Renuncias en la Superintendencia de Servicios de Salud, un área clave en la relación con las obras sociales sindicales

El gobierno de Javier Milei formalizó la aceptación de la renuncia de Gabriel Gonzalo Oriolo como Superintendente de Servicios de Salud, junto a la de otros dos altos funcionarios del organismo. El Decreto 440/2025, publicado en el Boletín Oficial del 30 de junio, oficializa además la designación de Claudio Adrián Stivelman como nuevo Superintendente y de Juan José Picón como Gerente General, ambos a partir del 1° de julio.

El trasfondo de las renuncias

La salida de Oriolo se produce tras meses de tensiones internas y externas en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). Si bien el decreto no explicita los motivos, fuentes del sector y del Ministerio de Salud señalan que la renuncia responde a un desgaste político acumulado, presiones gremiales y diferencias en la implementación de políticas de control y financiamiento del sistema de obras sociales y prepagas.

Durante la gestión de Oriolo, la SSS enfrentó reclamos de sindicatos y prestadores privados por demoras en los pagos de reintegros y subsidios, y por la falta de transparencia en la asignación de fondos del Fondo Solidario de Redistribución. A esto se sumaron investigaciones y presentaciones judiciales vinculadas a la administración de los recursos y la fiscalización de los agentes del seguro de salud.

En los últimos meses, la relación entre Oriolo y la conducción del Ministerio de Salud se vio tensada por la presión para acelerar reformas y mostrar resultados en la reducción de litigiosidad y gastos, así como por la necesidad de ordenar el flujo de fondos en un contexto de ajuste fiscal. El desgaste en la relación, sumado al reclamo de mayor eficacia y control, precipitó la decisión.

El decreto y el recambio de autoridades

El Decreto 440/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Salud Mario Iva Lugones, acepta las renuncias de Gabriel Gonzalo Oriolo, Claudio Adrián Stivelman (Gerente General) y Juan José Picón (Gerente Operativo de Subsidios por Reintegros), todos a partir del 30 de junio de 2025. El texto destaca la necesidad de “asegurar el normal desenvolvimiento de los servicios que tiene a su cargo la Superintendencia” y justifica las nuevas designaciones en la experiencia y capacidad de los funcionarios elegidos.

A partir del 1° de julio, Claudio Adrián Stivelman asume como Superintendente de Servicios de Salud, con rango y jerarquía de Secretario. Stivelman, médico de profesión, cuenta con una extensa trayectoria en la gestión pública y privada de la salud, y hasta ahora se desempeñaba como Gerente General del organismo. Es reconocido por su perfil técnico y su conocimiento de los circuitos administrativos y de control del sistema de obras sociales.

Por su parte, Juan José Picón, licenciado en administración, asume la Gerencia General, con rango de Subsecretario. Picón venía ocupando la Gerencia Operativa de Subsidios por Reintegros, área clave para el flujo de fondos hacia las obras sociales y los prestadores. Su designación busca dar continuidad a los procesos internos y reforzar la gestión financiera en un contexto de ajuste y revisión de los mecanismos de subsidios.

Desafíos para la nueva gestión

La nueva conducción de la SSS asume en un momento de alta sensibilidad para el sistema de salud argentino. Entre los principales desafíos se destacan:

• Transparentar y agilizar los procedimientos de reintegros y subsidios.
• Fortalecer los controles sobre los agentes del seguro de salud, especialmente ante denuncias de irregularidades y desvíos de fondos.
• Articular con el Ministerio de Salud y otros organismos para avanzar en la digitalización de procesos y reducir la litigiosidad.
• Gestionar la relación con los sindicatos, que reclaman mayor previsibilidad y participación en la toma de decisiones.

El recambio en la cúpula de la Superintendencia es interpretado en el sector como un intento del Gobierno de imprimir mayor eficiencia y control en la gestión de los recursos, en línea con la política general de ajuste y racionalización del gasto público. Sin embargo, persisten interrogantes sobre la capacidad de la nueva conducción para sortear las presiones políticas y gremiales, y para avanzar en las reformas estructurales que demanda el sistema.

