El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) realizó este martes la audiencia pública para el otorgamiento del certificado de aptitud ambiental de la remodelación del Estadio Luna Park proyectada por las empresas DF Entertainment y Live Nation. Allí se indicó que el mítico estadio aumentará su capacidad y superficie en un proyecto de obras que involucraría más de dos años de trabajos con cuatro meses incluidas las demoliciones, de las que no se dieron mayores precisiones. Las agrupaciones vecinales que participaron de la audiencia volvieron a advertir que el proyecto implica “demoler todo el interior y la cubierta” dejando sólo la fachada del edificio declarado Monumento Histórico Nacional.
La obtención del certificado es uno de los últimos pasos que necesitan las empresas para encarar la remodelación luego de que la Comisión Nacional de Monumentos aprobara la intervención y de que la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR) porteña también diera el visto bueno al determinar mediante resolución, que las obras son “factibles desde el punto de vista de la preservación del patrimonio urbano”.
Como los trabajos fueron catalogados preliminarmente como de “relevante efecto ambiental”, las empresas debían pasar sí o sí por la instancia de audiencia pública para obtener el certificado de aptitud que autorice las obras. La audiencia estuvo a cargo, así, de la Agencia de Protección Ambiental porteña y no contó con la representación directa de ningún integrante de las empresas.
Sí tomó la palabra al inicio de la jornada el arquitecto Ariel Gustavo Papa, profesional de la APRA responsable del expediente de evaluación del certificado para el proyecto de ampliación. El hombre adelantó el visto bueno para la obra, destacando que “se proyecta una renovación inédita en décadas que mejora la seguridad, acústica y funcionalidad para transformarlo en un recinto para escenarios de primer nivel”. “Los impactos negativos son temporales y mitigables, mientras que los positivos son permanentes y es ambientalmente viable”, agregó el arquitecto.
Papa no brindó mayores precisiones sobre detalles de la obra, más allá de indicar que el recinto pasará de 8.400 a unos 11 mil espectadores para recibir “eventos de escala internacional”. Aseguró que se realizará una “reorganización integral de planta baja, que moderniza accesos y propone un nuevo museo poniendo en valor el patrimonio”, mientras que se construirán “dos nuevos subsuelos”. Sobre los plazos de la obra, sostuvo que requerirá de “cuatro meses de demoliciones y adecuaciones iniciales y 24 meses de construcción”. No aclaró cuáles serán esas demoliciones aunque sí descartó que la estructura se demuela por completo, como había circulado en un primer momento a principios de este año.
Al llegar el turno de los vecinos y vecinas tomó la palabra Ana Bas, representante de la organización Basta de Demoler (BdD), que se opone a la intervención en el Luna Park. “En nombre del patrimonio de la Ciudad, señalamos que este proyecto de transformación rompe con las normas y fue autorizado por una disposición del GCBA, que debería haber consultado a la Legislatura por tratarse de un estadio, y por la interpretación elástica del Código Urbanístico (CUR)”, dijo Bas.
“Dicen que no se aumenta el volumen cuando los renders muestran que eso es obvio: aumentan la altura, cambian la cubierta y la fachada, desmantelan todo el interior, por lo que no se trata de una adecuación sino de una demolición para construir un estadio nuevo”, agregó. La secundó María Eva Koutsovitis, ingeniera de La Ciudad somos quienes la habitamos, quien sostuvo que “este proyecto encubre la demolición de los componentes estructurales que están protegidos para construir un nuevo estadio con más volumen, cuando el Luna Park tiene protección especial estructural del CUR y no podría aumentar el volumen constructivo”.
Su organización, en conjunto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, realizó un informe sobre los datos obtenidos de la posible obra que indica, entre otros puntos, que la superficie construida del estadio pasará de casi 11 mil metros cuadrados a casi 30 mil, lo que significaría un aumento del 174 por ciento, que la altura de la fachada subirá de 17,6 metros a 26 con un aumento del 47 por ciento que implicaría la remoción de la cubierta actual para construir una nueva, así como la demolición de las “gradas de hormigón y estructura original” para reemplazarlas por un “nuevo edificio independiente”. La ingeniera aseguró que “van a conservar apenas algunos aspectos de la fachada original”.
Las organizaciones acudieron a la Justicia a través de una acción de amparo, mientras que, durante la audiencia de ayer, se indicó que ya existe una primera medida judicial que frenaría provisoriamente las actuaciones en torno al proyecto. Así lo advirtió el abogado Pacífico Rodríguez Villar, que pidió incluso que la jornada se levante al considerar que la audiencia era “improcedente ante la decisión judicial”.
En efecto, el pasado 27 de noviembre, la jueza Natalia Tanno, subrogante del Juzgado N°5 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario porteño emitió una primera resolución indicando que “deberá suspenderse de manera inmediata cualquier obra o trámite administrativo relacionado con el proyecto vinculado al inmueble» hasta que “el tribunal resuelva acerca de la procedencia de la medida cautelar”. El GCBA apeló a esa resolución y así la audiencia se realizó igual.
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