La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia que condenó al Estado nacional por incumplir con su obligación de garantizar el derecho a la alimentación. Pocas horas después el juez Lijo ordenó las primeras medidas de prueba en una causa en la que fue imputada por transferir 14.000 millones de pesos al PNUD.
La ministra Sandra Pettovello no está en sus mejores días. No solo porque Javier Milei dijo que quedó «reventada» del viaje a Roma. En pocas horas tuvo dos malas noticias judiciales relacionadas con su política de interrumpir la entrega de alimentos a sectores vulnerables. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia que condenó al Estado nacional por incumplir con su obligación de garantizar el derecho a la alimentación. El fallo señala que, como Capital Humano no aplica los programas existentes, el Poder Judicial debe supervisar que entregue la comida a comedores y merenderos comunitarios que aún no la reciben. A su vez, en Comodoro Py, el juez federal Ariel Lijo ordenó las primeras medidas de prueba en una causa donde la titular de la cartera fue imputada por autorizar con su sola firma la transferencia de 14.000 millones de pesos –un monto que requería la firma del jefe de gabinete– al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Fue para una compra de alimentos cuya licitación, además, quedó a mitad de camino. La denuncia de este caso está basada en una nota publicada por Página/12.
Triunfo de los comedores
Cuando Milei llegó a la Presidencia y puso a Pettovello al frente de Capital Humano, una de las primeras decisiones fue cortar el envío de alimentos a los comedores y merenderos vinculados con organizaciones sociales. La excusa era que no querían que hubiera más intermediarios. La realidad es que buscaron poner en ese papel a sus aliados (se lo asignaron a la fundación Conin, del pediatra antiderechos Abel Albino) y debilitar a los movimientos sociales. La falta de comida afectó la frecuencia con la que podían dar de comer algunos espacios comunitarios y otros directamente cerraron, aunque la demanda, con el hambre, aumentó. Esto fue utilizado por la Casa Rosada para hablar de comedores fantasma, algo nunca probado pese a que hay una causa. Las denuncias y supuestas auditorías fueron excusa para demorar la entrega de comida.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) encabezaron un amparo colectivo que llevó a que el Gobierno fuera intimado varias veces para que garantizara la aplicación de los programas alimentarios que señalaba como vigentes (Plan Nacional Argentina contra el Hambre, Alimentar Comunidad y Prestación Alimentar, y el Programa Abordaje Comunitario PNUD). A comienzos de noviembre el juez Walter Lara Correa condenó al Estado porque comprobó la falta de entrega de productos y demoras injustificadas en la aprobación de la continuidad de planes ya asignados a las organizaciones sociales. Planteó, además, conceptos cruciales además de reivindicar el papel de las organizaciones sociales en los barrios: como que no puede haber decisiones regresivas cuando están en juego derechos como el de acceso a la alimentación esencial (no se puede empeorar las condiciones de vida); que las políticas públicas para eso «no podrán ser discriminatorias» y están destinadas al «cumplimiento del principio de igualdad». «Las restricciones financieras» — advirtió– tampoco pueden «justificar violaciones constitucionales».
Capital Humano apeló aquella condena y por eso intervino la Sala III de la Cámara del fuero contencioso, que la confirmó este martes, con las firmas de Sergio Fernández y Jorge Morán. En el ínterin hubo más intimaciones y el ministerio tuvo que incorporar a 66 comedores de la Asociación El Amanecer de los Cartoneros. Pero, según informó el CELS a este diario, todavía alrededor de un centenar de comedores y merenderos que participan del amparo colectivo siguen sin recibir los alimentos.
La decisión de la Cámara avala el criterio del juez Lara Correa y destaca que su sentencia está “dirigida al futuro y con pretensiones de modificar un status quo violatorio de derechos…», que fue un «fundado pronunciamiento» y que, contra lo que plantean los abogados de Pettovello no hay «arbitrariedad». «Lo decidido encontró suficiente sustento en incumplimientos del Estado que, en los términos en que fueron considerados por el señor juez de primera instancia, no resultaron adecuadamente controvertidos…», sostienen los camaristas Fernández y Morán. Recuerdan que el gobierno tampoco acató las órdenes judiciales, lo que motivó hasta la habilitación de la feria meses atrás. «La invocada ausencia de incumplimientos» que alega el Estado «no se corresponde con las constancias de la causa», por ende el tribunal concluye que es «una mera disconformidad carente de sustento concreto».