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La ministra de Seguridad habló de “connivencia” tras conocerse imágenes del agente con una campera de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reveló que investiga a uno de los efectivos que custodia a la expresidenta Cristina Kirchner, al que acusó de “cuidarla muy mal”, tras conocerse imágenes del agente con una campera de la Guardia de Honor Presidencial de Venezuela.

“Defender una custodia que en un momento tan importante ni se da cuenta de lo que está pasando muestra algo raro”, denunció la funcionaria, y sumó: “Hay una connivencia”. 

En la misma línea, la ministra cuestionó: “Lo vimos el otro día y se ha abierto una investigación interna por el que venía con la campera de la Guardia Pretoriana Venezolana. No puede un efectivo de seguridad tener una campera de una guardia pretoriana”.

Si bien Bullrich evitó revelar la cantidad de efectivos que se utilizan para preservar a la exvicepresidenta que cumple su condena a seis años de prisión en su departamento, ubicado en San José 1111 correspondiente al barrio porteño de Constitución, contó que hay posibilidades de achicar el plantel.

“La custodia de los expresidentes en general tiene distintos objetivos. Son las personas a las que hay que cuidar más sus familias y la cantidad de domicilios”, detalló en declaraciones a LN+, y sumó: “Esto seguramente se va a ir achicando. Uno trata de cuidar los recursos porque la Policía Federal Argentina (PFA) necesita recursos para la tarea que estamos llevando adelante que va a ser el Departamento Federal de Inversiones”. 

Asimismo, rechazó las críticas contra su persona de la titular del Partido Justicialista (PJ) al sostener que fue la responsable del “empeorar” al país. «Lo que me diga a mi me importa poco. Ella generó el máximo fracaso de una Nación que es que un presidente esté preso por haber robado», replicó. 

Por otro lado, Bullrich denunció que una de las camionetas halladas en las proximidades de la casa de José Luis Espert, víctima de un ataque contra el frente de su casa, está a nombre de un funcionario del municipio de Quilmes e investigan si tuvo paso por San José 1111. 

“Acá hay una acción meditada. Fueron, compraron la bosta que llevaron, hicieron una acción meditada. Son funcionarios públicos y eso es un agravante. Consideramos que cualquier persona que cometa un delito, sea de donde sea, tiene que pagarlas”, arremetió.

La ministra pidió la renuncia de la funcionaria Alesia Abaigar, identificada como una de las autoras materiales del ataque, y pidió la intervención del gobernador de la provincia, Axel Kicillof. 

“Kicillof, con la familia y las casas particulares no. A esa funcionaria la tenes que echar. No puede haber más doble vara del país y ese es el gran aporte que hace el Presidente”, concluyó la ministra. 

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El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, criticó en el Senado la reforma jubilatoria. Advirtió que la ley de Diputados pone en riesgo el equilibrio fiscal

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió hoy en el Senado sobre el “daño que genera al equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica” el proyecto de incremento de los jubilados  y del bono que cobran los adultos, que fue sancionado por diputados.

Francos expuso sobre la situación previsional en el informe que brindó en el Senado sobre la gestión de Gobierno, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución que lo obliga a concurrir una vez por mes a cada cámara del Congreso.

La advertencia del jefe de Gabinete sobre el impacto fiscal que tendrá el aumento jubilatorio tuvo lugar antes de que el Senado se apreste a comenzar la próxima semana el debate sobre los proyectos aprobados en Diputados en la sesión del pasado 4 de junio.

Fuentes parlamentarios señalaron a la Agencia Noticias Argentinas que la presidenta de la comisión de Previsión, Carmen Álvarez Rivero, busca consensuar con su par de Presupuesto, Ezequiel Atauche, la citación a un plenario para la próxima semana para abrir el debate de esas iniciativas de aumento de jubilaciones y moratoria con reuniones informativas.

En el primer tramo de su informe, Francos apuntó al “daño que genera en el equilibrio fiscal y la estabilidad macroeconómica la iniciativa de reforma jubilatoria e incremento del bono que fue aprobada en Diputados”.

Detalló que en el país tenemos “1.862.000 jubilaciones otorgadas sin moratoria y 3.912.000 jubilaciones otorgadas con moratoria”.

“Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1. Si sumamos las pensiones, tenemos un total de 3.384.053 beneficiarios sin moratoria y 4.110.627 con moratoria”, precisó.

