso. 

«El resultado es el despliegue de operativos caóticos que degradan la dignidad humana de las personas con discapacidad, obligándolas a asistir presencialmente sin tener en cuenta las particularidades de este sector de la población», dice la cautelar. 

Perdón… a medias

El puntapié para el recorte de las pensiones fue el decreto 843/2024, que reinstauró el modelo médico de la discapacidad, previo a que el país adhiriera a la Convención de la ONU, que introdujo una concepción más amplia, social, de las responsabilidades del Estado en la materia. Ese decreto estableció la incompatibilidad entre percibir la pensión y tener un trabajo registrado, lo cual fue cuestionado por las organizaciones del colectivo, que lo calificaron de regresivo. La pensión, si bien para muchos de sus beneficiarios sirve para poder comer o pagar una habitación en un hotel, para muchos otros es un complemento de ingresos, dado que hoy apenas equivale a una jubilación mínima. 

Luego, Spagnuolo publicó la Resolución 187/2025, que no sólo contenía los insultos a las personas con discapacidad intelectual, sino que además incluyó un nuevo «baremo» o método de medición de la discapacidad física, que la elevó a un 66 por ciento, lo que supone una barrera más «alta» para justificar el acceso a un Certificado Único de Discapacidad (CUD) o una pensión. 

Spagnuolo pidió «sinceras disculpas» a «toda la gente que se pudo sentir afectada, a familiares y sobre todo, a los padres». «Soy consciente que hizo mucho daño esa resolución, así que pido disculpas públicas», dijo y prometió que iba a modificarla. Pero hasta ahora, no lo hizo. Las organizaciones se lo reprocharon durante el foro internacional «Global Disability Summit 2025», que se celebró a principios de abril en Berlín, la capital alemana, al que fue invitado como representante del Gobierno argentino. 

Los insultos siguen publicados en el boletín oficial, lo mismo que el nuevo «baremo», también criticado por las organizaciones. Ese nuevo estándar de medición le permite al Gobierno complementar el ajuste en marcha sobre las pensiones con los que pretende hacer a futuro, dado que acceder a una pensión es a partir de esa Resolución mucho más difícil. Los números que expuso Francos ante el Congreso lo comprueban: este año, en cuatro meses, sólo se entregaron 211 pensiones.

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Pese al aumento de precios en varios rubros, el ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a insistir en que la salida del cepo cambiario no implicó una devaluación, y hasta exigió un pedido de disculpas a quienes sostuvieron lo contrario.  

«Dólar en $1.065 en este momento, por debajo del dólar oficial, previo a la salida del cepo. Habría que esperar una catarata de colegas y periodistas pidiendo disculpas por decirle a la gente que habíamos devaluado, pero seguramente no va a suceder«, posteó el ministro en sus redes sociales, en la apertura de las operaciones de este lunes.

«Una vez más, hicimos lo que dijimos que íbamos a hacer, y pasó lo que dijimos que iba a pasar», concluyó Caputo.

El pasado 11 de abril, el Gobierno de Javier Milei anunció un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20 mil millones de dólares, de los cuales 15 mil millones son de libre disponibilidad en 2025 para la recompra de Letras Intransferibles. Ese mismo día, también anunció la puesta en marcha de una banda cambiaria de entre $1000 y $1400 para el precio del dólar oficial y la flexibilización del cepo.

La negociación del gobierno argentino con el FMI venía demorada por varias exigencias del organismo: el precio del dólar, la corrección cambiaria y, en síntesis, las condiciones para el levantamiento del cepo cambiario. Este último ítem fue el que se debatió hasta la madrugada del viernes, con el Fondo digitando el nivel de devaluación y presionando al tándem Milei-Luis Caputo. 

Según detallaron a Página/12 fuentes de la negociación, el equipo económico de Milei quería un techo de las bandas de flotación mucho más bajo, pero el FMI le torció la mano y lo puso entre la espada y la pared: «es $1400 o no está la plata, si no es ése el número se van a quemar todas las reservas que les damos para parar corridas» cambiarias. «Estamos jugados, dale», aceptó Milei a último momento cuando Caputo le explicó que lo que él pedía era imposible porque el FMI estaba parado en una posición inamovible.

Pese a que el dolar oficial se mantuvo ordenado durante la primera semana post cepo, se registró un desborde en los precios que va más allá de la canasta básica: subieron 8 por ciento el cemento, hasta 4 por ciento los autos; casi 5 la medicina prepaga y, según un informe de la consultora PXQ, los electrónicos como computadoras y televisores aumentaron entre 3 y 6,3 por ciento. 

Fuente pag12