Otro punto clave que señala la Cámara, contra Capital Humano, es que el Poder Judicial puede controlar la ejecución de la sentencia de fondo para garantizar derechos. Dice que el Estado tiene un «deber de información» y que el control judicial no implica «inmiscuirse en las potestades predominantemente discrecionales que asisten a la administración para la persecución de sus cometidos –en el caso, garantizar derechos alimentarios de personas de sectores vulnerables–, sino que constituye un medio adecuado para corroborar y asegurar el cumplimiento de la sentencia».
Los 14.000 millones
Como reveló este diario, entre sus estrategias para golpear a las organizaciones sociales, Capital Humano recortó alimentos pero también hizo cambios para excluirlos de programas históricos como los del PNUD. Este es un organismo internacional prestigioso que coopera con Argentina desde hace más de dos décadas, como respuesta a las secuelas de la crisis del 2001. «Abordaje Comunitario», que es uno de los programas que el gobierno dice mantener vigente, se remonta a 2006. Durante el gobierno anterior, por los convenios con PNUD había asistencia con fondos destinados a comedores a través de ONG que eran las que hacían las rendiciones cada 45 días. Esporádicamente también se hacían transferencias a organizaciones para reforzar la compra de alimentos secos (arroz, lentejas, aceite, yerba, entre otros).
El 8 de febrero de 2024, dos meses después de asumir, Pettovello autorizó solo con su firma la transferencia de 14.000 millones de pesos al Programa Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre del PNUD. No era para que el organismo los administrara sino para hacer una compra de alimentos para comedores compartida con el gobierno. Además del cambio de modalidad, que implicó un llamado a licitación conjunta, Pettovello excedió el monto que un ministro está habilitado a conceder por su cuenta. La Ley de Administración Financiera y el decreto que la reglamenta establecen que si el desembolso supera los 2.700 millones de pesos debe llevar la aprobación y firma de la Jefatura de Gabinete. El dinero se transfirió pero el proceso licitatorio no terminó. Solo llegó una parte del alimento licitado (que eran arroz, fideos y leche en polvo). En base a esta información el abogado Leonardo Martínez Herrero hizo una denuncia contra la ministra y quien esté implicado.
La semana pasada se conoció que Pettovello había sido imputada ya en febrero último por el fiscal Franco Picardi que impulsó la apertura de la investigación. Ahora Lijo dispuso las primeras medidas en este expediente:
* Pidió información a PNUD a través de Cancillería sobre la trazabilidad de los 14.000 millones y en qué consistió su ejecución; los antecedentes administrativos de esa ejecución (ya que la intervención del organismo internacional en la adquisición de alimentos para comedores está previsto en casos donde hubo licitaciones que quedaron desiertas o procesos que no lograron su objetivo); más un informe que explique en qué consistió la participación de PNUD.
*A la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de Capital Humano le requirió toda la documentación sobre la licitación «incluyendo los informes de gestión, informes de gastos, solicitudes de fondos, notas internas, constancias de ejecución».
*Jefatura de Gabinete también deberá entregar toda la normativa aplicable y aquella en la que se basó Capital Humano, pedidos de incrementos de fondos para alimentos y antecedentes de años anteriores más todas «las constancias y registros relacionados con la transferencia del dinero en cuestión».
Según pudo saber Página/12, es probable que el ministerio de Pettovello intente justificar que al final no se usaron todos los fondos para licitación porque –para eliminar intermediarios– se habrían destinado unos 6.000 millones a la tarjeta Alimentar. Esto se habría hecho como una suerte de compensación (que diera consistencia contable al cambio de destino de los fondos) a través de una resolución de agosto de 2024. Igual habría una anomalía porque son programas distintos y para los acuerdos con PNUD hay reglas específicas. Más allá de esto, la ministra –todo indica– no podía decidir por sí misma semejante movimiento de dinero del erario público.
fuente pag12