Subrayó que “los datos demuestran con claridad que estamos frente a un sistema deficitario e inviable. Sólo entre la reformulación de la fórmula jubilatoria y el incremento del bono, afecta al 0,8% del PBI”.

El proyecto de aumento del 7,2 por ciento de las jubilaciones y de un incremento de 70.000 a 110 mil pesos el bono fue sancionado por Diputados con 142 votos a favor, 67 en contra y 19 abstenciones del radicalismo y el PRO, mientras la votación de la moratoria estuvo más ajustada ya que se aprobó por 111 contra 100 y 15 abstenciones.

Uno de los argumentos del Gobierno para oponerse al aumento jubilatorio y del bono es que implica un impacto fiscal del 0,8 por ciento calculado en más de 6 billones de pesos.

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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, busca eliminar los fueros. La Asociación de Magistrados de la provincia presentó un recurso para frenar el plebiscito.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, denunció una maniobra de la Asociación de Magistrados para bloquear el plebiscito que impulsa su gestión con el objetivo de eliminar los fueros para funcionarios de los tres poderes del Estado. “Quieren impedir que el pueblo vote”, sostuvo durante un acto en Comodoro Rivadavia, acompañado por figuras como el juez de la Corte Ricardo Lorenzetti, el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri y los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Carlos Sadir (Jujuy).

Desde la flamante Ciudad Judicial, obra paralizada durante más de 20 años y finalizada bajo su mandato, Torres cargó contra el titular de la Asociación de Magistrados de la provincia, Claudio Petris, quien presentó una medida cautelar ante el Superior Tribunal de Justicia para impedir la consulta popular prevista para el 26 de octubre. El referéndum busca reformar los artículos 247 y 248 de la Constitución Provincial para eliminar las inmunidades judiciales y políticas.

“Lo que este juez quiere hacer es impedir que el pueblo chubutense vote. Y habría que preguntarle a qué le tiene miedo”, disparó el mandatario. En tono desafiante, aseguró que Chubut será la primera provincia del país en eliminar los fueros para jueces, funcionarios y legisladores. “Estamos ante un momento bisagra. Vamos a terminar con los privilegios”, afirmó.

La presentación judicial fue realizada por Petris junto a los abogados Raúl Heredia y Alejandro Fernández Vecino, quienes alegaron que la reforma “vulnera principios esenciales del régimen republicano y del estado de inocencia”. Además, solicitaron la suspensión del acto electoral.

Torres enmarcó su propuesta en una serie de “transformaciones estructurales” que, según dijo, se iniciaron con su gestión tras años de “desidia y corrupción”. En ese sentido, sostuvo que “esta obra no es solo ladrillo y hormigón: es símbolo de un cambio de época”.

La presencia de Lorenzetti reforzó el respaldo político y judicial al gobernador. El ex presidente de la Corte Suprema consideró que “la democracia dejó de ser para el pueblo” y llamó a recuperar la iniciativa desde el Poder Judicial. “Creemos en la división de poderes y en los valores constitucionales”, remarcó.

En el cierre del acto, Torres afirmó: “Estoy convencido de que no voy a ser yo quien le demuestre al juez Petris cuán alejado está de la realidad. Van a ser los propios chubutenses, cuando voten en octubre. Chubut va a ser la primera donde la ley sea igual para todos.”

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La instancia de debate nuclea además a gran parte del Gabinete y se da en las vísperas del cierre de alianzas en la provincia.

El presidente Javier Milei participará mañana del primer congreso partidario de La Libertad Avanza (LLA) en territorio bonaerense que se celebrará en la ciudad de La Plata.

El mega evento provincial, que debió ser reprogramado por el fallecimiento del Papa Francisco, contará además con una fuerte presencia del Gabinete, y se realizará a pocos días del cierre de alianzas de la provincia.

La titular del partido y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el armador local, Sebastián Pareja, convocarán a funcionarios, militantes y referentes provinciales al salón Vonharv, ubicado en las calles 19 y 511, de la localidad de Gonnet, con la intención de debatir las principales preocupaciones de los distintos municipios.

Al igual que lo programado para la fecha original, el cierre del evento a cargo del libertario, que se mostrará secundado por José Luis Espert, el candidato que eligió para “recuperar la provincia”.

Según revelaron desde la coordinación a la agencia Noticias Argentinas esperan la asistencia mil doscientas personas que se dividirán en grupos de trabajo y disertarán sobre temáticas cuyas conclusiones quedarán plasmadas en documentos partidarios.

Será una instancia de debate libertario “puro”, por lo que descartan la participación de los diputados del PRO, Cristian Ritondo y Diego Santilli, quienes negocian con la menor de los Milei, la dueña de la lapicera, el armado de las listas.

Bajo la premisa “la Provincia se pone de pie, La Libertad Avanza”, la agrupación violenta dará una serie de debates “político-técnicos” que iniciarán a las 8, divididos en ocho mesas coordinadas por funcionarios correspondientes a distintos tópicos que surgieron de una encuesta realizada sobre 20 mil bonaerenses.

Las temáticas abordadas serán seguridad, educación, salud pública, inteligencia artificial, energías renovables y medio ambiente, desregulación impositiva, tributaria y economía, justicia cambio de paradigma y desarrollo agropecuario e industrial.

El titular del espacio a nivel provincia, Sebastián Pareja, expresó: “No se trata de un acto político tradicional. Es un congreso técnico, académico y territorial, orientado a convertir las demandas sociales en un programa de gobierno libertario para la provincia más postergada del país”.

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Los diputados y senadores de Unión por la Patria realizaron su pedido en un escrito presentado ante el Tribunal Federal TOF2

Diputados y Senadores de Unión por la Patria (UxP) solicitaron hoy a la Justicia  visitar a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su detención domiciliaria sin tener que pedir autorización al Tribunal Oral Federal (TOF) 2, que controla el cumplimiento de la condena de la ex mandataria.

El pedido está plasmado en un escrito presentado ante ese tribunal y donde fundamentan su derecho a visitar a Fernández de Kirchner sin restricciones “en cada oportunidad sea necesaria”, por lo que piden que “se respete su investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política”.

Los jueces del TOF 2, integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, dispusieron que solo haya una lista de personas integrada por familiares, custodia policial, médicos y abogados que la representen que no necesitan autorización, y que fuera de esa nómina se debe pedir autorización.

Ayer estos magistrados habían rechazado un pedido de la defensa de la ex mandataria para recibir visitas sin restricciones y sin tener que pedir permiso a la Justicia, y ahora se sumó el pedido de los bloques de diputados y de senadores de UxP.

“En circunstancias normales cualquier diputado o senador puede visitar a una persona con prisión domiciliaria o incluso a un establecimiento carcelario sin necesidad de aviso alguno o autorización previa, de hecho, es lo que ocurre habitualmente, pero tratándose de Cristina Fernández de Kirchner a quien le imponen condiciones distintas, estrictas y hasta inconstitucionales se debe garantizar que nuestras visitas no generen mayores restricciones hacia ella ( nos amparamos en la práctica de visitas a detenidos en prisión domiciliaria sin autorización previa y en normativas internacionales de derechos humanos como el PIDCP y la CADH)”, señalaron

Los legisladores de UxP destacaron que “como legisladores electos, actuamos en representación del pueblo, lo que implica un mandato institucional y político para participar en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando involucran derechos fundamentales y equilibrios democráticos. En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la ex presidenta”.

Señalaron que, de acuerdo a las facultades privativas del Poder Legislativo, “la Constitución Nacional otorga al Poder Legislativo la función de representar al pueblo. Las garantías constitucionales (artículos 67 a 69) buscan proteger el libre ejercicio de esta representación, evitando interferencias”.

También argumentaron que las inmunidades de los legisladores no son privilegios personales, sino garantías institucionales del Congreso para “asegurar la libertad de acción y expresión en el desempeño de sus funciones, sin sufrir actos hostiles de otros poderes del Estado”.

También destacaron que “impedir o restringir estas visitas sería una invasión a las potestades propias del Poder Legislativo, alterando el principio de división de poderes. Los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes”.

Resaltaron que la situación de Fernández de Kirchner, como figura política de “gran relevancia, reviste importancia institucional, política y democrática para su bloque y para el país. Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina como una líder política indiscutida”.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña, fijó hoy audiencia para el 7 de julio a las 12 para definir sobre el régimen de visitas a la ex presidenta Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria.

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